<p class="rtejustify"> Bajo memorándum 383 /2018, firmado por el secretario de asuntos jurídicos Jorge Ibáñez, se comunicó&nbsp; al director de Asuntos Judiciales, Edwin Paredes, de su destitución. Al ser notificado, Paredes denunció que su despido fue resultado de la omisión a constantes presiones por parte de Ibáñez y la alcaldesa suplente Karen Suárez&nbsp; para presentar una querella contra José María Leyes y Andrea García, entre otros implicados en&nbsp; la presunta compra irregular de mochilas escolares.</p> <p class="rtejustify"> Agregó además que se le solicitó dejar de lado los procesos disciplinarios contra los fiscales&nbsp; a cargo del caso del puente caído sobre la avenida Independencia, que buscan favorecer al exalcalde Edwin Castellanos.</p> <p class="rtejustify"> “La exigencia era que hagamos una querella contra José María Leyes y otros que estaban dentro del proceso de contratación de las mochilas, cuando eso no está en discusión, sino que se había dado información privilegiada”, aseguró Paredes. Añadió que se presentó una querella contra tres exfuncionarios sospechosos de haber filtrado información a los empresarios adjudicados para la provisión de mochilas escolares.</p> <p class="rtejustify"> Los Tiempos visitó la oficina del secretario Jorge Ibáñez para conocer su versión de los hechos, sin embargo, su secretaria anunció que se encontraba ocupado. Luego, se lo intentó ubicar por contacto telefónico y&nbsp; dijo estar en una reunión. Luego, las llamadas no fueron contestadas.</p> <p class="rtejustify"> “Llama la atención que tanto Ibáñez como la Alcaldesa interina tengan que morder la mano de quien les dio el trabajo (Leyes), por ello yo he preferido dar un paso al costado”, sostuvo.</p> <p class="rtejustify"> Paredes señaló que bajo instrucción de Ibáñez se solicitó dejar de lado&nbsp; los procesos disciplinarios contra&nbsp; los fiscales anticorrupción y el departamental Óscar Vera por el caso audios.</p> <p class="rtejustify"> “Me dijeron: No lo hagas, van a rechazar y nos van a perjudicar, como si les tuvieran miedo o (tuvieran) un acuerdo con el MAS”, resaltó. El puente fue ejecutado por Edwin Castellanos (MAS), pero se desplomó al año siguiente. El daño se estima en Bs 11,7 millones.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>DATOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Memoriales instruían iniciar una querella. </strong>El exdirector de Asuntos Jurídicos, Edwin Paredes, recibió memoriales en los que se instruía realizar la querella contra funcionarios involucrados en el proceso de contratación para la compra de mochilas escolares.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Proceso por puente colapsado sin avance. </strong>Tras la liberación de sanción al fiscal departamental Óscar Vera por la presunta intención de dilatar el proceso de daño económico por colapso del puente de la avenida Independencia, el municipio no logró la acusación formal.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>ALEJAN DEL CARGO AL JEFE DE TRANSPARENCIA</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La alcaldesa suplente Karen Suárez&nbsp; destituyó al exdirector de Transparencia, Max Rodríguez, quien estaba a cargo de la investigación de diversos&nbsp; casos de corrupción entre ellos la presunta compra irregular de mochilas escolares y&nbsp; de supuestos palos blancos en el Servicio Municipal de Estacionamiento (SEM). Los Tiempos acudió a la oficina de Transparencia y funcionarios del lugar confirmaron su alejamiento del cargo desde el 13 de septiembre.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En tanto la oficina del exdirector se encuentra con un precinto de “No ingresar”.&nbsp; Al respecto, el secretario Ejecutivo de la alcaldía, Álex Contreras, dijo desconocer los motivos que llevaron a la destitución de Rodríguez. “Es una decisión de la máxima autoridad ejecutiva, no sé la verdad el motivo, ya que ella es la que ve de prescindir de los servicios de algunas personas”, comentó Contreras. Asimismo, acotó que la asignación de un nuevo director, dependerá de Suárez.</p>

<p class="rtejustify"> Bajo memorándum 383 /2018, firmado por el secretario de asuntos jurídicos Jorge Ibáñez, se comunicó  al director de Asuntos Judiciales, Edwin Paredes, de su destitución. Al ser notificado, Paredes denunció que su despido fue resultado de la omisión a constantes presiones por parte de Ibáñez y la alcaldesa suplente Karen Suárez  para presentar una querella contra José María Leyes y Andrea García, entre otros implicados en  la presunta compra irregular de mochilas escolares.</p> <p class="rtejustify"> Agregó además que se le solicitó dejar de lado los procesos disciplinarios contra los fiscales  a cargo del caso del puente caído sobre la avenida Independencia, que buscan favorecer al exalcalde Edwin Castellanos.</p> <p class="rtejustify"> “La exigencia era que hagamos una querella contra José María Leyes y otros que estaban dentro del proceso de contratación de las mochilas, cuando eso no está en discusión, sino que se había dado información privilegiada”, aseguró Paredes. Añadió que se presentó una querella contra tres exfuncionarios sospechosos de haber filtrado información a los empresarios adjudicados para la provisión de mochilas escolares.</p> <p class="rtejustify"> Los Tiempos visitó la oficina del secretario Jorge Ibáñez para conocer su versión de los hechos, sin embargo, su secretaria anunció que se encontraba ocupado. Luego, se lo intentó ubicar por contacto telefónico y  dijo estar en una reunión. Luego, las llamadas no fueron contestadas.</p> <p class="rtejustify"> “Llama la atención que tanto Ibáñez como la Alcaldesa interina tengan que morder la mano de quien les dio el trabajo (Leyes), por ello yo he preferido dar un paso al costado”, sostuvo.</p> <p class="rtejustify"> Paredes señaló que bajo instrucción de Ibáñez se solicitó dejar de lado  los procesos disciplinarios contra  los fiscales anticorrupción y el departamental Óscar Vera por el caso audios.</p> <p class="rtejustify"> “Me dijeron: No lo hagas, van a rechazar y nos van a perjudicar, como si les tuvieran miedo o (tuvieran) un acuerdo con el MAS”, resaltó. El puente fue ejecutado por Edwin Castellanos (MAS), pero se desplomó al año siguiente. El daño se estima en Bs 11,7 millones.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>DATOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Memoriales instruían iniciar una querella. </strong>El exdirector de Asuntos Jurídicos, Edwin Paredes, recibió memoriales en los que se instruía realizar la querella contra funcionarios involucrados en el proceso de contratación para la compra de mochilas escolares.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Proceso por puente colapsado sin avance. </strong>Tras la liberación de sanción al fiscal departamental Óscar Vera por la presunta intención de dilatar el proceso de daño económico por colapso del puente de la avenida Independencia, el municipio no logró la acusación formal.</p> <p class="rteindent1 rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>ALEJAN DEL CARGO AL JEFE DE TRANSPARENCIA</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La alcaldesa suplente Karen Suárez  destituyó al exdirector de Transparencia, Max Rodríguez, quien estaba a cargo de la investigación de diversos  casos de corrupción entre ellos la presunta compra irregular de mochilas escolares y  de supuestos palos blancos en el Servicio Municipal de Estacionamiento (SEM). Los Tiempos acudió a la oficina de Transparencia y funcionarios del lugar confirmaron su alejamiento del cargo desde el 13 de septiembre.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En tanto la oficina del exdirector se encuentra con un precinto de “No ingresar”.  Al respecto, el secretario Ejecutivo de la alcaldía, Álex Contreras, dijo desconocer los motivos que llevaron a la destitución de Rodríguez. “Es una decisión de la máxima autoridad ejecutiva, no sé la verdad el motivo, ya que ella es la que ve de prescindir de los servicios de algunas personas”, comentó Contreras. Asimismo, acotó que la asignación de un nuevo director, dependerá de Suárez.</p>

Bajo memorándum 383 /2018, firmado por el secretario de asuntos jurídicos Jorge Ibáñez, se comunicó al director de Asuntos Judiciales, Edwin Paredes, de su destitución

Bajo memorándum 383 /2018, firmado por el secretario de asuntos jurídicos Jorge Ibáñez, se comunicó al director de Asuntos Judiciales, Edwin Paredes, de su destitución

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<p class="rtejustify"> <em><strong>JESSICA VARGAS Y WALTER TAPIA </strong></em></p> <p class="rtejustify"> El informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre el caso Mochilas revela la existencia de una red de familiares usados como “palos blancos” en las adquisiciones. Uno de los primeros identificados es el nexo con parientes de José Miguel Padilla, hombre de confianza del alcalde José María Leyes, y su cuñado Eduardo de U. A., en la compra de asfalto en 2015.</p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el análisis financiero, el 26 de noviembre de 2015, el cuñado de Padillla, Eduardo de U. A., prestó a la empresa MSPC, proveedora de la Alcaldía, 46.817 dólares desde la cuenta del Bank of América N.A. por la “importación de cemento asfáltico”.</p> <p class="rtejustify"> El 11 de diciembre, MSPC depositó 371.026 bolivianos por “devolución de préstamo y pago de comisión a Eduardo de U. A.” (Ver infografía)</p> <p class="rtejustify"> El origen del dinero coincide con la primera de las 25 compras de cemento asfáltico que realizó el Gobierno Municipal de Cochabamba a la empresa MSPC desde 2015 hasta octubre de 2017.</p> <p class="rtejustify"> Por estas cuentas, la UIF infiere que existen vínculos entre José María Leyes, Padilla y la empresa MSPC, en referencia al “lavado de fondos provenientes de defraudación de fondos públicos”.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, la amistad del entorno del exsecretario de Servicio al Ciudadano de la Alcaldía, Padilla, y Leyes comenzó al menos 10 años antes. En enero de 2007, Padilla instala su estudio jurídico junto a su cuñado Eduardo de U. A. y al alcalde Leyes, denominado “Padilla, Leyes y Udaeta”.</p> <p class="rtejustify"> La asociación funcionó hasta 2016, antes del ingreso formal de Padilla al municipio. A ello se suma que cuando Leyes iba a ingresar como autoridad edil, declaró ante la Contraloría General del Estado una deuda de 140 mil bolivianos a favor de Padilla.</p> <p class="rtejustify"> El exfuncionario volvió de Estados Unidos el 28 de junio y se entregó a la justicia, luego de ser buscado tres meses por su relación en el caso Mochilas I. Al estar considerado como el hombre clave de las contrataciones cuestionadas y apuntado por Leyes como responsable de la compra de las mochilas, Padilla aseguró en su declaraciones a la Fiscalía que no tenía poder de decisión y que seguía las instrucciones del Alcalde.</p> <p class="rtejustify"> Padilla ingresó al municipio con un salario de 13.928 bolivianos en 2016, pero antes estuvo en otros puestos.</p> <p class="rtejustify"> Según la UIF, el exfuncionario realizó al menos 18 depósitos en efectivo a tres de sus cuentas por 565.036 bolivianos. Importes que se presentan “fuera de su perfil económico, con frecuencias irregulares y sin justificación”.</p> <p class="rtejustify"> En abril, Los Tiempos evidenció el vínculo entre MSPC y Leyes con la provisión de asfalto en reiteradas ocasiones, según el Sistema Estatal de Contrataciones (Sicoes).</p> <p class="rtejustify"> La Alcaldía invirtió 27,7 millones de bolivianos: unos 15 millones por la compra de asfalto y tachones reflectivos y 12,6 por las mochilas escolares para dos gestiones.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, la UIF identificó que para la compra la empresa sólo gastó 7,2 millones de bolivianos y 95.745 dólares con giros a Brasil y a China. Es decir, existe una diferencia “desmesurada” de 20 millones de bolivianos.</p> <p class="rtejustify"> La UIF considera que existen indicios de “corrupción y enriquecimiento ilícito” en la empresa y “abuso de facultades y atribuciones en la relación con Leyes y Padilla y los giros internacionales al cuñado de Padilla”, en EEUU.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>371 mil bolivianos pagó la empresa MSPC al cuñado de José Miguel Padilla, Eduardo de U. A., el 11 de diciembre de 2015 por cemento. </strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>USARON DINERO PRESTADO PARA MOCHILAS Y EL TERCER EMPRESARIO DEL CASO CALLA</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong><em>JESSICA VARGAS</em></strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El tercer empresario mencionado en la investigación de las transacciones sospechosas realizó un préstamo para la compra de mochilas escolares a los representantes de MSPC Mane Comp, Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En un contacto con Los Tiempos, manifestó que prefiere no brindar declaraciones al respecto, porque su relación es entre privados y que él exigió garantías del dinero, entre ellas un edificio.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Entre las transacciones sospechosas que se identificaron están cuatro giros hechos a China por 7,4 millones de bolivianos. De acuerdo, con fuentes cercanas al caso los empresarios solicitaron los préstamos desde 2016.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El tercer empresario prestó dinero a los involucrados desde el inicio. El documento refiere además que el pago por la compra de mochilas se hizo el 4 de abril de 2017, sin embargo, en la Aduana Nacional de Bolivia no se registran las importaciones en esa época sobre las mochilas.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En suma, se observa que la transacción para esta compra no coincide con la actividad comercial del empresario, que está relacionado a varias áreas como construcciones comerciales.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Por otro lado, los datos que arrojó la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), con sede en La Paz, también llaman la atención sobre un cheque de 10,9 millones emitido por la Alcaldía de Cochabamba.</p>

<p class="rtejustify"> <em><strong>JESSICA VARGAS Y WALTER TAPIA </strong></em></p> <p class="rtejustify"> El informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre el caso Mochilas revela la existencia de una red de familiares usados como “palos blancos” en las adquisiciones. Uno de los primeros identificados es el nexo con parientes de José Miguel Padilla, hombre de confianza del alcalde José María Leyes, y su cuñado Eduardo de U. A., en la compra de asfalto en 2015.</p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el análisis financiero, el 26 de noviembre de 2015, el cuñado de Padillla, Eduardo de U. A., prestó a la empresa MSPC, proveedora de la Alcaldía, 46.817 dólares desde la cuenta del Bank of América N.A. por la “importación de cemento asfáltico”.</p> <p class="rtejustify"> El 11 de diciembre, MSPC depositó 371.026 bolivianos por “devolución de préstamo y pago de comisión a Eduardo de U. A.” (Ver infografía)</p> <p class="rtejustify"> El origen del dinero coincide con la primera de las 25 compras de cemento asfáltico que realizó el Gobierno Municipal de Cochabamba a la empresa MSPC desde 2015 hasta octubre de 2017.</p> <p class="rtejustify"> Por estas cuentas, la UIF infiere que existen vínculos entre José María Leyes, Padilla y la empresa MSPC, en referencia al “lavado de fondos provenientes de defraudación de fondos públicos”.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, la amistad del entorno del exsecretario de Servicio al Ciudadano de la Alcaldía, Padilla, y Leyes comenzó al menos 10 años antes. En enero de 2007, Padilla instala su estudio jurídico junto a su cuñado Eduardo de U. A. y al alcalde Leyes, denominado “Padilla, Leyes y Udaeta”.</p> <p class="rtejustify"> La asociación funcionó hasta 2016, antes del ingreso formal de Padilla al municipio. A ello se suma que cuando Leyes iba a ingresar como autoridad edil, declaró ante la Contraloría General del Estado una deuda de 140 mil bolivianos a favor de Padilla.</p> <p class="rtejustify"> El exfuncionario volvió de Estados Unidos el 28 de junio y se entregó a la justicia, luego de ser buscado tres meses por su relación en el caso Mochilas I. Al estar considerado como el hombre clave de las contrataciones cuestionadas y apuntado por Leyes como responsable de la compra de las mochilas, Padilla aseguró en su declaraciones a la Fiscalía que no tenía poder de decisión y que seguía las instrucciones del Alcalde.</p> <p class="rtejustify"> Padilla ingresó al municipio con un salario de 13.928 bolivianos en 2016, pero antes estuvo en otros puestos.</p> <p class="rtejustify"> Según la UIF, el exfuncionario realizó al menos 18 depósitos en efectivo a tres de sus cuentas por 565.036 bolivianos. Importes que se presentan “fuera de su perfil económico, con frecuencias irregulares y sin justificación”.</p> <p class="rtejustify"> En abril, Los Tiempos evidenció el vínculo entre MSPC y Leyes con la provisión de asfalto en reiteradas ocasiones, según el Sistema Estatal de Contrataciones (Sicoes).</p> <p class="rtejustify"> La Alcaldía invirtió 27,7 millones de bolivianos: unos 15 millones por la compra de asfalto y tachones reflectivos y 12,6 por las mochilas escolares para dos gestiones.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, la UIF identificó que para la compra la empresa sólo gastó 7,2 millones de bolivianos y 95.745 dólares con giros a Brasil y a China. Es decir, existe una diferencia “desmesurada” de 20 millones de bolivianos.</p> <p class="rtejustify"> La UIF considera que existen indicios de “corrupción y enriquecimiento ilícito” en la empresa y “abuso de facultades y atribuciones en la relación con Leyes y Padilla y los giros internacionales al cuñado de Padilla”, en EEUU.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>371 mil bolivianos pagó la empresa MSPC al cuñado de José Miguel Padilla, Eduardo de U. A., el 11 de diciembre de 2015 por cemento. </strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>USARON DINERO PRESTADO PARA MOCHILAS Y EL TERCER EMPRESARIO DEL CASO CALLA</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong><em>JESSICA VARGAS</em></strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El tercer empresario mencionado en la investigación de las transacciones sospechosas realizó un préstamo para la compra de mochilas escolares a los representantes de MSPC Mane Comp, Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En un contacto con Los Tiempos, manifestó que prefiere no brindar declaraciones al respecto, porque su relación es entre privados y que él exigió garantías del dinero, entre ellas un edificio.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Entre las transacciones sospechosas que se identificaron están cuatro giros hechos a China por 7,4 millones de bolivianos. De acuerdo, con fuentes cercanas al caso los empresarios solicitaron los préstamos desde 2016.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El tercer empresario prestó dinero a los involucrados desde el inicio. El documento refiere además que el pago por la compra de mochilas se hizo el 4 de abril de 2017, sin embargo, en la Aduana Nacional de Bolivia no se registran las importaciones en esa época sobre las mochilas.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En suma, se observa que la transacción para esta compra no coincide con la actividad comercial del empresario, que está relacionado a varias áreas como construcciones comerciales.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Por otro lado, los datos que arrojó la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), con sede en La Paz, también llaman la atención sobre un cheque de 10,9 millones emitido por la Alcaldía de Cochabamba.</p>

El informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre el caso Mochilas revela la existencia de una red de familiares usados como “palos blancos” en las adquisiciones

El informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre el caso Mochilas revela la existencia de una red de familiares usados como “palos blancos” en las adquisiciones

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<p class="rtejustify"> La bancada de asambleistas Demócratas, justificó los 488 mil bolivianos depositados por familiares a la cuenta de la tarjeta de crédito del alcalde José María Leyes con los ingresos que la autoridad obtuvo desde 2015, cuando fue posesionado en el cargo.</p> <p class="rtejustify"> Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló que se identificaron pagos en efectivo por este monto desde febrero del 2016, “por importes de dudosa procedencia", principalmente de su hermana C. Leyes.</p> <p class="rtejustify"> La asambleista Lineth Villarroel, <strong>aseguró que estos 488 mil bolivianos son recursos del propio sueldo de la autoridad edil. </strong>"Tienen relación clara con el salario que percibe el Alcalde, es decir 14 mil bolivianos por mes en 34 meses. <strong>El Alcalde mandaba a&nbsp; sus familiares a hacer el depósito como algunos lo hemos hecho también".</strong></p> <p class="rtejustify"> Leyes percibe mensualmente 17.500 bolivianos, es decir que, según la versión de los asambleístas, el alcalde gastaba solamente 3.500 bolivianos mensuales.</p> <p class="rtejustify"> El informe refiere que "no se han identificado adquisiciones de bienes o incremento de su patrimonio", en las cuenta de Leyes, por lo que la defensa pedirá la modificación de su detención domiciliaria.</p> <p class="rtejustify"> Los legisladores consideran, que en este entendido, la UIF revela que la autoridad no tuvo relación con los importadores en la compra de mochilas escolares.</p> <p class="rtejustify"> <strong>"Nunca ha existido una relación económica del alcalde con los importadores que hoy son investigados"</strong>, aseguró Villarroell que enfatizó en que fue la defensa de la autoridad edil que pidió que se revisen las cuentas personas y de su familia.</p>

<p class="rtejustify"> La bancada de asambleistas Demócratas, justificó los 488 mil bolivianos depositados por familiares a la cuenta de la tarjeta de crédito del alcalde José María Leyes con los ingresos que la autoridad obtuvo desde 2015, cuando fue posesionado en el cargo.</p> <p class="rtejustify"> Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló que se identificaron pagos en efectivo por este monto desde febrero del 2016, “por importes de dudosa procedencia", principalmente de su hermana C. Leyes.</p> <p class="rtejustify"> La asambleista Lineth Villarroel, <strong>aseguró que estos 488 mil bolivianos son recursos del propio sueldo de la autoridad edil. </strong>"Tienen relación clara con el salario que percibe el Alcalde, es decir 14 mil bolivianos por mes en 34 meses. <strong>El Alcalde mandaba a  sus familiares a hacer el depósito como algunos lo hemos hecho también".</strong></p> <p class="rtejustify"> Leyes percibe mensualmente 17.500 bolivianos, es decir que, según la versión de los asambleístas, el alcalde gastaba solamente 3.500 bolivianos mensuales.</p> <p class="rtejustify"> El informe refiere que "no se han identificado adquisiciones de bienes o incremento de su patrimonio", en las cuenta de Leyes, por lo que la defensa pedirá la modificación de su detención domiciliaria.</p> <p class="rtejustify"> Los legisladores consideran, que en este entendido, la UIF revela que la autoridad no tuvo relación con los importadores en la compra de mochilas escolares.</p> <p class="rtejustify"> <strong>"Nunca ha existido una relación económica del alcalde con los importadores que hoy son investigados"</strong>, aseguró Villarroell que enfatizó en que fue la defensa de la autoridad edil que pidió que se revisen las cuentas personas y de su familia.</p>

La bancada de asambleistas Demócratas, justificó los 488 mil bolivianos depositados por familiares a la cuenta de la tarjeta de crédito del Alcalde José María Leyes con los ingresos que la autoridad obtuvo desde 2015, cuando fue posesionado en el cargo.

La bancada de asambleistas Demócratas, justificó los 488 mil bolivianos depositados por familiares a la cuenta de la tarjeta de crédito del Alcalde José María Leyes con los ingresos que la autoridad obtuvo desde 2015, cuando fue posesionado en el cargo.

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<p> Frente a la última audiencia en la que se negó la modificación de la medida sustitutiva de detención domiciliaria del alcalde suspendido José María Leyes por el caso de la presunta compra irregular de mochilas escolares , su defensa evalúa una nueva estrategia para que ejerza su derecho laboral.</p> <p> “Estamos analizando las opciones que tenemos para que al Alcalde se le permita el derecho al trabajo y se le modifiquen sus medidas cautelares y que además ejerza su derecho político”, anunció su abogado defensor, Alberto Trigo. Según su criterio, existen medidas sustitutivas que ya deben quedar sin efecto.</p> <p> Por otro lado, en el caso del presuntas irregularidades en la compra de cámaras Huawei, para el programa “Cochabamba ciudad segura”, el Alcalde aún no fue notificado por la fiscalía. Sin embargo, Trigo confirmó que Leyes asumiría su defensa cuando se lo cite formalmente.</p>

<p> Frente a la última audiencia en la que se negó la modificación de la medida sustitutiva de detención domiciliaria del alcalde suspendido José María Leyes por el caso de la presunta compra irregular de mochilas escolares , su defensa evalúa una nueva estrategia para que ejerza su derecho laboral.</p> <p> “Estamos analizando las opciones que tenemos para que al Alcalde se le permita el derecho al trabajo y se le modifiquen sus medidas cautelares y que además ejerza su derecho político”, anunció su abogado defensor, Alberto Trigo. Según su criterio, existen medidas sustitutivas que ya deben quedar sin efecto.</p> <p> Por otro lado, en el caso del presuntas irregularidades en la compra de cámaras Huawei, para el programa “Cochabamba ciudad segura”, el Alcalde aún no fue notificado por la fiscalía. Sin embargo, Trigo confirmó que Leyes asumiría su defensa cuando se lo cite formalmente.</p>

Frente a la última audiencia en la que se negó la modificación de la medida sustitutiva de detención domiciliaria del alcalde suspendido José María Leyes por el caso de la presunta compra irregular de mochilas escolares

Frente a la última audiencia en la que se negó la modificación de la medida sustitutiva de detención domiciliaria del alcalde suspendido José María Leyes por el caso de la presunta compra irregular de mochilas escolares