<p class="rtejustify"> La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, informó ayer que se anularon 12 asentamientos humanos en la Chiquitanía (Santa Cruz), luego de las inspecciones técnicas realizadas en la zona evidenciaran irregularidades e incumplimientos de los procedimientos legales.</p> <p class="rtejustify"> Capobianco indicó que se trata de 25 mil hectáreas que actualmente no cumplían una función productiva o social, ya que fueron abandonadas, alquiladas o dadas a cuidadores externos. “Se ha realizado inspecciones a 24 comunidades, los técnicos han verificado y se han anulado 12 asentamientos humanos”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> La autoridad explicó que las anulaciones procedieron porque los asentamientos se realizaron sin consultar a la comisión agraria departamental; la entrega de tierras se efectivizó en contra del plan de uso de suelo; además que la mayoría de los predios estaban abandonados, en alquiler o con cuidadores.</p> <p class="rtejustify"> Las comunidades campesinas, cuyas resoluciones de asentamiento fueron anuladas, son: Che Guevara, Filadelfia, Nueva Israel, Cañada Larga, Los Tajibos, Los Sauces I y II, Guayacán, El Trébol, El Cardo, Monte San Miguel I y II.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Acusación</strong></p> <p class="rtejustify"> Las comunidades asentadas en esta región de Santa Cruz, alineadas con el Movimiento Al Socialismo (MAS), son sindicadas como las responsables de los incendios forestales registrados durante los meses de agosto y octubre que calcinaron al menos 4 millones de hectáreas de bosques y pasturas.</p>

<p class="rtejustify"> La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, informó ayer que se anularon 12 asentamientos humanos en la Chiquitanía (Santa Cruz), luego de las inspecciones técnicas realizadas en la zona evidenciaran irregularidades e incumplimientos de los procedimientos legales.</p> <p class="rtejustify"> Capobianco indicó que se trata de 25 mil hectáreas que actualmente no cumplían una función productiva o social, ya que fueron abandonadas, alquiladas o dadas a cuidadores externos. “Se ha realizado inspecciones a 24 comunidades, los técnicos han verificado y se han anulado 12 asentamientos humanos”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> La autoridad explicó que las anulaciones procedieron porque los asentamientos se realizaron sin consultar a la comisión agraria departamental; la entrega de tierras se efectivizó en contra del plan de uso de suelo; además que la mayoría de los predios estaban abandonados, en alquiler o con cuidadores.</p> <p class="rtejustify"> Las comunidades campesinas, cuyas resoluciones de asentamiento fueron anuladas, son: Che Guevara, Filadelfia, Nueva Israel, Cañada Larga, Los Tajibos, Los Sauces I y II, Guayacán, El Trébol, El Cardo, Monte San Miguel I y II.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Acusación</strong></p> <p class="rtejustify"> Las comunidades asentadas en esta región de Santa Cruz, alineadas con el Movimiento Al Socialismo (MAS), son sindicadas como las responsables de los incendios forestales registrados durante los meses de agosto y octubre que calcinaron al menos 4 millones de hectáreas de bosques y pasturas.</p>

La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, informó ayer que se anularon 12 asentamientos humanos en la Chiquitanía (Santa Cruz)

La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, informó ayer que se anularon 12 asentamientos humanos en la Chiquitanía (Santa Cruz)

<p> Sabido es que las cicatrices del fuego resultan las más persistentes. Aunque hoy la vitalidad de la Chiquitanía reverdece la superficie aceleradamente, los incendios dejaron profundas marcas en los ecosistemas. También las dejaron en la memoria de la gente.</p> <p> “Hubo momentos en que era igual a esas imágenes de las explosiones atómicas –recuerda Viveke Taceó Toledo, que es bombero y funcionaria edil de Roboré–. Se levantaban como un hongo de humo y fogonazos. En las quebradas anunciaba como cuando llega viento, olía a quemado, sonaban chispas y luego el ruido de los árboles que empezaban a caer”.</p> <p> La percepción es similar en varios de los testigos de la catástrofe que castigó al país entre julio y noviembre de 2019. “Parecía como cuando en la televisión muestran eso que pasó en Japón –dice Edivaldo Parabá, vocal de la comunidad de Yororobá y también bombero voluntario–. Luego quedaban sólo cenizas y palos quemados. Con los cinco compañeros bomberos salíamos a las seis de la mañana y volvíamos por la noche, pasaban las semanas y no llegaba la ayuda internacional. Cuando nos sentábamos a descansar y conversar, algunos botaban lágrimas, otros, tristeza”.</p> <p> Los bomberos voluntarios de los municipios de la Chiquitanía fueron la vanguardia, los llamados, nunca mejor dicho, a la línea de fuego. En el pico de la crisis, a Edivaldo Parabá lo convocaron diariamente durante 35 días, Viveki Taceó trabajó sin descanso casi ocho semanas. Más de una voz relata que los seis bomberos voluntarios que habían sido entrenados en Roboré más decenas de indígenas, con sus propios saberes, salían primero. Los roborenses aún describen emocionados esas jornadas en las que, junto a las oleadas de fuego cercano, llegaban noticias de que el problema era peor en otras zonas. “Y el presidente Evo no declaraba desastre nacional y la ayuda internacional no llegaba”.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>CICATRICES PROFUNDAS</strong></p> <p> Las quemaduras tuvieron tres niveles de intensidad. “En los incendios del norte, en la zona de Monteverde, se calcinó el bosque –explica el biólogo Juan Carlos Catari–. Hacia el centro, los informes muestran que hubo incendios de baja magnitud, eran fuegos rastreros donde se quemó el sotobosque, pero no las copas de los árboles. Al sur, en Ñembi Guasu (área protegida) el fuego lo calcinó también todo. Resultó tan fuerte que hallamos cerca del área del camino latas de cerveza chamuscadas, aluminio, es decir, hubo cerca de 300 grados de calor”.</p> <p> El biólogo también realiza una puntillosa diferenciación de la diversidad de bosques que existen en la zona y sus particulares ecosistemas. El bosque cerrado alto es un área acostumbrada a los incendios, ha evolucionado con ellos, aunque no con incendios tan intensos como estos. El bosque chiquitano bajo soportó los incendios rastreros, por ello su afectación resulta menor. Pero en Ñembi Guasu se tiene el área denominada Abayoy, compuesta por tupidos matorrales y suelo arenoso, no habituada a los fuegos. Fue afectada en extremo.</p> <p> Según la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), a nivel nacional se quemaron 6,4 millones de hectáreas de bosques. Un total de 4,1 millones correspondieron al departamento de Santa Cruz. Fueron afectadas tres áreas protegidas: San Matías (798.521 ha), Ñembi Guasu (446.217 ha) y Otuquis (390.304 ha). Los fuegos castigaron con intensidad a tres territorios indígenas: Monte Verde (258.121 ha), Lomerío (143.052 ha) y Cavireño (140.489 ha). Resultó la segunda mayor crisis histórica de este elemento en Bolivia, pero la mayor en territorio cruceño. El informe puntualiza que ocho sitios Ramsar (humedales de importancia internacional) resultaron afectados.</p> <p> Los 6,4 millones de hectáreas equivalen a la superficie del departamento de Pando. En el mundo existen cuatro países (Sri Lanka, Lituania, Letonia y Georgia) con una extensión similar y 73 con áreas menores. Y si bien este megaincendio suma un cóctel de causas, también tiene una lista de culpables. A lo que se suma una falta de ayuda oportuna y organizada para paliarlos.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>¿QUIÉN INICIÓ EL FUEGO?</strong></p> <p> “Uno de los elementos para que hayamos tenido esos incendios fueron las condiciones climáticas –remarca Carlos Pinto, gerente de proyectos de la FAN–. Arrastrábamos condiciones de sequía, en julio y agosto hubo intensas heladas que resecaron aún más el monte. A eso se sumaron vientos de más de 80 kilómetros por hora, baja humedad relativa y temperaturas de más de 40 grados centígrados. Era entonces un escenario altamente peligroso, muy sensible a cualquier fuego inicial, quién sabe a cualquier chispazo”.</p> <p> A los efectos del ya perceptible cambio climático en la región el experto añade las políticas relativas al uso de la tierra. Se autorizaron “quemas controladas” o chaqueos en un escenario prohibitivo, pues para que tengan ese carácter existe una lista de condiciones: vientos menores a los 28 kilómetros por hora, lluvias previas, humedad relativa mayor a 30 grados, cortafuegos adecuados, inspecciones previas, supervisión, etc. Así, el o los “chispazos” iniciales bien pudieron haber surgido de cualquiera de las 334 mil hectáreas que se buscaba desmontar en semejantes condiciones. O sea, apenas el 5 por ciento del total.</p> <p> A ello se suma el crecimiento demográfico que se ha acelerado en la región. Sobre la Chiquitanía van avanzando diversos intereses empresariales y comunales que desatan disputas por la tenencia de sus fértiles tierras. “Cada año hay más solicitudes de tierras –dice Carlos Ragone, secretario general de la Alcaldía de Roboré–. Estamos aún lejos de la agroindustria, pero cada vez ésta avanza más. Me preocupa porque acá todavía consideramos que calidad de vida tiene que ver con calidad de medio ambiente, pero parece que ellos no piensan así”.</p> <p> La sombra de la denominada “república unida de la soya” parece orientarse hacia la Chiquitanía desde diversos flancos. A algo más de 100 kilómetros al sur oeste de Roboré cunden campos deforestados por soyeros y luego expanden hasta prácticamente la propia capital cruceña. Al norte y noroeste surgen madereros y soyeros brasileños a quienes se ha denunciado varias veces por sus proyecciones hacia territorio boliviano. Por ello, hoy se debate aún sobre cuáles eran las razones reales para la tardanza en la reacción de las autoridades departamentales y las del anterior gobierno frente a los fuegos.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>GRANDES INTERESES</strong></p> <p> “Lo que ha ocurrido no es casual –dice Miguel Crespo, director de la organización Productividad Biósfera y Medioambiente (Probioma)–. Responde a una geopolítica del agronegocio. La Chiquitanía forma parte del sistema hidrográfico Paraguay-Paraná, una planicie de inundación de esos ríos, el segundo sistema fluvial más grande de Sudamérica. Es un área de alta biodiversidad donde confluyen diversos sistemas, o sea, un lugar altamente estratégico en la región que influye en la Amazonía y la Cuenca del Plata. Ese proceso de avance del agronegocio, basado en intereses transnacionales, está afectando la biodiversidad y creando profundos desórdenes climáticos. También está desplazando a las comunidades locales, sus sistemas de producción armónicos con el medio ambiente y destruyendo prácticas socioculturales”.</p> <p> En la comunidad de Peniel, a 30 kilómetros al sur de Roboré, el fuego arrasó con la producción de frutas que les significaba buena parte de sus ingresos anuales. Diecisiete familias, establecidas hace casi 16 años, batallaron durante ya tres años con sequías, organizaron nuevos proyectos productivos y aún buscan dotarse de pozos artesianos. Pero el fuego llegó a amenazar la existencia de la propia comunidad, aunque no fue su único agresor.</p> <p> “Peniel es un nombre bíblico que resume lucha, victoria y bendición, así más o menos estamos –dice Willman Weber Tucubé, dirigente de la comunidad–. Lo curioso es que hace un tiempo apareció un supuesto dueño de nuestras tierras, pese a que tenemos todos los papeles. Es un comerciante empresario de Cochabamba que se está comprando y engordando tierras en diversas partes. Nos abrió demanda. Y mire cómo son las cosas, en plenos incendios, la jueza en Santa Cruz se puso a avanzar el proceso en nuestra contra. Pero vamos a luchar y vamos a ganar”.</p> <p> El fuego no logró arrasar a Peniel como tampoco pudo con Yeroroba, Quitunuquiya, San Lorenzo y otras comunidades a las que llegó a tiznar y casi asfixiar. Los comunarios recuerdan que durante varios días, niños, ancianos y la mayoría de las mujeres fueron evacuados. Mientras los varones frenaban las llamas antes de que lleguen a cebarse con las casas. Mientras la ayuda nacional llegaba de manera caótica y la extranjera especializada a cuenta gotas porque el gobierno se resistía a pedirla.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>EL BOSQUE EN TERAPIA</strong></p> <p> Donde los daños tienen pronóstico reservado y desde diciembre se hallan en proceso de cada vez mayor investigación es en Ñembi Guasu, Monte Verde y otras zonas como San Matías. “Hicimos estudios entre áreas quemadas y áreas testigo –dice Juan Carlos Catari quien realizó un informe para la Gobernación–. Nos muestran que en Ñembi Guasu se perdió más de la mitad de las especies de plantas que había. De la otra mitad que ha quedado retoñando no se sabe cómo va a reaccionar en el año que corre. También, en cuanto a riqueza de especies, hemos establecido que se ha perdido más de la mitad”.</p> <p> ¿Cuánto tiempo tarda un ecosistema en regenerarse? Catari pone como indicador un caso: la construcción del gasoducto a Brasil. Entonces, a mediados de los años 90 se abrió una franja de 20 metros de ancho por más de 200 kilómetros en medio de zonas similares a las afectadas hoy. Luego de 20 años, el bosque renacido bordea los 8 a 10 metros de altura, cuando su altura normal alcanza los 25 metros. En cuanto a la cantidad de especies aún no se cuenta ni con la mitad de lo que tendría un bosque maduro.</p> <p> En Ñembi Guasu la afectación encuadra un área de 50 kilómetros de ancho por 70 de largo aproximadamente. Ello deja a la imaginación cuánto tardará el bosque en regenerase. En relación a la fauna las organizaciones ambientalistas señalan que han sido afectados cientos de millones de ejemplares de 554 especies distintas mientras avanzan las evaluaciones sobre su capacidad de supervivencia. “En un ecosistema que ya brinda pocos recursos alimenticios la fauna tenderá a buscar otros sitios –dice Catari–. Depende además de que a estos ecosistemas no se los perturbe más, su gran riesgo que se aproveche lo sucedido para cambiar el uso de suelo”.</p> <p> Así la lucha hacia el futuro radica en evitar que los intereses agroempresariales impidan que el bosque cicatrice y recupere. Se teme que se quiera habilitar esas zonas para ganadería o monocultivos. Por ahora, la Gobernación ha declarado área de protección e inmovilización a los 3,51 millones de hectáreas más afectadas por los fuegos. La esperanza de expertos y ambientalistas es que la medida rija efectivamente por al menos un lustro.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>CELEBRACIONES</strong></p> <p> Ese es el saldo de lo que el fuego se llevó tras más de cuatro meses de un incendio sin precedentes. Suma además el dolor por las muertes de cuatro bomberos voluntarios en la zona y de tres más en otros departamentos. En ese escenario un primer manto verde de esperanza va cubriendo la Chiquitanía donde también se rescata lo positivo que llegó con el fuego.</p> <p> “Sentimos cómo fue creciendo la solidaridad de la gente de todo el país –recuerda Viveke–. Vimos el cabildo y las movilizaciones que reclamaban al Gobierno la declaratoria de desastre para la ayuda internacional. Acá también fue muy lindo cómo todos nos unimos frente a la desgracia, viera, lloré al ver a los comerciantes que nos preparaban comida cuando salíamos del monte. Luego, organizamos las ollas comunes, las cadenas de agua y de solidaridad”.</p> <p> Viveke luego añade los momentos de mayor celebración: “Viera cómo celebramos todos cuando cayó la primera gran lluvia en septiembre. Después, el fuego amainó, y en tiempo de los bloqueos contra el (anterior) Gobierno, ya estábamos prácticamente organizados. Se rehabilitaron las cadenas de solidaridad y las ollas comunes. En noviembre se apagaron los fuegos y también renunció el presidente Evo Morales, y otra vez celebramos”.</p> <p> &nbsp;</p>

<p> Sabido es que las cicatrices del fuego resultan las más persistentes. Aunque hoy la vitalidad de la Chiquitanía reverdece la superficie aceleradamente, los incendios dejaron profundas marcas en los ecosistemas. También las dejaron en la memoria de la gente.</p> <p> “Hubo momentos en que era igual a esas imágenes de las explosiones atómicas –recuerda Viveke Taceó Toledo, que es bombero y funcionaria edil de Roboré–. Se levantaban como un hongo de humo y fogonazos. En las quebradas anunciaba como cuando llega viento, olía a quemado, sonaban chispas y luego el ruido de los árboles que empezaban a caer”.</p> <p> La percepción es similar en varios de los testigos de la catástrofe que castigó al país entre julio y noviembre de 2019. “Parecía como cuando en la televisión muestran eso que pasó en Japón –dice Edivaldo Parabá, vocal de la comunidad de Yororobá y también bombero voluntario–. Luego quedaban sólo cenizas y palos quemados. Con los cinco compañeros bomberos salíamos a las seis de la mañana y volvíamos por la noche, pasaban las semanas y no llegaba la ayuda internacional. Cuando nos sentábamos a descansar y conversar, algunos botaban lágrimas, otros, tristeza”.</p> <p> Los bomberos voluntarios de los municipios de la Chiquitanía fueron la vanguardia, los llamados, nunca mejor dicho, a la línea de fuego. En el pico de la crisis, a Edivaldo Parabá lo convocaron diariamente durante 35 días, Viveki Taceó trabajó sin descanso casi ocho semanas. Más de una voz relata que los seis bomberos voluntarios que habían sido entrenados en Roboré más decenas de indígenas, con sus propios saberes, salían primero. Los roborenses aún describen emocionados esas jornadas en las que, junto a las oleadas de fuego cercano, llegaban noticias de que el problema era peor en otras zonas. “Y el presidente Evo no declaraba desastre nacional y la ayuda internacional no llegaba”.</p> <p>  </p> <p> <strong>CICATRICES PROFUNDAS</strong></p> <p> Las quemaduras tuvieron tres niveles de intensidad. “En los incendios del norte, en la zona de Monteverde, se calcinó el bosque –explica el biólogo Juan Carlos Catari–. Hacia el centro, los informes muestran que hubo incendios de baja magnitud, eran fuegos rastreros donde se quemó el sotobosque, pero no las copas de los árboles. Al sur, en Ñembi Guasu (área protegida) el fuego lo calcinó también todo. Resultó tan fuerte que hallamos cerca del área del camino latas de cerveza chamuscadas, aluminio, es decir, hubo cerca de 300 grados de calor”.</p> <p> El biólogo también realiza una puntillosa diferenciación de la diversidad de bosques que existen en la zona y sus particulares ecosistemas. El bosque cerrado alto es un área acostumbrada a los incendios, ha evolucionado con ellos, aunque no con incendios tan intensos como estos. El bosque chiquitano bajo soportó los incendios rastreros, por ello su afectación resulta menor. Pero en Ñembi Guasu se tiene el área denominada Abayoy, compuesta por tupidos matorrales y suelo arenoso, no habituada a los fuegos. Fue afectada en extremo.</p> <p> Según la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), a nivel nacional se quemaron 6,4 millones de hectáreas de bosques. Un total de 4,1 millones correspondieron al departamento de Santa Cruz. Fueron afectadas tres áreas protegidas: San Matías (798.521 ha), Ñembi Guasu (446.217 ha) y Otuquis (390.304 ha). Los fuegos castigaron con intensidad a tres territorios indígenas: Monte Verde (258.121 ha), Lomerío (143.052 ha) y Cavireño (140.489 ha). Resultó la segunda mayor crisis histórica de este elemento en Bolivia, pero la mayor en territorio cruceño. El informe puntualiza que ocho sitios Ramsar (humedales de importancia internacional) resultaron afectados.</p> <p> Los 6,4 millones de hectáreas equivalen a la superficie del departamento de Pando. En el mundo existen cuatro países (Sri Lanka, Lituania, Letonia y Georgia) con una extensión similar y 73 con áreas menores. Y si bien este megaincendio suma un cóctel de causas, también tiene una lista de culpables. A lo que se suma una falta de ayuda oportuna y organizada para paliarlos.</p> <p>  </p> <p> <strong>¿QUIÉN INICIÓ EL FUEGO?</strong></p> <p> “Uno de los elementos para que hayamos tenido esos incendios fueron las condiciones climáticas –remarca Carlos Pinto, gerente de proyectos de la FAN–. Arrastrábamos condiciones de sequía, en julio y agosto hubo intensas heladas que resecaron aún más el monte. A eso se sumaron vientos de más de 80 kilómetros por hora, baja humedad relativa y temperaturas de más de 40 grados centígrados. Era entonces un escenario altamente peligroso, muy sensible a cualquier fuego inicial, quién sabe a cualquier chispazo”.</p> <p> A los efectos del ya perceptible cambio climático en la región el experto añade las políticas relativas al uso de la tierra. Se autorizaron “quemas controladas” o chaqueos en un escenario prohibitivo, pues para que tengan ese carácter existe una lista de condiciones: vientos menores a los 28 kilómetros por hora, lluvias previas, humedad relativa mayor a 30 grados, cortafuegos adecuados, inspecciones previas, supervisión, etc. Así, el o los “chispazos” iniciales bien pudieron haber surgido de cualquiera de las 334 mil hectáreas que se buscaba desmontar en semejantes condiciones. O sea, apenas el 5 por ciento del total.</p> <p> A ello se suma el crecimiento demográfico que se ha acelerado en la región. Sobre la Chiquitanía van avanzando diversos intereses empresariales y comunales que desatan disputas por la tenencia de sus fértiles tierras. “Cada año hay más solicitudes de tierras –dice Carlos Ragone, secretario general de la Alcaldía de Roboré–. Estamos aún lejos de la agroindustria, pero cada vez ésta avanza más. Me preocupa porque acá todavía consideramos que calidad de vida tiene que ver con calidad de medio ambiente, pero parece que ellos no piensan así”.</p> <p> La sombra de la denominada “república unida de la soya” parece orientarse hacia la Chiquitanía desde diversos flancos. A algo más de 100 kilómetros al sur oeste de Roboré cunden campos deforestados por soyeros y luego expanden hasta prácticamente la propia capital cruceña. Al norte y noroeste surgen madereros y soyeros brasileños a quienes se ha denunciado varias veces por sus proyecciones hacia territorio boliviano. Por ello, hoy se debate aún sobre cuáles eran las razones reales para la tardanza en la reacción de las autoridades departamentales y las del anterior gobierno frente a los fuegos.</p> <p>  </p> <p> <strong>GRANDES INTERESES</strong></p> <p> “Lo que ha ocurrido no es casual –dice Miguel Crespo, director de la organización Productividad Biósfera y Medioambiente (Probioma)–. Responde a una geopolítica del agronegocio. La Chiquitanía forma parte del sistema hidrográfico Paraguay-Paraná, una planicie de inundación de esos ríos, el segundo sistema fluvial más grande de Sudamérica. Es un área de alta biodiversidad donde confluyen diversos sistemas, o sea, un lugar altamente estratégico en la región que influye en la Amazonía y la Cuenca del Plata. Ese proceso de avance del agronegocio, basado en intereses transnacionales, está afectando la biodiversidad y creando profundos desórdenes climáticos. También está desplazando a las comunidades locales, sus sistemas de producción armónicos con el medio ambiente y destruyendo prácticas socioculturales”.</p> <p> En la comunidad de Peniel, a 30 kilómetros al sur de Roboré, el fuego arrasó con la producción de frutas que les significaba buena parte de sus ingresos anuales. Diecisiete familias, establecidas hace casi 16 años, batallaron durante ya tres años con sequías, organizaron nuevos proyectos productivos y aún buscan dotarse de pozos artesianos. Pero el fuego llegó a amenazar la existencia de la propia comunidad, aunque no fue su único agresor.</p> <p> “Peniel es un nombre bíblico que resume lucha, victoria y bendición, así más o menos estamos –dice Willman Weber Tucubé, dirigente de la comunidad–. Lo curioso es que hace un tiempo apareció un supuesto dueño de nuestras tierras, pese a que tenemos todos los papeles. Es un comerciante empresario de Cochabamba que se está comprando y engordando tierras en diversas partes. Nos abrió demanda. Y mire cómo son las cosas, en plenos incendios, la jueza en Santa Cruz se puso a avanzar el proceso en nuestra contra. Pero vamos a luchar y vamos a ganar”.</p> <p> El fuego no logró arrasar a Peniel como tampoco pudo con Yeroroba, Quitunuquiya, San Lorenzo y otras comunidades a las que llegó a tiznar y casi asfixiar. Los comunarios recuerdan que durante varios días, niños, ancianos y la mayoría de las mujeres fueron evacuados. Mientras los varones frenaban las llamas antes de que lleguen a cebarse con las casas. Mientras la ayuda nacional llegaba de manera caótica y la extranjera especializada a cuenta gotas porque el gobierno se resistía a pedirla.</p> <p>  </p> <p> <strong>EL BOSQUE EN TERAPIA</strong></p> <p> Donde los daños tienen pronóstico reservado y desde diciembre se hallan en proceso de cada vez mayor investigación es en Ñembi Guasu, Monte Verde y otras zonas como San Matías. “Hicimos estudios entre áreas quemadas y áreas testigo –dice Juan Carlos Catari quien realizó un informe para la Gobernación–. Nos muestran que en Ñembi Guasu se perdió más de la mitad de las especies de plantas que había. De la otra mitad que ha quedado retoñando no se sabe cómo va a reaccionar en el año que corre. También, en cuanto a riqueza de especies, hemos establecido que se ha perdido más de la mitad”.</p> <p> ¿Cuánto tiempo tarda un ecosistema en regenerarse? Catari pone como indicador un caso: la construcción del gasoducto a Brasil. Entonces, a mediados de los años 90 se abrió una franja de 20 metros de ancho por más de 200 kilómetros en medio de zonas similares a las afectadas hoy. Luego de 20 años, el bosque renacido bordea los 8 a 10 metros de altura, cuando su altura normal alcanza los 25 metros. En cuanto a la cantidad de especies aún no se cuenta ni con la mitad de lo que tendría un bosque maduro.</p> <p> En Ñembi Guasu la afectación encuadra un área de 50 kilómetros de ancho por 70 de largo aproximadamente. Ello deja a la imaginación cuánto tardará el bosque en regenerase. En relación a la fauna las organizaciones ambientalistas señalan que han sido afectados cientos de millones de ejemplares de 554 especies distintas mientras avanzan las evaluaciones sobre su capacidad de supervivencia. “En un ecosistema que ya brinda pocos recursos alimenticios la fauna tenderá a buscar otros sitios –dice Catari–. Depende además de que a estos ecosistemas no se los perturbe más, su gran riesgo que se aproveche lo sucedido para cambiar el uso de suelo”.</p> <p> Así la lucha hacia el futuro radica en evitar que los intereses agroempresariales impidan que el bosque cicatrice y recupere. Se teme que se quiera habilitar esas zonas para ganadería o monocultivos. Por ahora, la Gobernación ha declarado área de protección e inmovilización a los 3,51 millones de hectáreas más afectadas por los fuegos. La esperanza de expertos y ambientalistas es que la medida rija efectivamente por al menos un lustro.</p> <p>  </p> <p> <strong>CELEBRACIONES</strong></p> <p> Ese es el saldo de lo que el fuego se llevó tras más de cuatro meses de un incendio sin precedentes. Suma además el dolor por las muertes de cuatro bomberos voluntarios en la zona y de tres más en otros departamentos. En ese escenario un primer manto verde de esperanza va cubriendo la Chiquitanía donde también se rescata lo positivo que llegó con el fuego.</p> <p> “Sentimos cómo fue creciendo la solidaridad de la gente de todo el país –recuerda Viveke–. Vimos el cabildo y las movilizaciones que reclamaban al Gobierno la declaratoria de desastre para la ayuda internacional. Acá también fue muy lindo cómo todos nos unimos frente a la desgracia, viera, lloré al ver a los comerciantes que nos preparaban comida cuando salíamos del monte. Luego, organizamos las ollas comunes, las cadenas de agua y de solidaridad”.</p> <p> Viveke luego añade los momentos de mayor celebración: “Viera cómo celebramos todos cuando cayó la primera gran lluvia en septiembre. Después, el fuego amainó, y en tiempo de los bloqueos contra el (anterior) Gobierno, ya estábamos prácticamente organizados. Se rehabilitaron las cadenas de solidaridad y las ollas comunes. En noviembre se apagaron los fuegos y también renunció el presidente Evo Morales, y otra vez celebramos”.</p> <p>  </p>

Sabido es que las cicatrices del fuego resultan las más persistentes. Aunque hoy la vitalidad de la Chiquitanía reverdece la superficie aceleradamente, los incendios dejaron profundas marcas en los ecosistemas. También las dejaron en la memoria de la gente.

Sabido es que las cicatrices del fuego resultan las más persistentes. Aunque hoy la vitalidad de la Chiquitanía reverdece la superficie aceleradamente, los incendios dejaron profundas marcas en los ecosistemas. También las dejaron en la memoria de la gente.

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<p class="rtejustify"> Los resultados preliminares de la auditoría jurídica a los procesos de dotación de tierras fiscales en la Chiquitanía, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), revelan irregularidades, vinculadas con el incumplimiento de trabajos comunitarios, en los 20 asentamientos que fueron inspeccionados hasta la fecha. La reversión de estas tierras será evaluada.</p> <p class="rtejustify"> Pero al margen de las irregularidades, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Copobianco, denunció a un dirigente del municipio de Pailón, identificado como Henry León, por obstaculizar, con amenazas, el trabajo de fiscalización que llevan a cabo los técnicos del INRA.</p> <p class="rtejustify"> La Ministra informó que la verificación a las comunidades que cuentan con resoluciones de asentamiento otorgadas por el INRA durante el Gobierno de Evo Morales demostró la existencia de “muchas irregularidades”, puesto que dichas comunidades “no están haciendo un trabajo comunitario” y que, por el contrario, trabajan como si se tratara de propiedades independientes.</p> <p class="rtejustify"> Capobianco precisó que el INRA cuenta con un censo de las familias que integran cada comunidad, pero la inspección demostró la presencia de otros grupos. “No están quienes deberían estar asentados y se ha podido detectar muchas irregularidades hasta ahora. Este es un informe preliminar porque no se ha concluido todavía trabajo de investigación”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> El viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, agregó que la auditoría, que hasta la fecha alcanzó a 20 comunidades de Pailón, dio cuenta que no existe la cantidad de viviendas que puedan incorporar al número de familias inscritas en la comunidad.</p> <p class="rtejustify"> Terrazas dijo que “el tipo de trabajo en el campo es un trabajo general, no es un trabajo por parcelas” como lo establece la resolución de asentamiento.</p> <p class="rtejustify"> La Ministra informó que se analizará de manera independiente cada asentamiento, y en caso de que no cumplan con la función económica y social serán revertidos. “Vamos a ver todas las acciones legales con dotaciones que no están cumpliendo el fin para el cual fueron entregadas; no puedan continuar en esas manos”, dijo Capobianco.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Obstaculización</strong></p> <p class="rtejustify"> La inspección que realizaba un grupo de técnicos del INRA y del Viceministerio de Tierras en las comunidades campesinas Los Sauces I y Los Sauces II fue obstaculizada por un dirigente identificado como Henry León, quien amenazó a los funcionarios.</p> <p class="rtejustify"> Capobianco informó que este hecho fue denunciado ante la Policía, pues se trata de una “conducta totalmente delictiva”. “Esta es una segunda denuncia contra Henry León, del clan León que se le ha llamado varias veces. Imagino que personas allegadas a él han sido beneficiadas con varios asentamientos y por eso es que no quieren que se ingrese para que no se vea la realidad”, señaló la autoridad.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>INRA ENTREGARÁ 60.000 TÍTULOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, informó que el INRA trabaja en la elaboración de un cronograma de entrega de al menos 58.000 títulos de propiedad en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Según la autoridad, hasta la fecha se entregaron 1.000 de 9.000 títulos en Santa Cruz. Posteriormente, se continuará con Cochabamba y La Paz donde hay 32.000 y 18.000 títulos, respectivamente, en espera.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Dichos documentos permanecen archivados sin ningún justificativo desde hace varios años por decisión del Gobierno de Evo Morales.</p>

<p class="rtejustify"> Los resultados preliminares de la auditoría jurídica a los procesos de dotación de tierras fiscales en la Chiquitanía, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), revelan irregularidades, vinculadas con el incumplimiento de trabajos comunitarios, en los 20 asentamientos que fueron inspeccionados hasta la fecha. La reversión de estas tierras será evaluada.</p> <p class="rtejustify"> Pero al margen de las irregularidades, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Copobianco, denunció a un dirigente del municipio de Pailón, identificado como Henry León, por obstaculizar, con amenazas, el trabajo de fiscalización que llevan a cabo los técnicos del INRA.</p> <p class="rtejustify"> La Ministra informó que la verificación a las comunidades que cuentan con resoluciones de asentamiento otorgadas por el INRA durante el Gobierno de Evo Morales demostró la existencia de “muchas irregularidades”, puesto que dichas comunidades “no están haciendo un trabajo comunitario” y que, por el contrario, trabajan como si se tratara de propiedades independientes.</p> <p class="rtejustify"> Capobianco precisó que el INRA cuenta con un censo de las familias que integran cada comunidad, pero la inspección demostró la presencia de otros grupos. “No están quienes deberían estar asentados y se ha podido detectar muchas irregularidades hasta ahora. Este es un informe preliminar porque no se ha concluido todavía trabajo de investigación”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> El viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, agregó que la auditoría, que hasta la fecha alcanzó a 20 comunidades de Pailón, dio cuenta que no existe la cantidad de viviendas que puedan incorporar al número de familias inscritas en la comunidad.</p> <p class="rtejustify"> Terrazas dijo que “el tipo de trabajo en el campo es un trabajo general, no es un trabajo por parcelas” como lo establece la resolución de asentamiento.</p> <p class="rtejustify"> La Ministra informó que se analizará de manera independiente cada asentamiento, y en caso de que no cumplan con la función económica y social serán revertidos. “Vamos a ver todas las acciones legales con dotaciones que no están cumpliendo el fin para el cual fueron entregadas; no puedan continuar en esas manos”, dijo Capobianco.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Obstaculización</strong></p> <p class="rtejustify"> La inspección que realizaba un grupo de técnicos del INRA y del Viceministerio de Tierras en las comunidades campesinas Los Sauces I y Los Sauces II fue obstaculizada por un dirigente identificado como Henry León, quien amenazó a los funcionarios.</p> <p class="rtejustify"> Capobianco informó que este hecho fue denunciado ante la Policía, pues se trata de una “conducta totalmente delictiva”. “Esta es una segunda denuncia contra Henry León, del clan León que se le ha llamado varias veces. Imagino que personas allegadas a él han sido beneficiadas con varios asentamientos y por eso es que no quieren que se ingrese para que no se vea la realidad”, señaló la autoridad.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>INRA ENTREGARÁ 60.000 TÍTULOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, informó que el INRA trabaja en la elaboración de un cronograma de entrega de al menos 58.000 títulos de propiedad en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Según la autoridad, hasta la fecha se entregaron 1.000 de 9.000 títulos en Santa Cruz. Posteriormente, se continuará con Cochabamba y La Paz donde hay 32.000 y 18.000 títulos, respectivamente, en espera.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Dichos documentos permanecen archivados sin ningún justificativo desde hace varios años por decisión del Gobierno de Evo Morales.</p>

Los resultados preliminares de la auditoría jurídica a los procesos de dotación de tierras fiscales en la Chiquitanía, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)

Los resultados preliminares de la auditoría jurídica a los procesos de dotación de tierras fiscales en la Chiquitanía, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)

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