<p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc" id="cch_fbd3060a4c8d88"><span class="_3oh- _58nk">El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, presentó hoy el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax.</span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">La acción fue realizada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad de Sucre al límite del plazo establecido. </span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">De acuerdo a procedimiento, <strong>si la Asamblea Legislativa determina el inicio de juicio de responsabilidades,</strong> el Ministerio Público comenzará con la etapa de investigación correspondiente. </span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">“Ahora hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que a su vez pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó Guerrero.</span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">En la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en contra de Carlos Mesa también están contemplados los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas; y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde. </span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">Los cargos por los los que se instauró la <strong>denuncia son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. </strong></span></span></p> <p class="rtejustify"> <span id="cch_f1c28f78b8d1aaa">La Procuraduría General del Estado presentó la denuncia en contra de Carlos Diego de Mesa Gisbert porque consideran que la exautoridad&nbsp; incumplió con la Ley Nº 2564 y la emisión ilegal del DS 27589 que dieron lugar a la demanda de Arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (CIADI) y<strong> el pago de 42,6 millones de dólares.</strong></span></p> <p class="rtejustify"> Mesa considera que el Estado hizo una&nbsp; pésima defensa del laudo arbitral, y manifiesta la responsabilidad exclusiva exclusiva del caso al Ministro de Justicia, Héctor Arce, al ministro de Mineria,&nbsp; César Navarro al procurador del Estado Pablo Menacho y la extitular Elizabeth Arismendi.</p> <p> &nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc" id="cch_fbd3060a4c8d88"><span class="_3oh- _58nk">El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, presentó hoy el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax.</span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">La acción fue realizada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad de Sucre al límite del plazo establecido. </span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">De acuerdo a procedimiento, <strong>si la Asamblea Legislativa determina el inicio de juicio de responsabilidades,</strong> el Ministerio Público comenzará con la etapa de investigación correspondiente. </span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">“Ahora hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que a su vez pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó Guerrero.</span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">En la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en contra de Carlos Mesa también están contemplados los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas; y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde. </span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">Los cargos por los los que se instauró la <strong>denuncia son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. </strong></span></span></p> <p class="rtejustify"> <span id="cch_f1c28f78b8d1aaa">La Procuraduría General del Estado presentó la denuncia en contra de Carlos Diego de Mesa Gisbert porque consideran que la exautoridad  incumplió con la Ley Nº 2564 y la emisión ilegal del DS 27589 que dieron lugar a la demanda de Arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (CIADI) y<strong> el pago de 42,6 millones de dólares.</strong></span></p> <p class="rtejustify"> Mesa considera que el Estado hizo una  pésima defensa del laudo arbitral, y manifiesta la responsabilidad exclusiva exclusiva del caso al Ministro de Justicia, Héctor Arce, al ministro de Mineria,  César Navarro al procurador del Estado Pablo Menacho y la extitular Elizabeth Arismendi.</p> <p>  </p>

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, presentó hoy el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax.

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, presentó hoy el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax.

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<p class="rtejustify"> El Gobierno dispuso el pago referencial de 625 dólares la hora para la contratación del consorcio de abogados que defendería a Bolivia en el caso Quiborax, que fue adjudicado a la firma internacional Dechert LLP, según el Documento Base de Contratación (BDP) publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).</p> <p class="rtejustify"> “El límite máximo para el pago de horas de prestación de servicios será de 450 mil dólares anuales, pagaderos una vez aprobado el informe mensual que cumpla por las condiciones dispuestas en la presente cláusula”, establece el documento.</p> <p class="rtejustify"> Dechert LLP se adjudicó la convocatoria bajo la modalidad de licitación internacional, según los datos consultados en el Sicoes. La firma representó a Bolivia en el arbitraje ante la Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el período 2010-2013, según información oficial difundida en los medios de comunicación.</p> <p class="rtejustify"> Si se consideran los montos anuales máximos, el Estado destinó más de 1,3 millones de dólares en gastos de representación, aunque no logró ganar la controversia internacional. Debido a ello, también tuvo que pagar 42,6 millones de dólares de indemnización a Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> Los especialistas en derecho internacional consultados por Los Tiempos informaron que el promedio de representación para este tipo de casos en Estados Unidos (país en el que se desarrolló el juicio) tiene un promedio de 600 dólares la hora, 25 dólares menos que lo presupuestado por el Gobierno.</p> <p class="rtejustify"> En este sentido, el especialista en derecho internacional Sergio Castro calificó el monto destinado por el Gobierno como “esperable”, debido a los altos estándares fijados por bufetes que se dedican a este tipo de arbitrajes.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, explicó que, en Bolivia, los letrados dedicados a casos similares reciben honorarios que oscilan entre los 10 mil a 15 mil dólares en concepto de representación por proceso.</p> <p class="rtejustify"> “Cuando vas a un tribunal de corte internacional de justicia, tienes una lista de letrados que tienen experiencia ante este tipo de tribunales, expertos en arbitraje de Ciadi en Corte Permanente de Derechos Humanos, etc.”, afirmó. Añadió que, debido a ello, la convocatoria fue de carácter internacional.</p> <p class="rtejustify"> Según el Sicoes, el consorcio internacional Dechert LLP ganó la licitación a otras 10 firmas internacionales. Esta compañía también se adjudicó otros tres casos de arbitrajes por el mismo valor de costos de representación fijados en 450 mil dólares al año.</p> <p class="rtejustify"> En 2017, Dechert LLP obtuvo una mejor puntuación que el consorcio jurídico Hispano Argentino, Cuatrecasas - Goncalves Pereira, el consorcio Rabinowitz Boudin, Francisco Victoria Andreu, K &amp; L Gates LLP, B - Cremades y Asociados, Mishcon de Reya New York LLP, Faegre &amp; Benson LLP, Vargas y Asociados y Thompson &amp; Knight.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Critican confidencialidad</strong></p> <p class="rtejustify"> El abogado especializado en derecho internacional, Sergio Castro, afirmó que la cláusula de confidencialidad del Decreto Supremo (DS) 2698, del 9 de marzo de 2016, restringe la información de los recursos estatales.</p> <p class="rtejustify"> La medida permite guardar en secreto las contrataciones de bufetes de abogados realizadas por la Procuraduría General del Estado, y la exime de presentar su rendición de cuentas. Para ello se argumenta que la socialización de los detalles de la controversia en el proceso de licitación podría provocar que algunos actores utilicen la información indebidamente.</p> <p class="rtejustify"> “Esto es un escaso, en el momento que existe algo que es un secreto para el Estado, se aleja de la ciudadanía y fácilmente se puede convertir en un espacio de corrupción”, sostuvo Castro.</p> <p class="rtejustify"> Indicó que, debido a la idiosincrasia de algunos funcionarios, la norma puede generar sobreprecios de los servicios.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>OPOSICIÓN RECHAZA DECRETO SUPREMO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El senador Oscar Ortiz denunció ayer, en declaraciones a Radio Panamericana, que la Procuraduría General del Estado esconde información acerca de la contratación de los estudios jurídicos y pagos efectuados en los diferentes procesos por arbitraje por la nacionalización de empresas que afrontó el Estado. También rechazó el Decreto Supremo 2698.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Lamentablemente, el procurador Pablo Menacho intenta confundir a la opinión pública con medias verdades y faltando a la verdad en otros puntos. Aquí, el hecho concreto es que se le esconde información a la ciudadanía”, señaló Ortiz.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>EL ESTADO ASUMIÓ OTROS GASTOS REEMBOLSABLES </strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El Documento Base de Contratación (DBC) que estableció los parámetros para contratar un consorcio internacional que se haga cargo de la defensa de Bolivia en el caso de arbitraje de Quiborax en 2017 también estableció que el Gobierno boliviano se haga cargo de otros gastos reembolsables, además de los 450 mil dólares anuales.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Se reconocerán como gastos reembolsables los relacionados a fotocopias, pasajes y reportes telefónicos, que documentalmente se acrediten, refieran o circunscriban a la prestación del servicio contratado, mismos que serán pagaderos una vez aprobado el Informe Mensual que los incluya, por parte del Contratante”, indica el documento oficial consultado por Los Tiempos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Asimismo, el DBC señala que los términos son de referencia y no pretenden limitarlos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Estos términos de referencia son enunciativos y de orientación, no son limitativos, por lo que el proponente, si así lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestación del servicio, puede mejorarlos con la finalidad de optimizar el uso de los recursos humanos y económicos”, indica.</p>

<p class="rtejustify"> El Gobierno dispuso el pago referencial de 625 dólares la hora para la contratación del consorcio de abogados que defendería a Bolivia en el caso Quiborax, que fue adjudicado a la firma internacional Dechert LLP, según el Documento Base de Contratación (BDP) publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).</p> <p class="rtejustify"> “El límite máximo para el pago de horas de prestación de servicios será de 450 mil dólares anuales, pagaderos una vez aprobado el informe mensual que cumpla por las condiciones dispuestas en la presente cláusula”, establece el documento.</p> <p class="rtejustify"> Dechert LLP se adjudicó la convocatoria bajo la modalidad de licitación internacional, según los datos consultados en el Sicoes. La firma representó a Bolivia en el arbitraje ante la Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el período 2010-2013, según información oficial difundida en los medios de comunicación.</p> <p class="rtejustify"> Si se consideran los montos anuales máximos, el Estado destinó más de 1,3 millones de dólares en gastos de representación, aunque no logró ganar la controversia internacional. Debido a ello, también tuvo que pagar 42,6 millones de dólares de indemnización a Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> Los especialistas en derecho internacional consultados por Los Tiempos informaron que el promedio de representación para este tipo de casos en Estados Unidos (país en el que se desarrolló el juicio) tiene un promedio de 600 dólares la hora, 25 dólares menos que lo presupuestado por el Gobierno.</p> <p class="rtejustify"> En este sentido, el especialista en derecho internacional Sergio Castro calificó el monto destinado por el Gobierno como “esperable”, debido a los altos estándares fijados por bufetes que se dedican a este tipo de arbitrajes.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, explicó que, en Bolivia, los letrados dedicados a casos similares reciben honorarios que oscilan entre los 10 mil a 15 mil dólares en concepto de representación por proceso.</p> <p class="rtejustify"> “Cuando vas a un tribunal de corte internacional de justicia, tienes una lista de letrados que tienen experiencia ante este tipo de tribunales, expertos en arbitraje de Ciadi en Corte Permanente de Derechos Humanos, etc.”, afirmó. Añadió que, debido a ello, la convocatoria fue de carácter internacional.</p> <p class="rtejustify"> Según el Sicoes, el consorcio internacional Dechert LLP ganó la licitación a otras 10 firmas internacionales. Esta compañía también se adjudicó otros tres casos de arbitrajes por el mismo valor de costos de representación fijados en 450 mil dólares al año.</p> <p class="rtejustify"> En 2017, Dechert LLP obtuvo una mejor puntuación que el consorcio jurídico Hispano Argentino, Cuatrecasas - Goncalves Pereira, el consorcio Rabinowitz Boudin, Francisco Victoria Andreu, K &amp; L Gates LLP, B - Cremades y Asociados, Mishcon de Reya New York LLP, Faegre &amp; Benson LLP, Vargas y Asociados y Thompson &amp; Knight.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Critican confidencialidad</strong></p> <p class="rtejustify"> El abogado especializado en derecho internacional, Sergio Castro, afirmó que la cláusula de confidencialidad del Decreto Supremo (DS) 2698, del 9 de marzo de 2016, restringe la información de los recursos estatales.</p> <p class="rtejustify"> La medida permite guardar en secreto las contrataciones de bufetes de abogados realizadas por la Procuraduría General del Estado, y la exime de presentar su rendición de cuentas. Para ello se argumenta que la socialización de los detalles de la controversia en el proceso de licitación podría provocar que algunos actores utilicen la información indebidamente.</p> <p class="rtejustify"> “Esto es un escaso, en el momento que existe algo que es un secreto para el Estado, se aleja de la ciudadanía y fácilmente se puede convertir en un espacio de corrupción”, sostuvo Castro.</p> <p class="rtejustify"> Indicó que, debido a la idiosincrasia de algunos funcionarios, la norma puede generar sobreprecios de los servicios.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>OPOSICIÓN RECHAZA DECRETO SUPREMO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El senador Oscar Ortiz denunció ayer, en declaraciones a Radio Panamericana, que la Procuraduría General del Estado esconde información acerca de la contratación de los estudios jurídicos y pagos efectuados en los diferentes procesos por arbitraje por la nacionalización de empresas que afrontó el Estado. También rechazó el Decreto Supremo 2698.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Lamentablemente, el procurador Pablo Menacho intenta confundir a la opinión pública con medias verdades y faltando a la verdad en otros puntos. Aquí, el hecho concreto es que se le esconde información a la ciudadanía”, señaló Ortiz.</p> <p class="rteindent1 rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>EL ESTADO ASUMIÓ OTROS GASTOS REEMBOLSABLES </strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El Documento Base de Contratación (DBC) que estableció los parámetros para contratar un consorcio internacional que se haga cargo de la defensa de Bolivia en el caso de arbitraje de Quiborax en 2017 también estableció que el Gobierno boliviano se haga cargo de otros gastos reembolsables, además de los 450 mil dólares anuales.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Se reconocerán como gastos reembolsables los relacionados a fotocopias, pasajes y reportes telefónicos, que documentalmente se acrediten, refieran o circunscriban a la prestación del servicio contratado, mismos que serán pagaderos una vez aprobado el Informe Mensual que los incluya, por parte del Contratante”, indica el documento oficial consultado por Los Tiempos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Asimismo, el DBC señala que los términos son de referencia y no pretenden limitarlos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Estos términos de referencia son enunciativos y de orientación, no son limitativos, por lo que el proponente, si así lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestación del servicio, puede mejorarlos con la finalidad de optimizar el uso de los recursos humanos y económicos”, indica.</p>

El Gobierno dispuso el pago referencial de 625 dólares la hora para la contratación del consorcio de abogados que defendería a Bolivia en el caso Quiborax, que fue adjudicado a la firma internacional Dechert LLP

El Gobierno dispuso el pago referencial de 625 dólares la hora para la contratación del consorcio de abogados que defendería a Bolivia en el caso Quiborax, que fue adjudicado a la firma internacional Dechert LLP

<p> El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, consideró que la interpelación de ayer a los ministros de Justicia, Héctor Arce y Minería, Cesar Navarro, no ocultó&nbsp; “la pésima defensa” de los que considera “los verdaderos responsables” del pago de 42,6 millones a la chilena Quiborax.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"> <p dir="ltr" lang="es"> Mi presencia ayer en la ALP, puso en evidencia la verdadera naturaleza de una “interpelación” a medida, que no pudo ocultar la pésima defensa de los verdaderos responsables del pago de 42,6 millones a Quiborax <a href="https://t.co/uIwy3Q5UUx">pic.twitter.com/uIwy3Q5UUx</a></p> — Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) <a href="https://twitter.com/carlosdmesag/status/1014896671942160384?ref_src=twsrc%5Etfw">5 de julio de 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <p class="rtejustify"> Ayer, el pleno de la Asamblea Legislativa procedió con la interpelación de los ministros de Justicia y Minería, para conocer la defensa que asumió el Estado en el laudo arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que definió el pago de 42,6 millones de dólares en favor de Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> Tras la interpelación, Mesa aseguró que &nbsp;la sesión pareció la apertura de un juicio de responsabilidades en su contra, previa a la decisión que debe tomar la Fiscalía el lunes 9.</p> <p class="rtejustify"> En esta fecha la Fiscalía debe presentar la resolución conclusiva de rechazo o admisión de la proposición acusatoria para instaurar un juicio contra el expresidente.</p> <p class="rtejustify"> La sesión &nbsp;concluyó después del mediodía con el voto de confianza de los legisladores oficialistas de la Asamblea Plurinacional a los dos ministros.</p>

<p> El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, consideró que la interpelación de ayer a los ministros de Justicia, Héctor Arce y Minería, Cesar Navarro, no ocultó  “la pésima defensa” de los que considera “los verdaderos responsables” del pago de 42,6 millones a la chilena Quiborax.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p dir="ltr" lang="es" xml:lang="es"> Mi presencia ayer en la ALP, puso en evidencia la verdadera naturaleza de una “interpelación” a medida, que no pudo ocultar la pésima defensa de los verdaderos responsables del pago de 42,6 millones a Quiborax <a href="https://t.co/uIwy3Q5UUx">pic.twitter.com/uIwy3Q5UUx</a></p> <p> — Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) <a href="https://twitter.com/carlosdmesag/status/1014896671942160384?ref_src=twsrc%5Etfw">5 de julio de 2018</a></p></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p class="rtejustify"> Ayer, el pleno de la Asamblea Legislativa procedió con la interpelación de los ministros de Justicia y Minería, para conocer la defensa que asumió el Estado en el laudo arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que definió el pago de 42,6 millones de dólares en favor de Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> Tras la interpelación, Mesa aseguró que  la sesión pareció la apertura de un juicio de responsabilidades en su contra, previa a la decisión que debe tomar la Fiscalía el lunes 9.</p> <p class="rtejustify"> En esta fecha la Fiscalía debe presentar la resolución conclusiva de rechazo o admisión de la proposición acusatoria para instaurar un juicio contra el expresidente.</p> <p class="rtejustify"> La sesión  concluyó después del mediodía con el voto de confianza de los legisladores oficialistas de la Asamblea Plurinacional a los dos ministros.</p>

El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, consideró que la interpelación de ayer a los ministros de Justicia, Héctor Arce y Minería, Cesar Navarro, no ocultó “la pésima defensa” de los que considera “los verdaderos responsables” del pago de 42,6 millones a la chilena Quiborax.

El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, consideró que la interpelación de ayer a los ministros de Justicia, Héctor Arce y Minería, Cesar Navarro, no ocultó “la pésima defensa” de los que considera “los verdaderos responsables” del pago de 42,6 millones a la chilena Quiborax.

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<p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa señaló ayer que el cerco en su contra por el caso Quiborax se va cerrando y que la interpelación de la Asamblea Legislativa contra los ministros de Justicia y Minería, Héctor Arce y César Navarro, fue “un acto de complacencia” a modo de apertura de la acusación en su contra, cuando sólo falta la decisión de la Fiscalía General del Estado para iniciar el juicio por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El Ministerio Público tiene hasta el 9 de julio para pronunciarse.</p> <p class="rtejustify"> Ayer, el pleno de la Asamblea Legislativa procedió con la interpelación de los ministros de Justicia y Minería, para conocer la defensa que se asumió el Estado en el laudo arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), instancia que definió el pago de 42,6 millones de dólares en favor de Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> Este informe, que se inició desde las 9:00, se prolongó hasta las 14:20, oportunidad en que los ministros, en medio de cuestionamientos de los asambleístas de oposición, se dedicaron a ratificar que la pérdida del caso en Ciadi fue por llevar adelante la reversión de las concesiones mineras sin cumplir la normativa, que el proceso fue discriminatorio e ilícito, además de cierta parcialización del tribunal arbitral con la empresa, que incluso demandó al Estado paralizar cualquier acción penal en el país.</p> <p class="rtejustify"> “Lamentablemente, en este caso han tenido todos los elementos para condenarnos a una indemnización, y esos elementos son los que se produjeron, generaron por todo este andamiaje de aprobar una ley, no cumplirla, que tenga que haber auditorías y no hacerlas, utilizar un mecanismo que no era el correcto”, dijo Arce refiriéndose a Mesa.</p> <p class="rtejustify"> A su vez, el titular de Minería que hizo un repaso de antecedentes hasta los Gobiernos denominados neoliberales de Hugo Banzer, entre otros. Refirió que incluso para el proceso de estas concesiones a la empresa chilena se habría recurrido a información privilegiada por parte de David Moscoso, socio de Quiborax. Fueron más de tres horas para que las autoridades del Ejecutivo concluyan en que, por el incumplimiento de Mesa a las normas y sus propias leyes, el Estado perdió el laudo arbitral.</p> <p class="rtejustify"> El pleno mayoritario oficialista aprobó la moción de “orden del día puro y simple”, pero además dieron el “voto de confianza” a los interpelados que salieron triunfantes y aplaudidos. Los asambleístas apoyaron las versiones esgrimidas por los ministros y ratificaron el grado de responsabilidad que presumiblemente tiene el expresidente en el caso.</p> <p class="rtejustify"> De manera paralela, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que se tiene hasta el 9 de julio para presentar la resolución conclusiva de rechazó o admisión de la proposición acusatoria para instaurar un juicio contra el expresidente. La Procuraduría General denunció ante el Ministerio Público a Mesa por supuestos delitos en la reversión de una concesión minera en el Salar de Uyuni.</p> <p class="rtejustify"> “Cumpliendo con los procedimientos, la denuncia de proposición de parte de la Procuraduría se presentó el 22 de mayo y, en 24 horas, se notificó al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Penal en fecha 23 de mayo”, explicó el Fiscal General.</p> <p class="rtejustify"> Explicó que, desde la recepción de la denuncia, la Fiscalía tiene un plazo de 30 días para colectar documentos, toma de declaraciones y otros elementos para emitir una resolución conclusiva. El plazo vence el 9 de julio y no puede ampliarse.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>42,6 millones de dólares pagó el Estado a Quiborax por la indemnización tras perder el juicio por la reversión de concesiones mineras.</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>DATOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>La Fiscalía tiene hasta el 9 de julio para ver juicio. </strong>El plazo para que la Fiscalía del Estado admita o rechace la proposición acusatoria del caso Quiborax contra Carlos Mesa vence el 9 de julio.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>La exsubprocuradora Llorenti fue exculpada. </strong>En el informe, el ministro Arce afirmó que la exsubprocuradora Carmiña Llorenti prestó su computadora a un abogado de Chile y éste aprovechó para filtrar información. Dijo que el presidente Morales fue informado y que ello sucedió cuando el laudo ya había sido emitido.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <blockquote> <p class="rtejustify"> <strong>OPINIONES</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"Él (Mesa) no ha querido ni sentarse con la empresa, cuando le han pedido (negociar) en cuatro oportunidades, cuando le han dado el tiempo suficiente, cuando le han dado más de un año". </em><strong>Héctor Arce. Ministro de Justicia</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"El Gobierno debe asumir que la defensa del Estado en el caso Quiborax fue negligente y torpe. Quieren responsabilizar a Mesa porque le tienen miedo en las elecciones de 2019". </em><strong>Shirley Franco. Diputada UD</strong></p> </blockquote> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>MESA: “RATIFICARON UNA ACUSACIÓN MANIPULADA”</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Al promediar las 11:15, Carlos Mesa, acompañado de su abogado, Carlos Alarcón, y su asesor, Gustavo Aliaga, se presentó de manera sorpresiva en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para escuchar los fundamentos que esgrimían las autoridades ejecutivas interpeladas por el MAS.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En la sesión, asambleístas y ministros no dudaron en culparlo por el pago de los 42,6 millones de dólares que pagó el Estado a la chilena.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Me ha dado la sensación de que en la Asamblea Legislativa lo que se ha producido es un acto de autocomplacencia en el que se reúnen parlamentarios del oficialismo para hacer una interpelación acordada y permitir a los ministros dar sus argumentos”, expresó.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “A lo que hoy asistimos parecería que fuere a la apertura de un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa, cuando todavía el Fiscal General del Estado no tomó una decisión”, dijo Mesa a su salida del Legislativo.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Más que interpelación, esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que probablemente se producirá si el Fiscal General decide abrir una acusación en nuestra contra (…) Ha sido simplemente la ratificación de una acusación en contra de Carlos Mesa y manipulada por el oficialismo”, aseguró.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “A lo que asistimos parecería que fuere a la apertura de un juicio de responsabilidades contra Carlos de Mesa”, dijo.</p>

<p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa señaló ayer que el cerco en su contra por el caso Quiborax se va cerrando y que la interpelación de la Asamblea Legislativa contra los ministros de Justicia y Minería, Héctor Arce y César Navarro, fue “un acto de complacencia” a modo de apertura de la acusación en su contra, cuando sólo falta la decisión de la Fiscalía General del Estado para iniciar el juicio por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El Ministerio Público tiene hasta el 9 de julio para pronunciarse.</p> <p class="rtejustify"> Ayer, el pleno de la Asamblea Legislativa procedió con la interpelación de los ministros de Justicia y Minería, para conocer la defensa que se asumió el Estado en el laudo arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), instancia que definió el pago de 42,6 millones de dólares en favor de Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> Este informe, que se inició desde las 9:00, se prolongó hasta las 14:20, oportunidad en que los ministros, en medio de cuestionamientos de los asambleístas de oposición, se dedicaron a ratificar que la pérdida del caso en Ciadi fue por llevar adelante la reversión de las concesiones mineras sin cumplir la normativa, que el proceso fue discriminatorio e ilícito, además de cierta parcialización del tribunal arbitral con la empresa, que incluso demandó al Estado paralizar cualquier acción penal en el país.</p> <p class="rtejustify"> “Lamentablemente, en este caso han tenido todos los elementos para condenarnos a una indemnización, y esos elementos son los que se produjeron, generaron por todo este andamiaje de aprobar una ley, no cumplirla, que tenga que haber auditorías y no hacerlas, utilizar un mecanismo que no era el correcto”, dijo Arce refiriéndose a Mesa.</p> <p class="rtejustify"> A su vez, el titular de Minería que hizo un repaso de antecedentes hasta los Gobiernos denominados neoliberales de Hugo Banzer, entre otros. Refirió que incluso para el proceso de estas concesiones a la empresa chilena se habría recurrido a información privilegiada por parte de David Moscoso, socio de Quiborax. Fueron más de tres horas para que las autoridades del Ejecutivo concluyan en que, por el incumplimiento de Mesa a las normas y sus propias leyes, el Estado perdió el laudo arbitral.</p> <p class="rtejustify"> El pleno mayoritario oficialista aprobó la moción de “orden del día puro y simple”, pero además dieron el “voto de confianza” a los interpelados que salieron triunfantes y aplaudidos. Los asambleístas apoyaron las versiones esgrimidas por los ministros y ratificaron el grado de responsabilidad que presumiblemente tiene el expresidente en el caso.</p> <p class="rtejustify"> De manera paralela, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que se tiene hasta el 9 de julio para presentar la resolución conclusiva de rechazó o admisión de la proposición acusatoria para instaurar un juicio contra el expresidente. La Procuraduría General denunció ante el Ministerio Público a Mesa por supuestos delitos en la reversión de una concesión minera en el Salar de Uyuni.</p> <p class="rtejustify"> “Cumpliendo con los procedimientos, la denuncia de proposición de parte de la Procuraduría se presentó el 22 de mayo y, en 24 horas, se notificó al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Penal en fecha 23 de mayo”, explicó el Fiscal General.</p> <p class="rtejustify"> Explicó que, desde la recepción de la denuncia, la Fiscalía tiene un plazo de 30 días para colectar documentos, toma de declaraciones y otros elementos para emitir una resolución conclusiva. El plazo vence el 9 de julio y no puede ampliarse.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>42,6 millones de dólares pagó el Estado a Quiborax por la indemnización tras perder el juicio por la reversión de concesiones mineras.</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>DATOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>La Fiscalía tiene hasta el 9 de julio para ver juicio. </strong>El plazo para que la Fiscalía del Estado admita o rechace la proposición acusatoria del caso Quiborax contra Carlos Mesa vence el 9 de julio.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>La exsubprocuradora Llorenti fue exculpada. </strong>En el informe, el ministro Arce afirmó que la exsubprocuradora Carmiña Llorenti prestó su computadora a un abogado de Chile y éste aprovechó para filtrar información. Dijo que el presidente Morales fue informado y que ello sucedió cuando el laudo ya había sido emitido.</p> <p class="rtejustify">  </p> <blockquote><p class="rtejustify"> <strong>OPINIONES</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"Él (Mesa) no ha querido ni sentarse con la empresa, cuando le han pedido (negociar) en cuatro oportunidades, cuando le han dado el tiempo suficiente, cuando le han dado más de un año". </em><strong>Héctor Arce. Ministro de Justicia</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"El Gobierno debe asumir que la defensa del Estado en el caso Quiborax fue negligente y torpe. Quieren responsabilizar a Mesa porque le tienen miedo en las elecciones de 2019". </em><strong>Shirley Franco. Diputada UD</strong></p> </blockquote> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>MESA: “RATIFICARON UNA ACUSACIÓN MANIPULADA”</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Al promediar las 11:15, Carlos Mesa, acompañado de su abogado, Carlos Alarcón, y su asesor, Gustavo Aliaga, se presentó de manera sorpresiva en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para escuchar los fundamentos que esgrimían las autoridades ejecutivas interpeladas por el MAS.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En la sesión, asambleístas y ministros no dudaron en culparlo por el pago de los 42,6 millones de dólares que pagó el Estado a la chilena.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Me ha dado la sensación de que en la Asamblea Legislativa lo que se ha producido es un acto de autocomplacencia en el que se reúnen parlamentarios del oficialismo para hacer una interpelación acordada y permitir a los ministros dar sus argumentos”, expresó.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “A lo que hoy asistimos parecería que fuere a la apertura de un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa, cuando todavía el Fiscal General del Estado no tomó una decisión”, dijo Mesa a su salida del Legislativo.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Más que interpelación, esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que probablemente se producirá si el Fiscal General decide abrir una acusación en nuestra contra (…) Ha sido simplemente la ratificación de una acusación en contra de Carlos Mesa y manipulada por el oficialismo”, aseguró.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “A lo que asistimos parecería que fuere a la apertura de un juicio de responsabilidades contra Carlos de Mesa”, dijo.</p>

El expresidente Carlos Mesa señaló ayer que el cerco en su contra por el caso Quiborax se va cerrando y que la interpelación de la Asamblea Legislativa contra los ministros de Justicia y Minería, Héctor Arce y César Navarro

El expresidente Carlos Mesa señaló ayer que el cerco en su contra por el caso Quiborax se va cerrando y que la interpelación de la Asamblea Legislativa contra los ministros de Justicia y Minería, Héctor Arce y César Navarro