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Claves para entender el caso Quiborax; un juicio en el que Bolivia pierde $us 42,6 millones
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<p class="rtejustify"> <strong><a href="http://www.quiborax.com/">Quiborax</a></strong> es una empresa chilena que se fundó en 1986 y comenzó su producción recién en 1988. <strong>Se encargan de producir ácido bórico y productos agroquímicos. </strong>Exporta a través de los puertos de Arica a todo el mundo.</p> <p class="rtejustify"> La empresa, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Carlos Mesa, <strong>se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.</strong></p> <p class="rtejustify"> En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, <strong>la empresa chilena demandó</strong> ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a Bolivia por 66 millones de dólares.</p> <p class="rtejustify"> En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, <strong><a href="http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180524/bolivia-pierde-juicio-quiborax-debe-pagarle-us-486-millones">Ciadi desahució el laudo nacional</a></strong> y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.</p> <p class="rtejustify"> En el fallo, un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el Ciadi informó su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de<strong> “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015.</strong></p> <p class="rtejustify"> El pasado jueves, el Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó <span style="text-align: justify;">Ciadi </span>y pagó <strong>42,6 millones de dólares a la empresa chilena,</strong> tras un acuerdo con la misma.</p> <p class="rtejustify"> El contrato de transacción fue suscrito ese mismo jueves. La pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado, quedando en los 42,6 millones de dólares señalados.</p> <h2> <strong>Gobierno del MAS acusa a Mesa </strong></h2> <p class="rtejustify"> El pasado 22 de mayo, la Procuraduría General del Estado <a href="http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180525/procuraduria-denuncia-carlos-mesa-fiscalia-caso-quiborax"><strong>presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Mesa</strong></a> y tres de sus exministros, tras la pérdida del juicio internacional con Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> La Procuraduría dijo que <strong>en el Gobierno de Mesa se incumplieron leyes y que incluso el Decreto Supremo 27589 es ilegal.</strong></p> <p class="rtejustify"> La denuncia contra Carlos Mesa fue presentada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, el expresidente y actual vocero de la demanda marítima contra Chile, aseguró que los responsables de la derrota boliviana en el juicio ante Quiborax son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores, por <strong>“la desastrosa negociación”</strong> realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018.</p> <p class="rtejustify"> Mesa dijo también que el Gobierno incurrió en una contradicción al señalar la ilegalidad del Decreto Supremo 27589 ya que la propia Procuraduría, en el laudo de apelación presentado ante Ciadi en 2015, defendió la legalidad de esa norma.</p> <h2> <strong>Se señala el nombre de Rodríguez Veltzé </strong></h2> <p class="rtejustify"> El expresidente dijo que si la Fiscalía lo investiga a él también debería ser incluido el exmandatario, Eduardo Rodríguez Veltzé.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, <strong><a href="http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180530/eduardo-rodriguez-veltze-asumo-responsabilidad-del-decreto-emitido">Rodríguez Veltzé afirmó que no debatirá</a></strong> “insinuaciones de orden político” respecto a las declaraciones realizadas por Mesa.</p> <p class="rtejustify"> “Asumo la responsabilidad del (Decreto Supremo 27589) emitido por mi Gobierno y que contó con la aprobación previa del Consejo Nacional de Política Económica (Conape); no debatiré insinuaciones de orden político”, recalcó.</p> <p class="rtejustify"> En medio de todo esto, la presidenta de la Comisión que investiga el caso Lava Jato, <strong>la diputada Susana Rivero, anunció que se rastrearán las cuentas de Mesa.</strong></p> <h2> <strong>Mesa acusa a Quiborax de falsificar acta para demandar a Bolivia</strong></h2> <p class="rtejustify"> El expresidente de Bolivia aseguró ayer que <strong>la empresa chilena falsificó un acta para demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica</strong> por la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni.</p> <p class="rtejustify"> Mesa dijo que el arbitraje demandado por esa empresa fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad, por lo que presentó ante la Fiscalía las pruebas de estas afirmaciones.</p> <p class="rtejustify"> “El Arbitraje en el caso Quiborax en contra del Estado de Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, confesado en un proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representante de la empresa que promovió este proceso arbitral”, <strong><a href="https://carlosdmesa.com/2018/06/12/quiborax-falsifico-un-acta-para-demandar-a-bolivia-el-escrito-ante-la-fiscalia-que-prueba-este-grave-delito/">expresó en un artículo publicado en su página web</a></strong>.</p> <p class="rtejustify"> Ante esta situacion,<strong> Mesa pidió el rechazo a la acusación presentada por la Procuraduría General del Estado</strong> en su contra dentro de este caso.</p> <h2> <strong>Gastos y honorarios del Comité; un pago extra </strong></h2> <p class="rtejustify"> Ciadi determinó además que el Estado boliviano tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.</p> <p class="rtejustify"> La entidad internacional determinó que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa<strong> (462 mil dólares) </strong>y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado <strong>(1.384.801 dólares).</strong></p>
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Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, <strong><a href="http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180524/bolivia-pierde-juicio-quiborax-debe-pagarle-us-486-millones">Ciadi desahució el laudo nacional</a></strong> y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.</p> <p class="rtejustify"> En el fallo, un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el Ciadi informó su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de<strong> “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015.</strong></p> <p class="rtejustify"> El pasado jueves, el Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó <span style="text-align: justify;">Ciadi </span>y pagó <strong>42,6 millones de dólares a la empresa chilena,</strong> tras un acuerdo con la misma.</p> <p class="rtejustify"> El contrato de transacción fue suscrito ese mismo jueves. 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<p> República Independiente</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> <strong>Lengua</strong>: Castellano o Español</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> <strong>Moneda</strong>. Peso chileno</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> País que participó de todas las versiones suramericanas desde Buenos Aires en 1951, En Guadalajara 2011, Chile ganó 43 medallas y superó así su récord anterior de 41 medallas en Buenos Aires 1951. Sus tres medallas de oro incluyó su primera medalla de oro en natación por KristelKöbrich,</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> Deportista destacado: Natalia Duco Soler es una atleta especializada en el lanzamiento de peso o Bala.</p>
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<p class="rtejustify"> El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, aseguró hoy que la empresa chilena Quiborax<strong> falsificó un acta para demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica</strong> por la reversión de sus concesiones mineras en el salar de Uyuni, en 2004.</p> <p class="rtejustify"> “En la ciudad de Sucre, el 12 de junio de 2018 presenté a la Fiscalía General del Estado un segundo escrito en el caso Quiborax, en el que pruebo que el arbitraje demandado por esa empresa fue <strong>producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad.</strong> De donde se deduce que el laudo fue producto de una falsificación, no de un decreto de mi gobierno o del gobierno de Eduardo Rodríguez”, <strong><a href="https://carlosdmesa.com/2018/06/12/quiborax-falsifico-un-acta-para-demandar-a-bolivia-el-escrito-ante-la-fiscalia-que-prueba-este-grave-delito/">aseguró Mesa en un artículo publicado en su página web</a></strong>.</p> <p class="rtejustify"> En junio de 2004, el Gobierno de Mesa revirtió las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni para explotar ulexita. En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación, la empresa chilena <strong>demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) al Estado boliviano por 66 millones de dólares.</strong></p> <p class="rtejustify"> En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y confirmó los montos establecidos en 2015.</p> <p class="rtejustify"> El pasado jueves, <strong>el Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó CIADI y pagó 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.</strong></p> <p class="rtejustify"> El contrato de transacción fue suscrito ese mismo jueves con Quiborax. La pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado por la empresa, quedando en los 42,6 millones de dólares señalados.</p> <p class="rtejustify"> “<strong>El caso Quiborax en contra del Estado de Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, </strong>confesado en un proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representante de la empresa que promovió este proceso arbitral”, agregó Mesa.</p> <p class="rtejustify"> Finalmente, el expresidente y vocero de la demanda marítima ante Chile, dijo que ratifica su pedido de rechazo a la acusación presentada por la Procuraduría General del Estado en su contra dentro de este caso.</p>
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<p> LA PAZ | </p> <p> El Gobiermo boliviano cumplió hoy con el fallo que dictó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) <strong>y pagó 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax</strong>, informó el procurador general del Estado, Pablo Menacho.</p> <div id="b403598"> <div> El procurador Pablo Menacho junto al ministro César Navarro explicaron que el contrato de transacción fue suscrito este jueves con Quiborax. <strong> Explicó que la pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado por la empresa, quedando en 42.6 millones de dólares.</strong></div> </div> <div> </div> <div> "Hemos logrado una reducción del 72 por ciento del monto reclamado por esta empresa. El monto de compensación que el Estado boliviano estaría pagando es 42,6 millones de dólares", dijo Menacho. </div> <div> </div> <div> El Procurador explicó que esto <strong>significa un ahorro de 14 millones de dólares con relación al monto laudado</strong>, porque se debía pagar una compensación de 57,2 millones de dólares.</div> <div> </div> <div> La Procuraduría presentó el mes pasado una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros, después de que Bolivia perdiera un juicio internacional con la empresa chilena.</div>
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<p> LA PAZ | </p> <p> El Gobiermo boliviano cumplió hoy con el fallo que dictó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) <strong>y pagó 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax</strong>, informó el procurador general del Estado, Pablo Menacho.</p> <div id="b403598"> <div> El procurador Pablo Menacho junto al ministro César Navarro explicaron que el contrato de transacción fue suscrito este jueves con Quiborax. <strong> Explicó que la pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado por la empresa, quedando en 42.6 millones de dólares.</strong></div> </div> <div> </div> <div> "Hemos logrado una reducción del 72 por ciento del monto reclamado por esta empresa. El monto de compensación que el Estado boliviano estaría pagando es 42,6 millones de dólares", dijo Menacho. </div> <div> </div> <div> El Procurador explicó que esto <strong>significa un ahorro de 14 millones de dólares con relación al monto laudado</strong>, porque se debía pagar una compensación de 57,2 millones de dólares.</div> <div> </div> <div> La Procuraduría presentó el mes pasado una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros, después de que Bolivia perdiera un juicio internacional con la empresa chilena.</div>
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El Gobiermo boliviano cumplió hoy con el fallo que dictó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y pagó 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, informó el procurador general del Estado, Pablo Menacho.
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<p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa pidió ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se rechace la proposición acusatoria en su contra iniciada por la Procuraduría por el caso Quiborax, y aseguró que, en caso de que esta acusación prospere, también debería incluir las gestiones de los presidentes Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales, en las que se desarrolló el litigio con la empresa chilena.</p> <p class="rtejustify"> Mesa explicó que su Gobierno aplicó normas en beneficio del patrimonio nacional en el salar de Uyuni.</p> <p class="rtejustify"> En tanto, el ministro de Minería, César Navarro, aseguró que Mesa incumplió con sus mismos decretos y cometió errores normativos al declarar la nulidad de las concesiones de la minera chilena, que luego derivó en el juicio internacional que Bolivia perdió y por el que deberá pagar un total de 56 millones de dólares sumando indemnizaciones y costas del proceso.</p> <p class="rtejustify"> “Al no aplicar el procedimiento legal, benefició a la empresa privada. (El fallo a favor de Quiborax) es producto de la irresponsabilidad del señor Carlos Mesa”, dijo. El Vicepresidente aseguró que en su gestión se evidenció que la chilena Quiborax no cumplía con las normas bolivianas, y que sólo cumplió su deber al revocar las concesiones.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, Mesa señaló que esa decisión fue compartida por los Gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>MESA VE OBJETIVOS POLÍTICOS EN EL CASO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa aseguró que el caso Quiborax, junto a la investigación de Odebrecht, busca golpear su imagen debido a que el Gobierno lo ve como un enemigo político para las elecciones de 2019.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En tanto, el Gobierno aseguró que Mesa “interpreta” que es político, pero el caso es jurídico y sólo busca encontrar responsables por la derrota en el juicio contra Quiborax.</p>
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<p class="rtejustify"> Para el expresidente Carlos Mesa, los responsables de la derrota del Estado boliviano en el juicio contra la empresa chilena Quiborax, a la cual ahora deberá indemnizarse 48,6 millones de dólares, son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores, por “la desastrosa negociación” realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018.</p> <p class="rtejustify"> “Si quedaba alguna duda (se confirma) que aquí lo que hay es una estrategia de demolición de la imagen de Carlos Mesa”, añadió a tiempo de rematar que no conseguirán amedrentarlo.</p> <p class="rtejustify"> El expresidente respondió así ayer, después de que el jueves pasado el Procurador declaró haber solicitado al Ministerio Público una investigación a Mesa sobre la presunta aprobación ilegal de un decreto en 2004, que revertía a Quiborax concesiones de ulexita en el salar de Uyuni, lo que después derivó en un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).</p> <p class="rtejustify"> Cuatro días antes, Ciadi se había pronunciando desestimando el último laudo de apelación presentado por la Procuraduría boliviana en 2015 y confirmando la cifra de compensación.</p> <p class="rtejustify"> Al no tener más instancias de apelación, Menacho dijo el jueves, en conferencia de prensa, que la responsabilidad recae sobre Mesa por el decreto ilegal.</p> <p class="rtejustify"> Para el expresidente, sin embargo, el Gobierno incurre en “una mentira flagrante” y una contradicción cuando sugiere la ilegalidad del mencionado decreto, cuando es la propia Procuraduría la que, en el laudo de apelación presentado ante Ciadi en 2015, defiende la legalidad del decreto. Para demostrarlo, Mesa cita un párrafo en la página 71 del citado documento de la Procuraduría que dice textualmente: “Bolivia argumenta que el Decreto de Revocatoria (DS 27589) se adoptó sobre la base de la Ley 2564 y no es ilegal. Tanto el Decreto de Revocatoria como las declaraciones de nulidad de las concesiones (…) fueron actos legítimos y adoptados en aplicación del Derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras (del demandante)”.</p> <p class="rtejustify"> Mesa reconoce que su sucesor en la Presidencia, Eduardo Rodríguez Veltzé, derogó el citado decreto por considerar que sufría de “deficiencias jurídicas”. “Pero que, con un impecable criterio patriótico, mantuvo la expulsión de la citada compañía”, resalta el expresidente, quien también es vocero en la demanda marítima boliviana.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>47 DÍAS DE PARO DURÓ LA PROTESTA CONTRA EL CÓDIGO</strong></p> <p class="rtejustify"> En junio de 2004, el Gobierno de Carlos Mesa revirtió las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni para explotar ulexita.</p> <p class="rtejustify"> En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación, la empresa chilena demandó ante Ciadi al Estado boliviano por 66 millones de bolivianos.</p> <p class="rtejustify"> En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de bolivianos el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato.</p> <p class="rtejustify"> El 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo de Bolivia y confirmó los montos establecidos en 2015. Ya no hay más apelaciones posibles.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>“SI EVO CREE QUE ME AMEDRENTA, SE EQUIVOCA”</strong></p> <p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa dijo que si alguna duda quedaba, la denuncia del Procurador ante el Ministerio Público confirma que Evo Morales ordenó una “estrategia de demolición” de su imagen.</p> <p class="rtejustify"> “Si el Gobierno de Morales cree que el uso de los órganos del Estado bajo su total control para destruirme políticamente me amedrenta, se equivoca. Con la verdad como arma, no hay amenaza que doblegue mi espíritu y mis convicciones democráticas”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> Manifestó que el Gobierno vive en el “mundo del revés”, porque autoelogia sus nacionalizaciones, que costaron al país mil millones de dólares, además de pasivos de las empresas absorbidas; pero, por el contrario, tipifica como delito la expulsión de la empresa chilena que se aprovechaba del salar.</p> <p class="rtejustify"> El exmandatario recordó también que en la última semana, la presidenta de la Comisión que investiga el caso Lava Jato, Susana Rivero, anunció que se rastrearán las cuentas de Mesa.</p> <p class="rtejustify"> Entrevistado en un canal de televisión, Mesa ironizó indicando que el Gobierno “lo invita” a ser candidato presidencial, y que no descarta hacerlo.</p>
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<p class="rtejustify"> <strong><a href="http://www.quiborax.com/">Quiborax</a></strong> es una empresa chilena que se fundó en 1986 y comenzó su producción recién en 1988. <strong>Se encargan de producir ácido bórico y productos agroquímicos. </strong>Exporta a través de los puertos de Arica a todo el mundo.</p> <p class="rtejustify"> La empresa, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Carlos Mesa, <strong>se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.</strong></p> <p class="rtejustify"> En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, <strong>la empresa chilena demandó</strong> ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a Bolivia por 66 millones de dólares.</p> <p class="rtejustify"> En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, <strong><a href="http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180524/bolivia-pierde-juicio-quiborax-debe-pagarle-us-486-millones">Ciadi desahució el laudo nacional</a></strong> y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.</p> <p class="rtejustify"> En el fallo, un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el Ciadi informó su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de<strong> “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015.</strong></p> <p class="rtejustify"> El pasado jueves, el Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó <span style="text-align: justify;">Ciadi </span>y pagó <strong>42,6 millones de dólares a la empresa chilena,</strong> tras un acuerdo con la misma.</p> <p class="rtejustify"> El contrato de transacción fue suscrito ese mismo jueves. La pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado, quedando en los 42,6 millones de dólares señalados.</p> <h2> <strong>Gobierno del MAS acusa a Mesa </strong></h2> <p class="rtejustify"> El pasado 22 de mayo, la Procuraduría General del Estado <a href="http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180525/procuraduria-denuncia-carlos-mesa-fiscalia-caso-quiborax"><strong>presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Mesa</strong></a> y tres de sus exministros, tras la pérdida del juicio internacional con Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> La Procuraduría dijo que <strong>en el Gobierno de Mesa se incumplieron leyes y que incluso el Decreto Supremo 27589 es ilegal.</strong></p> <p class="rtejustify"> La denuncia contra Carlos Mesa fue presentada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, el expresidente y actual vocero de la demanda marítima contra Chile, aseguró que los responsables de la derrota boliviana en el juicio ante Quiborax son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores, por <strong>“la desastrosa negociación”</strong> realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018.</p> <p class="rtejustify"> Mesa dijo también que el Gobierno incurrió en una contradicción al señalar la ilegalidad del Decreto Supremo 27589 ya que la propia Procuraduría, en el laudo de apelación presentado ante Ciadi en 2015, defendió la legalidad de esa norma.</p> <h2> <strong>Se señala el nombre de Rodríguez Veltzé </strong></h2> <p class="rtejustify"> El expresidente dijo que si la Fiscalía lo investiga a él también debería ser incluido el exmandatario, Eduardo Rodríguez Veltzé.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, <strong><a href="http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180530/eduardo-rodriguez-veltze-asumo-responsabilidad-del-decreto-emitido">Rodríguez Veltzé afirmó que no debatirá</a></strong> “insinuaciones de orden político” respecto a las declaraciones realizadas por Mesa.</p> <p class="rtejustify"> “Asumo la responsabilidad del (Decreto Supremo 27589) emitido por mi Gobierno y que contó con la aprobación previa del Consejo Nacional de Política Económica (Conape); no debatiré insinuaciones de orden político”, recalcó.</p> <p class="rtejustify"> En medio de todo esto, la presidenta de la Comisión que investiga el caso Lava Jato, <strong>la diputada Susana Rivero, anunció que se rastrearán las cuentas de Mesa.</strong></p> <h2> <strong>Mesa acusa a Quiborax de falsificar acta para demandar a Bolivia</strong></h2> <p class="rtejustify"> El expresidente de Bolivia aseguró ayer que <strong>la empresa chilena falsificó un acta para demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica</strong> por la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni.</p> <p class="rtejustify"> Mesa dijo que el arbitraje demandado por esa empresa fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad, por lo que presentó ante la Fiscalía las pruebas de estas afirmaciones.</p> <p class="rtejustify"> “El Arbitraje en el caso Quiborax en contra del Estado de Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, confesado en un proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representante de la empresa que promovió este proceso arbitral”, <strong><a href="https://carlosdmesa.com/2018/06/12/quiborax-falsifico-un-acta-para-demandar-a-bolivia-el-escrito-ante-la-fiscalia-que-prueba-este-grave-delito/">expresó en un artículo publicado en su página web</a></strong>.</p> <p class="rtejustify"> Ante esta situacion,<strong> Mesa pidió el rechazo a la acusación presentada por la Procuraduría General del Estado</strong> en su contra dentro de este caso.</p> <h2> <strong>Gastos y honorarios del Comité; un pago extra </strong></h2> <p class="rtejustify"> Ciadi determinó además que el Estado boliviano tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.</p> <p class="rtejustify"> La entidad internacional determinó que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa<strong> (462 mil dólares) </strong>y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado <strong>(1.384.801 dólares).</strong></p>
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<p class="rtejustify"> <strong><a href="http://www.quiborax.com/">Quiborax</a></strong> es una empresa chilena que se fundó en 1986 y comenzó su producción recién en 1988. <strong>Se encargan de producir ácido bórico y productos agroquímicos. </strong>Exporta a través de los puertos de Arica a todo el mundo.</p> <p class="rtejustify"> La empresa, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Carlos Mesa, <strong>se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.</strong></p> <p class="rtejustify"> En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, <strong>la empresa chilena demandó</strong> ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a Bolivia por 66 millones de dólares.</p> <p class="rtejustify"> En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, <strong><a href="http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180524/bolivia-pierde-juicio-quiborax-debe-pagarle-us-486-millones">Ciadi desahució el laudo nacional</a></strong> y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.</p> <p class="rtejustify"> En el fallo, un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el Ciadi informó su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de<strong> “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015.</strong></p> <p class="rtejustify"> El pasado jueves, el Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó <span style="text-align: justify;">Ciadi </span>y pagó <strong>42,6 millones de dólares a la empresa chilena,</strong> tras un acuerdo con la misma.</p> <p class="rtejustify"> El contrato de transacción fue suscrito ese mismo jueves. La pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado, quedando en los 42,6 millones de dólares señalados.</p> <h2> <strong>Gobierno del MAS acusa a Mesa </strong></h2> <p class="rtejustify"> El pasado 22 de mayo, la Procuraduría General del Estado <a href="http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180525/procuraduria-denuncia-carlos-mesa-fiscalia-caso-quiborax"><strong>presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Mesa</strong></a> y tres de sus exministros, tras la pérdida del juicio internacional con Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> La Procuraduría dijo que <strong>en el Gobierno de Mesa se incumplieron leyes y que incluso el Decreto Supremo 27589 es ilegal.</strong></p> <p class="rtejustify"> La denuncia contra Carlos Mesa fue presentada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, el expresidente y actual vocero de la demanda marítima contra Chile, aseguró que los responsables de la derrota boliviana en el juicio ante Quiborax son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores, por <strong>“la desastrosa negociación”</strong> realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018.</p> <p class="rtejustify"> Mesa dijo también que el Gobierno incurrió en una contradicción al señalar la ilegalidad del Decreto Supremo 27589 ya que la propia Procuraduría, en el laudo de apelación presentado ante Ciadi en 2015, defendió la legalidad de esa norma.</p> <h2> <strong>Se señala el nombre de Rodríguez Veltzé </strong></h2> <p class="rtejustify"> El expresidente dijo que si la Fiscalía lo investiga a él también debería ser incluido el exmandatario, Eduardo Rodríguez Veltzé.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, <strong><a href="http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180530/eduardo-rodriguez-veltze-asumo-responsabilidad-del-decreto-emitido">Rodríguez Veltzé afirmó que no debatirá</a></strong> “insinuaciones de orden político” respecto a las declaraciones realizadas por Mesa.</p> <p class="rtejustify"> “Asumo la responsabilidad del (Decreto Supremo 27589) emitido por mi Gobierno y que contó con la aprobación previa del Consejo Nacional de Política Económica (Conape); no debatiré insinuaciones de orden político”, recalcó.</p> <p class="rtejustify"> En medio de todo esto, la presidenta de la Comisión que investiga el caso Lava Jato, <strong>la diputada Susana Rivero, anunció que se rastrearán las cuentas de Mesa.</strong></p> <h2> <strong>Mesa acusa a Quiborax de falsificar acta para demandar a Bolivia</strong></h2> <p class="rtejustify"> El expresidente de Bolivia aseguró ayer que <strong>la empresa chilena falsificó un acta para demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica</strong> por la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni.</p> <p class="rtejustify"> Mesa dijo que el arbitraje demandado por esa empresa fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad, por lo que presentó ante la Fiscalía las pruebas de estas afirmaciones.</p> <p class="rtejustify"> “El Arbitraje en el caso Quiborax en contra del Estado de Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, confesado en un proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representante de la empresa que promovió este proceso arbitral”, <strong><a href="https://carlosdmesa.com/2018/06/12/quiborax-falsifico-un-acta-para-demandar-a-bolivia-el-escrito-ante-la-fiscalia-que-prueba-este-grave-delito/">expresó en un artículo publicado en su página web</a></strong>.</p> <p class="rtejustify"> Ante esta situacion,<strong> Mesa pidió el rechazo a la acusación presentada por la Procuraduría General del Estado</strong> en su contra dentro de este caso.</p> <h2> <strong>Gastos y honorarios del Comité; un pago extra </strong></h2> <p class="rtejustify"> Ciadi determinó además que el Estado boliviano tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.</p> <p class="rtejustify"> La entidad internacional determinó que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa<strong> (462 mil dólares) </strong>y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado <strong>(1.384.801 dólares).</strong></p>
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La pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado, quedando en los 42,6 millones de dólares señalados.</p> <h2> <strong>Gobierno del MAS acusa a Mesa </strong></h2> <p class="rtejustify"> El pasado 22 de mayo, la Procuraduría General del Estado <a href="http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180525/procuraduria-denuncia-carlos-mesa-fiscalia-caso-quiborax"><strong>presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Mesa</strong></a> y tres de sus exministros, tras la pérdida del juicio internacional con Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> La Procuraduría dijo que <strong>en el Gobierno de Mesa se incumplieron leyes y que incluso el Decreto Supremo 27589 es ilegal.</strong></p> <p class="rtejustify"> La denuncia contra Carlos Mesa fue presentada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, el expresidente y actual vocero de la demanda marítima contra Chile, aseguró que los responsables de la derrota boliviana en el juicio ante Quiborax son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores, por <strong>“la desastrosa negociación”</strong> realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018.</p> <p class="rtejustify"> Mesa dijo también que el Gobierno incurrió en una contradicción al señalar la ilegalidad del Decreto Supremo 27589 ya que la propia Procuraduría, en el laudo de apelación presentado ante Ciadi en 2015, defendió la legalidad de esa norma.</p> <h2> <strong>Se señala el nombre de Rodríguez Veltzé </strong></h2> <p class="rtejustify"> El expresidente dijo que si la Fiscalía lo investiga a él también debería ser incluido el exmandatario, Eduardo Rodríguez Veltzé.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, <strong><a href="http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180530/eduardo-rodriguez-veltze-asumo-responsabilidad-del-decreto-emitido">Rodríguez Veltzé afirmó que no debatirá</a></strong> “insinuaciones de orden político” respecto a las declaraciones realizadas por Mesa.</p> <p class="rtejustify"> “Asumo la responsabilidad del (Decreto Supremo 27589) emitido por mi Gobierno y que contó con la aprobación previa del Consejo Nacional de Política Económica (Conape); no debatiré insinuaciones de orden político”, recalcó.</p> <p class="rtejustify"> En medio de todo esto, la presidenta de la Comisión que investiga el caso Lava Jato, <strong>la diputada Susana Rivero, anunció que se rastrearán las cuentas de Mesa.</strong></p> <h2> <strong>Mesa acusa a Quiborax de falsificar acta para demandar a Bolivia</strong></h2> <p class="rtejustify"> El expresidente de Bolivia aseguró ayer que <strong>la empresa chilena falsificó un acta para demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica</strong> por la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni.</p> <p class="rtejustify"> Mesa dijo que el arbitraje demandado por esa empresa fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad, por lo que presentó ante la Fiscalía las pruebas de estas afirmaciones.</p> <p class="rtejustify"> “El Arbitraje en el caso Quiborax en contra del Estado de Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, confesado en un proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representante de la empresa que promovió este proceso arbitral”, <strong><a href="https://carlosdmesa.com/2018/06/12/quiborax-falsifico-un-acta-para-demandar-a-bolivia-el-escrito-ante-la-fiscalia-que-prueba-este-grave-delito/">expresó en un artículo publicado en su página web</a></strong>.</p> <p class="rtejustify"> Ante esta situacion,<strong> Mesa pidió el rechazo a la acusación presentada por la Procuraduría General del Estado</strong> en su contra dentro de este caso.</p> <h2> <strong>Gastos y honorarios del Comité; un pago extra </strong></h2> <p class="rtejustify"> Ciadi determinó además que el Estado boliviano tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.</p> <p class="rtejustify"> La entidad internacional determinó que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa<strong> (462 mil dólares) </strong>y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado <strong>(1.384.801 dólares).</strong></p>
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