<p class="rtejustify"> LA PAZ |</p> <p class="rtejustify"> La exministra de Comunicación, Amanda Dávila, salió hoy en defensa del expresidente del Estado Carlos Mesa y <strong>dijo que no debería ir a la cárcel porque actuó en defensa del país al revertir las concesiones a la chilena Quiborax</strong> a la que calificó de "mafiosa".</p> <p class="rtejustify"> "El expresidente Carlos Mesa <strong>no debería ir a la cárcel ni hoy ni mañana pues actuó, durante su gestión, contra la mafiosa chilena #Quiborax </strong>en defensa del país; eso no tiene precio, pienso yo", escribió Dávila en su cuenta de Facebook.</p> <p class="rtejustify"> Por su parte, Mesa calificó las declaraciones de la exministra como "una noticia más que relevante".</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"> <p dir="ltr" lang="es"> Quiborax, una noticia más que relevante <a href="https://t.co/Y9uyeUQ1ZF">https://t.co/Y9uyeUQ1ZF</a></p> — Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) <a href="https://twitter.com/carlosdmesag/status/1021937887330353152?ref_src=twsrc%5Etfw">25 de julio de 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <p class="rtejustify"> <strong>La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó una Proposición Acusatoria en contra&nbsp;Mesa y sus exministros</strong> por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, relacionados al arbitraje perdido frente a la empresa Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> El 9 de julio, el fiscal General del Estado, Ramiro <strong>Guerrero, presentó el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente</strong> ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad de Sucre.</p> <p class="rtejustify"> Este martes pasado, la Sala Penal del Tribunal resolvió la apertura del juicio de responsabilidades contra&nbsp;Mesa por supuestamente encontrar suficientes elementos en el requerimiento acusatorio del Ministerio Público, que lo denunció por el presunto delito de daño económico al Estado.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Tras un juicio de más de 10 años, un laudo arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) determinó que el Estado boliviano pague 42,6 millones de dólares a la empresa Quiborax</strong> como compensación por la reversión de concesiones en el Salar de Uyuni para la explotación de bórax.</p> <p class="rtejustify"> El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, al señalar que están a la espera de que el Tribunal Supremo remita los antecedentes del caso Quiborax, afirmó que Mesa y quienes lo apoyan deben estar tranquilos porque el tiempo no alcanzará para "meterlo preso o hacer una sentencia ejecutoriada".</p> <p class="rtejustify"> "<strong>Quienes apoyan a Mesa (que) se queden tranquilos porque no vamos a alcanzar con nuestros plazos a meterlo preso o a hacer una sentencia ejecutoriada</strong>. Tranquilos los que están nerviosos con ese tema, el propio señor Mesa si está nervioso con el tema, que se quede tranquilo", afirmó Gonzales en declaraciones a la prensa.</p> <p class="rtejustify"> Dávila fue la única militante del partido de Gobierno que salió de forma pública en favor de Mesa, que es también vocero de la demanda marítima, mientras que el resto de oficialistas piden su enjuiciamiento.</p>

<p class="rtejustify"> LA PAZ |</p> <p class="rtejustify"> La exministra de Comunicación, Amanda Dávila, salió hoy en defensa del expresidente del Estado Carlos Mesa y <strong>dijo que no debería ir a la cárcel porque actuó en defensa del país al revertir las concesiones a la chilena Quiborax</strong> a la que calificó de "mafiosa".</p> <p class="rtejustify"> "El expresidente Carlos Mesa <strong>no debería ir a la cárcel ni hoy ni mañana pues actuó, durante su gestión, contra la mafiosa chilena #Quiborax </strong>en defensa del país; eso no tiene precio, pienso yo", escribió Dávila en su cuenta de Facebook.</p> <p class="rtejustify"> Por su parte, Mesa calificó las declaraciones de la exministra como "una noticia más que relevante".</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p dir="ltr" lang="es" xml:lang="es"> Quiborax, una noticia más que relevante <a href="https://t.co/Y9uyeUQ1ZF">https://t.co/Y9uyeUQ1ZF</a></p> <p> — Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) <a href="https://twitter.com/carlosdmesag/status/1021937887330353152?ref_src=twsrc%5Etfw">25 de julio de 2018</a></p></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p class="rtejustify"> <strong>La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó una Proposición Acusatoria en contra Mesa y sus exministros</strong> por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, relacionados al arbitraje perdido frente a la empresa Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> El 9 de julio, el fiscal General del Estado, Ramiro <strong>Guerrero, presentó el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente</strong> ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad de Sucre.</p> <p class="rtejustify"> Este martes pasado, la Sala Penal del Tribunal resolvió la apertura del juicio de responsabilidades contra Mesa por supuestamente encontrar suficientes elementos en el requerimiento acusatorio del Ministerio Público, que lo denunció por el presunto delito de daño económico al Estado.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Tras un juicio de más de 10 años, un laudo arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) determinó que el Estado boliviano pague 42,6 millones de dólares a la empresa Quiborax</strong> como compensación por la reversión de concesiones en el Salar de Uyuni para la explotación de bórax.</p> <p class="rtejustify"> El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, al señalar que están a la espera de que el Tribunal Supremo remita los antecedentes del caso Quiborax, afirmó que Mesa y quienes lo apoyan deben estar tranquilos porque el tiempo no alcanzará para "meterlo preso o hacer una sentencia ejecutoriada".</p> <p class="rtejustify"> "<strong>Quienes apoyan a Mesa (que) se queden tranquilos porque no vamos a alcanzar con nuestros plazos a meterlo preso o a hacer una sentencia ejecutoriada</strong>. Tranquilos los que están nerviosos con ese tema, el propio señor Mesa si está nervioso con el tema, que se quede tranquilo", afirmó Gonzales en declaraciones a la prensa.</p> <p class="rtejustify"> Dávila fue la única militante del partido de Gobierno que salió de forma pública en favor de Mesa, que es también vocero de la demanda marítima, mientras que el resto de oficialistas piden su enjuiciamiento.</p>

La exministra de Comunicación, Amanda Dávila, salió hoy en defensa del expresidente del Estado Carlos Mesa y dijo que no debería ir a la cárcel porque actuó en defensa del país al revertir las concesiones a la chilena Quiborax a la que calificó de "mafiosa".

La exministra de Comunicación, Amanda Dávila, salió hoy en defensa del expresidente del Estado Carlos Mesa y dijo que no debería ir a la cárcel porque actuó en defensa del país al revertir las concesiones a la chilena Quiborax a la que calificó de &quot;mafiosa&quot;.

<p class="rtejustify"> La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia <strong>resolvió la apertura de juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa</strong> por el caso Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> La Sala Plena recomendó el juicio de responsabilidades contra del exmandatario por encontrar suficientes elementos en el requerimiento acusatorio del Ministerio Público, que lo denunció por el presunto delito de daño económico al Estado.</p> <p class="rtejustify"> Los magistrados que conforman la Sala Penal resolvieron enviar su decisión a la Sala Plena<strong> instancia que deberá aprobar y enviar el expediente a la Asamblea Legislativa Plurinacional</strong> para que autorice o no el juicio contra Mesa.</p> <p class="rtejustify"> "Lo que hizo el Ministerio Público en estos 30 días, tal cual establece el procedimiento, fue la acumulación de antecedentes en el presente caso. Ahora hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que a su vez pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional", dijo el fiscal, Ramiro Guerrero el pasado 9 de julio.</p> <p class="rtejustify"> El proceso se activó a denuncia del Procurador General del Estado, Pablo Menacho, quien pocos días después que <span style="text-align: justify;">el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones</span>&nbsp;(<span style="text-align: justify;">Ciadi)</span> dictó su fallo que determinó la derrota jurídica del Estado, <strong>planteó la denuncia contra Mesa y otros de sus excolaboradores.</strong></p> <p class="rtejustify"> El Estado boliviano tuvo que pagar el millonario monto de 42,6 millones de dólares, en un juicio internacional que duró más de una década, la mayor parte del proceso estuvo en manos de la administración del presidente Evo Morales, es decir la defensa de los intereses del Estado.</p> <p class="rtejustify"> Mientras el Gobierno<strong> ha señalado a Mesa como el principal responsable de la demanda internacional, </strong>el exmandatario ha retrucado señalando a los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Minería, César Navarro y al Procurador como los autores de una "pésima" defensa de los intereses del Estado.</p> <p class="rtejustify"> Al respecto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, explicó que la Sala Plena tratará mañana a las 9:00 la propuesta de un juicio de responsabilidades contra Mesa para posteriormente remitir o no un informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).</p> <p> <iframe allow="autoplay" frameborder="no" height="166" scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/476109384&amp;color=%23ff5500&amp;auto_play=true&amp;hide_related=true&amp;show_comments=false&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;show_teaser=false" width="100%"></iframe></p> <p class="rtejustify"> “El proceso no ha comenzado. A la Sala Plena lo único que le corresponde es considerar el informe y <strong>si acaso corresponde remitir los antecedentes correspondientes a la Asamblea Legislativa para que ésta instancia autorice o no el juzgamiento del expresidente</strong>”, detalló Revilla.</p> <h2> <strong>Antecedentes</strong></h2> <p class="rtejustify"> La empresa chilena Quiborax, representada por el estudio Bofill Mir &amp; Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa,<strong> se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.</strong></p> <p class="rtejustify"> En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Ciadi&nbsp;a Bolivia por 66 millones de dólares.</p> <p class="rtejustify"> En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, <strong>estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización.</strong> Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.</p> <p class="rtejustify"> El Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó Ciadi y acordó un pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.</p>

<p class="rtejustify"> La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia <strong>resolvió la apertura de juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa</strong> por el caso Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> La Sala Plena recomendó el juicio de responsabilidades contra del exmandatario por encontrar suficientes elementos en el requerimiento acusatorio del Ministerio Público, que lo denunció por el presunto delito de daño económico al Estado.</p> <p class="rtejustify"> Los magistrados que conforman la Sala Penal resolvieron enviar su decisión a la Sala Plena<strong> instancia que deberá aprobar y enviar el expediente a la Asamblea Legislativa Plurinacional</strong> para que autorice o no el juicio contra Mesa.</p> <p class="rtejustify"> "Lo que hizo el Ministerio Público en estos 30 días, tal cual establece el procedimiento, fue la acumulación de antecedentes en el presente caso. Ahora hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que a su vez pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional", dijo el fiscal, Ramiro Guerrero el pasado 9 de julio.</p> <p class="rtejustify"> El proceso se activó a denuncia del Procurador General del Estado, Pablo Menacho, quien pocos días después que <span style="text-align: justify;">el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones</span> (<span style="text-align: justify;">Ciadi)</span> dictó su fallo que determinó la derrota jurídica del Estado, <strong>planteó la denuncia contra Mesa y otros de sus excolaboradores.</strong></p> <p class="rtejustify"> El Estado boliviano tuvo que pagar el millonario monto de 42,6 millones de dólares, en un juicio internacional que duró más de una década, la mayor parte del proceso estuvo en manos de la administración del presidente Evo Morales, es decir la defensa de los intereses del Estado.</p> <p class="rtejustify"> Mientras el Gobierno<strong> ha señalado a Mesa como el principal responsable de la demanda internacional, </strong>el exmandatario ha retrucado señalando a los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Minería, César Navarro y al Procurador como los autores de una "pésima" defensa de los intereses del Estado.</p> <p class="rtejustify"> Al respecto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, explicó que la Sala Plena tratará mañana a las 9:00 la propuesta de un juicio de responsabilidades contra Mesa para posteriormente remitir o no un informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).</p> <p><iframe allow="autoplay" frameborder="no" height="166" scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/476109384&amp;color=%23ff5500&amp;auto_play=true&amp;hide_related=true&amp;show_comments=false&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;show_teaser=false" width="100%"></iframe></p> <p class="rtejustify"> “El proceso no ha comenzado. A la Sala Plena lo único que le corresponde es considerar el informe y <strong>si acaso corresponde remitir los antecedentes correspondientes a la Asamblea Legislativa para que ésta instancia autorice o no el juzgamiento del expresidente</strong>”, detalló Revilla.</p> <h2> <strong>Antecedentes</strong></h2> <p class="rtejustify"> La empresa chilena Quiborax, representada por el estudio Bofill Mir &amp; Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa,<strong> se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.</strong></p> <p class="rtejustify"> En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Ciadi a Bolivia por 66 millones de dólares.</p> <p class="rtejustify"> En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, <strong>estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización.</strong> Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.</p> <p class="rtejustify"> El Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó Ciadi y acordó un pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.</p>

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia resolvió la apertura de juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa por el caso Quiborax.

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia resolvió la apertura de juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa por el caso Quiborax.

Sala Penal del TSJ resuelve recomendar el enjuiciamiento de Mesa por Quiborax

<p class="rtejustify"> Tras encontrar elementos en el requerimiento acusatorio del Ministerio Público por el presunto delito de daño económico al Estado, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) <strong>recomendó hoy la apertura de un juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa</strong>, por el caso Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> Quiborax es una empresa chilena que se fundó en 1986 y comenzó su producción recién en 1988. Se encargan de producir ácido bórico y productos agroquímicos. Exporta a través de los puertos de Arica a todo el mundo.</p> <p class="rtejustify"> La empresa, representada por el estudio Bofill Mir &amp; Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Carlos Mesa, <strong>se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.</strong></p> <p class="rtejustify"> En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a Bolivia por 66 millones de dólares.</p> <p class="rtejustify"> En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.</p> <p class="rtejustify"> En el fallo, un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el Ciadi informó su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de <strong>“desestimar en su totalidad la solicitud de anulación”</strong> que Bolivia presentó en 2015.</p> <p class="rtejustify"> El contrato de transacción ya fue suscrito. La pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado, quedando en los 42,6 millones de dólares señalados.</p> <p class="rtejustify"> Mira en la siguiente infografía interactiva los principales personajes que forman parte de este caso.</p> <div style="width: 100%;"> <div class="rtecenter" style="position: relative; padding-bottom: 218.75%; padding-top: 0; height: 0;"> <iframe allowfullscreen="true" allownetworking="all" allowscriptaccess="always" frameborder="0" height="1750" scrolling="yes" src="https://view.genial.ly/5b48bcd8b34735448f2275bf" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" type="text/html" width="800"></iframe></div> </div> <p> &nbsp;</p> <h2 class="rtejustify"> <strong>Gobierno del MAS acusa a Mesa</strong></h2> <p class="rtejustify"> El pasado 22 de mayo, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Mesa y tres de sus exministros, tras la pérdida del juicio internacional con Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> La Procuraduría dijo que en<strong> el Gobierno de Mesa se incumplieron leyes y que incluso el Decreto Supremo 27589 es ilegal.</strong></p> <p class="rtejustify"> La denuncia contra Carlos Mesa fue presentada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, el expresidente y actual vocero de la demanda marítima contra Chile, aseguró que<strong> los responsables de la derrota boliviana en el juicio ante Quiborax son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores</strong>, por “la desastrosa negociación” realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018.</p> <p class="rtejustify"> Mesa dijo también que el Gobierno incurrió en una contradicción al señalar la ilegalidad del Decreto Supremo 27589 ya que la propia Procuraduría, en el laudo de apelación presentado ante Ciadi en 2015, defendió la legalidad de esa norma.</p> <h2 class="rtejustify"> <strong>Se señala el nombre de Rodríguez Veltzé</strong></h2> <p class="rtejustify"> El expresidente dijo que si la Fiscalía lo investiga a él también debería ser incluido el exmandatario, Eduardo Rodríguez Veltzé.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, <strong>Rodríguez Veltzé afirmó que no debatirá “insinuaciones de orden político” respecto a las declaraciones realizadas por Mesa.</strong></p> <p class="rtejustify"> “Asumo la responsabilidad del (Decreto Supremo 27589) emitido por mi Gobierno y que contó con la aprobación previa del Consejo Nacional de Política Económica (Conape); no debatiré insinuaciones de orden político”, recalcó.</p> <h2 class="rtejustify"> <strong>Mesa acusa a Quiborax de falsificar acta para demandar a Bolivia</strong></h2> <p class="rtejustify"> El expresidente de Bolivia aseguró en reiteradas oportunidades que la empresa chilena falsificó un acta para demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica por la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni.</p> <p class="rtejustify"> Mesa dijo que el arbitraje demandado por esa empresa<strong> fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad,</strong> por lo que presentó ante la Fiscalía las pruebas de estas afirmaciones.</p> <p class="rtejustify"> “El Arbitraje en el caso Quiborax en contra del Estado de Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, confesado en un proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representante de la empresa que promovió este proceso arbitral”, expresó en un artículo publicado en su página web.</p> <p class="rtejustify"> Ante esta situación, <strong>Mesa pidió el rechazo a la acusación presentada por la Procuraduría General del Estado en su contra dentro de este caso.</strong></p> <p class="rtejustify"> A continuación se presenta una línea de tiempo interactiva con los hitos sobre este caso.</p> <div style="width: 100%;"> <div class="rtecenter" style="position: relative; padding-bottom: 237.50%; padding-top: 0; height: 0;"> <iframe allowfullscreen="true" allownetworking="all" allowscriptaccess="always" frameborder="0" height="1900" scrolling="yes" src="https://view.genial.ly/5b44c1e2d5de275f9f003c06" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" type="text/html" width="800"></iframe></div> </div> <h2> <strong>Gastos y honorarios del Comité; un pago extra</strong></h2> <p class="rtejustify"> Ciadi determinó además que el Estado boliviano tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.</p> <p class="rtejustify"> La entidad internacional determinó que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa (462 mil dólares) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (1.384.801 dólares).</p>

<p class="rtejustify"> Tras encontrar elementos en el requerimiento acusatorio del Ministerio Público por el presunto delito de daño económico al Estado, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) <strong>recomendó hoy la apertura de un juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa</strong>, por el caso Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> Quiborax es una empresa chilena que se fundó en 1986 y comenzó su producción recién en 1988. Se encargan de producir ácido bórico y productos agroquímicos. Exporta a través de los puertos de Arica a todo el mundo.</p> <p class="rtejustify"> La empresa, representada por el estudio Bofill Mir &amp; Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Carlos Mesa, <strong>se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.</strong></p> <p class="rtejustify"> En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a Bolivia por 66 millones de dólares.</p> <p class="rtejustify"> En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.</p> <p class="rtejustify"> En el fallo, un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el Ciadi informó su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de <strong>“desestimar en su totalidad la solicitud de anulación”</strong> que Bolivia presentó en 2015.</p> <p class="rtejustify"> El contrato de transacción ya fue suscrito. La pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado, quedando en los 42,6 millones de dólares señalados.</p> <p class="rtejustify"> Mira en la siguiente infografía interactiva los principales personajes que forman parte de este caso.</p> <div style="width: 100%;"> <div class="rtecenter" style="position: relative; padding-bottom: 218.75%; padding-top: 0; height: 0;"> <iframe allowfullscreen="true" allownetworking="all" allowscriptaccess="always" frameborder="0" height="1750" scrolling="yes" src="https://view.genial.ly/5b48bcd8b34735448f2275bf" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" type="text/html" width="800"></iframe></div> </div> <p>  </p> <h2 class="rtejustify"> <strong>Gobierno del MAS acusa a Mesa</strong></h2> <p class="rtejustify"> El pasado 22 de mayo, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Mesa y tres de sus exministros, tras la pérdida del juicio internacional con Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> La Procuraduría dijo que en<strong> el Gobierno de Mesa se incumplieron leyes y que incluso el Decreto Supremo 27589 es ilegal.</strong></p> <p class="rtejustify"> La denuncia contra Carlos Mesa fue presentada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, el expresidente y actual vocero de la demanda marítima contra Chile, aseguró que<strong> los responsables de la derrota boliviana en el juicio ante Quiborax son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores</strong>, por “la desastrosa negociación” realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018.</p> <p class="rtejustify"> Mesa dijo también que el Gobierno incurrió en una contradicción al señalar la ilegalidad del Decreto Supremo 27589 ya que la propia Procuraduría, en el laudo de apelación presentado ante Ciadi en 2015, defendió la legalidad de esa norma.</p> <h2 class="rtejustify"> <strong>Se señala el nombre de Rodríguez Veltzé</strong></h2> <p class="rtejustify"> El expresidente dijo que si la Fiscalía lo investiga a él también debería ser incluido el exmandatario, Eduardo Rodríguez Veltzé.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, <strong>Rodríguez Veltzé afirmó que no debatirá “insinuaciones de orden político” respecto a las declaraciones realizadas por Mesa.</strong></p> <p class="rtejustify"> “Asumo la responsabilidad del (Decreto Supremo 27589) emitido por mi Gobierno y que contó con la aprobación previa del Consejo Nacional de Política Económica (Conape); no debatiré insinuaciones de orden político”, recalcó.</p> <h2 class="rtejustify"> <strong>Mesa acusa a Quiborax de falsificar acta para demandar a Bolivia</strong></h2> <p class="rtejustify"> El expresidente de Bolivia aseguró en reiteradas oportunidades que la empresa chilena falsificó un acta para demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica por la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni.</p> <p class="rtejustify"> Mesa dijo que el arbitraje demandado por esa empresa<strong> fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad,</strong> por lo que presentó ante la Fiscalía las pruebas de estas afirmaciones.</p> <p class="rtejustify"> “El Arbitraje en el caso Quiborax en contra del Estado de Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, confesado en un proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representante de la empresa que promovió este proceso arbitral”, expresó en un artículo publicado en su página web.</p> <p class="rtejustify"> Ante esta situación, <strong>Mesa pidió el rechazo a la acusación presentada por la Procuraduría General del Estado en su contra dentro de este caso.</strong></p> <p class="rtejustify"> A continuación se presenta una línea de tiempo interactiva con los hitos sobre este caso.</p> <div style="width: 100%;"> <div class="rtecenter" style="position: relative; padding-bottom: 237.50%; padding-top: 0; height: 0;"> <iframe allowfullscreen="true" allownetworking="all" allowscriptaccess="always" frameborder="0" height="1900" scrolling="yes" src="https://view.genial.ly/5b44c1e2d5de275f9f003c06" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" type="text/html" width="800"></iframe></div> </div> <h2> <strong>Gastos y honorarios del Comité; un pago extra</strong></h2> <p class="rtejustify"> Ciadi determinó además que el Estado boliviano tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.</p> <p class="rtejustify"> La entidad internacional determinó que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa (462 mil dólares) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (1.384.801 dólares).</p>

Tras encontrar elementos en el requerimiento acusatorio del Ministerio Público por el presunto delito de daño económico al Estado, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recomendó hoy la apertura de un juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, por el caso Quiborax.

Tras encontrar elementos en el requerimiento acusatorio del Ministerio Público por el presunto delito de daño económico al Estado, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recomendó hoy la apertura de un juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, por el caso Quiborax.

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<p class="rtejustify"> El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, cuestionó ayer&nbsp; las contradicciones que existen en el Gobierno frente al caso Quiborax, debido a las últimas declaraciones que hicieron autoridades del Ejecutivo.&nbsp; “La Procuraduría declara hoy (por ayer) su ‘neutralidad’ ante las declaraciones del ministro de Economía que prejuzga mi supuesta culpabilidad en Quiborax. Olvida el Procurador lo que dijo a El Deber”, cuestionó Mesa a través de su cuenta de Twitter. En esa publicación, Menacho dijo: “El responsable es Carlos Mesa, se lo iba a procesar igual”.</p> <p class="rtejustify"> La aclaración&nbsp; de Menacho surge&nbsp; después que el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, dijera que el exmandatario debiera reponer con sus bienes los 42,6 millones de dólares que el Estado pagó por la indemnización a la transnacional. “El objetivo de las acciones judiciales que se han iniciado persiguen el resarcimiento del daño económico al Estado”, sostuvo la autoridad.</p> <p class="rtejustify"> La Procuraduría espera que el Legislativo autorice el enjuiciamiento del expresidente en base a los principios, valores y garantías constitucionales, no obstante la tramitación continúa en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.</p> <p class="rtejustify"> Mesa calificó las declaraciones de Guillén como flagrante “acción canalla” de un Gobierno con funcionarios cómplices de una empresa “pirata” a la cual le regalaron 42,6 millones de dólares. Manifestó, mediante un artículo publicado en su blog, que la defensa del Estado en ese caso fue vergonzosa.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>PROCLAMAN A MESA COMO CANDIDATO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Una plataforma ciudadana de El Alto proclamó ayer al expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, como candidato presidencial para las próximas elecciones de 2019.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La proclamación se registró en un céntrico hotel de la Ceja en ausencia de Mesa, quien en reiteradas ocasiones afirmó que no será candidato, aunque en las encuestas continúa figurando como uno de los políticos de mayor preferencia ciudadana. Fátima Machaca fue la encargada de hacer la proclamación, según un reporte de la red ATB.</p>

<p class="rtejustify"> El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, cuestionó ayer  las contradicciones que existen en el Gobierno frente al caso Quiborax, debido a las últimas declaraciones que hicieron autoridades del Ejecutivo.  “La Procuraduría declara hoy (por ayer) su ‘neutralidad’ ante las declaraciones del ministro de Economía que prejuzga mi supuesta culpabilidad en Quiborax. Olvida el Procurador lo que dijo a El Deber”, cuestionó Mesa a través de su cuenta de Twitter. En esa publicación, Menacho dijo: “El responsable es Carlos Mesa, se lo iba a procesar igual”.</p> <p class="rtejustify"> La aclaración  de Menacho surge  después que el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, dijera que el exmandatario debiera reponer con sus bienes los 42,6 millones de dólares que el Estado pagó por la indemnización a la transnacional. “El objetivo de las acciones judiciales que se han iniciado persiguen el resarcimiento del daño económico al Estado”, sostuvo la autoridad.</p> <p class="rtejustify"> La Procuraduría espera que el Legislativo autorice el enjuiciamiento del expresidente en base a los principios, valores y garantías constitucionales, no obstante la tramitación continúa en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.</p> <p class="rtejustify"> Mesa calificó las declaraciones de Guillén como flagrante “acción canalla” de un Gobierno con funcionarios cómplices de una empresa “pirata” a la cual le regalaron 42,6 millones de dólares. Manifestó, mediante un artículo publicado en su blog, que la defensa del Estado en ese caso fue vergonzosa.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>PROCLAMAN A MESA COMO CANDIDATO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Una plataforma ciudadana de El Alto proclamó ayer al expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, como candidato presidencial para las próximas elecciones de 2019.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La proclamación se registró en un céntrico hotel de la Ceja en ausencia de Mesa, quien en reiteradas ocasiones afirmó que no será candidato, aunque en las encuestas continúa figurando como uno de los políticos de mayor preferencia ciudadana. Fátima Machaca fue la encargada de hacer la proclamación, según un reporte de la red ATB.</p>

El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, cuestionó ayer las contradicciones que existen en el Gobierno frente al caso Quiborax

El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, cuestionó ayer las contradicciones que existen en el Gobierno frente al caso Quiborax

<p class="rtejustify"> El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, explicó que <strong>en caso de que la Asamblea Legislativa autorice el juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, no le alcanzará el tiempo para enviarlo a la cárcel,</strong> porque este tipo de proceso duran al menos dos años.</p> <p class="rtejustify"> “Quienes apoyan a Carlos Mesa que se queden tranquilos porque no vamos a alcanzar con nuestros plazos a un juicio o a meterlo preso”, dijo el jefe del Senado a los medios.</p> <p class="rtejustify"> El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)<strong> tratará mañana el informe de la Sala Penal que dio visto bueno para el juicio de responsabilidades de Mesa por el caso Quiborax.</strong></p> <p class="rtejustify"> Gonzales aseguró que “Mesa y sus seguidores pueden estar tranquilos” porque el juicio de responsabilidades “durará al menos dos años”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>“El objetivo del juicio no es inhabilitarlo políticamente sino encontrar responsabilidades en el caso Quiborax”,</strong> señaló el legislador.</p> <p class="rtejustify"> “Si Mesa está nervioso, no vamos a alcanzar con los plazos, los procedimientos nos aconsejan que un promedio de estos procesos no demora menos de dos años”, dijo.</p>

<p class="rtejustify"> El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, explicó que <strong>en caso de que la Asamblea Legislativa autorice el juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, no le alcanzará el tiempo para enviarlo a la cárcel,</strong> porque este tipo de proceso duran al menos dos años.</p> <p class="rtejustify"> “Quienes apoyan a Carlos Mesa que se queden tranquilos porque no vamos a alcanzar con nuestros plazos a un juicio o a meterlo preso”, dijo el jefe del Senado a los medios.</p> <p class="rtejustify"> El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)<strong> tratará mañana el informe de la Sala Penal que dio visto bueno para el juicio de responsabilidades de Mesa por el caso Quiborax.</strong></p> <p class="rtejustify"> Gonzales aseguró que “Mesa y sus seguidores pueden estar tranquilos” porque el juicio de responsabilidades “durará al menos dos años”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>“El objetivo del juicio no es inhabilitarlo políticamente sino encontrar responsabilidades en el caso Quiborax”,</strong> señaló el legislador.</p> <p class="rtejustify"> “Si Mesa está nervioso, no vamos a alcanzar con los plazos, los procedimientos nos aconsejan que un promedio de estos procesos no demora menos de dos años”, dijo.</p>

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, explicó que en caso de que la Asamblea Legislativa autorice el juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, no le alcanzará el tiempo para enviarlo a la cárcel, porque este tipo de proceso duran al menos dos años.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, explicó que en caso de que la Asamblea Legislativa autorice el juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, no le alcanzará el tiempo para enviarlo a la cárcel, porque este tipo de proceso duran al menos dos años.

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