<p class="rtejustify"> La Comisión de Asesoramiento para la reforma judicial sostendrá hoy, desde las 15:00, su primera reunión para evaluar el camino a tomar. Algunos de los abogados destacados refieren que este proceso debe seguir por lo menos tres grandes ejes. Otros prefieren esperar el encuentro con el ministro de Justicia, Iván Lima, para dar a conocer su postura.<br> El expresidente Eduardo Rodríguez Velzé, el exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, José Luis Gutiérrez Sardán, el exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia y el exsubsecretario de Justicia Bernardo Wayar adelantaron que estarán en el encuentro.<br> “Creo que el sistema de justicia en su reforma debe atender tres áreas: la primera ligada con el cambio de la modalidad de funcionamiento del sistema en cuanto a personas, es decir, en cuanto a jueces. Creo que debemos de ajustar decididamente como se eligen a los jueces”, refirió Goitia.<br> El experto agregó que el segundo eje es la revisión y ajuste de un montón de leyes “que verdaderamente no han funcionado”.<br> El tercer gran eje es el desarrollo tecnológico. “Hay muchas formas de utilizar adecuadamente la tecnología para que la justicia funcione mejor y para que también podamos combatir la corrupción que hay en el Órgano Judicial”, dijo.<br> Respetuosos<br> Wayar y Rivera, en tanto, manifestaron que esperarán la reunión para referirse a los planteamientos para reformar la justicia.<br> “El sistema de justicia va de la mano con el desarrollo económico. En los países donde se tiene un sistema de justicia, tienen desarrollo. Además, hay un problema que resolver de manera urgente: la justicia penal, un problema muy álgido”, mencionó Wayar.</p> <p class="rtejustify"> Ruta crítica<br> El abogado constitucionalista José Luis Santistevan dijo que existen cuatro elementos para la reforma: modificación de la Carta Magna, reestructuración del Órgano Judicial, institucionalidad y leyes.<br> Señaló que la Constitución establece en sus artículos 182, 188, 194 y 198 que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional se eligen mediante sufragio universal.<br> “El orden constitucional nos indica el camino de la reforma parcial y ‘no forzar’ a interpretaciones al margen del texto constitucional”, señala.<br> “Es necesaria la uniformidad de leyes, a partir de la nueva Ley del Órgano Judicial, Ley del Tribunal Constitucional y leyes penales dispersas”, complementó.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Reforma difícil con injerencia política</strong></p> <p class="rtejustify"> El abogado y doctor en Derecho Constitucional Carlos Börth Irahola manifestó que no es posible hacer una reforma judicial con los actores contaminados políticamente. “No conozco un caso de reforma judicial que la hayan dirigido los operadores de justicia, en ningún país”, enfatizó el constitucionalista.</p> <p class="rtejustify"> Agregó que no es un tema sencillo y que no entiende lo que quiere hacer el Ministro; probablemente sólo quiere mostrar que tiene ganas y deseo de hacer.</p> <p class="rtejustify"> “Pareciera que el Ministro sale al paso ante la fuerte demanda de la población sobre la bajísima calidad de la justicia boliviana, sale al paso anunciando temas que sí son importantes, pero con ellos no se resuelve el problema de la justicia”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> La Comisión de Asesoramiento para la reforma judicial sostendrá hoy, desde las 15:00, su primera reunión para evaluar el camino a tomar. Algunos de los abogados destacados refieren que este proceso debe seguir por lo menos tres grandes ejes. Otros prefieren esperar el encuentro con el ministro de Justicia, Iván Lima, para dar a conocer su postura.<br /><br /> El expresidente Eduardo Rodríguez Velzé, el exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, José Luis Gutiérrez Sardán, el exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia y el exsubsecretario de Justicia Bernardo Wayar adelantaron que estarán en el encuentro.<br /><br /> “Creo que el sistema de justicia en su reforma debe atender tres áreas: la primera ligada con el cambio de la modalidad de funcionamiento del sistema en cuanto a personas, es decir, en cuanto a jueces. Creo que debemos de ajustar decididamente como se eligen a los jueces”, refirió Goitia.<br /><br /> El experto agregó que el segundo eje es la revisión y ajuste de un montón de leyes “que verdaderamente no han funcionado”.<br /><br /> El tercer gran eje es el desarrollo tecnológico. “Hay muchas formas de utilizar adecuadamente la tecnología para que la justicia funcione mejor y para que también podamos combatir la corrupción que hay en el Órgano Judicial”, dijo.<br /><br /> Respetuosos<br /><br /> Wayar y Rivera, en tanto, manifestaron que esperarán la reunión para referirse a los planteamientos para reformar la justicia.<br /><br /> “El sistema de justicia va de la mano con el desarrollo económico. En los países donde se tiene un sistema de justicia, tienen desarrollo. Además, hay un problema que resolver de manera urgente: la justicia penal, un problema muy álgido”, mencionó Wayar.</p> <p class="rtejustify"> Ruta crítica<br /><br /> El abogado constitucionalista José Luis Santistevan dijo que existen cuatro elementos para la reforma: modificación de la Carta Magna, reestructuración del Órgano Judicial, institucionalidad y leyes.<br /><br /> Señaló que la Constitución establece en sus artículos 182, 188, 194 y 198 que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional se eligen mediante sufragio universal.<br /><br /> “El orden constitucional nos indica el camino de la reforma parcial y ‘no forzar’ a interpretaciones al margen del texto constitucional”, señala.<br /><br /> “Es necesaria la uniformidad de leyes, a partir de la nueva Ley del Órgano Judicial, Ley del Tribunal Constitucional y leyes penales dispersas”, complementó.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>Reforma difícil con injerencia política</strong></p> <p class="rtejustify"> El abogado y doctor en Derecho Constitucional Carlos Börth Irahola manifestó que no es posible hacer una reforma judicial con los actores contaminados políticamente. “No conozco un caso de reforma judicial que la hayan dirigido los operadores de justicia, en ningún país”, enfatizó el constitucionalista.</p> <p class="rtejustify"> Agregó que no es un tema sencillo y que no entiende lo que quiere hacer el Ministro; probablemente sólo quiere mostrar que tiene ganas y deseo de hacer.</p> <p class="rtejustify"> “Pareciera que el Ministro sale al paso ante la fuerte demanda de la población sobre la bajísima calidad de la justicia boliviana, sale al paso anunciando temas que sí son importantes, pero con ellos no se resuelve el problema de la justicia”, dijo.</p> <p class="rtejustify">  </p>

Los postulados mencionados por algunos de los "notables" son cambio en la modalidad de elección, revisión de leyes y aplicación de desarrollo tecnológico, entre otros

Los postulados mencionados por algunos de los &quot;notables&quot; son cambio en la modalidad de elección, revisión de leyes y aplicación de desarrollo tecnológico, entre otros

<p class="rtejustify"> La posibilidad de una modificación a la Constitución Política del Estado (CPE) para resolver el tema judicial despertó varias alertas. Según el constitucionalista César Cabrera, se puede generar institucionalidad sin modificar la carta magna. La abogada Rebeca Delgado considera que el problema de fondo es la falta de independencia y no así la elección de magistrados por voto.<br> El ministro de Justicia, Iván Lima, informó la semana pasada que, desde el 3 de diciembre, se conformará una comisión de 10 notables para trabajar en una propuesta de reforma de la justicia. Uno de los temas que mencionó es la posibilidad de abrir la CPE para retirar la elección de magistrados de los tribunales a través del voto popular. Incluso sugirió que esto ocurra junto a los comicios subnacionales el 7 de marzo.<br> El abogado constitucionalista César Cabrera considera que la institucionalización de la justicia va más allá de la modificación de la CPE. Él considera que primero se debe garantizar una preselección estricta e idónea de los postulantes. Hecho que ocurre en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de mayoría masista en los últimos 14 años.<br> “Se debería generar una comisión de evaluación con universidades y colegiaturas que evalúe de manera idónea a los postulantes (…). Todo este tiempo se ha privilegiado la partidocracia y no la meritocracia, porque ahora mismo son sus amiguitos los jueces (…). Si se quiere eliminar el voto popular, sí se tiene que abrir la Constitución”, señaló Cabrera.<br> Para la abogada y exdiputada Rebeca Delgado, es un riesgo abrir la CPE, pues ella considera que finalmente el partido en gobierno puede usar otros mecanismos para aplicar sus estrategias.<br> “Creo que el ejemplo más fresco es el del referéndum del 21F para modificar el artículo de la reelección. La población dijo no, pero al final usaron un recurso constitucional para hacer lo que les da la gana”, manifestó.<br> Asimismo, considera que el problema de fondo no es que se elijan a los magistrados de los tribunales a través del voto popular, sino que la preselección sea política.<br> “Es uno de los elementos, no es el esencial. El esencial es garantizar la independencia judicial y esto comienza en la preselección en la asamblea legislativa, ya sea por voto o no. Antes era el cuoteo y ahora es el cuateo”, agregó Delgado.<br> Además, ambos analistas coinciden en que una forma real de la justicia también significa dotar de mayor presupuesto, modificar leyes obsoletas, mejorar la formación de futuros abogados y ampliar la cantidad de jueces, vocales, salas y demás que permitan un despacho rápido de los trámites y procesos.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>CC propone un Consejo Ciudadano</strong></p> <p class="rtejustify"> Comunidad Ciudadana (CC)plantea la creación de un Consejo Ciudadano de Notables conformado por representantes de las Facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas del país, colegios de abogados, asociaciones de periodistas, entidades empresariales, centrales de trabajadores y representantes de los pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos.</p> <p class="rtejustify"> Este Consejo tendrá la responsabilidad de evaluar y calificar las trayectorias y méritos de los postulantes a los tribunales: Constitucional, Supremo de Justicia, Agroambiental, Consejo de la Magistratura, fiscal general y fiscales departamentales.</p>

<p class="rtejustify"> La posibilidad de una modificación a la Constitución Política del Estado (CPE) para resolver el tema judicial despertó varias alertas. Según el constitucionalista César Cabrera, se puede generar institucionalidad sin modificar la carta magna. La abogada Rebeca Delgado considera que el problema de fondo es la falta de independencia y no así la elección de magistrados por voto.<br /><br /> El ministro de Justicia, Iván Lima, informó la semana pasada que, desde el 3 de diciembre, se conformará una comisión de 10 notables para trabajar en una propuesta de reforma de la justicia. Uno de los temas que mencionó es la posibilidad de abrir la CPE para retirar la elección de magistrados de los tribunales a través del voto popular. Incluso sugirió que esto ocurra junto a los comicios subnacionales el 7 de marzo.<br /><br /> El abogado constitucionalista César Cabrera considera que la institucionalización de la justicia va más allá de la modificación de la CPE. Él considera que primero se debe garantizar una preselección estricta e idónea de los postulantes. Hecho que ocurre en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de mayoría masista en los últimos 14 años.<br /><br /> “Se debería generar una comisión de evaluación con universidades y colegiaturas que evalúe de manera idónea a los postulantes (…). Todo este tiempo se ha privilegiado la partidocracia y no la meritocracia, porque ahora mismo son sus amiguitos los jueces (…). Si se quiere eliminar el voto popular, sí se tiene que abrir la Constitución”, señaló Cabrera.<br /><br /> Para la abogada y exdiputada Rebeca Delgado, es un riesgo abrir la CPE, pues ella considera que finalmente el partido en gobierno puede usar otros mecanismos para aplicar sus estrategias.<br /><br /> “Creo que el ejemplo más fresco es el del referéndum del 21F para modificar el artículo de la reelección. La población dijo no, pero al final usaron un recurso constitucional para hacer lo que les da la gana”, manifestó.<br /><br /> Asimismo, considera que el problema de fondo no es que se elijan a los magistrados de los tribunales a través del voto popular, sino que la preselección sea política.<br /><br /> “Es uno de los elementos, no es el esencial. El esencial es garantizar la independencia judicial y esto comienza en la preselección en la asamblea legislativa, ya sea por voto o no. Antes era el cuoteo y ahora es el cuateo”, agregó Delgado.<br /><br /> Además, ambos analistas coinciden en que una forma real de la justicia también significa dotar de mayor presupuesto, modificar leyes obsoletas, mejorar la formación de futuros abogados y ampliar la cantidad de jueces, vocales, salas y demás que permitan un despacho rápido de los trámites y procesos.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>CC propone un Consejo Ciudadano</strong></p> <p class="rtejustify"> Comunidad Ciudadana (CC)plantea la creación de un Consejo Ciudadano de Notables conformado por representantes de las Facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas del país, colegios de abogados, asociaciones de periodistas, entidades empresariales, centrales de trabajadores y representantes de los pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos.</p> <p class="rtejustify"> Este Consejo tendrá la responsabilidad de evaluar y calificar las trayectorias y méritos de los postulantes a los tribunales: Constitucional, Supremo de Justicia, Agroambiental, Consejo de la Magistratura, fiscal general y fiscales departamentales.</p>

Abogados consideran que el problema es la elección de autoridades judiciales por partido y no por mérito; el ministro de Justicia ya planteó aplicar un referendo sobre la reforma judicial el próximo 7 de marzo

Abogados consideran que el problema es la elección de autoridades judiciales por partido y no por mérito; el ministro de Justicia ya planteó aplicar un referendo sobre la reforma judicial el próximo 7 de marzo

<p> La propuesta de abrir la Constitución Política del Estado (CPE) para la reforma del sistema judicial planteada por el Órgano Ejecutivo toma cuerpo en sectores de la sociedad. La enmienda a la Carta Magna, en este caso parcial, debe someterse a un referendo constitucional aprobatorio.<br> Comunidad Ciudadana (CC) considera que los cambios a la justicia deben realizarse a corto plazo para liberar a esta instancia de la dependencia política del Movimiento Al Socialismo (MAS), en tanto, el Gobierno central anuncia la primera reunión de la preconstituyente para evaluar el proceso.<br> “La modificación del sistema judicial es imprescindible para el funcionamiento democrático en Bolivia, puesto que no se puede concebir la democracia en Bolivia si se mantiene un Órgano Judicial desacreditado y vinculado a una militancia partidaria o una simpatía con el MAS, y no se puede concebir un sistema judicial que está permeado por la corrupción y la ineficiencia”, dijo en conferencia de prensa el líder de CC, Carlos Mesa.<br> Horas antes, el ministro de Justicia, Iván Lima, refirió que “los temas constitucionales deben ser aprobados por referendo”.<br> Para realizar esta consulta, ambas instancias plantean que, ante la crisis económica que afecta al país y la proximidad de los comicios subnacionales, se realice también el mencionado referendo el 7 de marzo.<br> “Tenemos que hacer un esfuerzo y sería ideal que, si nos ponemos de acuerdo con una reforma constitucional, la pregunta esté incluida en la papeleta de las elecciones subnacionales. No tendríamos ninguna dificultad legal para incluir ese tema en la papeleta”, dijo Lima.<br> El jefe de bancada de Diputados de CC, Carlos Alarcón, dijo que “podemos aprovechar las elecciones subnacionales del próximo año para que se vote si se aprueban o no las modificaciones a la Constitución a través del referendo constitucional”.</p> <p> Planteamiento<br> CC plantea crear un Consejo Ciudadano de Notables, evaluar y calificar las trayectorias y méritos de los postulantes y presentar una terna a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para cada uno de los cargos, con los postulantes mejor calificados. La ALP designaría a los altos magistrados y fiscales obligatoriamente de las ternas presentadas y el soberano, mediante referendo, aprobaría o rechazaría.<br> El Ejecutivo prevé la primera sesión preconstituyente, de los 10 “notables”, el 3 de diciembre para la discusión de aspectos y definir propuestas que serán llevadas al Legislativo.<br> Para la reforma a la justicia, Lima demandó a los miembros del Consejo de la Magistratura renunciar al cargo o hacerse pasibles a un juicio de responsabilidades. Ante la falta de respuesta, el Ministerio presentó una demanda ante el Legislativo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>CC plantea modificar 11 artículos de la CPE</strong><br> La propuesta de Comunidad Ciudadana es parcial y específica, y modificaría los artículos 162, 178, 182, 187, 188, 194, 197, 198, 199, 227 y 228 de la CPE y no requeriría de una Asamblea Constituyente, sino de un referendo aprobatorio.<br> “El artículo 411 parágrafo II de la CPE establece que la reforma parcial podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos 20 por ciento del electorado, o por la ALP, mediante ley de reforma constitucional”, aclaró el constitucionalista de CC, Carlos Alarcón.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>CC plantea respetar 2/3 y limitar mandato actual</strong></p> <p> Ante la posibilidad de la reforma constitucional para modificar la el sistema judicial, Comunidad Ciudadana (CC) plantea que se garantice la vigencia de los 2/3 en el texto constitucional, además que es necesaria la aprobación para que las actuales autoridades no extiendan hasta 2023.<br> “Es necesaria la reforma parcial de la Constitución, tanto para que el mandato de las altas autoridades jurisdiccionales y fiscales no se extienda hasta el año 2023 como para que la designación de nuevos operadores se concrete a través de un mecanismo constitucional que refleje una alianza estratégica entre el Estado y la sociedad civil organizada, a través de una secuencia de roles compartidos y de pesos y contra pesos, entre distintas instituciones representativas de la sociedad civil, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Soberano”, refiere la propuesta de CC.<br> Agrega que, en cuanto a la supresión de los 2/3 en distintas materias previstas en los reglamentos de debates de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, se constitucionalizarán estas materias con la exigencia de los 2/3 en el texto de la constitución, para garantizar que estas materias no sean objeto de manipulación por mayorías políticas circunstanciales que las acomodan a la medida de sus intereses y al peso político coyuntural que obtienen en los respectivos procesos electorales.<br> La CPE promulgada el 7 de febrero de 2009 rompe con la tradición de la reforma incremental del Estado y opta por ir a la raíz fundacional de un nuevo Estado Plurinacional.</p>

<p> La propuesta de abrir la Constitución Política del Estado (CPE) para la reforma del sistema judicial planteada por el Órgano Ejecutivo toma cuerpo en sectores de la sociedad. La enmienda a la Carta Magna, en este caso parcial, debe someterse a un referendo constitucional aprobatorio.<br /><br /> Comunidad Ciudadana (CC) considera que los cambios a la justicia deben realizarse a corto plazo para liberar a esta instancia de la dependencia política del Movimiento Al Socialismo (MAS), en tanto, el Gobierno central anuncia la primera reunión de la preconstituyente para evaluar el proceso.<br /><br /> “La modificación del sistema judicial es imprescindible para el funcionamiento democrático en Bolivia, puesto que no se puede concebir la democracia en Bolivia si se mantiene un Órgano Judicial desacreditado y vinculado a una militancia partidaria o una simpatía con el MAS, y no se puede concebir un sistema judicial que está permeado por la corrupción y la ineficiencia”, dijo en conferencia de prensa el líder de CC, Carlos Mesa.<br /><br /> Horas antes, el ministro de Justicia, Iván Lima, refirió que “los temas constitucionales deben ser aprobados por referendo”.<br /><br /> Para realizar esta consulta, ambas instancias plantean que, ante la crisis económica que afecta al país y la proximidad de los comicios subnacionales, se realice también el mencionado referendo el 7 de marzo.<br /><br /> “Tenemos que hacer un esfuerzo y sería ideal que, si nos ponemos de acuerdo con una reforma constitucional, la pregunta esté incluida en la papeleta de las elecciones subnacionales. No tendríamos ninguna dificultad legal para incluir ese tema en la papeleta”, dijo Lima.<br /><br /> El jefe de bancada de Diputados de CC, Carlos Alarcón, dijo que “podemos aprovechar las elecciones subnacionales del próximo año para que se vote si se aprueban o no las modificaciones a la Constitución a través del referendo constitucional”.</p> <p> Planteamiento<br /><br /> CC plantea crear un Consejo Ciudadano de Notables, evaluar y calificar las trayectorias y méritos de los postulantes y presentar una terna a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para cada uno de los cargos, con los postulantes mejor calificados. La ALP designaría a los altos magistrados y fiscales obligatoriamente de las ternas presentadas y el soberano, mediante referendo, aprobaría o rechazaría.<br /><br /> El Ejecutivo prevé la primera sesión preconstituyente, de los 10 “notables”, el 3 de diciembre para la discusión de aspectos y definir propuestas que serán llevadas al Legislativo.<br /><br /> Para la reforma a la justicia, Lima demandó a los miembros del Consejo de la Magistratura renunciar al cargo o hacerse pasibles a un juicio de responsabilidades. Ante la falta de respuesta, el Ministerio presentó una demanda ante el Legislativo.</p> <p>  </p> <p> <strong>CC plantea modificar 11 artículos de la CPE</strong><br /><br /> La propuesta de Comunidad Ciudadana es parcial y específica, y modificaría los artículos 162, 178, 182, 187, 188, 194, 197, 198, 199, 227 y 228 de la CPE y no requeriría de una Asamblea Constituyente, sino de un referendo aprobatorio.<br /><br /> “El artículo 411 parágrafo II de la CPE establece que la reforma parcial podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos 20 por ciento del electorado, o por la ALP, mediante ley de reforma constitucional”, aclaró el constitucionalista de CC, Carlos Alarcón.</p> <p>  </p> <p> <strong>CC plantea respetar 2/3 y limitar mandato actual</strong></p> <p> Ante la posibilidad de la reforma constitucional para modificar la el sistema judicial, Comunidad Ciudadana (CC) plantea que se garantice la vigencia de los 2/3 en el texto constitucional, además que es necesaria la aprobación para que las actuales autoridades no extiendan hasta 2023.<br /><br /> “Es necesaria la reforma parcial de la Constitución, tanto para que el mandato de las altas autoridades jurisdiccionales y fiscales no se extienda hasta el año 2023 como para que la designación de nuevos operadores se concrete a través de un mecanismo constitucional que refleje una alianza estratégica entre el Estado y la sociedad civil organizada, a través de una secuencia de roles compartidos y de pesos y contra pesos, entre distintas instituciones representativas de la sociedad civil, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Soberano”, refiere la propuesta de CC.<br /><br /> Agrega que, en cuanto a la supresión de los 2/3 en distintas materias previstas en los reglamentos de debates de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, se constitucionalizarán estas materias con la exigencia de los 2/3 en el texto de la constitución, para garantizar que estas materias no sean objeto de manipulación por mayorías políticas circunstanciales que las acomodan a la medida de sus intereses y al peso político coyuntural que obtienen en los respectivos procesos electorales.<br /><br /> La CPE promulgada el 7 de febrero de 2009 rompe con la tradición de la reforma incremental del Estado y opta por ir a la raíz fundacional de un nuevo Estado Plurinacional.</p>

Comunidad Ciudadana plantea un Consejo de Notables para evaluar la trayectoria de los postulantes, así como sus méritos y capacidad profesional, y su desempeño en un examen oral y público

Comunidad Ciudadana plantea un Consejo de Notables para evaluar la trayectoria de los postulantes, así como sus méritos y capacidad profesional, y su desempeño en un examen oral y público