<p class="rtejustify"> En el país se ha introducido un estilo de gobierno en el relacionamiento Estado–sociedad –con variantes según el régimen– donde están empoderados el sobreprecio y la dádiva como métodos de conducta en la compra y adjudicación de bienes y servicios. Ese estilo llegó a reproducirse en niveles subnacionales cuando la Participación Popular tomó brío, lo que en definitiva configuró un escenario donde se estructuró una suerte de prisión en la que pagabas, o pagabas.</p> <p class="rtejustify"> En la actualidad, probablemente ese resabio y los hechos que se sucedieron desde la asunción de la señora Áñez hayan contribuido a que las encuestas no la favorezcan en este momento. Quizá, y solo quizá, si así no hubiera sucedido (me refiero a “los hechos”), los efectos políticos y electorales de la Covid-19 no le habrían sido tan perjudiciales.</p> <p class="rtejustify"> Pero más allá de esas consideraciones, cuando el Gobierno asume el control del Estado, lo hace frente a un escenario poco deseado y abruptamente polarizado a partir de la pandemia. No solo fue el desafío de asumir la construcción de un sistema de salud esquelético, sino que la base masista construida desde el Estado y sus Órganos, durante los últimos 14 años, activó una estratagema de desestabilización que ha colocado al Estado en situación de terapia intensiva.</p> <p class="rtejustify"> Me explico. La Asamblea Legislativa, a través de los 2/3, ha desatado un boicot de tal envergadura, que se ha priorizado la conducta vengativa del exrégimen por la pérdida de poder y privilegios, a la aprobación de créditos que hoy hacen falta para la salud. El TSE ha asumido, a través de su presidente, una postura pusilánime ante hechos que requerían la fuerza de la institucionalidad recuperada. Me refiero al inaceptable financiamiento para campañas; a la aparición de “votantes” en Argentina y a la tibieza en afrontar acciones penales fruto del fraude.</p> <p class="rtejustify"> Por si fuera poco, el TSJ ha exteriorizado una crisis interna, al punto que hoy surgen una serie de dudas sobre la idoneidad de su presidente, a raíz de un pasado que lo vincularía –se denunció– directamente con el exrégimen; aquél, más allá de no cuidar las formas a tiempo de juramentar –dato no menor en escenarios como el judicial– deja un sabor a poco si acaso lo que se busca es una administración de justicia imparcial.</p> <p class="rtejustify"> Esa, la consecuencia, sin duda, del inaceptable voto en urnas establecido en la CPE para la elección de magistrados. Termino aquí. La forma de sortear todo este laberinto de intereses políticos y personales pasa por generar un gran acuerdo nacional que privilegie la institucionalidad, el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la atracción de inversión privada nacional y extranjera, la seguridad jurídica, la cualificación de una educación que mire al mundo y no a nuestros tobillos creyendo que al hacerlo somos revolucionarios en la materia, la construcción de un sistema de salud con capacidad de respuesta inmediata y el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico.</p> <p class="rtejustify"> Lo demás es discurso que busca ocultar una deleznable forma de evitar la construcción de un Estado capaz de ser sostenible en el tiempo.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong><em>El autor es abogado</em></strong></p>

<p class="rtejustify"> En el país se ha introducido un estilo de gobierno en el relacionamiento Estado–sociedad –con variantes según el régimen– donde están empoderados el sobreprecio y la dádiva como métodos de conducta en la compra y adjudicación de bienes y servicios. Ese estilo llegó a reproducirse en niveles subnacionales cuando la Participación Popular tomó brío, lo que en definitiva configuró un escenario donde se estructuró una suerte de prisión en la que pagabas, o pagabas.</p> <p class="rtejustify"> En la actualidad, probablemente ese resabio y los hechos que se sucedieron desde la asunción de la señora Áñez hayan contribuido a que las encuestas no la favorezcan en este momento. Quizá, y solo quizá, si así no hubiera sucedido (me refiero a “los hechos”), los efectos políticos y electorales de la Covid-19 no le habrían sido tan perjudiciales.</p> <p class="rtejustify"> Pero más allá de esas consideraciones, cuando el Gobierno asume el control del Estado, lo hace frente a un escenario poco deseado y abruptamente polarizado a partir de la pandemia. No solo fue el desafío de asumir la construcción de un sistema de salud esquelético, sino que la base masista construida desde el Estado y sus Órganos, durante los últimos 14 años, activó una estratagema de desestabilización que ha colocado al Estado en situación de terapia intensiva.</p> <p class="rtejustify"> Me explico. La Asamblea Legislativa, a través de los 2/3, ha desatado un boicot de tal envergadura, que se ha priorizado la conducta vengativa del exrégimen por la pérdida de poder y privilegios, a la aprobación de créditos que hoy hacen falta para la salud. El TSE ha asumido, a través de su presidente, una postura pusilánime ante hechos que requerían la fuerza de la institucionalidad recuperada. Me refiero al inaceptable financiamiento para campañas; a la aparición de “votantes” en Argentina y a la tibieza en afrontar acciones penales fruto del fraude.</p> <p class="rtejustify"> Por si fuera poco, el TSJ ha exteriorizado una crisis interna, al punto que hoy surgen una serie de dudas sobre la idoneidad de su presidente, a raíz de un pasado que lo vincularía –se denunció– directamente con el exrégimen; aquél, más allá de no cuidar las formas a tiempo de juramentar –dato no menor en escenarios como el judicial– deja un sabor a poco si acaso lo que se busca es una administración de justicia imparcial.</p> <p class="rtejustify"> Esa, la consecuencia, sin duda, del inaceptable voto en urnas establecido en la CPE para la elección de magistrados. Termino aquí. La forma de sortear todo este laberinto de intereses políticos y personales pasa por generar un gran acuerdo nacional que privilegie la institucionalidad, el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la atracción de inversión privada nacional y extranjera, la seguridad jurídica, la cualificación de una educación que mire al mundo y no a nuestros tobillos creyendo que al hacerlo somos revolucionarios en la materia, la construcción de un sistema de salud con capacidad de respuesta inmediata y el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico.</p> <p class="rtejustify"> Lo demás es discurso que busca ocultar una deleznable forma de evitar la construcción de un Estado capaz de ser sostenible en el tiempo.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong><em>El autor es abogado</em></strong></p>