<p class="rtejustify"> El alcalde suspendido José María Leyes acude hoy a una nueva audiencia de fundamentación para la solicitud de la modificación de medidas cautelares, informó ayer uno de sus&nbsp; abogados, Humberto Trigo. &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> La audiencia se realiza por un auto de la Sala Penal Tercera, que en una situación similar invalidó el proceso porque la anterior juez Anticorrupción no argumentó adecuadamente esta petición.</p> <p class="rtejustify"> “Esto es una medida política para acallar al Alcalde y que no pueda ejercer sus funciones conforme a la ley&nbsp; y la Constitución Política”, expresó.</p> <p class="rtejustify"> Sobre el informe del “Golpe de Estado” en Cochabamba de la periodista Amalia Pando, Trigo manifestó: “Lo que ha hecho la periodista es una revisión de documentación (…) porque el que supuestamente ha pasado una información privilegiada es este funcionario, Cristian Siles, pero ni siquiera fue cautelado como las demás personas”.</p>

<p class="rtejustify"> El alcalde suspendido José María Leyes acude hoy a una nueva audiencia de fundamentación para la solicitud de la modificación de medidas cautelares, informó ayer uno de sus  abogados, Humberto Trigo.  </p> <p class="rtejustify"> La audiencia se realiza por un auto de la Sala Penal Tercera, que en una situación similar invalidó el proceso porque la anterior juez Anticorrupción no argumentó adecuadamente esta petición.</p> <p class="rtejustify"> “Esto es una medida política para acallar al Alcalde y que no pueda ejercer sus funciones conforme a la ley  y la Constitución Política”, expresó.</p> <p class="rtejustify"> Sobre el informe del “Golpe de Estado” en Cochabamba de la periodista Amalia Pando, Trigo manifestó: “Lo que ha hecho la periodista es una revisión de documentación (…) porque el que supuestamente ha pasado una información privilegiada es este funcionario, Cristian Siles, pero ni siquiera fue cautelado como las demás personas”.</p>

El alcalde suspendido José María Leyes acude hoy a una nueva audiencia de fundamentación para la solicitud de la modificación de medidas cautelares

El alcalde suspendido José María Leyes acude hoy a una nueva audiencia de fundamentación para la solicitud de la modificación de medidas cautelares

<p class="rtejustify"> Un concejal de Demócratas de un municipio del eje metropolitano denunció que le prestó 1,3 millones de bolivianos al alcalde José María Leyes, al entonces funcionario del municipio José Miguel Padilla y al pariente de éste, Javier de Udaeta, para la compra de asfalto para el municipio en 2015.</p> <p class="rtejustify"> La denuncia se presentó porque el munícipe, con detención domiciliaria desde abril, no le devolvió el dinero. Al respecto, Leyes señaló, a través de una carta, que no conoce al denunciante.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, el concejal presentó su denuncia por estafa a la Fiscalía Departamental el miércoles, según los documentos a los que accedió Los Tiempos. En ella, expone que en la campaña electoral de 2015 conoció al candidato a la Alcaldía de Cochabamba y fue Leyes quien se le acercó. Una vez que se ganó su confianza, le pidió un préstamo por 10 mil dólares.</p> <p class="rtejustify"> Cinco meses después, Leyes le devolvió el dinero con el 3 por ciento de interés. Con mayor confianza, Leyes le solicitó 200 mil bolivianos. El concejal accedió y cinco meses después recibió su pago .</p> <p class="rtejustify"> En agosto de 2017, Leyes le presentó al concejal a José Miguel Padilla. “Me indicó que los préstamos posteriores los haga al señor Padilla, ya que era su mejor amigo, su hombre de confianza”, relató.</p> <p class="rtejustify"> Padilla le pidió un préstamo para la compra de asfalto de 1,3 millones de bolivianos.</p> <p class="rtejustify"> “El 14 de agosto de 2017, a horas 8:45 aproximadamente, recibí una llamada del señor Leyes, quien me señala que así como me había dicho Padilla sobre la provisión de cemento asfáltico, necesitarían un préstamo de dinero por un monto más alto de 1,3 millones de bolivianos con una utilidad de 500 mil bolivianos en cinco meses”, agregó.</p> <p class="rtejustify"> Incluso le mostraron los formularios del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), en los que se especificaba el proyecto. Luego le presentaron a una tercera persona, que lo convenció de realizar la inversión.</p> <p class="rtejustify"> Es así que el 30 de agosto entregó, a esta tercera persona, 600 mil bolivianos y, en diciembre, 700 mil más. “Espero 20 días que me prometieron para las utilidades. Luego llamé al señor Leyes y Padilla, quienes me indicaron que tenga paciencia, 30 días más”.</p> <p class="rtejustify"> Siguió: “Espero, pero ya no me contestan las llamadas ni me querían recibir en las oficinas (…) Me asusté y me di cuenta que era una estafa”.</p> <p class="rtejustify"> Los abogados de Leyes y Padilla señalaron que no fueron notificados con la denuncia. Pero Humberto Trigo indicó que la autoridad recibió una carta el 21 de septiembre en la que el denunciante solicitaba la devolución. La carta fue respondida con otra del Alcalde que indica: “No tengo relación civil”, dijo.</p> <blockquote> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <em>“Necesitaban un préstamo de 1,3 millones de bolivianos para la compra de cemento asfáltico” </em></p> </blockquote> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>ADJUDICACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La adjudicación y compra de cemento asfáltico es otra de las contrataciones en proceso de investigación por irregularidades. Asimismo, aparece un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras por el cual se inició otro proceso penal.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> De igual modo, se encuentra en investigación una presunta red de corrupción que operaba dentro de la Alcaldía con funcionarios de alto rango y familiares del Alcalde.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>BÚSQUEDA DE “FINANCISTA”, UNA PRÁCTICA RECURRENTE</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La denuncia del concejal saca nuevamente a la luz la participación de un “financista” en las adjudicaciones públicas. Tanto en la compra de cemento asfáltico como en el caso Mochilas, presuntamente se requirió de un socio que otorgó los recursos para concretar las compras que solicitaba el municipio.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En el caso de las mochilas, se conoció que el empresario de la Asociación Accidental 26 de Febrero, René Juan de Dios Morales, se prestó 600 mil dólares de otro empresario para tener el capital para la compra de las mochilas en 2016 y 2017.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En este hecho, el empresario se encargó de todos los giros a China y realizó un documento privado de préstamo. Pero, en el caso de las mochilas entregadas la presente gestión, se tiene dificultades, pues la Asociación 26 de Febrero inició un proceso coactivo para cobrar lo invertido en las mochilas. En lo que se refiere al cemento asfáltico, también se habría buscado a una persona que preste el dinero para tener el capital para la compra. Pero, en este caso, el préstamo es solicitado por el Alcalde y allegados; no así por quien se adjudica la dotación.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Además, no existirían documentos de préstamo, pero sí varios testigos que acompañaron al denunciante en la entrega de los recursos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Ambos contratos tienen en común que son los mismos empresarios: una pareja que está con detención preventiva en el marco de las investigaciones por el caso Mochilas I.</p>

<p class="rtejustify"> Un concejal de Demócratas de un municipio del eje metropolitano denunció que le prestó 1,3 millones de bolivianos al alcalde José María Leyes, al entonces funcionario del municipio José Miguel Padilla y al pariente de éste, Javier de Udaeta, para la compra de asfalto para el municipio en 2015.</p> <p class="rtejustify"> La denuncia se presentó porque el munícipe, con detención domiciliaria desde abril, no le devolvió el dinero. Al respecto, Leyes señaló, a través de una carta, que no conoce al denunciante.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, el concejal presentó su denuncia por estafa a la Fiscalía Departamental el miércoles, según los documentos a los que accedió Los Tiempos. En ella, expone que en la campaña electoral de 2015 conoció al candidato a la Alcaldía de Cochabamba y fue Leyes quien se le acercó. Una vez que se ganó su confianza, le pidió un préstamo por 10 mil dólares.</p> <p class="rtejustify"> Cinco meses después, Leyes le devolvió el dinero con el 3 por ciento de interés. Con mayor confianza, Leyes le solicitó 200 mil bolivianos. El concejal accedió y cinco meses después recibió su pago .</p> <p class="rtejustify"> En agosto de 2017, Leyes le presentó al concejal a José Miguel Padilla. “Me indicó que los préstamos posteriores los haga al señor Padilla, ya que era su mejor amigo, su hombre de confianza”, relató.</p> <p class="rtejustify"> Padilla le pidió un préstamo para la compra de asfalto de 1,3 millones de bolivianos.</p> <p class="rtejustify"> “El 14 de agosto de 2017, a horas 8:45 aproximadamente, recibí una llamada del señor Leyes, quien me señala que así como me había dicho Padilla sobre la provisión de cemento asfáltico, necesitarían un préstamo de dinero por un monto más alto de 1,3 millones de bolivianos con una utilidad de 500 mil bolivianos en cinco meses”, agregó.</p> <p class="rtejustify"> Incluso le mostraron los formularios del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), en los que se especificaba el proyecto. Luego le presentaron a una tercera persona, que lo convenció de realizar la inversión.</p> <p class="rtejustify"> Es así que el 30 de agosto entregó, a esta tercera persona, 600 mil bolivianos y, en diciembre, 700 mil más. “Espero 20 días que me prometieron para las utilidades. Luego llamé al señor Leyes y Padilla, quienes me indicaron que tenga paciencia, 30 días más”.</p> <p class="rtejustify"> Siguió: “Espero, pero ya no me contestan las llamadas ni me querían recibir en las oficinas (…) Me asusté y me di cuenta que era una estafa”.</p> <p class="rtejustify"> Los abogados de Leyes y Padilla señalaron que no fueron notificados con la denuncia. Pero Humberto Trigo indicó que la autoridad recibió una carta el 21 de septiembre en la que el denunciante solicitaba la devolución. La carta fue respondida con otra del Alcalde que indica: “No tengo relación civil”, dijo.</p> <blockquote><p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <em>“Necesitaban un préstamo de 1,3 millones de bolivianos para la compra de cemento asfáltico” </em></p> </blockquote> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>ADJUDICACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La adjudicación y compra de cemento asfáltico es otra de las contrataciones en proceso de investigación por irregularidades. Asimismo, aparece un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras por el cual se inició otro proceso penal.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> De igual modo, se encuentra en investigación una presunta red de corrupción que operaba dentro de la Alcaldía con funcionarios de alto rango y familiares del Alcalde.</p> <p class="rteindent1 rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>BÚSQUEDA DE “FINANCISTA”, UNA PRÁCTICA RECURRENTE</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La denuncia del concejal saca nuevamente a la luz la participación de un “financista” en las adjudicaciones públicas. Tanto en la compra de cemento asfáltico como en el caso Mochilas, presuntamente se requirió de un socio que otorgó los recursos para concretar las compras que solicitaba el municipio.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En el caso de las mochilas, se conoció que el empresario de la Asociación Accidental 26 de Febrero, René Juan de Dios Morales, se prestó 600 mil dólares de otro empresario para tener el capital para la compra de las mochilas en 2016 y 2017.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En este hecho, el empresario se encargó de todos los giros a China y realizó un documento privado de préstamo. Pero, en el caso de las mochilas entregadas la presente gestión, se tiene dificultades, pues la Asociación 26 de Febrero inició un proceso coactivo para cobrar lo invertido en las mochilas. En lo que se refiere al cemento asfáltico, también se habría buscado a una persona que preste el dinero para tener el capital para la compra. Pero, en este caso, el préstamo es solicitado por el Alcalde y allegados; no así por quien se adjudica la dotación.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Además, no existirían documentos de préstamo, pero sí varios testigos que acompañaron al denunciante en la entrega de los recursos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Ambos contratos tienen en común que son los mismos empresarios: una pareja que está con detención preventiva en el marco de las investigaciones por el caso Mochilas I.</p>

Un concejal de Demócratas de un municipio del eje metropolitano denunció que le prestó 1,3 millones de bolivianos al alcalde José María Leyes, al entonces funcionario del municipio José Miguel Padilla

Un concejal de Demócratas de un municipio del eje metropolitano denunció que le prestó 1,3 millones de bolivianos al alcalde José María Leyes, al entonces funcionario del municipio José Miguel Padilla

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<div> COCHABAMBA |&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> El alcalde José María Leyes se presentó hoy a declarar en la Fiscalía Anticorrupción<strong> por la denuncia de presuntas irregularidades en la adjudicación y compra de cámaras de seguridad.</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Tan sólo 25 minutos después abandonó las instalaciones luego de abstenerse a declarar y se dirigió de retorno a su domicilio,<strong> donde guarda detención por el caso Mochilas.&nbsp;</strong></div> <div> &nbsp;</div> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"> <p dir="ltr" lang="es"> <a href="https://twitter.com/hashtag/LTahora?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#LTahora</a><br /> El alcalde José María Leyes se abstuvo de declarar en el caso Cámaras de Seguridad y retorna a su vivienda.<br /> Lorena Amurrio - LT <a href="https://t.co/k47HAFJJ84">pic.twitter.com/k47HAFJJ84</a></p> — Los Tiempos (@LosTiemposBol) <a href="https://twitter.com/LosTiemposBol/status/1059802113704890368?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de noviembre de 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <div> &nbsp;</div> <div> "<strong>El alcalde se acogió a su derecho a guardar silencio</strong> porque corresponde que el caso sea visto por una auditoría de la Contraloría. Continuamos a la espera de que el juez Anticorrupción se pronuncie sobre el recurso de incompetencia que presentamos", manifestó el abogado del alcalde Humberto Trigo.</div> <div> &nbsp;</div> <div> El caso cámaras fue denunciado por el Viceministerio de Transparencia debido a irregularidades identificadas principalmente <strong>en el pago a la empresa adjudicada de manera directa.</strong></div>

<div> COCHABAMBA | </div> <div>  </div> <div> El alcalde José María Leyes se presentó hoy a declarar en la Fiscalía Anticorrupción<strong> por la denuncia de presuntas irregularidades en la adjudicación y compra de cámaras de seguridad.</strong></div> <div>  </div> <div> Tan sólo 25 minutos después abandonó las instalaciones luego de abstenerse a declarar y se dirigió de retorno a su domicilio,<strong> donde guarda detención por el caso Mochilas. </strong></div> <div>  </div> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p dir="ltr" lang="es" xml:lang="es"> <a href="https://twitter.com/hashtag/LTahora?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#LTahora</a><br /> El alcalde José María Leyes se abstuvo de declarar en el caso Cámaras de Seguridad y retorna a su vivienda.<br /> Lorena Amurrio - LT <a href="https://t.co/k47HAFJJ84">pic.twitter.com/k47HAFJJ84</a></p> <p> — Los Tiempos (@LosTiemposBol) <a href="https://twitter.com/LosTiemposBol/status/1059802113704890368?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de noviembre de 2018</a></p></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><div>  </div> <div> "<strong>El alcalde se acogió a su derecho a guardar silencio</strong> porque corresponde que el caso sea visto por una auditoría de la Contraloría. Continuamos a la espera de que el juez Anticorrupción se pronuncie sobre el recurso de incompetencia que presentamos", manifestó el abogado del alcalde Humberto Trigo.</div> <div>  </div> <div> El caso cámaras fue denunciado por el Viceministerio de Transparencia debido a irregularidades identificadas principalmente <strong>en el pago a la empresa adjudicada de manera directa.</strong></div>

El alcalde José María Leyes se presentó hoy a declarar en la Fiscalía Anticorrupción por la denuncia de presuntas irregularidades en la adjudicación y compra de cámaras de seguridad.

El alcalde José María Leyes se presentó hoy a declarar en la Fiscalía Anticorrupción por la denuncia de presuntas irregularidades en la adjudicación y compra de cámaras de seguridad.

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<p class="rtejustify"> La Fiscalía citó hoy al alcalde José María Leyes por las presuntas irregularidades en la compra de cámaras a Huawei por más de 60 millones de bolivianos. En tanto, otros testigos señalan al exsecretario de Finanzas, Diego Moreno, como responsable de los traspasos presupuestarios para hacer esa compra.</p> <p class="rtejustify"> Leyes debe presentar su declaración a las 9:00 en la Fiscalía Anticorrupción. Su defensa ve con preocupación esta convocatoria,porque existe la posibilidad de que su defendido pueda ser aprehendido, pues cree que es el objetivo de los procesos en su contra.</p> <p class="rtejustify"> Uno de los abogados del alcalde, Humberto Trigo, indicó que la declaración debería suspenderse hasta que el juez Anticorrupción resuelva el recurso de incompetencia que presentaron; caso contrario, los testimonios tomados hasta ahora, incluido el del Alcalde, pueden ser invalidados.</p> <p class="rtejustify"> Cuando se conoció la denuncia, los abogados presentaron un recurso para que el juez declare que no tiene competencia porque consideran que las presuntas irregularidades deberían investigarse, primero, a través de una auditoría. La defensa considera que recién a partir de estos resultados se pueden iniciar las acciones legales, si se establecen responsabilidades.</p> <p class="rtejustify"> Ante la falta de una respuesta, la defensa del Alcalde solicitó una audiencia de acción de libertad para que se trate este recurso.</p> <p class="rtejustify"> La jueza determinó que el juez Anticorrupción sea quien se pronuncie. Esta audiencia derivó en la suspensión de la primera declaración del Alcalde, pues ambas fueron el mismo día y con una hora de diferencia.</p> <p class="rtejustify"> Mientras tanto los investigadores del caso estuvieron tomando declaraciones a varios funcionarios y denunciados. Una de ellas, la directora de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, Velka Krellac.</p> <p class="rtejustify"> La funcionaria aseguró que si bien su secretaría fue la unidad solicitante no conocía sobre los recursos asignados. “La parte presupuestaria está a cargo de Planificación y Finanzas. No corresponde a los solicitantes”, manifestó.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>VEN SOBREPRECIO Y&nbsp; DIVISIÓN DE CONTRATO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El proyecto “Cochabamba ciudad segura, ciudad inteligente” demandó un costo de 107 millones de bolivianos que se dividieron en tres contratos. Esta es una de las irregularidades que se detectaron en el marco de este programa.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Además, se conoció que la Alcaldía quitó recursos de obras sociales y proyectos ambientales para pagar las cámaras. Se identificaron 110 transferencias en 2016 y 120 en 2017&nbsp; bajo decretos ediles que dejaron sin recursos a proyectos de desarrollo humano y acciones de mitigación de la contaminación que vive la ciudad.</p>

<p class="rtejustify"> La Fiscalía citó hoy al alcalde José María Leyes por las presuntas irregularidades en la compra de cámaras a Huawei por más de 60 millones de bolivianos. En tanto, otros testigos señalan al exsecretario de Finanzas, Diego Moreno, como responsable de los traspasos presupuestarios para hacer esa compra.</p> <p class="rtejustify"> Leyes debe presentar su declaración a las 9:00 en la Fiscalía Anticorrupción. Su defensa ve con preocupación esta convocatoria,porque existe la posibilidad de que su defendido pueda ser aprehendido, pues cree que es el objetivo de los procesos en su contra.</p> <p class="rtejustify"> Uno de los abogados del alcalde, Humberto Trigo, indicó que la declaración debería suspenderse hasta que el juez Anticorrupción resuelva el recurso de incompetencia que presentaron; caso contrario, los testimonios tomados hasta ahora, incluido el del Alcalde, pueden ser invalidados.</p> <p class="rtejustify"> Cuando se conoció la denuncia, los abogados presentaron un recurso para que el juez declare que no tiene competencia porque consideran que las presuntas irregularidades deberían investigarse, primero, a través de una auditoría. La defensa considera que recién a partir de estos resultados se pueden iniciar las acciones legales, si se establecen responsabilidades.</p> <p class="rtejustify"> Ante la falta de una respuesta, la defensa del Alcalde solicitó una audiencia de acción de libertad para que se trate este recurso.</p> <p class="rtejustify"> La jueza determinó que el juez Anticorrupción sea quien se pronuncie. Esta audiencia derivó en la suspensión de la primera declaración del Alcalde, pues ambas fueron el mismo día y con una hora de diferencia.</p> <p class="rtejustify"> Mientras tanto los investigadores del caso estuvieron tomando declaraciones a varios funcionarios y denunciados. Una de ellas, la directora de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, Velka Krellac.</p> <p class="rtejustify"> La funcionaria aseguró que si bien su secretaría fue la unidad solicitante no conocía sobre los recursos asignados. “La parte presupuestaria está a cargo de Planificación y Finanzas. No corresponde a los solicitantes”, manifestó.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>VEN SOBREPRECIO Y  DIVISIÓN DE CONTRATO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El proyecto “Cochabamba ciudad segura, ciudad inteligente” demandó un costo de 107 millones de bolivianos que se dividieron en tres contratos. Esta es una de las irregularidades que se detectaron en el marco de este programa.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Además, se conoció que la Alcaldía quitó recursos de obras sociales y proyectos ambientales para pagar las cámaras. Se identificaron 110 transferencias en 2016 y 120 en 2017  bajo decretos ediles que dejaron sin recursos a proyectos de desarrollo humano y acciones de mitigación de la contaminación que vive la ciudad.</p>

La Fiscalía citó hoy al alcalde José María Leyes por las presuntas irregularidades en la compra de cámaras a Huawei por más de 60 millones de bolivianos

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