<p class="rtejustify"> Tras críticas, incluso de organismos internacionales, la presidente Jeanine Áñez y su gabinete analizan el Decreto Supremo 4231 que advierte de consecuencias penales por informaciones contrarias a la cuarentena.</p> <p class="rtejustify"> <strong>“Nos hemos pronunciado sobre este decreto ayer (martes), sin embargo, vamos a analizar mañana (jueves) en nuestro gabinete, cual es la respuesta que nosotros vamos a tener”</strong>, manifestó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, consultado respecto a la petición de la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).</p> <p class="rtejustify"> Ayer, la Oacnudh pidió al Gobierno la modificación de la cuestionada norma tras considerar que podría criminalizar la libertad de expresión.</p> <p class="rtejustify"> “El Decreto Supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”, indicó el organismo internacional a través de su cuenta de Twitter.</p> <p class="rtejustify"> El 7 de mayo el Gobierno puso en vigencia el Decreto Supremo 4231, que dispone que las personas que difundan información, “sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.</p> <p class="rtejustify"> El DS 4231 modifica los parágrafos II de los artículos 7 y 13 de las leyes 4199 y 4200. Las normas modificadas hacían referencia a la desinformación, contrariamente a lo que especifica el DS 4231 promulgado el 7 de mayo pasado, porque se establece la penalización de la “difusión de información”.</p>

<p class="rtejustify"> Tras críticas, incluso de organismos internacionales, la presidente Jeanine Áñez y su gabinete analizan el Decreto Supremo 4231 que advierte de consecuencias penales por informaciones contrarias a la cuarentena.</p> <p class="rtejustify"> <strong>“Nos hemos pronunciado sobre este decreto ayer (martes), sin embargo, vamos a analizar mañana (jueves) en nuestro gabinete, cual es la respuesta que nosotros vamos a tener”</strong>, manifestó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, consultado respecto a la petición de la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).</p> <p class="rtejustify"> Ayer, la Oacnudh pidió al Gobierno la modificación de la cuestionada norma tras considerar que podría criminalizar la libertad de expresión.</p> <p class="rtejustify"> “El Decreto Supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”, indicó el organismo internacional a través de su cuenta de Twitter.</p> <p class="rtejustify"> El 7 de mayo el Gobierno puso en vigencia el Decreto Supremo 4231, que dispone que las personas que difundan información, “sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.</p> <p class="rtejustify"> El DS 4231 modifica los parágrafos II de los artículos 7 y 13 de las leyes 4199 y 4200. Las normas modificadas hacían referencia a la desinformación, contrariamente a lo que especifica el DS 4231 promulgado el 7 de mayo pasado, porque se establece la penalización de la “difusión de información”.</p>

Tras críticas, incluso de organismos internacionales, la presidente Jeanine Áñez y su gabinete analizan el Decreto Supremo 4231 que advierte de consecuencias penales por informaciones contrarias a la cuarentena.

Tras críticas, incluso de organismos internacionales, la presidente Jeanine Áñez y su gabinete analizan el Decreto Supremo 4231 que advierte de consecuencias penales por informaciones contrarias a la cuarentena.

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<p class="rtejustify"> La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) pidió hoy al Gobierno que modifique el Decreto Supremo 4231 tras considerar que la cuestionada norma podría criminalizar la libertad de expresión.</p> <p class="rtejustify"> “El Decreto Supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”, indicó el organismo internacional a través de su cuenta de Twitter.</p> <p class="rtejustify"> El 7 de mayo el Gobierno puso en vigencia el Decreto Supremo 4231, que dispone que las personas que difundan información, “sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.</p> <p class="rtejustify"> El DS 4231 modifica los parágrafos II de los artículos 7 y 13 de las leyes 4199 y 4200. Las normas modificadas hacían referencia a la desinformación, contrariamente a lo que especifica el DS 4231 promulgado el 7 de mayo pasado, porque se establece la penalización de la “difusión de información”.</p> <p class="rtejustify"> El sector cultural y artístico, así como también de diferentes gremios de la prensa, rechazan ese Decreto Supremo que restringe la libertad de expresión en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus.</p>

<p class="rtejustify"> La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) pidió hoy al Gobierno que modifique el Decreto Supremo 4231 tras considerar que la cuestionada norma podría criminalizar la libertad de expresión.</p> <p class="rtejustify"> “El Decreto Supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”, indicó el organismo internacional a través de su cuenta de Twitter.</p> <p class="rtejustify"> El 7 de mayo el Gobierno puso en vigencia el Decreto Supremo 4231, que dispone que las personas que difundan información, “sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.</p> <p class="rtejustify"> El DS 4231 modifica los parágrafos II de los artículos 7 y 13 de las leyes 4199 y 4200. Las normas modificadas hacían referencia a la desinformación, contrariamente a lo que especifica el DS 4231 promulgado el 7 de mayo pasado, porque se establece la penalización de la “difusión de información”.</p> <p class="rtejustify"> El sector cultural y artístico, así como también de diferentes gremios de la prensa, rechazan ese Decreto Supremo que restringe la libertad de expresión en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus.</p>

La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió hoy al Gobierno que modifique el Decreto Supremo 4231 tras considerar que la cuestionada norma podría criminalizar la libertad de expresión.

La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió hoy al Gobierno que modifique el Decreto Supremo 4231 tras considerar que la cuestionada norma podría criminalizar la libertad de expresión.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,

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<p class="rtejustify"> La aprobación de los procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña, algodón, trigo y soya genéticamente modificados, que deberá efectuarse hasta el 17 de mayo como establece el Decreto Supremo 4232, representa el primer paso para el uso de transgénicos, ya que posteriormente inicia la validación de materiales que tomará entre 18 a 24 meses.</p> <p class="rtejustify"> Estos plazos hacen que la medida gubernamental no sea una respuesta inmediata a la posible crisis alimentaria como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, al menos la mitad de la parte considerativa del decreto hace referencia a la Covid-19, lo cual fue cuestionado por actores políticos de oposición y grupos ambientalistas.</p> <p class="rtejustify"> Aunque el decreto autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer los procedimientos abreviados para la evaluación de los mencionados cultivos transgénicos, esto no implica que el uso de estos sea inmediato.</p> <p class="rtejustify"> Según el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz (Cinacruz), Juvenal Bonilla, dicho comité analizará la información referente a eventos biotecnológicos investigados y aprobados en países vecinos para dar paso a la validación de estos en suelos bolivianos. Ello permitirá identificar posibles problemas en la salud o en el medioambiente.</p> <p class="rtejustify"> Menciona que la validación involucra realizar pruebas de campo, lo que exige un plazo de 18 a 24 meses. De eso se trata el procedimiento abreviado, pues el desarrollo normal de un evento transgénico tomaría más tiempo.</p> <p class="rtejustify"> Bonilla añade que ese trabajo debe ser coordinado con las empresas que desarrollaron la tecnología. Al concluir las pruebas de campo, se dará paso, con el aval del comité, a la siembra comercial de dichos productos transgénicos.</p> <p class="rtejustify"> El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, señala que el sector agrícola, al haber incorporado dicha tecnología, estará en condiciones de generar 2.800 millones de dólares adicionales por año y crear al menos 300 mil empleos, entre directos e indirectos.</p> <p class="rtejustify"> Justiniano afirma que la biotecnología permite incrementar los rendimientos en los cultivos. Calcula que, por ejemplo, la producción de maíz puede triplicarse y la de soya incrementarse en 30 por ciento, lo que permitirá incrementar unas 600 mil toneladas de alimentos sin necesidad de ampliar la frontera agrícola.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Según datos de la CAO, con el uso de la biotecnología se dejará de importar 2.000 toneladas de pesticidas por año. </strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>CULTIVAN 50 MIL HA DE MODO ILEGAL</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El presidente de Cinacruz, Juvenal Bonilla, menciona que actualmente se cultiva al menos 50 mil hectáreas de soya BT, una variedad transgénica que no está autorizada.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Afirma que el cultivo de maíz transgénico abarca una superficie mayor, pues las semillas fueron importadas de manera ilegal de Paraguay y Argentina.<br> Explica que estas variedades, al no estar plenamente adaptadas a nuestro medio, pueden provocar problemas medioambientales.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>CUESTIONAN USO DE LA PANDEMIA PARA PROMULGAR DECRETO DE TRANSGÉNICOS </strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <em><strong>JOSUÉ HINOJOSA</strong></em></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de un comunicado, cuestionó al Gobierno nacional por la promulgación del Decreto Supremo 4232 de “forma intempestiva” y “en plena emergencia sanitaria”, argumentando que la norma busca privilegiar un modelo económico por encima de la salud y la vida.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Este modelo favorece a las transnacionales y a algunos empresarios ligados a ellas, cuando la pandemia llama al favorecimiento de la producción familiar, indígena originario campesina o la agroecología que favorezcan una alimentación sana”, dice documento.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Cabe mencionar que el decreto, en su parte considerativa, refiere que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como una pandemia mundial y que los Estados deberán asumir acciones a fin de precautelar la salud y la integridad de la población.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Por su parte, el director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, considera que el Gobierno aprovechó la situación de emergencia sanitaria para dar vía libre al cultivo de alimentos genéticamente modificados con la excusa de que el sector agropecuario de Santa Cruz necesita apoyo al verse perjudicado económicamente por la pandemia del coronavirus.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Sin embargo, afirma que dicho sector fue uno de los pocos que contó con licencia para transitar y continuar sus actividades desde el inicio de la cuarentena.</p>

<p class="rtejustify"> La aprobación de los procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña, algodón, trigo y soya genéticamente modificados, que deberá efectuarse hasta el 17 de mayo como establece el Decreto Supremo 4232, representa el primer paso para el uso de transgénicos, ya que posteriormente inicia la validación de materiales que tomará entre 18 a 24 meses.</p> <p class="rtejustify"> Estos plazos hacen que la medida gubernamental no sea una respuesta inmediata a la posible crisis alimentaria como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, al menos la mitad de la parte considerativa del decreto hace referencia a la Covid-19, lo cual fue cuestionado por actores políticos de oposición y grupos ambientalistas.</p> <p class="rtejustify"> Aunque el decreto autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer los procedimientos abreviados para la evaluación de los mencionados cultivos transgénicos, esto no implica que el uso de estos sea inmediato.</p> <p class="rtejustify"> Según el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz (Cinacruz), Juvenal Bonilla, dicho comité analizará la información referente a eventos biotecnológicos investigados y aprobados en países vecinos para dar paso a la validación de estos en suelos bolivianos. Ello permitirá identificar posibles problemas en la salud o en el medioambiente.</p> <p class="rtejustify"> Menciona que la validación involucra realizar pruebas de campo, lo que exige un plazo de 18 a 24 meses. De eso se trata el procedimiento abreviado, pues el desarrollo normal de un evento transgénico tomaría más tiempo.</p> <p class="rtejustify"> Bonilla añade que ese trabajo debe ser coordinado con las empresas que desarrollaron la tecnología. Al concluir las pruebas de campo, se dará paso, con el aval del comité, a la siembra comercial de dichos productos transgénicos.</p> <p class="rtejustify"> El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, señala que el sector agrícola, al haber incorporado dicha tecnología, estará en condiciones de generar 2.800 millones de dólares adicionales por año y crear al menos 300 mil empleos, entre directos e indirectos.</p> <p class="rtejustify"> Justiniano afirma que la biotecnología permite incrementar los rendimientos en los cultivos. Calcula que, por ejemplo, la producción de maíz puede triplicarse y la de soya incrementarse en 30 por ciento, lo que permitirá incrementar unas 600 mil toneladas de alimentos sin necesidad de ampliar la frontera agrícola.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Según datos de la CAO, con el uso de la biotecnología se dejará de importar 2.000 toneladas de pesticidas por año. </strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>CULTIVAN 50 MIL HA DE MODO ILEGAL</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El presidente de Cinacruz, Juvenal Bonilla, menciona que actualmente se cultiva al menos 50 mil hectáreas de soya BT, una variedad transgénica que no está autorizada.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Afirma que el cultivo de maíz transgénico abarca una superficie mayor, pues las semillas fueron importadas de manera ilegal de Paraguay y Argentina.<br /><br /> Explica que estas variedades, al no estar plenamente adaptadas a nuestro medio, pueden provocar problemas medioambientales.</p> <p class="rteindent1 rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>CUESTIONAN USO DE LA PANDEMIA PARA PROMULGAR DECRETO DE TRANSGÉNICOS </strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <em><strong>JOSUÉ HINOJOSA</strong></em></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de un comunicado, cuestionó al Gobierno nacional por la promulgación del Decreto Supremo 4232 de “forma intempestiva” y “en plena emergencia sanitaria”, argumentando que la norma busca privilegiar un modelo económico por encima de la salud y la vida.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Este modelo favorece a las transnacionales y a algunos empresarios ligados a ellas, cuando la pandemia llama al favorecimiento de la producción familiar, indígena originario campesina o la agroecología que favorezcan una alimentación sana”, dice documento.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Cabe mencionar que el decreto, en su parte considerativa, refiere que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como una pandemia mundial y que los Estados deberán asumir acciones a fin de precautelar la salud y la integridad de la población.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Por su parte, el director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, considera que el Gobierno aprovechó la situación de emergencia sanitaria para dar vía libre al cultivo de alimentos genéticamente modificados con la excusa de que el sector agropecuario de Santa Cruz necesita apoyo al verse perjudicado económicamente por la pandemia del coronavirus.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Sin embargo, afirma que dicho sector fue uno de los pocos que contó con licencia para transitar y continuar sus actividades desde el inicio de la cuarentena.</p>

La aprobación de los procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña, algodón, trigo y soya genéticamente modificados

La aprobación de los procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña, algodón, trigo y soya genéticamente modificados

<p class="rtejustify"> La presidenta del Senado, Eva Copa, anunció hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para dejar sin efecto el Decreto Supremo 4232, que da vía libre al uso de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya a través de procesos abreviados.</p> <p class="rtejustify"> “Vamos a hacer una representación ante el TCP porque es una normativa que va en contra de la Constitución y la salud de todos los bolivianos y además que esto vulnera totalmente todo el tema de la Madre Tierra y la soberanía alimentaria y solo favorece a un sector al cual representa el nuevo ministro Ortiz”, señaló en una entrevista en radio Éxito.</p> <p class="rtejustify"> El decreto que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer mecanismos abreviados para a evaluación de semillas transgénicas en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> La medida se asume pese al rechazo de organizaciones, instituciones y colectivos. Los sectores aseguran que se atenta contra la seguridad alimentaria de Bolivia y advierten que las semillas transgénicas pueden tener impactos negativos en la salud humana y en el medioambiente.</p> <p class="rtejustify"> El Gobierno asegura que el uso de semillas transgénicas permitirá fomentar mayor productividad para fortalecer la seguridad alimentaria boliviana y generará mayores ingresos en las exportaciones.</p>

<p class="rtejustify"> La presidenta del Senado, Eva Copa, anunció hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para dejar sin efecto el Decreto Supremo 4232, que da vía libre al uso de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya a través de procesos abreviados.</p> <p class="rtejustify"> “Vamos a hacer una representación ante el TCP porque es una normativa que va en contra de la Constitución y la salud de todos los bolivianos y además que esto vulnera totalmente todo el tema de la Madre Tierra y la soberanía alimentaria y solo favorece a un sector al cual representa el nuevo ministro Ortiz”, señaló en una entrevista en radio Éxito.</p> <p class="rtejustify"> El decreto que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer mecanismos abreviados para a evaluación de semillas transgénicas en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> La medida se asume pese al rechazo de organizaciones, instituciones y colectivos. Los sectores aseguran que se atenta contra la seguridad alimentaria de Bolivia y advierten que las semillas transgénicas pueden tener impactos negativos en la salud humana y en el medioambiente.</p> <p class="rtejustify"> El Gobierno asegura que el uso de semillas transgénicas permitirá fomentar mayor productividad para fortalecer la seguridad alimentaria boliviana y generará mayores ingresos en las exportaciones.</p>

La presidenta del Senado, Eva Copa, anunció hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para dejar sin efecto el Decreto Supremo 4232, que da vía libre al uso de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya a través de procesos abreviados.

La presidenta del Senado, Eva Copa, anunció hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para dejar sin efecto el Decreto Supremo 4232, que da vía libre al uso de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya a través de procesos abreviados.