Impugnan a Lula en inicio de campaña electoral en Brasil
Con al menos dos solicitudes de impugnaciones contra el principal candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó ayer la campaña electoral de 13 partidos políticos que protagonizarán los comicios más cortos e inciertos de la historia de Brasil.
Apenas cuatro horas después de haberse formalizado la inscripción del exmandatario, la procuradora general de la República, Raquel Dodge, solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) la impugnación de Lula, condenado por corrupción en segunda instancia.
La solicitud de ayer de Dodge se sumó a la presentada por ella misma el miércoles cuando requirió al TSE que el exmandatario sea impedido de disputar los comicios con base en lo establecido en la “Ley de la ficha limpia”.
En tanto, el candidato Jair Bolsonaro, segundo en las encuestas después de Lula, también movió una acción en el TSE, con el objetivo de inhabilitar a su rival.
En un documento entregado a la Justicia electoral y hecho público ayer, el equipo de Bolsonaro asegura que es de “conocimiento general” que Lula fue condenado por corrupción en el marco de la operación Lava Jato, que destapó una red de irregularidades en la estatal Petrobras.
La mayoría de los analistas, e incluso algunos miembros del PT cuando hablan a condición de anonimato, sostienen que Lula tendrá su candidatura rechazada en el TSE, por lo que prevén que el nuevo candidato será el “vicepresidenciable” Fernando Haddab.
De todos modos, ayer, el PT inició la jornada con una manifestación de poco más de un centenar de participantes frente al Teatro Municipal en Sao Paulo.
EN ANÁLISIS, POR LEY DE “FICHA LIMPIA”
Los pedidos de impugnación serán analizados por el TSE, que tiene plazo para pronunciarse hasta el 17 de septiembre, cuando faltarán sólo 20 días para las elecciones.
De acuerdo con la ley “Ficha Limpia”, sancionada por Lula en 2010, un condenado en segunda instancia no puede postular a un cargo electivo.
El PT arguye que la ley, a pesar de haber sido aprobada por Lula, está siendo usada de forma “inconstitucional” ya que el exjefe de Estado fue condenado sin pruebas.
Lula está preso desde el pasado abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba.
