<p class="rtejustify"> Un año ha transcurrido desde la aprobación del DS 3973, que permite el desmonte de tierras y la ampliación de la frontera agrícola mediante quemas y chaqueos, y que se considera como responsable de los enormes incendios que afectaron al país el año pasado. Hasta ahora, las autoridades de gobierno no han derogado la medida ni investigado a los posibles culpables de esos incendios. Como se trata de un decreto, no es necesario tener el respaldo del Legislativo para tomar la medida.</p> <p class="rtejustify"> Diversos activistas ambientalistas criticaron que el gobierno actual no haya hecho ningún cambio en esa y otras normas, que alientan la destrucción de los bosques en Bolivia. En julio de 2019 empezaron los incendios en la Amazonía y Chiquitania bolivianas, destruyendo casi seis millones de hectáreas, es decir una superficie mayor al departamento de Cochabamba y el doble de Bélgica. De ellas, medio millón correspondía a bosques y el resto a pastizales.</p> <p class="rtejustify"> La activista y líder del colectivo Ríos de Pie, Jhanisse Vaca Daza, indicó que la disposición no ha sido abrogada, pese a que fue uno de los principales pedidos de los cabildos de octubre de 2019 en Santa Cruz y La Paz, promovidos por personalidades que ahora están en el gobierno.</p> <p class="rtejustify"> “Al cumplirse un año y sin poder abrogarse este decreto nacional, estamos recordándoles a las autoridades que el pedido de abrogación de este decreto se hizo en los cabildos de octubre del año pasado y los cabildos son pedidos de democracia directa”, dijo Vaca a Página Siete.</p> <p class="rtejustify"> El director de la Fundación Solón, Pablo Solón, expresó hace un tiempo que: “Nadie se preocupa. Hay una impunidad que a mí me asusta. Las autoridades, y me refiero al gobierno, al ministerio público, a los jueces, nadie habla del tema del incendio y de la pérdida de millones de árboles y de animales”, dijo el ambientalista Pablo Solón.</p> <ul> <li class="rtejustify"> <span style="font-size:18px;"><strong>Impunidad</strong></span></li> </ul> <p class="rtejustify"> Solón agregó que “en el tema de impunidad no hemos podido identificar quién fue el culpable, qué medidas adoptamos contra los responsables de haber matado a la naturaleza en un país, además, que reconoce los derechos de la naturaleza. Nadie ha sido identificado”.</p> <p class="rtejustify"> Entre agosto y octubre de 2019 se produjeron los incendios de la Chiquitania y que recién terminaron gracias, en gran parte, a las lluvias.</p> <p class="rtejustify"> Como causa de los incendios se identificó entonces a los decretos supremos y leyes aprobadas durante la gestión del gobierno del MAS y que facilitaban las quemas y los chaqueos destinados a habilitar tierras para la ganadería y la agricultura. Al descontrolarse esas quemas, generaron uno de los peores incendios de bosques de la historia de Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Marco Gandarillas, un especialista en el tema, expresó que durante años no hubo diferencias sustanciales entre las posiciones económicas del MAS y las del actual gobierno.</p> <p class="rtejustify"> “La antigua oposición legislativa no tenía una diferencia de opinión sobre economía y planes de desarrollo con el gobierno de Evo Morales; las diferencias eran de corte político, pero en cuanto a modelos de economía y desarrollo económico no había diferencia”, dijo Gandarillas. “Nadie cuestionaba el corazón de la política económica del gobierno anterior, y los Demócratas menos que nadie”, agregó.</p> <ul> <li class="rtejustify"> <strong><span style="font-size:18px;">Leyes incendiarias</span></strong></li> </ul> <p class="rtejustify"> Las leyes aprobadas en la gestión del MAS, con apoyo de la entonces bancada de Demócratas, fueron la 337, de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que establece un “perdonazo” para los &nbsp;desmontes que se hayan ejecutado sin autorización entre 1996 y 2011; la 741, “que autoriza el desmonte para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias”; la 1098, de Aditivos de Origen Vegetal, para que Bolivia “ingrese en la era del etanol” y la producción de biocombustibles; la 1171, de Uso y Manejo Racional de Quemas, que reconoce “el manejo y uso del fuego como herramienta en la actividad productiva en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”; y el decreto supremo 3973, que autoriza los desmontes para incrementar la frontera agrícola destinada a las actividades ganaderas y agrícolas.</p> <p class="rtejustify"> Como una manera de protestar, Ríos de Pie proyectó imágenes del incendio que afectó el año pasado a la Chiquitania en el frontis del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en la ciudad de La Paz, y en la capilla del Cristo Redentor de Santa Cruz.</p> <p class="rtejustify"> De igual forma añadió que los incendios volvieron a comenzar en esta región del país y que sería “trágico” que los mismos empiecen de nuevo en medio de la pandemia del coronavirus (Covid-19) por el daño que puede ocasionar el humo al sistema respiratorio.</p>

<p class="rtejustify"> Un año ha transcurrido desde la aprobación del DS 3973, que permite el desmonte de tierras y la ampliación de la frontera agrícola mediante quemas y chaqueos, y que se considera como responsable de los enormes incendios que afectaron al país el año pasado. Hasta ahora, las autoridades de gobierno no han derogado la medida ni investigado a los posibles culpables de esos incendios. Como se trata de un decreto, no es necesario tener el respaldo del Legislativo para tomar la medida.</p> <p class="rtejustify"> Diversos activistas ambientalistas criticaron que el gobierno actual no haya hecho ningún cambio en esa y otras normas, que alientan la destrucción de los bosques en Bolivia. En julio de 2019 empezaron los incendios en la Amazonía y Chiquitania bolivianas, destruyendo casi seis millones de hectáreas, es decir una superficie mayor al departamento de Cochabamba y el doble de Bélgica. De ellas, medio millón correspondía a bosques y el resto a pastizales.</p> <p class="rtejustify"> La activista y líder del colectivo Ríos de Pie, Jhanisse Vaca Daza, indicó que la disposición no ha sido abrogada, pese a que fue uno de los principales pedidos de los cabildos de octubre de 2019 en Santa Cruz y La Paz, promovidos por personalidades que ahora están en el gobierno.</p> <p class="rtejustify"> “Al cumplirse un año y sin poder abrogarse este decreto nacional, estamos recordándoles a las autoridades que el pedido de abrogación de este decreto se hizo en los cabildos de octubre del año pasado y los cabildos son pedidos de democracia directa”, dijo Vaca a Página Siete.</p> <p class="rtejustify"> El director de la Fundación Solón, Pablo Solón, expresó hace un tiempo que: “Nadie se preocupa. Hay una impunidad que a mí me asusta. Las autoridades, y me refiero al gobierno, al ministerio público, a los jueces, nadie habla del tema del incendio y de la pérdida de millones de árboles y de animales”, dijo el ambientalista Pablo Solón.</p> <ul><li class="rtejustify"> <span style="font-size:18px;"><strong>Impunidad</strong></span></li> </ul><p class="rtejustify"> Solón agregó que “en el tema de impunidad no hemos podido identificar quién fue el culpable, qué medidas adoptamos contra los responsables de haber matado a la naturaleza en un país, además, que reconoce los derechos de la naturaleza. Nadie ha sido identificado”.</p> <p class="rtejustify"> Entre agosto y octubre de 2019 se produjeron los incendios de la Chiquitania y que recién terminaron gracias, en gran parte, a las lluvias.</p> <p class="rtejustify"> Como causa de los incendios se identificó entonces a los decretos supremos y leyes aprobadas durante la gestión del gobierno del MAS y que facilitaban las quemas y los chaqueos destinados a habilitar tierras para la ganadería y la agricultura. Al descontrolarse esas quemas, generaron uno de los peores incendios de bosques de la historia de Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Marco Gandarillas, un especialista en el tema, expresó que durante años no hubo diferencias sustanciales entre las posiciones económicas del MAS y las del actual gobierno.</p> <p class="rtejustify"> “La antigua oposición legislativa no tenía una diferencia de opinión sobre economía y planes de desarrollo con el gobierno de Evo Morales; las diferencias eran de corte político, pero en cuanto a modelos de economía y desarrollo económico no había diferencia”, dijo Gandarillas. “Nadie cuestionaba el corazón de la política económica del gobierno anterior, y los Demócratas menos que nadie”, agregó.</p> <ul><li class="rtejustify"> <strong><span style="font-size:18px;">Leyes incendiarias</span></strong></li> </ul><p class="rtejustify"> Las leyes aprobadas en la gestión del MAS, con apoyo de la entonces bancada de Demócratas, fueron la 337, de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que establece un “perdonazo” para los  desmontes que se hayan ejecutado sin autorización entre 1996 y 2011; la 741, “que autoriza el desmonte para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias”; la 1098, de Aditivos de Origen Vegetal, para que Bolivia “ingrese en la era del etanol” y la producción de biocombustibles; la 1171, de Uso y Manejo Racional de Quemas, que reconoce “el manejo y uso del fuego como herramienta en la actividad productiva en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”; y el decreto supremo 3973, que autoriza los desmontes para incrementar la frontera agrícola destinada a las actividades ganaderas y agrícolas.</p> <p class="rtejustify"> Como una manera de protestar, Ríos de Pie proyectó imágenes del incendio que afectó el año pasado a la Chiquitania en el frontis del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en la ciudad de La Paz, y en la capilla del Cristo Redentor de Santa Cruz.</p> <p class="rtejustify"> De igual forma añadió que los incendios volvieron a comenzar en esta región del país y que sería “trágico” que los mismos empiecen de nuevo en medio de la pandemia del coronavirus (Covid-19) por el daño que puede ocasionar el humo al sistema respiratorio.</p>

Un año ha transcurrido desde la aprobación del DS 3973, que permite el desmonte de tierras y la ampliación de la frontera agrícola mediante quemas y chaqueos.

Un año ha transcurrido desde la aprobación del DS 3973, que permite el desmonte de tierras y la ampliación de la frontera agrícola mediante quemas y chaqueos.