<p class="rtejustify"> Han pasado 10 años desde el operativo policial en el hotel Las Américas (Santa Cruz) que derivó en la apertura del denominado caso terrorismo. De las 21 personas que se sometieron a juicio, solamente quedan dos privadas de libertad, quienes se niegan a optar por un procedimiento abreviado, pero que aferran sus esperanzas en la sentencia que pueda emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que admitió la denuncia en febrero de 2018.</p> <p class="rtejustify"> Según Gary Prado Araúz, abogado de los dos que continúan en celdas, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, la CIDH tiene la atribución de acusar al Estado de Bolivia e iniciar un juicio por la violación de derechos humanos. El resultado puede ser la nulidad del juicio, en primera instancia, y reparación de daños a las personas que fueron víctimas de esta vulneración.</p> <p class="rtejustify"> “Ellos como personas inocentes dentro de ley están haciendo todo para que prevalezca su estado de inocencia, frente a un Estado, o un Gobierno en particular, que quiere declararlos culpables a toda costa sin poder probar que han cometido delitos”, indicó Prado.</p> <p class="rtejustify"> Zvonko Matkovic Ribera, uno de los procesados que actualmente cumple detención domiciliaria luego de permanecer más de ocho años en prisión, espera que la sentencia de la CIDH confirme la violación a los derechos humanos de la que fueron víctimas los acusados desde el inicio de las investigaciones.</p> <p class="rtejustify"> “No hay una manera ética, moral ni legal para justificar tener a una persona 10 años sin sentencia en la cárcel”, afirmó al referirse de modo particular al caso de Guedes y Mendoza.</p> <p class="rtejustify"> María del Carmen Morales, representante de los familiares de los procesados por el caso terrorismo, considera que el Gobierno “tiene temor” por la determinación que pueda adoptar la CIDH, puesto que, según ella, las acusaciones que hace el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno (como partes acusadoras) son infundadas.</p> <p class="rtejustify"> La intervención policial de abril de 2009 derivó en la muerte de Eduardo Rózsa, Michael Martin Dwyer y Árpád Magyarosi, ciudadanos extranjeros que supuestamente lideraban una organización terrorista que pretendía dividir Bolivia e, incluso, matar al presidente Evo Morales. El boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elod Tóásó, que también se encontraban en el hotel Las Américas durante el operativo, fueron detenidos y trasladados a La Paz para ser juzgados.</p> <p class="rtejustify"> El inicio de la investigación estuvo a cargo del entonces fiscal Marcelo Sosa, quien ahora se encuentra sentenciado a 12 años de privación de libertad por incurrir en hechos de extorsión mientras investigaba el caso.</p> <p class="rtejustify"> Tadic y Tóásó, seis años después de su detención, decidieron someterse a un juicio abreviado que les permitió recuperar su libertad. La misma determinación asumieron otros cuatro procesados. A la fecha, solamente Guedes y Mendoza, a quienes se los acusa de tener nexos con Rózsa, guardan detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz.</p> <p class="rtejustify"> Este tribunal internacional admitió la denuncia presentada Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer, en representación de Mario Tádic y otros, reclamando la observancia y defensa de los derechos humanos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Presiones</strong></p> <p class="rtejustify"> Prado señaló que hace una semana, el director jurídico del Ministerio de Gobierno (de quien dice no recordar su nombre) ofreció dinero y una casa dentro de un condominio a Guedes y Mendoza con la condición de que éstos se declaren culpables y se sometan a un juicio abreviado.</p> <p class="rtejustify"> “Yo tengo los planos de las casas y el CD con la oferta con la animación en 3D de lo que significaría la casa en un fólder de Ministerio de Gobierno. Ellos se los han entregado a los acusados”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>PADRE DE MATKOVIK PAGÓ $US 90 MIL</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Zvonko Matkovic Fleig, padre de Zvonko Matkovic Ribera, uno de los acusados, pagó una suma de $us 90 mil al exfiscal Marcelo Sosa ante la promesa de cesar la detención del procesado.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>16/04/2009 - Intervención policial</strong><br /> Se realiza el operativo en el hotel Las Américas. El Ministerio Público acusó a Rózsa de dos atentados: a la casa del cardenal Julio Terrazas y a la del entonces viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>12/03/2014 - Extorsiones de Sosa</strong><br /> El fiscal Marcelo Sosa habría sonsacado al menos 4 millones de dólares a distintas personas interesadas en direccionar las investigaciones. Estos hechos derivaron en la fuga y posterior sentencia de 12 años de cárcel.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>9/01/2015 - Se declaran culpables</strong><br /> Ignacio Villa Vargas modificó su declaración en 2015 para someterse a un juicio abreviado. Le siguieron Mario Tadic, Elod Tóásó (que dejan el país), Juan Kudelka, Zoilo Salces y Alejandro Gelafio Santiesteban.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Noviembre de 2016 - Problema frecuente</strong><br /> Gary Prado Salmón y Ronald Castedo fueron separados del juicio por problemas de salud. Zvonko Matkovic Ribera obtuvo arresto domiciliario bajo el mismo argumento después de ocho años de prisión.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>05/06/2017 - Lento avance</strong><br /> Las audiencias de juicio oral se llevan a cabo semana por media en Santa Cruz. La defensa de los acusados ven dilatación y el Gobierno pide acelerar este caso y terminar el juicio.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>4/04/2018 - Caso en la CIDH</strong><br /> La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia contra Bolivia por la violación de los derechos y supuesta ejecución extrajudicial de tres extranjeros en el caso terrorismo.</p>

<p class="rtejustify"> Han pasado 10 años desde el operativo policial en el hotel Las Américas (Santa Cruz) que derivó en la apertura del denominado caso terrorismo. De las 21 personas que se sometieron a juicio, solamente quedan dos privadas de libertad, quienes se niegan a optar por un procedimiento abreviado, pero que aferran sus esperanzas en la sentencia que pueda emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que admitió la denuncia en febrero de 2018.</p> <p class="rtejustify"> Según Gary Prado Araúz, abogado de los dos que continúan en celdas, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, la CIDH tiene la atribución de acusar al Estado de Bolivia e iniciar un juicio por la violación de derechos humanos. El resultado puede ser la nulidad del juicio, en primera instancia, y reparación de daños a las personas que fueron víctimas de esta vulneración.</p> <p class="rtejustify"> “Ellos como personas inocentes dentro de ley están haciendo todo para que prevalezca su estado de inocencia, frente a un Estado, o un Gobierno en particular, que quiere declararlos culpables a toda costa sin poder probar que han cometido delitos”, indicó Prado.</p> <p class="rtejustify"> Zvonko Matkovic Ribera, uno de los procesados que actualmente cumple detención domiciliaria luego de permanecer más de ocho años en prisión, espera que la sentencia de la CIDH confirme la violación a los derechos humanos de la que fueron víctimas los acusados desde el inicio de las investigaciones.</p> <p class="rtejustify"> “No hay una manera ética, moral ni legal para justificar tener a una persona 10 años sin sentencia en la cárcel”, afirmó al referirse de modo particular al caso de Guedes y Mendoza.</p> <p class="rtejustify"> María del Carmen Morales, representante de los familiares de los procesados por el caso terrorismo, considera que el Gobierno “tiene temor” por la determinación que pueda adoptar la CIDH, puesto que, según ella, las acusaciones que hace el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno (como partes acusadoras) son infundadas.</p> <p class="rtejustify"> La intervención policial de abril de 2009 derivó en la muerte de Eduardo Rózsa, Michael Martin Dwyer y Árpád Magyarosi, ciudadanos extranjeros que supuestamente lideraban una organización terrorista que pretendía dividir Bolivia e, incluso, matar al presidente Evo Morales. El boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elod Tóásó, que también se encontraban en el hotel Las Américas durante el operativo, fueron detenidos y trasladados a La Paz para ser juzgados.</p> <p class="rtejustify"> El inicio de la investigación estuvo a cargo del entonces fiscal Marcelo Sosa, quien ahora se encuentra sentenciado a 12 años de privación de libertad por incurrir en hechos de extorsión mientras investigaba el caso.</p> <p class="rtejustify"> Tadic y Tóásó, seis años después de su detención, decidieron someterse a un juicio abreviado que les permitió recuperar su libertad. La misma determinación asumieron otros cuatro procesados. A la fecha, solamente Guedes y Mendoza, a quienes se los acusa de tener nexos con Rózsa, guardan detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz.</p> <p class="rtejustify"> Este tribunal internacional admitió la denuncia presentada Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer, en representación de Mario Tádic y otros, reclamando la observancia y defensa de los derechos humanos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Presiones</strong></p> <p class="rtejustify"> Prado señaló que hace una semana, el director jurídico del Ministerio de Gobierno (de quien dice no recordar su nombre) ofreció dinero y una casa dentro de un condominio a Guedes y Mendoza con la condición de que éstos se declaren culpables y se sometan a un juicio abreviado.</p> <p class="rtejustify"> “Yo tengo los planos de las casas y el CD con la oferta con la animación en 3D de lo que significaría la casa en un fólder de Ministerio de Gobierno. Ellos se los han entregado a los acusados”, dijo.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>PADRE DE MATKOVIK PAGÓ $US 90 MIL</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Zvonko Matkovic Fleig, padre de Zvonko Matkovic Ribera, uno de los acusados, pagó una suma de $us 90 mil al exfiscal Marcelo Sosa ante la promesa de cesar la detención del procesado.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>16/04/2009 - Intervención policial</strong><br /> Se realiza el operativo en el hotel Las Américas. El Ministerio Público acusó a Rózsa de dos atentados: a la casa del cardenal Julio Terrazas y a la del entonces viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>12/03/2014 - Extorsiones de Sosa</strong><br /> El fiscal Marcelo Sosa habría sonsacado al menos 4 millones de dólares a distintas personas interesadas en direccionar las investigaciones. Estos hechos derivaron en la fuga y posterior sentencia de 12 años de cárcel.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>9/01/2015 - Se declaran culpables</strong><br /> Ignacio Villa Vargas modificó su declaración en 2015 para someterse a un juicio abreviado. Le siguieron Mario Tadic, Elod Tóásó (que dejan el país), Juan Kudelka, Zoilo Salces y Alejandro Gelafio Santiesteban.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Noviembre de 2016 - Problema frecuente</strong><br /> Gary Prado Salmón y Ronald Castedo fueron separados del juicio por problemas de salud. Zvonko Matkovic Ribera obtuvo arresto domiciliario bajo el mismo argumento después de ocho años de prisión.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>05/06/2017 - Lento avance</strong><br /> Las audiencias de juicio oral se llevan a cabo semana por media en Santa Cruz. La defensa de los acusados ven dilatación y el Gobierno pide acelerar este caso y terminar el juicio.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>4/04/2018 - Caso en la CIDH</strong><br /> La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia contra Bolivia por la violación de los derechos y supuesta ejecución extrajudicial de tres extranjeros en el caso terrorismo.</p>

Han pasado 10 años desde el operativo policial en el hotel Las Américas (Santa Cruz) que derivó en la apertura del denominado caso terrorismo

Han pasado 10 años desde el operativo policial en el hotel Las Américas (Santa Cruz) que derivó en la apertura del denominado caso terrorismo