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Caso Kirchner salpica a 2 empresas que ejecutaron obras en Bolivia
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<p class="rtejustify"> El escándalo de corrupción del Gobierno kirchnerista que sacude a Argentina ya salpica a Bolivia. El Consorcio Ar.Bol. (Argentina-Bolivia) y la empresa española Isolux-Corsán Corviam están involucradas en la presunta red de sobornos denominada Lava Jato argentino y firmaron contratos por un total de 791 millones de dólares durante el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).</p> <p class="rtejustify"> Las presuntas coimas se descubrieron a través de los cuadernos de anotaciones del chofer de un alto funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En los manuscritos se describe cómo el conductor llevaba bolsas de dinero que empresarios pagaban como sobornos a autoridades gubernamentales.</p> <p class="rtejustify"> Uno de los empresarios capturados por este caso es Gerardo Ferreyra, vicepresidente de la compañía Electroingeniería, la misma que formó parte del consorcio Ar.Bol. (Argentina-Bolivia), que fue contratada por el Gobierno boliviano en enero de 2010 por 257 millones de dólares para construir la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey.</p> <p class="rtejustify"> En el acto de firma de contrato, en palacio de gobierno, el mismo Gerardo Ferreyra estuvo junto al presidente Evo Morales y elogió la construcción de la equidad social en Bolivia. Ahora, el empresario está detenido, cita la Red Erbol.</p> <p class="rtejustify"> Según el periódico La Nación de Argentina, la compañía Electroingeniería era una pequeña empresa (pyme) que a partir de 2003, con el kirchnerismo, se convirtió en una de las grandes jugadoras de la obra pública en Argentina.</p> <p class="rtejustify"> En Bolivia, el consorcio Ar.Bol. no cumplió con el contrato para la construcción de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey. En agosto 2015, el Gobierno anunció que decidió rescindir el contrato, después de advertir mucha demora en las obras.</p> <p class="rtejustify"> Tras la rescisión de contratos , la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se hizo cargo del proyecto de infraestructura vial.</p> <p class="rtejustify"> La otra empresa involucrada en el escándalo de sobornos argentino es la española Isolux-Corsán Corviam, que fue conocida en Bolivia por abandonar en 2017 dos obras multimillonarias que le adjudicó el Gobierno: la construcción de la hidroeléctrica Miguillas y la carretera Ixiamas-San Buenaventura (534 millones de dólares por ambas obras).</p> <p class="rtejustify"> El empresario implicado es este caso es el argentino Juan Carlos de Goycoechea, expresidente de la filial argentina de Isolux, quien al menos hasta la tarde de ayer estaba prófugo de la justicia . Según La Nación, el acusado mandó a decir al juez que se presentaría después, porque estaba de viaje esquiando.</p> <p class="rtejustify"> No es la primera vez que el nombre de Goycoechea surge vinculado al de Bolivia. En 2017, el periódico español El Mundo publicó que Isolux había montado una red de sobornos en Sudamérica.</p> <p class="rtejustify"> Según la publicación, Goycoechea se contactó, el 30 de marzo de 2015, por correo electrónico con diversos cargos de Isolux para aconsejar el pago de “un millón de dólares que sería prudente dejar en Bolivia para atender una serie de compromisos que ayudan y mucho”.</p> <p class="rtejustify"> El proyecto hidroeléctrico de Miguillas, hasta el abandono de obras de Corsán Corviam, sólo registró un avance de 7 por ciento, pero con la ejecución de las boletas de garantía el Estado no perdió los recursos que desembolsó inicialmente.</p> <p class="rtejustify"> El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, informó que los representantes de dos empresas españolas que incumplieron contratos de obras en Bolivia ofrecieron una disculpa al presidente Evo Morales.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>DATOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>El escándalo provocó detenciones en Argentina. </strong>La declaración de una expareja del chofer de Roberto Baratta, ex úmero dos del exministro de Argentina, Julio de Vido, y las anotaciones sobre supuestas coimas en ocho cuadernos del conductor desataron una ola de detenciones de funcionarios de la administración kirchnerista y empresarios.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Citan a declarar a la expresidenta Kirchner. </strong>El juez federal Claudio Bonadio autorizó al Senado para que permita allanar los domicilios de la senadora Cristina Kirchner.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>MINISTRO CLAROS NO SABÍA QUE CORSÁN DABA SOBORNOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En abril de 2017, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, afirmó que desconocía la denuncia sobre la red de sobornos que montó la empresa española Isolux Corsán en Sudamérica y África para lograr obras públicas y que destinó un millón de dólares para favorecerse en Bolivia con adjudicaciones estatales.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Nosotros no tenemos esa información (…), todos esos procesos en los cuales la empresa ha participado son financiamiento del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), Banco Mundial (BM) que hacen proceso de licitación, no hay adjudicación directa, entonces, si ha habido alguna dádiva o alguna situación, ojalá la empresa lo denuncie. Nosotros vamos a hacer alguna investigación sobre el tema”, sostuvo Claros cuando fue consultado sobre esta situación por Los Tiempos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La denuncia fue publicada por el diario español El Mundo en abril de 2017.</p>
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<p class="rtejustify"> <em><strong>EFE y AFP</strong></em></p> <p class="rtejustify"> Un juez ordenó la detención de al menos 15 funcionarios y citó ayer a declarar a la expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández en un caso en el que se investigan presuntos sobornos de empresarios a funcionarios de los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).</p> <p class="rtejustify"> “La hipótesis delictiva que se investiga es la asociación ilícita”, explicó ayer en declaraciones a la prensa el fiscal Carlos Stornelli, encargado del caso, abierto a raíz de una investigación del diario La Nación en la que se apuntaba el supuesto pago de millones de dólares en efectivo de parte de empresarios a miembros del anterior Ejecutivo.</p> <p class="rtejustify"> El magistrado federal Claudio Bonadio, que ya investiga a la exmandataria por otras causas, la citó para el próximo 13 de agosto, a tiempo de ordenar una veintena de detenciones (a exfuncionarios kirchneristas y a empresarios) que ya se han empezado a hacer efectivas.</p> <p class="rtejustify"> Entre los detenidos están varios empresarios de la obra pública y la energía y Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de la cartera que comandaba Julio de Vido, ministro de Planificación Federal durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa Cristina Fernández (2007-2015) y ya en prisión preventiva desde 2017 por otra causa de corrupción.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, entre los citados a declarar, además de la exjefa de Estado, están, según indicaron medios locales (la causa está en secreto de sumario), el exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, así como empresarios como Rudy Ulloa Igor y Juan Lascurain.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>LOS APUNTES DE UN CHOFER</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La investigación de los periodistas de La Nación, Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, por la que la Fiscalía impulsó el expediente, devela la existencia de varias libretas en las que Óscar Centeno, un chófer de Baratta, apuntó durante una década los datos detalles de los supuestos pagos de las coimas.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Ya el martes por la tarde, el juez ordenó la detención de Centeno, acusado de ser el conductor de uno de los automóviles en los que se recaudaban esos millonarios montos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Los arrestos se dieron tras las declaraciones de la exesposa de Centeno, cuya comparecencia ante el juez estaba prevista para próximas horas.</p>
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<p class="rtejustify"> <em><strong>EFE y AFP</strong></em></p> <p class="rtejustify"> Un juez ordenó la detención de al menos 15 funcionarios y citó ayer a declarar a la expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández en un caso en el que se investigan presuntos sobornos de empresarios a funcionarios de los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).</p> <p class="rtejustify"> “La hipótesis delictiva que se investiga es la asociación ilícita”, explicó ayer en declaraciones a la prensa el fiscal Carlos Stornelli, encargado del caso, abierto a raíz de una investigación del diario La Nación en la que se apuntaba el supuesto pago de millones de dólares en efectivo de parte de empresarios a miembros del anterior Ejecutivo.</p> <p class="rtejustify"> El magistrado federal Claudio Bonadio, que ya investiga a la exmandataria por otras causas, la citó para el próximo 13 de agosto, a tiempo de ordenar una veintena de detenciones (a exfuncionarios kirchneristas y a empresarios) que ya se han empezado a hacer efectivas.</p> <p class="rtejustify"> Entre los detenidos están varios empresarios de la obra pública y la energía y Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de la cartera que comandaba Julio de Vido, ministro de Planificación Federal durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa Cristina Fernández (2007-2015) y ya en prisión preventiva desde 2017 por otra causa de corrupción.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, entre los citados a declarar, además de la exjefa de Estado, están, según indicaron medios locales (la causa está en secreto de sumario), el exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, así como empresarios como Rudy Ulloa Igor y Juan Lascurain.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>LOS APUNTES DE UN CHOFER</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La investigación de los periodistas de La Nación, Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, por la que la Fiscalía impulsó el expediente, devela la existencia de varias libretas en las que Óscar Centeno, un chófer de Baratta, apuntó durante una década los datos detalles de los supuestos pagos de las coimas.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Ya el martes por la tarde, el juez ordenó la detención de Centeno, acusado de ser el conductor de uno de los automóviles en los que se recaudaban esos millonarios montos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Los arrestos se dieron tras las declaraciones de la exesposa de Centeno, cuya comparecencia ante el juez estaba prevista para próximas horas.</p>
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<p class="rtejustify"> BUENOS AIRES |</p> <p class="rtejustify"> La expresidenta de Argentina Cristina Fernández deberá acudir a declarar <strong>el próximo 13 de agosto</strong> en un caso en el que se investigan los pagos de millones de dólares en efectivo que supuestamente hicieron varios empresarios de obra pública a miembros de los gobiernos kirchneristas (2003-2015).</p> <p class="rtejustify"> Un trabajo periodístico del diario La Nación desencadenó la apertura de una investigación judicial que en las últimas horas ha dejado <strong>doce detenidos y varios citados a declarar, acusados de integrar una "asociación ilícita" con la que distintas sociedades se beneficiaban de contratos gracias al pago de coimas.</strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>Decisivas para destapar el escándalo fueron las anotaciones que durante más de una década tomó supuestamente el chófer de uno de los colaboradores más cercanos </strong>al entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, encargado de las áreas de obras públicas, energía y vivienda y uno de los imputados.</p> <p class="rtejustify"> En varios cuadernos escolares, <strong>Óscar Centeno, que está entre los arrestados, fue apuntando con todo detalle cómo con su automóvil acudía a los puntos donde se recolectaba el dinero,</strong> como hoteles, oficinas o domicilios, y cómo luego, solo o acompañado, llevaba esos montos a un apartamento para después derivarlo a sus destinatarios.</p> <p class="rtejustify"> Según La Nación, <strong>entre los supuestos beneficiados están, no solo para quien trabajaba como chófer, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta -quien supuestamente coordinaba los pagos-, sino también De Vido y los propios Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández.</strong></p> <p class="rtejustify"> No obstante, entre la multitud de anotaciones de las libretas de Centeno están viajes con dinero hasta la residencia presidencial o al apartamento particular de la familia Kirchner en Buenos Aires.</p> <p class="rtejustify"> <strong>"Nunca vi nada parecido. Una cosa así tan completa, esta bitácora nunca lo vi y tengo casi 40 años en tribunales", expresó el fiscal del caso, Carlos Stornelli,</strong> quien declinó explayarse en los detalles al regir el secreto de sumario.</p> <p class="rtejustify"> Además de los exfuncionarios y empresarios detenidos, entre ellos de las empresas Iecsa -que fue propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri- y Electroingeniería, se busca a otros imputados como Juan Carlos Goycoecha, que era titular de la filial local de la española Isolux Corsá.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, además de Fernández -que como actual senadora tiene fueros y no podría ser detenida-<strong> el juez Claudio Bonadio llamó a declarar a de Vido -ya en prisión preventiva por presunta corrupción desde 2017-</strong>, al exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y al exjuez federal Norberto Oyarbide.</p> <p class="rtejustify"> La exjefa de Estado, viuda tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010, cuanta con cinco procesamientos judiciales, la mayoría por operaciones con adjudicatarios de obra pública.</p> <p class="rtejustify"> Aunque hoy declinó dar declaraciones sobre el escándalo, su tradicional postura y la de sus colaboradores es que es víctima de una persecución impulsada por el actual Gobierno para que no se hable de otras cuestiones como la situación económica del país.</p> <p class="rtejustify"> Uno de los abogados de la exmandataria, <strong>Gregorio Dalbón, afirmó en Twitter que Fernández "no tiene nada que ver" </strong>en la investigación de Bonadio, y consideró que "la espectacularidad del operativo" busca "ganar tiempo" por parte del Ejecutivo de Macri, cuyo partido político está siendo investigado por presunta financiación ilegal.</p> <p class="rtejustify"> "No importa quién cae, sino que se haga justicia. Esto ayuda a dejar atrás una etapa de corrupción estructural como la que vivió nuestro país en los últimos años", opinó este miércoles el ministro de Justicia, Germán Garavano.</p> <p class="rtejustify"> Valoró también que por primera vez hay un proceso "que nunca se vivió" en el país gracias al "compromiso institucional" del Ejecutivo con la "independencia judicial".</p> <p class="rtejustify"> Stornelli defendió su actuación al remarcar que "nunca" se ha ajustado a "ningún momento político" y adelantó que está dispuesto a conceder a Centeno el beneficio de la figura de "arrepentido" si se presta a colaborar con la Justicia.</p> <p class="rtejustify"> En sus papeles, y según la investigación periodística, <strong>el chófer hizo una pausa entre octubre de 2010, tras el fallecimiento de Kirchner, y 2013.</strong></p> <p class="rtejustify"> "Pensé que después del fallecimiento no se haría más el Valijero. Pero sí, disminuyó la propia frecuencia (...) <strong>No quise anotar más por temor a que me descubran y quede sin trabajo.</strong> Pero decidí hacerlo porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sr. Presidenta Cristina F. Kirchner los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales", remarcó.</p>
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<p class="rtejustify"> BUENOS AIRES |</p> <p class="rtejustify"> La expresidenta de Argentina Cristina Fernández deberá acudir a declarar <strong>el próximo 13 de agosto</strong> en un caso en el que se investigan los pagos de millones de dólares en efectivo que supuestamente hicieron varios empresarios de obra pública a miembros de los gobiernos kirchneristas (2003-2015).</p> <p class="rtejustify"> Un trabajo periodístico del diario La Nación desencadenó la apertura de una investigación judicial que en las últimas horas ha dejado <strong>doce detenidos y varios citados a declarar, acusados de integrar una "asociación ilícita" con la que distintas sociedades se beneficiaban de contratos gracias al pago de coimas.</strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>Decisivas para destapar el escándalo fueron las anotaciones que durante más de una década tomó supuestamente el chófer de uno de los colaboradores más cercanos </strong>al entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, encargado de las áreas de obras públicas, energía y vivienda y uno de los imputados.</p> <p class="rtejustify"> En varios cuadernos escolares, <strong>Óscar Centeno, que está entre los arrestados, fue apuntando con todo detalle cómo con su automóvil acudía a los puntos donde se recolectaba el dinero,</strong> como hoteles, oficinas o domicilios, y cómo luego, solo o acompañado, llevaba esos montos a un apartamento para después derivarlo a sus destinatarios.</p> <p class="rtejustify"> Según La Nación, <strong>entre los supuestos beneficiados están, no solo para quien trabajaba como chófer, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta -quien supuestamente coordinaba los pagos-, sino también De Vido y los propios Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández.</strong></p> <p class="rtejustify"> No obstante, entre la multitud de anotaciones de las libretas de Centeno están viajes con dinero hasta la residencia presidencial o al apartamento particular de la familia Kirchner en Buenos Aires.</p> <p class="rtejustify"> <strong>"Nunca vi nada parecido. 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<p> El expresidente de Bolivia y actual agente en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé,<strong> informó que aceptó la invitación de la Comisión de Oposición Mixta que investiga el caso Lava Jato y aseguró que contribuirá en las indagaciones.</strong></p> <p> Veltzé indicó, a través su cuenta de Twitter, <strong>que responderá “por escrito”a las solicitudes de información.</strong></p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p dir="ltr" lang="es" xml:lang="es"> He respondido la invitación de la Comisión de Oposición Mixta del caso “Lava Jato”, ratificando mi disposición de contribuir a sus indagaciones desde la sede de mis funciones y por escrito.</p> <p> — E. Rodríguez Veltzé (@erveltze) <a href="https://twitter.com/erveltze/status/1004660521495384065?ref_src=twsrc%5Etfw">7 de junio de 2018</a></p></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p> Ayer se dio a conocer que esa comisión había conminado al expresidente para que brinde un informe sobre <strong>el "involucramiento" que tuvo el exmandatario, Carlos Mesa en el caso de la carretera El Carmen-Roboré.</strong></p> <p> La petición del informe que hizo la comisión paralela a la Comisión Especial que investiga Odebrecht,<strong> se hizo a través del correo institucional de Rodríguez y por medio de la Cancillería del Estado.</strong></p> <p> "Hemos propuesto al expresidente, Eduardo Rodriguez la fecha del 19 de este mes, y conociendo que está muy lejos en los Países Bajos, le pusimos como alternativa que podríamos hacer un contacto vía Skype. Lo importante es contar con la información (que brinde)", sostuvo el senador, Arturo Murillo</p> <p> La comisión paralela requiere conocer<strong> las gestiones que se realizaron en el corto periodo de gobierno de Rodríguez, para la consolidación del contrato de la vía El Carmen-Roboré.</strong></p> <p> Según Mesa, en su gestión no se ejecutó el contrato por la aplicación de la "cláusula suspensiva" que establecía la obligatoriedad de cumplir ciertos compromisos a las partes firmantes, en este caso Bolivia debía asegurar su contraparte presupuestaria, que por la crisis económica no lo hizo.</p> <p> Por tanto, el contrato no se ejecutó. Sin embargo,<strong> dijo que en el periodo de expresidente Rodríguez sí se concretó el contrato, se realizaron desembolsos y se terminó el pago por la obra en el gobierno del presidente Evo Morales.</strong></p>
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(Argentina-Bolivia), que fue contratada por el Gobierno boliviano en enero de 2010 por 257 millones de dólares para construir la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey.</p> <p class="rtejustify"> En el acto de firma de contrato, en palacio de gobierno, el mismo Gerardo Ferreyra estuvo junto al presidente Evo Morales y elogió la construcción de la equidad social en Bolivia. Ahora, el empresario está detenido, cita la Red Erbol.</p> <p class="rtejustify"> Según el periódico La Nación de Argentina, la compañía Electroingeniería era una pequeña empresa (pyme) que a partir de 2003, con el kirchnerismo, se convirtió en una de las grandes jugadoras de la obra pública en Argentina.</p> <p class="rtejustify"> En Bolivia, el consorcio Ar.Bol. no cumplió con el contrato para la construcción de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey. En agosto 2015, el Gobierno anunció que decidió rescindir el contrato, después de advertir mucha demora en las obras.</p> <p class="rtejustify"> Tras la rescisión de contratos , la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se hizo cargo del proyecto de infraestructura vial.</p> <p class="rtejustify"> La otra empresa involucrada en el escándalo de sobornos argentino es la española Isolux-Corsán Corviam, que fue conocida en Bolivia por abandonar en 2017 dos obras multimillonarias que le adjudicó el Gobierno: la construcción de la hidroeléctrica Miguillas y la carretera Ixiamas-San Buenaventura (534 millones de dólares por ambas obras).</p> <p class="rtejustify"> El empresario implicado es este caso es el argentino Juan Carlos de Goycoechea, expresidente de la filial argentina de Isolux, quien al menos hasta la tarde de ayer estaba prófugo de la justicia . Según La Nación, el acusado mandó a decir al juez que se presentaría después, porque estaba de viaje esquiando.</p> <p class="rtejustify"> No es la primera vez que el nombre de Goycoechea surge vinculado al de Bolivia. En 2017, el periódico español El Mundo publicó que Isolux había montado una red de sobornos en Sudamérica.</p> <p class="rtejustify"> Según la publicación, Goycoechea se contactó, el 30 de marzo de 2015, por correo electrónico con diversos cargos de Isolux para aconsejar el pago de “un millón de dólares que sería prudente dejar en Bolivia para atender una serie de compromisos que ayudan y mucho”.</p> <p class="rtejustify"> El proyecto hidroeléctrico de Miguillas, hasta el abandono de obras de Corsán Corviam, sólo registró un avance de 7 por ciento, pero con la ejecución de las boletas de garantía el Estado no perdió los recursos que desembolsó inicialmente.</p> <p class="rtejustify"> El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, informó que los representantes de dos empresas españolas que incumplieron contratos de obras en Bolivia ofrecieron una disculpa al presidente Evo Morales.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>DATOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>El escándalo provocó detenciones en Argentina. </strong>La declaración de una expareja del chofer de Roberto Baratta, ex úmero dos del exministro de Argentina, Julio de Vido, y las anotaciones sobre supuestas coimas en ocho cuadernos del conductor desataron una ola de detenciones de funcionarios de la administración kirchnerista y empresarios.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Citan a declarar a la expresidenta Kirchner. </strong>El juez federal Claudio Bonadio autorizó al Senado para que permita allanar los domicilios de la senadora Cristina Kirchner.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>MINISTRO CLAROS NO SABÍA QUE CORSÁN DABA SOBORNOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En abril de 2017, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, afirmó que desconocía la denuncia sobre la red de sobornos que montó la empresa española Isolux Corsán en Sudamérica y África para lograr obras públicas y que destinó un millón de dólares para favorecerse en Bolivia con adjudicaciones estatales.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Nosotros no tenemos esa información (…), todos esos procesos en los cuales la empresa ha participado son financiamiento del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), Banco Mundial (BM) que hacen proceso de licitación, no hay adjudicación directa, entonces, si ha habido alguna dádiva o alguna situación, ojalá la empresa lo denuncie. Nosotros vamos a hacer alguna investigación sobre el tema”, sostuvo Claros cuando fue consultado sobre esta situación por Los Tiempos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La denuncia fue publicada por el diario español El Mundo en abril de 2017.</p>
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