<p class="rtejustify"> SANTA CRUZ |</p> <p class="rtejustify"> El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró hoy&nbsp;la acusación que<strong>&nbsp;se presentó en la gestión del expresidente Evo Morales&nbsp;sobre el denominado caso 'Terrorismo'.</strong></p> <p class="rtejustify"> "Este juicio estaba manteniendo todavía a bolivianos confrontados y es por eso que he cumplido con el mandato de nuestra conciencia y el mandato de nuestra presidenta constitucional Jeanine Áñez. El Ministerio de Gobierno ha retirado la acusación falsa que han hecho los del Movimiento Al Socialismo para hacer persecución política", informó.</p> <p class="rtejustify"> Dijo que ese juicio fue <strong>"una farsa" montada por ex autoridades para perseguir políticamente</strong> a ciudadanos que se oponían al expresidente Morales.</p> <p class="rtejustify"> "Después de que hemos conocido las declaraciones de las jueces ciudadanas, donde con claridad dicen que todo ha sido montado por el Ministerio de Gobierno, que les han pagado, que les obligaban, que les amenazaban para hacer lo que el Ministerio de Gobierno quería, entonces nuestra obligación, en justicia, es desistir de esta blasfemia y retirarnos de este juicio", subrayó.</p> <p class="rtejustify"> Sobre qué pasará con ese proceso, dijo que sólo queda la acusación del Ministerio Público, instancia a la que instó a "ser coherente" y retirarse.</p> <p class="rtejustify"> En abril de 2009, <strong>un operativo policial realizado en el Hotel Las Américas de Santa Cruz desarticuló una supuesta célula terrorista que,</strong> según exautoridades, <strong>pretendía armar una guerra civil para dividir Bolivia</strong>, liderada por el ciudadano húngaro-boliviano, Eduardo Rosza Flores.</p>

<p class="rtejustify"> SANTA CRUZ |</p> <p class="rtejustify"> El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró hoy la acusación que<strong> se presentó en la gestión del expresidente Evo Morales sobre el denominado caso 'Terrorismo'.</strong></p> <p class="rtejustify"> "Este juicio estaba manteniendo todavía a bolivianos confrontados y es por eso que he cumplido con el mandato de nuestra conciencia y el mandato de nuestra presidenta constitucional Jeanine Áñez. El Ministerio de Gobierno ha retirado la acusación falsa que han hecho los del Movimiento Al Socialismo para hacer persecución política", informó.</p> <p class="rtejustify"> Dijo que ese juicio fue <strong>"una farsa" montada por ex autoridades para perseguir políticamente</strong> a ciudadanos que se oponían al expresidente Morales.</p> <p class="rtejustify"> "Después de que hemos conocido las declaraciones de las jueces ciudadanas, donde con claridad dicen que todo ha sido montado por el Ministerio de Gobierno, que les han pagado, que les obligaban, que les amenazaban para hacer lo que el Ministerio de Gobierno quería, entonces nuestra obligación, en justicia, es desistir de esta blasfemia y retirarnos de este juicio", subrayó.</p> <p class="rtejustify"> Sobre qué pasará con ese proceso, dijo que sólo queda la acusación del Ministerio Público, instancia a la que instó a "ser coherente" y retirarse.</p> <p class="rtejustify"> En abril de 2009, <strong>un operativo policial realizado en el Hotel Las Américas de Santa Cruz desarticuló una supuesta célula terrorista que,</strong> según exautoridades, <strong>pretendía armar una guerra civil para dividir Bolivia</strong>, liderada por el ciudadano húngaro-boliviano, Eduardo Rosza Flores.</p>

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró hoy la acusación que se presentó en la gestión del expresidente Evo Morales sobre el denominado caso 'Terrorismo'.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró hoy la acusación que se presentó en la gestión del expresidente Evo Morales sobre el denominado caso &#039;Terrorismo&#039;.

<p> LA PAZ |</p> <p class="rtejustify"> La jueza ciudadana del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Anastasia Calisaya, renunció al cargo y dejó sin quorum a dicho tribunal para proseguir con el juicio oral contra los implicados en el denominado caso Terrorismo. <strong>Ante esta situación, los involucrados en el proceso piden la anulación del juicio</strong> y sea un tribunal de Santa Cruz que se haga cargo del caso desde foja cero.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> "<strong>Ella (la jueza Anastasia Calisaya) aduce problemas de salud</strong>, pero en realidad ella ha sido víctima, al igual que Sonia Mamani, de imposición, maltrato, amenaza y amedrentamiento para sostener tantos años un juicio injusto", informó el abogado Alberto Morales.</p> <p class="rtejustify"> El Tribunal Primero de Sentencia está conformado por los jueces técnicos Sixto Fernández y Elena Gemio junto a las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Calisaya.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Hace unos días, Mamani renunció al cargo denunciando una serie de irregularidades </strong>que se cometieron en este caso, como los pagos de viáticos y pasajes que hizo el Ministerio de Gobierno a las juezas ciudadanas para direccionar el proceso.</p> <p class="rtejustify"> Hoy se conoció que Calisaya también renunció al cargo por problemas de salud. <strong>Ante esa situación, el tribunal se quedó sin quorum, situación que le impide proseguir con el juicio oral contra los implicados.</strong>&nbsp;Frente a ese panorama, los procesados de este caso piden que el proceso vuelva a foja cero e inicie en otro tribunal de Santa Cruz.</p> <p class="rtejustify"> "El lunes ya debían haber desintegrado (el tribunal) y mandar (el caso) a un tribunal de Santa Cruz para empezar de nuevo", refirió el jurista.</p> <p class="rtejustify"> El abogado Gary Prado coincide en que el juicio llevado por el Tribunal Primero debe anularse y pasar el proceso a otra instancia judicial.</p> <p class="rtejustify"> El Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público dejan en manos del Tribunal de Sentencia la decisión respecto al rumbo que tomará este proceso.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Hoy, los jueces del Tribunal Primero debían resolver si dan curso o rechazan las renuncias de las juezas, sin embargo, volvió a suspender la audiencia</strong> de juicio oral para el próximo 20 de enero, fecha en que se definirán las medidas a seguir en este caso.</p> <p class="rtejustify"> En abril de 2009 se registró el asalto policial en el Hotel de Las Américas, contra un supuesto grupo terrorista que pretendía asesinar al entonces presidente Evo Morales y convulsionar al país. En octubre de 2012 se inició el juicio contra varias personas y a la fecha no se resolvió el caso.</p>

<p> LA PAZ |</p> <p class="rtejustify"> La jueza ciudadana del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Anastasia Calisaya, renunció al cargo y dejó sin quorum a dicho tribunal para proseguir con el juicio oral contra los implicados en el denominado caso Terrorismo. <strong>Ante esta situación, los involucrados en el proceso piden la anulación del juicio</strong> y sea un tribunal de Santa Cruz que se haga cargo del caso desde foja cero. </p> <p class="rtejustify"> "<strong>Ella (la jueza Anastasia Calisaya) aduce problemas de salud</strong>, pero en realidad ella ha sido víctima, al igual que Sonia Mamani, de imposición, maltrato, amenaza y amedrentamiento para sostener tantos años un juicio injusto", informó el abogado Alberto Morales.</p> <p class="rtejustify"> El Tribunal Primero de Sentencia está conformado por los jueces técnicos Sixto Fernández y Elena Gemio junto a las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Calisaya.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Hace unos días, Mamani renunció al cargo denunciando una serie de irregularidades </strong>que se cometieron en este caso, como los pagos de viáticos y pasajes que hizo el Ministerio de Gobierno a las juezas ciudadanas para direccionar el proceso.</p> <p class="rtejustify"> Hoy se conoció que Calisaya también renunció al cargo por problemas de salud. <strong>Ante esa situación, el tribunal se quedó sin quorum, situación que le impide proseguir con el juicio oral contra los implicados.</strong> Frente a ese panorama, los procesados de este caso piden que el proceso vuelva a foja cero e inicie en otro tribunal de Santa Cruz.</p> <p class="rtejustify"> "El lunes ya debían haber desintegrado (el tribunal) y mandar (el caso) a un tribunal de Santa Cruz para empezar de nuevo", refirió el jurista.</p> <p class="rtejustify"> El abogado Gary Prado coincide en que el juicio llevado por el Tribunal Primero debe anularse y pasar el proceso a otra instancia judicial.</p> <p class="rtejustify"> El Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público dejan en manos del Tribunal de Sentencia la decisión respecto al rumbo que tomará este proceso.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Hoy, los jueces del Tribunal Primero debían resolver si dan curso o rechazan las renuncias de las juezas, sin embargo, volvió a suspender la audiencia</strong> de juicio oral para el próximo 20 de enero, fecha en que se definirán las medidas a seguir en este caso.</p> <p class="rtejustify"> En abril de 2009 se registró el asalto policial en el Hotel de Las Américas, contra un supuesto grupo terrorista que pretendía asesinar al entonces presidente Evo Morales y convulsionar al país. En octubre de 2012 se inició el juicio contra varias personas y a la fecha no se resolvió el caso.</p>

La jueza ciudadana del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Anastasia Calisaya, renunció al cargo y dejó sin quorum a dicho tribunal para proseguir con el juicio oral contra los implicados en el denominado caso Terrorismo. Ante esta situación, los involucrados en el proceso piden la anulación del juicio y sea un tribunal de Santa Cruz que se haga cargo del caso desde foja cero. 

La jueza ciudadana del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Anastasia Calisaya, renunció al cargo y dejó sin quorum a dicho tribunal para proseguir con el juicio oral contra los implicados en el denominado caso Terrorismo. Ante esta situación, los involucrados en el proceso piden la anulación del juicio y sea un tribunal de Santa Cruz que se haga cargo del caso desde foja cero. 

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public://media_imagen/2017/10/19/foto-de-juez-con-martillo-de-justicia-tema-acciones-legales-sobre-reglamento100215.jpg

<p class="rtejustify"> Los abogados Gary Prado y Otto Ritter presentaron esta tarde una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz contra los exministros del gobierno de Evo Morales Hugo Moldiz, Carlos Romero y Jorge Pérez por presuntos delitos de malversación de fondos, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y asociación delictuosa en el caso de presunto terrorismo.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> “Los delitos son por uso indebido de influencias y malversación de fondos, entre otros. El Tribunal siempre fallaba a favor del Gobierno (en el caso terrorismo), porque salía plata para los pasajes a los jueces ciudadanos. <strong>No puede alguien ser juez y parte, no puede una parte entregarle dinero a los jueces y eso lo hicieron los exministros de Gobierno</strong>”, manifestó Ritter, en contacto con Bolivia TV.</p> <p class="rtejustify"> El abogado denunció que los jueces ciudadanos recibían ilegalmente dinero para viáticos del Ministerio de Gobierno.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"> <p dir="ltr" lang="und"> <a href="https://t.co/DDyvT2KCqA">pic.twitter.com/DDyvT2KCqA</a></p> </blockquote> <blockquote class="twitter-tweet rtejustify" data-lang="es"> — Zvonko Matković Ribera (@z_matkovic) <a href="https://twitter.com/z_matkovic/status/1214282759579021312?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de enero de 2020</a></blockquote> <p class="rtejustify"> El 2009 la Policía desarticuló en<strong> </strong>Santa Cruz una banda de supuestos mercenarios que planeaban atentar contra la primera autoridad del Estado, según declaró el gobierno del Movimiento Al Socialismo.</p> <p class="rtejustify"> Por este caso, esta mañana se llevó a cabo una nueva audiencia para tratar la renuncia de la juez ciudadana, Sonia M. V.,&nbsp; donde detalla varios supuestos delitos cometidos durante el juicio por jueces, fiscales y abogados del Ministro de Gobierno.</p>

<p class="rtejustify"> Los abogados Gary Prado y Otto Ritter presentaron esta tarde una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz contra los exministros del gobierno de Evo Morales Hugo Moldiz, Carlos Romero y Jorge Pérez por presuntos delitos de malversación de fondos, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y asociación delictuosa en el caso de presunto terrorismo. </p> <p class="rtejustify"> “Los delitos son por uso indebido de influencias y malversación de fondos, entre otros. El Tribunal siempre fallaba a favor del Gobierno (en el caso terrorismo), porque salía plata para los pasajes a los jueces ciudadanos. <strong>No puede alguien ser juez y parte, no puede una parte entregarle dinero a los jueces y eso lo hicieron los exministros de Gobierno</strong>”, manifestó Ritter, en contacto con Bolivia TV.</p> <p class="rtejustify"> El abogado denunció que los jueces ciudadanos recibían ilegalmente dinero para viáticos del Ministerio de Gobierno.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p dir="ltr" lang="und" xml:lang="und"> <a href="https://t.co/DDyvT2KCqA">pic.twitter.com/DDyvT2KCqA</a></p> </blockquote> <blockquote class="twitter-tweet rtejustify" data-lang="es"><p> — Zvonko Matković Ribera (@z_matkovic) <a href="https://twitter.com/z_matkovic/status/1214282759579021312?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de enero de 2020</a></p></blockquote> <p class="rtejustify"> El 2009 la Policía desarticuló en<strong> </strong>Santa Cruz una banda de supuestos mercenarios que planeaban atentar contra la primera autoridad del Estado, según declaró el gobierno del Movimiento Al Socialismo.</p> <p class="rtejustify"> Por este caso, esta mañana se llevó a cabo una nueva audiencia para tratar la renuncia de la juez ciudadana, Sonia M. V.,  donde detalla varios supuestos delitos cometidos durante el juicio por jueces, fiscales y abogados del Ministro de Gobierno.</p>

Los abogados Gary Prado y Otto Ritter presentaron esta tarde una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz contra los exministros del gobierno de Evo Morales Hugo Moldiz, Carlos Romero y Jorge Pérez por presuntos delitos de malversación de fondos, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y asociación delictuosa en el caso de presunto terrorismo.

Los abogados Gary Prado y Otto Ritter presentaron esta tarde una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz contra los exministros del gobierno de Evo Morales Hugo Moldiz, Carlos Romero y Jorge Pérez por presuntos delitos de malversación de fondos, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y asociación delictuosa en el caso de presunto terrorismo.

<p class="rtejustify"> Han pasado 10 años desde el operativo policial en el hotel Las Américas (Santa Cruz) que derivó en la apertura del denominado caso terrorismo. De las 21 personas que se sometieron a juicio, solamente quedan dos privadas de libertad, quienes se niegan a optar por un procedimiento abreviado, pero que aferran sus esperanzas en la sentencia que pueda emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que admitió la denuncia en febrero de 2018.</p> <p class="rtejustify"> Según Gary Prado Araúz, abogado de los dos que continúan en celdas, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, la CIDH tiene la atribución de acusar al Estado de Bolivia e iniciar un juicio por la violación de derechos humanos. El resultado puede ser la nulidad del juicio, en primera instancia, y reparación de daños a las personas que fueron víctimas de esta vulneración.</p> <p class="rtejustify"> “Ellos como personas inocentes dentro de ley están haciendo todo para que prevalezca su estado de inocencia, frente a un Estado, o un Gobierno en particular, que quiere declararlos culpables a toda costa sin poder probar que han cometido delitos”, indicó Prado.</p> <p class="rtejustify"> Zvonko Matkovic Ribera, uno de los procesados que actualmente cumple detención domiciliaria luego de permanecer más de ocho años en prisión, espera que la sentencia de la CIDH confirme la violación a los derechos humanos de la que fueron víctimas los acusados desde el inicio de las investigaciones.</p> <p class="rtejustify"> “No hay una manera ética, moral ni legal para justificar tener a una persona 10 años sin sentencia en la cárcel”, afirmó al referirse de modo particular al caso de Guedes y Mendoza.</p> <p class="rtejustify"> María del Carmen Morales, representante de los familiares de los procesados por el caso terrorismo, considera que el Gobierno “tiene temor” por la determinación que pueda adoptar la CIDH, puesto que, según ella, las acusaciones que hace el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno (como partes acusadoras) son infundadas.</p> <p class="rtejustify"> La intervención policial de abril de 2009 derivó en la muerte de Eduardo Rózsa, Michael Martin Dwyer y Árpád Magyarosi, ciudadanos extranjeros que supuestamente lideraban una organización terrorista que pretendía dividir Bolivia e, incluso, matar al presidente Evo Morales. El boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elod Tóásó, que también se encontraban en el hotel Las Américas durante el operativo, fueron detenidos y trasladados a La Paz para ser juzgados.</p> <p class="rtejustify"> El inicio de la investigación estuvo a cargo del entonces fiscal Marcelo Sosa, quien ahora se encuentra sentenciado a 12 años de privación de libertad por incurrir en hechos de extorsión mientras investigaba el caso.</p> <p class="rtejustify"> Tadic y Tóásó, seis años después de su detención, decidieron someterse a un juicio abreviado que les permitió recuperar su libertad. La misma determinación asumieron otros cuatro procesados. A la fecha, solamente Guedes y Mendoza, a quienes se los acusa de tener nexos con Rózsa, guardan detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz.</p> <p class="rtejustify"> Este tribunal internacional admitió la denuncia presentada Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer, en representación de Mario Tádic y otros, reclamando la observancia y defensa de los derechos humanos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Presiones</strong></p> <p class="rtejustify"> Prado señaló que hace una semana, el director jurídico del Ministerio de Gobierno (de quien dice no recordar su nombre) ofreció dinero y una casa dentro de un condominio a Guedes y Mendoza con la condición de que éstos se declaren culpables y se sometan a un juicio abreviado.</p> <p class="rtejustify"> “Yo tengo los planos de las casas y el CD con la oferta con la animación en 3D de lo que significaría la casa en un fólder de Ministerio de Gobierno. Ellos se los han entregado a los acusados”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>PADRE DE MATKOVIK PAGÓ $US 90 MIL</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Zvonko Matkovic Fleig, padre de Zvonko Matkovic Ribera, uno de los acusados, pagó una suma de $us 90 mil al exfiscal Marcelo Sosa ante la promesa de cesar la detención del procesado.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>16/04/2009 - Intervención policial</strong><br /> Se realiza el operativo en el hotel Las Américas. El Ministerio Público acusó a Rózsa de dos atentados: a la casa del cardenal Julio Terrazas y a la del entonces viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>12/03/2014 - Extorsiones de Sosa</strong><br /> El fiscal Marcelo Sosa habría sonsacado al menos 4 millones de dólares a distintas personas interesadas en direccionar las investigaciones. Estos hechos derivaron en la fuga y posterior sentencia de 12 años de cárcel.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>9/01/2015 - Se declaran culpables</strong><br /> Ignacio Villa Vargas modificó su declaración en 2015 para someterse a un juicio abreviado. Le siguieron Mario Tadic, Elod Tóásó (que dejan el país), Juan Kudelka, Zoilo Salces y Alejandro Gelafio Santiesteban.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Noviembre de 2016 - Problema frecuente</strong><br /> Gary Prado Salmón y Ronald Castedo fueron separados del juicio por problemas de salud. Zvonko Matkovic Ribera obtuvo arresto domiciliario bajo el mismo argumento después de ocho años de prisión.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>05/06/2017 - Lento avance</strong><br /> Las audiencias de juicio oral se llevan a cabo semana por media en Santa Cruz. La defensa de los acusados ven dilatación y el Gobierno pide acelerar este caso y terminar el juicio.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>4/04/2018 - Caso en la CIDH</strong><br /> La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia contra Bolivia por la violación de los derechos y supuesta ejecución extrajudicial de tres extranjeros en el caso terrorismo.</p>

<p class="rtejustify"> Han pasado 10 años desde el operativo policial en el hotel Las Américas (Santa Cruz) que derivó en la apertura del denominado caso terrorismo. De las 21 personas que se sometieron a juicio, solamente quedan dos privadas de libertad, quienes se niegan a optar por un procedimiento abreviado, pero que aferran sus esperanzas en la sentencia que pueda emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que admitió la denuncia en febrero de 2018.</p> <p class="rtejustify"> Según Gary Prado Araúz, abogado de los dos que continúan en celdas, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, la CIDH tiene la atribución de acusar al Estado de Bolivia e iniciar un juicio por la violación de derechos humanos. El resultado puede ser la nulidad del juicio, en primera instancia, y reparación de daños a las personas que fueron víctimas de esta vulneración.</p> <p class="rtejustify"> “Ellos como personas inocentes dentro de ley están haciendo todo para que prevalezca su estado de inocencia, frente a un Estado, o un Gobierno en particular, que quiere declararlos culpables a toda costa sin poder probar que han cometido delitos”, indicó Prado.</p> <p class="rtejustify"> Zvonko Matkovic Ribera, uno de los procesados que actualmente cumple detención domiciliaria luego de permanecer más de ocho años en prisión, espera que la sentencia de la CIDH confirme la violación a los derechos humanos de la que fueron víctimas los acusados desde el inicio de las investigaciones.</p> <p class="rtejustify"> “No hay una manera ética, moral ni legal para justificar tener a una persona 10 años sin sentencia en la cárcel”, afirmó al referirse de modo particular al caso de Guedes y Mendoza.</p> <p class="rtejustify"> María del Carmen Morales, representante de los familiares de los procesados por el caso terrorismo, considera que el Gobierno “tiene temor” por la determinación que pueda adoptar la CIDH, puesto que, según ella, las acusaciones que hace el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno (como partes acusadoras) son infundadas.</p> <p class="rtejustify"> La intervención policial de abril de 2009 derivó en la muerte de Eduardo Rózsa, Michael Martin Dwyer y Árpád Magyarosi, ciudadanos extranjeros que supuestamente lideraban una organización terrorista que pretendía dividir Bolivia e, incluso, matar al presidente Evo Morales. El boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elod Tóásó, que también se encontraban en el hotel Las Américas durante el operativo, fueron detenidos y trasladados a La Paz para ser juzgados.</p> <p class="rtejustify"> El inicio de la investigación estuvo a cargo del entonces fiscal Marcelo Sosa, quien ahora se encuentra sentenciado a 12 años de privación de libertad por incurrir en hechos de extorsión mientras investigaba el caso.</p> <p class="rtejustify"> Tadic y Tóásó, seis años después de su detención, decidieron someterse a un juicio abreviado que les permitió recuperar su libertad. La misma determinación asumieron otros cuatro procesados. A la fecha, solamente Guedes y Mendoza, a quienes se los acusa de tener nexos con Rózsa, guardan detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz.</p> <p class="rtejustify"> Este tribunal internacional admitió la denuncia presentada Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer, en representación de Mario Tádic y otros, reclamando la observancia y defensa de los derechos humanos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Presiones</strong></p> <p class="rtejustify"> Prado señaló que hace una semana, el director jurídico del Ministerio de Gobierno (de quien dice no recordar su nombre) ofreció dinero y una casa dentro de un condominio a Guedes y Mendoza con la condición de que éstos se declaren culpables y se sometan a un juicio abreviado.</p> <p class="rtejustify"> “Yo tengo los planos de las casas y el CD con la oferta con la animación en 3D de lo que significaría la casa en un fólder de Ministerio de Gobierno. Ellos se los han entregado a los acusados”, dijo.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>PADRE DE MATKOVIK PAGÓ $US 90 MIL</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Zvonko Matkovic Fleig, padre de Zvonko Matkovic Ribera, uno de los acusados, pagó una suma de $us 90 mil al exfiscal Marcelo Sosa ante la promesa de cesar la detención del procesado.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>16/04/2009 - Intervención policial</strong><br /> Se realiza el operativo en el hotel Las Américas. El Ministerio Público acusó a Rózsa de dos atentados: a la casa del cardenal Julio Terrazas y a la del entonces viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>12/03/2014 - Extorsiones de Sosa</strong><br /> El fiscal Marcelo Sosa habría sonsacado al menos 4 millones de dólares a distintas personas interesadas en direccionar las investigaciones. Estos hechos derivaron en la fuga y posterior sentencia de 12 años de cárcel.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>9/01/2015 - Se declaran culpables</strong><br /> Ignacio Villa Vargas modificó su declaración en 2015 para someterse a un juicio abreviado. Le siguieron Mario Tadic, Elod Tóásó (que dejan el país), Juan Kudelka, Zoilo Salces y Alejandro Gelafio Santiesteban.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Noviembre de 2016 - Problema frecuente</strong><br /> Gary Prado Salmón y Ronald Castedo fueron separados del juicio por problemas de salud. Zvonko Matkovic Ribera obtuvo arresto domiciliario bajo el mismo argumento después de ocho años de prisión.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>05/06/2017 - Lento avance</strong><br /> Las audiencias de juicio oral se llevan a cabo semana por media en Santa Cruz. La defensa de los acusados ven dilatación y el Gobierno pide acelerar este caso y terminar el juicio.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>4/04/2018 - Caso en la CIDH</strong><br /> La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia contra Bolivia por la violación de los derechos y supuesta ejecución extrajudicial de tres extranjeros en el caso terrorismo.</p>

Han pasado 10 años desde el operativo policial en el hotel Las Américas (Santa Cruz) que derivó en la apertura del denominado caso terrorismo

Han pasado 10 años desde el operativo policial en el hotel Las Américas (Santa Cruz) que derivó en la apertura del denominado caso terrorismo