<p class="rtejustify"> Santiago de Chile |</p> <p class="rtejustify"> <strong>La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy un proyecto de reforma constitucional que busca permitir a los ciudadanos retirar el 10 por ciento de sus fondos previsionales</strong> para hace frente a las complicaciones económicas que está causado la pandemia de coronavirus.<br> <strong>La iniciativa contó con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones,</strong> y en los próximos días será debatida en el Senado, donde necesitará la aprobación de las tres quintas partes de la Cámara para prosperar.<br> <strong>El resultado supone un varapalo para el Gobierno</strong>, que considera que esta iniciativa impide que se acometa una reforma estructural del sistema de pensiones, y profundiza la crisis política en el seno del oficialismo, después de que 13 de sus diputados votarán a favor pese a las tratativas y negociaciones impulsadas por el Ejecutivo para convencerles de lo contrario.<br> El debate agitó también a la ciudadanía, que según las encuestas apoya mayoritariamente la iniciativa y que anoche lo demostró con un masivo cacerolazo a lo largo del país, evento que derivó en algunos actos violentos en la capital durante la madrugada.<br> <strong>Tras la aprobación esta tarde de la iniciativa, volvieron a escucharse cacerolazos desde los balcones de algunos barrios de Santiago de Chile</strong> así como bocinazos de automóviles celebrando el resultado.<br> Con esta reforma se busca establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial anticipado de los ahorros previsionales, con ocasión de la crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19, de tal manera que por única vez los afiliados al sistema de pensiones que lo deseen puedan retirar hasta el 10 por ciento de sus fondos de pensiones.<br> <strong>Estos fondos se encuentran depositados en las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),</strong> empresas privadas encargadas de gestionar el ahorro individual obligatorio en el que se basa el modelo chileno, mediante el cual cada trabajador aporta un 10 por ciento mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila.<br> El modelo previsional chileno, instaurado en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es altamente contestado por parte de la población desde hace años y fue uno de los motivos centrales del estallido social del pasado octubre.<br> <strong>Desde que la semana pasada los diputados de la oposición y 13 oficialistas respaldaran la idea general de legislar este retiro de pensiones,</strong> el Ejecutivo ha intentado convencer a los parlamentarios para reconsiderar su postura, incluso con el anuncio este mismo martes de un nuevo paquete de ayudas para la clase media.<br> Estas medidas no han surtido efecto y si bien tres diputados oficialistas cambiaron de opinión y hoy se abstuvieron, otros tres votaron a favor, por lo que de nuevo fueron 13 los legisladores del bloque de Gobierno los que apoyaron la reforma junto a la bancada opositora.<br> Desde la oposición se considera que las medidas del Gobierno en ayuda a la clase media no son suficientes, además de que llegan tarde, y se defiende "una ayuda inmediata y digna para la gente".<br> Tras la votación, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que la iniciativa aprobada "es un traspié que afecta a la clase media" y dijo que a la coalición de Gobierno le "faltó capacidad de trabajar con unidad" para haber evitado que saliera adelante.<br> De aprobarse en los próximos días en el Senado, Chile se sumaría a países como Perú y Australia que ya han permitido el retiro de fondos de pensiones durante la pandemia.<br> <strong>El retiro de los ahorros</strong><br> El proyecto establece que el monto mínimo a retirar será de 35 Unidades de Fomento (UF) -unidad monetaria cambiante de existencia no física que se utiliza en Chile para ajustar las transacciones comerciales, contables y bancarias de acuerdo a la inflación-, <strong>lo que equivale aproximadamente a un millón de pesos (unos 1.270 dólares). </strong><br> El monto máximo será equivalente a 150 UF, que son alrededor de 4,3 millones de pesos (unos 5.500 dólares).<br> En el caso de que el 10 por ciento corresponda a un monto menor a las 35 UF, los afiliados podrán retirar hasta dicho monto y, en el caso de que el monto total acumulado sea menor a las 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos.<br> Si el proyecto se convierte en ley, se permitirá retirar los ahorros en dos cuotas: la primera entrega será del 50 por ciento en un plazo máximo de 10 días hábiles luego de presentada la solicitud ante la AFP correspondiente; y la segunda entrega será del 50 por ciento restante en un plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior.</p>

<p class="rtejustify"> Santiago de Chile |</p> <p class="rtejustify"> <strong>La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy un proyecto de reforma constitucional que busca permitir a los ciudadanos retirar el 10 por ciento de sus fondos previsionales</strong> para hace frente a las complicaciones económicas que está causado la pandemia de coronavirus.<br /><br /><strong>La iniciativa contó con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones,</strong> y en los próximos días será debatida en el Senado, donde necesitará la aprobación de las tres quintas partes de la Cámara para prosperar.<br /><br /><strong>El resultado supone un varapalo para el Gobierno</strong>, que considera que esta iniciativa impide que se acometa una reforma estructural del sistema de pensiones, y profundiza la crisis política en el seno del oficialismo, después de que 13 de sus diputados votarán a favor pese a las tratativas y negociaciones impulsadas por el Ejecutivo para convencerles de lo contrario.<br /><br /> El debate agitó también a la ciudadanía, que según las encuestas apoya mayoritariamente la iniciativa y que anoche lo demostró con un masivo cacerolazo a lo largo del país, evento que derivó en algunos actos violentos en la capital durante la madrugada.<br /><br /><strong>Tras la aprobación esta tarde de la iniciativa, volvieron a escucharse cacerolazos desde los balcones de algunos barrios de Santiago de Chile</strong> así como bocinazos de automóviles celebrando el resultado.<br /><br /> Con esta reforma se busca establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial anticipado de los ahorros previsionales, con ocasión de la crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19, de tal manera que por única vez los afiliados al sistema de pensiones que lo deseen puedan retirar hasta el 10 por ciento de sus fondos de pensiones.<br /><br /><strong>Estos fondos se encuentran depositados en las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),</strong> empresas privadas encargadas de gestionar el ahorro individual obligatorio en el que se basa el modelo chileno, mediante el cual cada trabajador aporta un 10 por ciento mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila.<br /><br /> El modelo previsional chileno, instaurado en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es altamente contestado por parte de la población desde hace años y fue uno de los motivos centrales del estallido social del pasado octubre.<br /><br /><strong>Desde que la semana pasada los diputados de la oposición y 13 oficialistas respaldaran la idea general de legislar este retiro de pensiones,</strong> el Ejecutivo ha intentado convencer a los parlamentarios para reconsiderar su postura, incluso con el anuncio este mismo martes de un nuevo paquete de ayudas para la clase media.<br /><br /> Estas medidas no han surtido efecto y si bien tres diputados oficialistas cambiaron de opinión y hoy se abstuvieron, otros tres votaron a favor, por lo que de nuevo fueron 13 los legisladores del bloque de Gobierno los que apoyaron la reforma junto a la bancada opositora.<br /><br /> Desde la oposición se considera que las medidas del Gobierno en ayuda a la clase media no son suficientes, además de que llegan tarde, y se defiende "una ayuda inmediata y digna para la gente".<br /><br /> Tras la votación, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que la iniciativa aprobada "es un traspié que afecta a la clase media" y dijo que a la coalición de Gobierno le "faltó capacidad de trabajar con unidad" para haber evitado que saliera adelante.<br /><br /> De aprobarse en los próximos días en el Senado, Chile se sumaría a países como Perú y Australia que ya han permitido el retiro de fondos de pensiones durante la pandemia.<br /><br /><strong>El retiro de los ahorros</strong><br /><br /> El proyecto establece que el monto mínimo a retirar será de 35 Unidades de Fomento (UF) -unidad monetaria cambiante de existencia no física que se utiliza en Chile para ajustar las transacciones comerciales, contables y bancarias de acuerdo a la inflación-, <strong>lo que equivale aproximadamente a un millón de pesos (unos 1.270 dólares). </strong><br /><br /> El monto máximo será equivalente a 150 UF, que son alrededor de 4,3 millones de pesos (unos 5.500 dólares).<br /><br /> En el caso de que el 10 por ciento corresponda a un monto menor a las 35 UF, los afiliados podrán retirar hasta dicho monto y, en el caso de que el monto total acumulado sea menor a las 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos.<br /><br /> Si el proyecto se convierte en ley, se permitirá retirar los ahorros en dos cuotas: la primera entrega será del 50 por ciento en un plazo máximo de 10 días hábiles luego de presentada la solicitud ante la AFP correspondiente; y la segunda entrega será del 50 por ciento restante en un plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior.</p>

El resultado supone un varapalo para el Gobierno del presidente conservador Sebastián Piñera.

El resultado supone un varapalo para el Gobierno del presidente conservador Sebastián Piñera.

<p> Como en las bromas pesadas a quienes deciden jubilarse, tras más de dos décadas de haber ahorrado para ese beneficio, les esperan dos noticias: una “buena” y una mala. La “buena” es que el sistema calcula que viviremoscerca de 110 años. La mala señala que, una vez jubilados percibiremos, con suerte y a lo mucho, el 40 por ciento de nuestro salario. Eso por ahora, digamos, en un escenario precuarentena Covid-19 y sus aún no precisadas consecuencias. Consecuencias que, de a poco, ya se sienten.</p> <p> Probablemente sea una de las mayores contradicciones económicas que afectan a Bolivia en estos días: el mal manejo del fondo económico más grande de nuestra historia puede generar un ejército de personas muy molestas y con rentas miserables. La cuenta regresiva empezó a correr hace ya algunos años y los ajustes para evitar el colapso, según los expertos, cobran carácter de urgencia.</p> <p> Son los dineros que han capitalizado las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Según las proyecciones ya acumularon una megacifra en dólares: 19.600 millones a abril de 2020. Y, a estas alturas, probablemente bordean los 20 mil millones de dólares. Una cifra equivalente a tres años de nuestras exportaciones de gas, en su mejor momento (2013). Una cifra similar a la mitad de nuestro Producto Interno Bruto (el tan mentado PIB), es decir, casi la mitad del&nbsp;“valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final del país”.</p> <p> Una cifra que hoy triplica nuestras Reservas Internacionales y supera en casi 5 mil millones a las que tuvimos en el mejor momento de la bonanza gasífera. Una cifra que casi duplica a nuestra deuda externa. Es una cifra equivalente a 20 años de las remesas que religiosamente han mandado nuestros compatriotas autoexiliados desde España, Argentina, Chile, Brasil y varios otros países. O sea, harta plata.</p> <p> Pero este fondo pudo haber sido aún mayor o mucho mayor.&nbsp;<strong>“</strong>Los rendimientos del Fondo de Capitalización Individual disminuyeron sostenidamente, especialmente en los últimos 14 años –recuerda la&nbsp;ingeniera financiera Daniela Molina Kohl—. Dada la favorable coyuntura económica boliviana, se pudo haber desarrollado un mercado de capitales. Así valen las AFP. Este mercado habría permitido que los recursos de los Fondos de Capitalización individual lleguen a empresas. Pudo haber una significativa dinámica económica y productiva<strong>”.</strong></p> <p> <strong>Los golpes al sistema</strong></p> <p> Con ella coinciden varios reconocidos analistas. “Desafortunadamente, los fondos de pensiones fueron manejados con piloto automático”, ha señalado con metáfora incluida, por ejemplo, el economista Gustavo Rodríguez Cáceres. Incluso, organizaciones de aportantes observan lo mismo y han aventurado cifras sobre lo que podría adicionalmente haberse ganado, cifras que bordean los 8.000 millones de dólares.</p> <p> Una sorpresa extendida ante un hecho consumado. Sabido es que en Bolivia, en los últimos 14 y más años, los intereses bancarios resultaron ínfimos. Pero la mayor parte de los fondos de jubilación de los trabajadores (un 79,1 por ciento de lo invertido en el sector privado)&nbsp;&nbsp;fueron confiados a ese interés. Algo que no pasa en decenas de sistemas similares en gran parte del mundo. Peor aún, por si los intereses de los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) redituasen poco, el anterior gobierno forzó a que las AFP invirtieran en áreas aún menos rentables.</p> <p> Las cifras resultan claras. Según reportes de la Autoridad de Pensiones,&nbsp;en el sector estatal, vía bonos, se han invertido 5 mil millones de dólares, lo que representa el 26,35 por ciento del capital. Mientras tanto en el sector privado las inversiones ascendieron a 13.800 millones, lo que representa 72,51 por ciento y como recursos de alta liquidez quedó el 1,14 por ciento restante. Los 13,8 millardos invertidos en el sector privado fueron concentrados en cuatro sectores con el 97,06 por ciento del total de las inversiones.</p> <p> Allí el sector financiero bancario recibió el 79,16 por ciento; el financiero no bancario, el 10,72 por ciento; el industrial, el 5,31 por ciento; telecomunicaciones, el 1,87 por ciento y los otros sectores, el 2,94 por ciento restante. De los 10,9 millardos que recibe el sector financiero bancario, 10,5 millardos, o el 96,1 por ciento, corresponden a DPF. A su vez, esta cifra representa el 58,06 por ciento del total de las inversiones que el sistema ha realizado.</p> <p> Es decir, “piloto automático” y con los conocidos bajos intereses que los DPF brindan en Bolivia. Los rendimientos de las acciones de los aportantes llegaron al 1,7 por ciento de interés cuando en décadas pasadas habían superado el 18,6 por ciento. Según ha explicado Rodríguez, para que una jubilación pueda bordear el 70 por ciento del salario, se requieren rentabilidades promedio de 10 por ciento.&nbsp;</p> <p> <br> <strong>Las causas</strong></p> <p> La madre del anémico cordero resultaron dos posturas contradictorias que impulsó el anterior gobierno: primero, en 2010, nacionalizó las AFP en la entonces nueva Constitución Política del Estado (CPE) y, luego, creó una entidad para que las reemplace: la Gestora Pública de Seguridad a Largo Plazo. Adicionalmente, en 2015, dio un plazo “máximo” de 18 meses para que la Gestora haga el correspondiente relevo de las AFP, suiza (Grupo Zurich) y española (BBV), que gestionan las Administradoras. Pero, segundo, el empeño que le puso para realizar el mentado reemplazo derivó en un retraso de 10 años entre lo que dispuso la CPE y la concreción. Y aquel plazo sigue sumando, tanto que hasta su impulsor, el Movimiento Al Socialismo se fue del poder.</p> <p> O sea, las AFP permanecieron durante esa década presionadas, ninguneadas, casi maniatadas y a la espera de sólo definir las condiciones de su salida. Consecuentemente, optaron por dejar que los ahorros de jubilación funcionen con el “piloto automático”. La rentabilidad de las acciones fue bajando y los beneficiarios quedaron en medio del vacío probablemente reflexionando en el horizonte de sus 110 años. A propósito, el sistema había determinado esa expectativa de vida no por razones de longevidad, sino por la fórmula matemática actuarial que permitía hacer sostenibles las pensiones.&nbsp;</p> <p> <strong>Un récord latinoamericano</strong></p> <p> ¿Se podía golpear más el estado de los ahorros y el sistema? Se podía. En 2010, mediante ley, se dispuso la baja de la edad de jubilación. Desde entonces, en Bolivia, y sólo en Bolivia, las mujeres pueden jubilarse a los 55 años y los varones a los 58. Es el récord latinoamericano. En Chile, Argentina, Brasil y Perú, por ejemplo, la marca es 60 años para ambos sexos. En Costa Rica, 65,5 años, para varones, y 65, para mujeres. El efecto de esa disminución en Bolivia, según explicó&nbsp;Molina, “precariza la cuantía de la jubilación”.</p> <p> Como añadido, a ese sistema amenazado le pusieron la mano. En medio de una creciente baja de ingresos, el Gobierno del MAS, basado en la ley correspondiente, dispuso que las AFP presten 250 millones de dólares a los no del todo confiables empresarios de la agroindustria. Era una evidente señal de la creciente carencia de recursos que enfrentaba aquel Gobierno.</p> <p> Más problemas. Como la renta de jubilación en muchos casos ya resultaba insultante en 2010 se había optado por crear el Fondo Solidario. Un fondo destinado a todos los trabajadores que ganasen menos de 4.000 bolivianos y hayan realizado 120 o más cotizaciones mensuales<strong>.&nbsp;</strong>Entonces resultaba urgente subirles sus ingresos a un mínimo tolerable.</p> <p> En otros países, el fondo de solidaridad compensatoria proviene de mecanismos estatales o de las empresas privadas. Curiosamente, pese a su doctrina socialista, el anterior Gobierno optó por descargar dicha responsabilidad sobre los trabajadores aportantes. Y, desde entonces, a quienes ganan más de 4.000 bolivianos se les descuenta entre el 1, el 5 y el 10 por ciento de sus aportes, según el caso.&nbsp;Ello dio origen al grupo más perjudicado entre todos: aquellos trabajadores que ganan apenas unos pesos más de 4.000 bolivianos. Ellos no reciben compensación alguna, se les descuenta y al final quedan con una renta que suele llegar incluso a los 700 bolivianos mensuales.</p> <p> A este ritmo, las cuentas cuadraban cada vez más apretadamente y los problemas se iban acumulando. Pensiones bajas, una nueva “generación sándwich”, el riesgo de iliquidez y la amenaza de una nueva crisis económica en el horizonte. ¿Además, se podía caer el cielo encima? Sí, se podía caer el cielo encima. Tanto que llegó la orden de ponerse barbijos y que nadie salga de casa, aunque se pare la economía.&nbsp;</p> <p> <strong>Lo que faltaba</strong></p> <p> Tras el colapso desatado por la pandemia de la Covid-19, no pocos aportantes recordaron los dineros ahorrados en las AFP. “Queremos que nos devuelvan el 25 por ciento de nuestros aportes para poder afrontar la crisis -dicen los representantes de diversos sectores movilizados-. No estamos pidiendo que nos regalen, son nuestros dineros. Es nuestro derecho”. La demanda ha derivado ya en movilizaciones en puertas de las propias AFP y vigilias en oficinas estatales. Es impulsada por parlamentarios como el senador Edwin Rodríguez de Unidad Demócrata (UD), pero también por varios congresales masistas.</p> <p> ¿Qué posibilidades hay de que parte o la totalidad de los aportes sean devueltos a trabajadores afectados por la crisis? Los expertos observan importantes dificultades y demasiada demagogia en quienes se lanzaron a las movilizaciones.</p> <p> Walter Vedia, abogado especializado en pensiones, advierte sobre todas las complicaciones legales y técnicas heredadas que dificultan la entrega de fondos. Luego añade: “Es necesario exigir primero el cumplimiento inmediato de la ley por parte del Órgano Ejecutivo y en este marco pedir una modificación, mediante otra ley, de los artículos de la Ley de Pensiones. Entonces, se podría incrementar la casuística para la devolución de aportes como retiro final en los casos en los que sea evidente que las prestaciones de largo plazo no serán significativas o en su caso no existan”. Según el jurista, la medida beneficiaría a los afiliados que ya no aportan a las AFP, o a aquellos cuyos capitales, según la proyección de rentabilidad de sus cuentas, hagan innecesario esperar a determinadas edades.</p> <p> Cerca de 2,3 millones de bolivianos aportan a las AFP mientras otros seis millones, de la economía informal, están ausentes del sistema. Paradójicamente, el fondo más grande de la historia boliviana sólo ha rendido para cada vez menores jubilaciones. Era ya una bomba social de tiempo hace meses, sino años. A ella, en este trimestre se le añadieron más explosivos y un detonante muy sensible. Habrá que ver, entre este y el próximo gobierno, quién y cómo lo desactiva.</p>

<p> Como en las bromas pesadas a quienes deciden jubilarse, tras más de dos décadas de haber ahorrado para ese beneficio, les esperan dos noticias: una “buena” y una mala. La “buena” es que el sistema calcula que viviremoscerca de 110 años. La mala señala que, una vez jubilados percibiremos, con suerte y a lo mucho, el 40 por ciento de nuestro salario. Eso por ahora, digamos, en un escenario precuarentena Covid-19 y sus aún no precisadas consecuencias. Consecuencias que, de a poco, ya se sienten.</p> <p> Probablemente sea una de las mayores contradicciones económicas que afectan a Bolivia en estos días: el mal manejo del fondo económico más grande de nuestra historia puede generar un ejército de personas muy molestas y con rentas miserables. La cuenta regresiva empezó a correr hace ya algunos años y los ajustes para evitar el colapso, según los expertos, cobran carácter de urgencia.</p> <p> Son los dineros que han capitalizado las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Según las proyecciones ya acumularon una megacifra en dólares: 19.600 millones a abril de 2020. Y, a estas alturas, probablemente bordean los 20 mil millones de dólares. Una cifra equivalente a tres años de nuestras exportaciones de gas, en su mejor momento (2013). Una cifra similar a la mitad de nuestro Producto Interno Bruto (el tan mentado PIB), es decir, casi la mitad del “valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final del país”.</p> <p> Una cifra que hoy triplica nuestras Reservas Internacionales y supera en casi 5 mil millones a las que tuvimos en el mejor momento de la bonanza gasífera. Una cifra que casi duplica a nuestra deuda externa. Es una cifra equivalente a 20 años de las remesas que religiosamente han mandado nuestros compatriotas autoexiliados desde España, Argentina, Chile, Brasil y varios otros países. O sea, harta plata.</p> <p> Pero este fondo pudo haber sido aún mayor o mucho mayor. <strong>“</strong>Los rendimientos del Fondo de Capitalización Individual disminuyeron sostenidamente, especialmente en los últimos 14 años –recuerda la ingeniera financiera Daniela Molina Kohl—. Dada la favorable coyuntura económica boliviana, se pudo haber desarrollado un mercado de capitales. Así valen las AFP. Este mercado habría permitido que los recursos de los Fondos de Capitalización individual lleguen a empresas. Pudo haber una significativa dinámica económica y productiva<strong>”.</strong></p> <p> <strong>Los golpes al sistema</strong></p> <p> Con ella coinciden varios reconocidos analistas. “Desafortunadamente, los fondos de pensiones fueron manejados con piloto automático”, ha señalado con metáfora incluida, por ejemplo, el economista Gustavo Rodríguez Cáceres. Incluso, organizaciones de aportantes observan lo mismo y han aventurado cifras sobre lo que podría adicionalmente haberse ganado, cifras que bordean los 8.000 millones de dólares.</p> <p> Una sorpresa extendida ante un hecho consumado. Sabido es que en Bolivia, en los últimos 14 y más años, los intereses bancarios resultaron ínfimos. Pero la mayor parte de los fondos de jubilación de los trabajadores (un 79,1 por ciento de lo invertido en el sector privado)  fueron confiados a ese interés. Algo que no pasa en decenas de sistemas similares en gran parte del mundo. Peor aún, por si los intereses de los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) redituasen poco, el anterior gobierno forzó a que las AFP invirtieran en áreas aún menos rentables.</p> <p> Las cifras resultan claras. Según reportes de la Autoridad de Pensiones, en el sector estatal, vía bonos, se han invertido 5 mil millones de dólares, lo que representa el 26,35 por ciento del capital. Mientras tanto en el sector privado las inversiones ascendieron a 13.800 millones, lo que representa 72,51 por ciento y como recursos de alta liquidez quedó el 1,14 por ciento restante. Los 13,8 millardos invertidos en el sector privado fueron concentrados en cuatro sectores con el 97,06 por ciento del total de las inversiones.</p> <p> Allí el sector financiero bancario recibió el 79,16 por ciento; el financiero no bancario, el 10,72 por ciento; el industrial, el 5,31 por ciento; telecomunicaciones, el 1,87 por ciento y los otros sectores, el 2,94 por ciento restante. De los 10,9 millardos que recibe el sector financiero bancario, 10,5 millardos, o el 96,1 por ciento, corresponden a DPF. A su vez, esta cifra representa el 58,06 por ciento del total de las inversiones que el sistema ha realizado.</p> <p> Es decir, “piloto automático” y con los conocidos bajos intereses que los DPF brindan en Bolivia. Los rendimientos de las acciones de los aportantes llegaron al 1,7 por ciento de interés cuando en décadas pasadas habían superado el 18,6 por ciento. Según ha explicado Rodríguez, para que una jubilación pueda bordear el 70 por ciento del salario, se requieren rentabilidades promedio de 10 por ciento. </p> <p> <br /><br /><strong>Las causas</strong></p> <p> La madre del anémico cordero resultaron dos posturas contradictorias que impulsó el anterior gobierno: primero, en 2010, nacionalizó las AFP en la entonces nueva Constitución Política del Estado (CPE) y, luego, creó una entidad para que las reemplace: la Gestora Pública de Seguridad a Largo Plazo. Adicionalmente, en 2015, dio un plazo “máximo” de 18 meses para que la Gestora haga el correspondiente relevo de las AFP, suiza (Grupo Zurich) y española (BBV), que gestionan las Administradoras. Pero, segundo, el empeño que le puso para realizar el mentado reemplazo derivó en un retraso de 10 años entre lo que dispuso la CPE y la concreción. Y aquel plazo sigue sumando, tanto que hasta su impulsor, el Movimiento Al Socialismo se fue del poder.</p> <p> O sea, las AFP permanecieron durante esa década presionadas, ninguneadas, casi maniatadas y a la espera de sólo definir las condiciones de su salida. Consecuentemente, optaron por dejar que los ahorros de jubilación funcionen con el “piloto automático”. La rentabilidad de las acciones fue bajando y los beneficiarios quedaron en medio del vacío probablemente reflexionando en el horizonte de sus 110 años. A propósito, el sistema había determinado esa expectativa de vida no por razones de longevidad, sino por la fórmula matemática actuarial que permitía hacer sostenibles las pensiones. </p> <p> <strong>Un récord latinoamericano</strong></p> <p> ¿Se podía golpear más el estado de los ahorros y el sistema? Se podía. En 2010, mediante ley, se dispuso la baja de la edad de jubilación. Desde entonces, en Bolivia, y sólo en Bolivia, las mujeres pueden jubilarse a los 55 años y los varones a los 58. Es el récord latinoamericano. En Chile, Argentina, Brasil y Perú, por ejemplo, la marca es 60 años para ambos sexos. En Costa Rica, 65,5 años, para varones, y 65, para mujeres. El efecto de esa disminución en Bolivia, según explicó Molina, “precariza la cuantía de la jubilación”.</p> <p> Como añadido, a ese sistema amenazado le pusieron la mano. En medio de una creciente baja de ingresos, el Gobierno del MAS, basado en la ley correspondiente, dispuso que las AFP presten 250 millones de dólares a los no del todo confiables empresarios de la agroindustria. Era una evidente señal de la creciente carencia de recursos que enfrentaba aquel Gobierno.</p> <p> Más problemas. Como la renta de jubilación en muchos casos ya resultaba insultante en 2010 se había optado por crear el Fondo Solidario. Un fondo destinado a todos los trabajadores que ganasen menos de 4.000 bolivianos y hayan realizado 120 o más cotizaciones mensuales<strong>. </strong>Entonces resultaba urgente subirles sus ingresos a un mínimo tolerable.</p> <p> En otros países, el fondo de solidaridad compensatoria proviene de mecanismos estatales o de las empresas privadas. Curiosamente, pese a su doctrina socialista, el anterior Gobierno optó por descargar dicha responsabilidad sobre los trabajadores aportantes. Y, desde entonces, a quienes ganan más de 4.000 bolivianos se les descuenta entre el 1, el 5 y el 10 por ciento de sus aportes, según el caso. Ello dio origen al grupo más perjudicado entre todos: aquellos trabajadores que ganan apenas unos pesos más de 4.000 bolivianos. Ellos no reciben compensación alguna, se les descuenta y al final quedan con una renta que suele llegar incluso a los 700 bolivianos mensuales.</p> <p> A este ritmo, las cuentas cuadraban cada vez más apretadamente y los problemas se iban acumulando. Pensiones bajas, una nueva “generación sándwich”, el riesgo de iliquidez y la amenaza de una nueva crisis económica en el horizonte. ¿Además, se podía caer el cielo encima? Sí, se podía caer el cielo encima. Tanto que llegó la orden de ponerse barbijos y que nadie salga de casa, aunque se pare la economía. </p> <p> <strong>Lo que faltaba</strong></p> <p> Tras el colapso desatado por la pandemia de la Covid-19, no pocos aportantes recordaron los dineros ahorrados en las AFP. “Queremos que nos devuelvan el 25 por ciento de nuestros aportes para poder afrontar la crisis -dicen los representantes de diversos sectores movilizados-. No estamos pidiendo que nos regalen, son nuestros dineros. Es nuestro derecho”. La demanda ha derivado ya en movilizaciones en puertas de las propias AFP y vigilias en oficinas estatales. Es impulsada por parlamentarios como el senador Edwin Rodríguez de Unidad Demócrata (UD), pero también por varios congresales masistas.</p> <p> ¿Qué posibilidades hay de que parte o la totalidad de los aportes sean devueltos a trabajadores afectados por la crisis? Los expertos observan importantes dificultades y demasiada demagogia en quienes se lanzaron a las movilizaciones.</p> <p> Walter Vedia, abogado especializado en pensiones, advierte sobre todas las complicaciones legales y técnicas heredadas que dificultan la entrega de fondos. Luego añade: “Es necesario exigir primero el cumplimiento inmediato de la ley por parte del Órgano Ejecutivo y en este marco pedir una modificación, mediante otra ley, de los artículos de la Ley de Pensiones. Entonces, se podría incrementar la casuística para la devolución de aportes como retiro final en los casos en los que sea evidente que las prestaciones de largo plazo no serán significativas o en su caso no existan”. Según el jurista, la medida beneficiaría a los afiliados que ya no aportan a las AFP, o a aquellos cuyos capitales, según la proyección de rentabilidad de sus cuentas, hagan innecesario esperar a determinadas edades.</p> <p> Cerca de 2,3 millones de bolivianos aportan a las AFP mientras otros seis millones, de la economía informal, están ausentes del sistema. Paradójicamente, el fondo más grande de la historia boliviana sólo ha rendido para cada vez menores jubilaciones. Era ya una bomba social de tiempo hace meses, sino años. A ella, en este trimestre se le añadieron más explosivos y un detonante muy sensible. Habrá que ver, entre este y el próximo gobierno, quién y cómo lo desactiva.</p>

Como en las bromas pesadas a quienes deciden jubilarse, tras más de dos décadas de haber ahorrado para ese beneficio, les esperan dos noticias: una “buena” y una mala. La “buena” es que el sistema calcula que viviremos cerca de 110 años. La mala señala que, una vez jubilados percibiremos, con suerte y a lo mucho, el 40 por ciento de nuestro salario. Eso por ahora, digamos, en un escenario precuarentena Covid-19 y sus aún no precisadas consecuencias. Consecuencias que, de a poco, ya se sienten.

Como en las bromas pesadas a quienes deciden jubilarse, tras más de dos décadas de haber ahorrado para ese beneficio, les esperan dos noticias: una “buena” y una mala. La “buena” es que el sistema calcula que viviremos cerca de 110 años. La mala señala que, una vez jubilados percibiremos, con suerte y a lo mucho, el 40 por ciento de nuestro salario. Eso por ahora, digamos, en un escenario precuarentena Covid-19 y sus aún no precisadas consecuencias. Consecuencias que, de a poco, ya se sienten.

<p class="rtejustify"> El sector minero de Potosí analiza el anteproyecto del decreto supremo que fue presentado para permitir el retiro del 25 por ciento de los aportes sociales para la jubilación en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), según detalló el asesor legal, Marcelo Inchausti.</p> <p class="rtejustify"> “Me lo solicitaron los de la regional Potosí, de la Federación de Mineros, y lo estaban analizando porque estaban viendo la posibilidad de apoyar el proyecto”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> El anteproyecto contempla la opción de acceder a retirar el 25 por ciento de los aportes que se hicieron, pero también se establece una devolución en un mediano o largo plazo para que este retiro no afecte a la jubilación de los trabajadores.</p> <p class="rtejustify"> “Lo que sucede es que hay desinformación en tantos proyectos que se han presentado. También contemplamos a las personas que hace más de 12 meses están desvinculadas de una fuente laboral formal, por lo que ya no están aportando al fondo y necesitan a través de esta crisis para un nuevo emprendimiento”, explicó.</p> <p class="rtejustify"> Inchausti señaló que el anteproyecto para la elaboración de un decreto supremo fue presentado por la Federación de Fabriles de Cochabamba y está en manos del Poder Ejecutivo.</p> <p class="rtejustify"> También dijo que algunos diputados presentaron anteproyectos de ley para viabilizar el retiro de los aportes.</p> <p class="rtejustify"> Un grupo de extrabajadores realizó ayer una vigilia en la plaza 14 de Septiembre en demanda de la devolución de la totalidad de sus aportes.</p> <p class="rtejustify"> “Nosotros hemos quedado sin trabajo, estamos con deudas, tenemos que pagar alquileres, tenemos familias que mantener, entonces nos vemos obligados a pedir nuestro dinero, es el aporte voluntario que se está pidiendo”, señaló uno de los extrabajadores, Gonzalo Tapia.</p>

<p class="rtejustify"> El sector minero de Potosí analiza el anteproyecto del decreto supremo que fue presentado para permitir el retiro del 25 por ciento de los aportes sociales para la jubilación en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), según detalló el asesor legal, Marcelo Inchausti.</p> <p class="rtejustify"> “Me lo solicitaron los de la regional Potosí, de la Federación de Mineros, y lo estaban analizando porque estaban viendo la posibilidad de apoyar el proyecto”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> El anteproyecto contempla la opción de acceder a retirar el 25 por ciento de los aportes que se hicieron, pero también se establece una devolución en un mediano o largo plazo para que este retiro no afecte a la jubilación de los trabajadores.</p> <p class="rtejustify"> “Lo que sucede es que hay desinformación en tantos proyectos que se han presentado. También contemplamos a las personas que hace más de 12 meses están desvinculadas de una fuente laboral formal, por lo que ya no están aportando al fondo y necesitan a través de esta crisis para un nuevo emprendimiento”, explicó.</p> <p class="rtejustify"> Inchausti señaló que el anteproyecto para la elaboración de un decreto supremo fue presentado por la Federación de Fabriles de Cochabamba y está en manos del Poder Ejecutivo.</p> <p class="rtejustify"> También dijo que algunos diputados presentaron anteproyectos de ley para viabilizar el retiro de los aportes.</p> <p class="rtejustify"> Un grupo de extrabajadores realizó ayer una vigilia en la plaza 14 de Septiembre en demanda de la devolución de la totalidad de sus aportes.</p> <p class="rtejustify"> “Nosotros hemos quedado sin trabajo, estamos con deudas, tenemos que pagar alquileres, tenemos familias que mantener, entonces nos vemos obligados a pedir nuestro dinero, es el aporte voluntario que se está pidiendo”, señaló uno de los extrabajadores, Gonzalo Tapia.</p>

El sector minero de Potosí analiza el anteproyecto del decreto supremo que fue presentado para permitir el retiro del 25 por ciento

El sector minero de Potosí analiza el anteproyecto del decreto supremo que fue presentado para permitir el retiro del 25 por ciento