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<p> LA PAZ |</p> <p class="rtejustify"> Los exlegisladores disidentes del partido de gobierno,<strong>Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, desmienten al procurador Pablo Menacho y afirmaron que los dictámenes emitidos por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), estableciendo que hubo vulneración de sus derechos políticos y cívicos, sí es vinculante.</strong></p> <p class="rtejustify"> La afirmación la hicieron, por separado, después de que <strong>Menacho descartó que el Estado cumpla con resarcir económicamente a Delgado y Maldonado, por no ser de carácter vinculante los dos dictámenes del Comité,</strong> que los favorece y que solo se trata de una recomendación.</p> <p class="rtejustify"> "No es verdad que la competencia del Comité es solo recomendatoria, de lo contrario el exprocurador Héctor Arce y el actual procurador no se hubieran sometido al procedimiento que se ha seguido, a los plazos y a la jurisdicción del Comité internacional", aseguró a ANF Maldonado.</p> <p class="rtejustify"> Recordó que el Gobierno boliviano se ha comprometido ante la Comunidad de Naciones a honrar la fe de Estado, al ser la parte del sistema protectivo de derechos humanos, tanto a nivel universal en la ONU como en el sistema interamericano, en la Organización de los Estados Americanos (OEA).</p> <p class="rtejustify"> En la misma línea <strong>Delgado afirmó el carácter vinculante del dictamen del Comité, debido a que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que forma parte del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales de derechos humanos, los convenios y también el derecho internacional. </strong>"Entonces resulta que ellos tienen la obligación de cumplir eso", aseveró a ANF la exasambleísta.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Para Maldonado, las declaraciones del Procurador son un funesto precedente</strong>, que le hace daño a la imagen de Estado boliviano ante la comunidad internacional.</p> <p class="rtejustify"> "<strong>Pone en duda a la responsabilidad del Estado</strong> respecto ante su compromiso con el derecho internacional", aclaró.</p> <p class="rtejustify"> En diciembre de 2014, el Tribunal Supremo Electoral emitió, ante presión del Gobierno boliviano, un "Reglamento" inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular.</p> <p class="rtejustify"> Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados (Delgado) y senadores (Maldonado), con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieran participar.</p> <p class="rtejustify"> <span style="font-size:18px;"><strong>ANTECEDENTES</strong></span></p> <p class="rtejustify"> En mayo de 2018, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, aceptó la demanda presentada por Delgado y Maldonado y ordenó al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico por haber violado sus derechos políticos y cívicos.</p> <p class="rtejustify"> Además, señala que en el futuro "no se puede repetir un hecho como el sucedido" con Rebeca Delgado, a quien se le impidió ser candidata a la Alcaldía de Cochabamba en 2015.</p> <p class="rtejustify"> Bolivia "tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto", se lee en parte de la resolución.</p> <p class="rtejustify"> <span style="font-size:20px;"><strong>No fueron informados </strong></span></p> <p class="rtejustify"> Al respecto, Menacho aseguró que esas acciones específicas en términos de modificaciones legislativas para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, fueron tomadas en cuenta.</p> <p class="rtejustify"> "Ya han sido llevadas adelante y la Procuraduría así lo ha informado al Comité de Derechos Humanos, en ese sentido creemos que ese aspecto del dictamen emitido por el Comité está plenamente cumplido", remarcó este jueves.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, los exlegisladores explicaron que no fueron informados de esos cumplimientos y que, en realidad, en todo este tiempo no fueron convocados a ninguna reunión para quedar los términos del cumplimiento.</p> <p class="rtejustify"> "La Procuraduría General en ningún momento nos ha convocado a una sola reunión en todo este año, hemos esperado pacientemente que pueda haber alguna señal en ese sentido, sin embargo, no ha habido la señal", dijo Maldonado.</p> <p class="rtejustify"> Delgado dijo que es una obligación del Estado informar no solo al Comité, sino a los directos informados y al país, con el fin de demostrar que nunca más se repetirá una vulneración similar.</p> <p class="rtejustify"> "Nosotros vamos a esperar, el Procurador ha dicho que han cumplido parcialmente, ha dicho que ya han cumplido en las medidas legislativas, entonces queremos saber cómo han cumplido, es decir no hemos tenido ninguna comunicación, no sabemos qué respuesta han dado al Comité de Derechos Humanos", dijo.</p> <p class="rtejustify"> Tanto Delgado como Maldonado explicaron que continuarán con el proceso hasta que el Estado cumpla, ya sea en esta y otra gestión. "No es un tema terminado ni cerrado", concluyó Delgado.</p>
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ANF Maldonado.</p> <p class="rtejustify"> Recordó que el Gobierno boliviano se ha comprometido ante la Comunidad de Naciones a honrar la fe de Estado, al ser la parte del sistema protectivo de derechos humanos, tanto a nivel universal en la ONU como en el sistema interamericano, en la Organización de los Estados Americanos (OEA).</p> <p class="rtejustify"> En la misma línea <strong>Delgado afirmó el carácter vinculante del dictamen del Comité, debido a que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que forma parte del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales de derechos humanos, los convenios y también el derecho internacional. </strong>"Entonces resulta que ellos tienen la obligación de cumplir eso", aseveró a ANF la exasambleísta.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Para Maldonado, las declaraciones del Procurador son un funesto precedente</strong>, que le hace daño a la imagen de Estado boliviano ante la comunidad internacional.</p> <p class="rtejustify"> "<strong>Pone en duda a la responsabilidad del Estado</strong> respecto ante su compromiso con el derecho internacional", aclaró.</p> <p class="rtejustify"> En diciembre de 2014, el Tribunal Supremo Electoral emitió, ante presión del Gobierno boliviano, un "Reglamento" inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular.</p> <p class="rtejustify"> Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados (Delgado) y senadores (Maldonado), con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieran participar.</p> <p class="rtejustify"> <span style="font-size:18px;"><strong>ANTECEDENTES</strong></span></p> <p class="rtejustify"> En mayo de 2018, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, aceptó la demanda presentada por Delgado y Maldonado y ordenó al Gobierno 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<p class="rtejustify"> El Procurador Pablo Menacho <strong>descartó hoy que el Estado cumpla con resarcir económicamente a Rebeca Delgado y a Eduardo Maldonado</strong>, vulnerados en sus derechos políticos, por no ser de carácter vinculante el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que los favorece.</p> <p class="rtejustify"> "Hemos cumplido ese dictamen (en la parte legislativa, pero no económico), que no tiene carácter de sentencia, como si la tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, <strong>los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tienen un carácter eminentemente recomendatorio,</strong> recomiendan al Estado llevar adelante acciones específicas", manifestó Menacho.</p> <p class="rtejustify"> En diciembre de 2014, el Tribunal Supremo Electoral emitió, ante presión del Gobierno boliviano, un "Reglamento" inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular. Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados (Rebeca Delgado) y senadores (Eduardo Maldonado) con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieran participar.</p> <p class="rtejustify"> En mayo de 2018, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aceptó la demanda presentada por Delgado y Maldonado y<strong> ordenó al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico por haber violado sus derechos políticos </strong>y cívicos.</p> <p class="rtejustify"> Además, señala que en el futuro "no se puede repetir un hecho como el sucedido" con Rebeca Delgado, a quien se le impidió ser candidata a la Alcaldía de Cochabamba en 2015.</p> <p class="rtejustify"> Bolivia "tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto", se lee en parte de la resolución.</p> <p class="rtejustify"> Al respecto, Menacho indicó que esas acciones específicas en términos de modificaciones legislativas para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, fueron tomadas en cuenta.</p> <p class="rtejustify"> "Ya han sido llevadas adelante y la Procuraduría así lo ha informado al Comité de Derechos Humanos, en ese sentido creemos que ese aspecto del dictamen emitido por el Comité está plenamente cumplido", remarcó.</p> <p class="rtejustify"> Pero con relación al pedido de resarcimiento económico, que el comité de la ONU no establece monto, la autoridad señaló que los interesados deben llevar adelante las acciones que consideren, pero remarcó que no es obligatorio que se cumpla ese aspecto.</p> <p class="rtejustify"> "Con relación a las pretensiones de estas personas (sobre resarcimiento),<strong> ellas pueden llevar adelante las acciones que consideren pertinentes para el efecto, </strong>para nosotros desde el punto de vista estrictamente legal, los dictámenes del Comité son de carácter recomendatorio", insistió.</p>
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<p class="rtejustify"> Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado siguen esperando desde hace casi seis meses que el Estado cumpla el dictamen del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (ONU).</p> <p class="rtejustify"> Este 12 de octubre finaliza el plazo para que el Estado boliviano dé cumplimiento a la resolución del comité que <strong>admitió la denuncia de Delgado contra el Estado boliviano por haber violado sus derechos con su inhabilitación</strong> como candidata en las elecciones municipales de 2015,</p> <p class="rtejustify"> Pero la Procuraduría General del Estado hasta la fecha no se ha comunicado ni con Delgado ni con Maldonado que fueron víctimas de la vulneración de sus derechos políticos.</p> <p class="rtejustify"> "Estamos esperando que el Estado cumpla el dictamen. Escuchamos al ministro (Héctor Arce) y al procurador General (Pablo Menacho) que cumplirán los fallos; entonces<strong>, queremos que cumplan el dictamen como restitución (que ya no será posible), la indemnización y la satisfacción pública", </strong>declaró Delgado en la ciudad de La Paz.</p> <p class="rtejustify"> Ambos exlegisladores esperan desde el 17 de abril que alguna autoridad se comunique, pero nadie lo hizo. Delgado observó que no sucedió lo mismo en el caso Quiborax, en el que el Gobierno procedió con "diligencia" para cancelar 42 millones de dólares, en el juicio que perdió el Estado.</p> <p class="rtejustify"> <strong> El dictamen, aprobado por el Comité de derechos Humanos no fija una cifra, pero establece que Delgado y Maldonado deben recibir, de parte del Estado boliviano, una "compensación adecuada"</strong>, que incluya "los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional".</p> <p class="rtejustify"> Delgado y Maldonado fueron perjudicados por una norma ilegal aprobada por el Tribunal Supremo Electoral en 2014, que<strong> les impidió ser candidatos a la Alcaldía de Cochabamba y de Potosí, postulación que algunas encuestas les daban como favoritos. </strong>Ambos fueron asambleístas del MAS, pero se distanciaron de ese partido.</p> <p class="rtejustify"> La exdiputada demandó un resarcimiento económico en base a los sueldos de seis meses que renunció a su condición de diputada para ser candidata, asimismo, p<strong>edirá que el Estado compense por el tiempo que hubiera ejercido el cargo de Alcaldesa,</strong> porque tenía un 37% de preferencia electoral y era "virtualmente electa".</p> <p class="rtejustify"> "Estamos haciendo un cálculo de lo que me impidieron del ejercicio (político), ahí se tiene que hacer un cálculo de sueldos, aguinaldos de cinco años, después lo que se gastó en personería, campaña electoral, abogados a nivel internacional, igualas, entre otros. Todo eso se tiene que sumar", afirmó Delgado.</p> <p class="rtejustify"> La exdiputada dijo que darán un plazo razonable al Gobierno, pero<strong> si no cumple la decisión del comité, será una mala señal de incumplimiento de fallos internacionales,</strong> por lo que advirtió que podría elevar un informe de queja ante el Comité de Derechos Humanos.</p> <p class="rtejustify"> "O tendremos que hacer una nota la Comité de Derechos Humanos, para que se remita a la Asamblea de la ONU y que haya una censura en contra del Estado", sostuvo.</p>
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<p> LA PAZ |</p> <p class="rtejustify"> Los exlegisladores disidentes del partido de gobierno,<strong>Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, desmienten al procurador Pablo Menacho y afirmaron que los dictámenes emitidos por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), estableciendo que hubo vulneración de sus derechos políticos y cívicos, sí es vinculante.</strong></p> <p class="rtejustify"> La afirmación la hicieron, por separado, después de que <strong>Menacho descartó que el Estado cumpla con resarcir económicamente a Delgado y Maldonado, por no ser de carácter vinculante los dos dictámenes del Comité,</strong> que los favorece y que solo se trata de una recomendación.</p> <p class="rtejustify"> "No es verdad que la competencia del Comité es solo recomendatoria, de lo contrario el exprocurador Héctor Arce y el actual procurador no se hubieran sometido al procedimiento que se ha seguido, a los plazos y a la jurisdicción del Comité internacional", aseguró a ANF Maldonado.</p> <p class="rtejustify"> Recordó que el Gobierno boliviano se ha comprometido ante la Comunidad de Naciones a honrar la fe de Estado, al ser la parte del sistema protectivo de derechos humanos, tanto a nivel universal en la ONU como en el sistema interamericano, en la Organización de los Estados Americanos (OEA).</p> <p class="rtejustify"> En la misma línea <strong>Delgado afirmó el carácter vinculante del dictamen del Comité, debido a que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que forma parte del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales de derechos humanos, los convenios y también el derecho internacional. </strong>"Entonces resulta que ellos tienen la obligación de cumplir eso", aseveró a ANF la exasambleísta.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Para Maldonado, las declaraciones del Procurador son un funesto precedente</strong>, que le hace daño a la imagen de Estado boliviano ante la comunidad internacional.</p> <p class="rtejustify"> "<strong>Pone en duda a la responsabilidad del Estado</strong> respecto ante su compromiso con el derecho internacional", aclaró.</p> <p class="rtejustify"> En diciembre de 2014, el Tribunal Supremo Electoral emitió, ante presión del Gobierno boliviano, un "Reglamento" inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular.</p> <p class="rtejustify"> Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados (Delgado) y senadores (Maldonado), con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieran participar.</p> <p class="rtejustify"> <span style="font-size:18px;"><strong>ANTECEDENTES</strong></span></p> <p class="rtejustify"> En mayo de 2018, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, aceptó la demanda presentada por Delgado y Maldonado y ordenó al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico por haber violado sus derechos políticos y cívicos.</p> <p class="rtejustify"> Además, señala que en el futuro "no se puede repetir un hecho como el sucedido" con Rebeca Delgado, a quien se le impidió ser candidata a la Alcaldía de Cochabamba en 2015.</p> <p class="rtejustify"> Bolivia "tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto", se lee en parte de la resolución.</p> <p class="rtejustify"> <span style="font-size:20px;"><strong>No fueron informados </strong></span></p> <p class="rtejustify"> Al respecto, Menacho aseguró que esas acciones específicas en términos de modificaciones legislativas para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, fueron tomadas en cuenta.</p> <p class="rtejustify"> "Ya han sido llevadas adelante y la Procuraduría así lo ha informado al Comité de Derechos Humanos, en ese sentido creemos que ese aspecto del dictamen emitido por el Comité está plenamente cumplido", remarcó este jueves.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, los exlegisladores explicaron que no fueron informados de esos cumplimientos y que, en realidad, en todo este tiempo no fueron convocados a ninguna reunión para quedar los términos del cumplimiento.</p> <p class="rtejustify"> "La Procuraduría General en ningún momento nos ha convocado a una sola reunión en todo este año, hemos esperado pacientemente que pueda haber alguna señal en ese sentido, sin embargo, no ha habido la señal", dijo Maldonado.</p> <p class="rtejustify"> Delgado dijo que es una obligación del Estado informar no solo al Comité, sino a los directos informados y al país, con el fin de demostrar que nunca más se repetirá una vulneración similar.</p> <p class="rtejustify"> "Nosotros vamos a esperar, el Procurador ha dicho que han cumplido parcialmente, ha dicho que ya han cumplido en las medidas legislativas, entonces queremos saber cómo han cumplido, es decir no hemos tenido ninguna comunicación, no sabemos qué respuesta han dado al Comité de Derechos Humanos", dijo.</p> <p class="rtejustify"> Tanto Delgado como Maldonado explicaron que continuarán con el proceso hasta que el Estado cumpla, ya sea en esta y otra gestión. 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Gobierno incumple fallo a favor de Delgado y se expone a censura en ONU
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Delgado y Maldonado exigen al Gobierno cumplir dictamen del Comité de DDHH
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Los exlegisladores disidentes del partido de gobierno, Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado. | Foto archivo
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