<p class="rtejustify"> Después de 450 días de investigación preliminar del caso Huayllani, hay una sola persona, imputada, con detención domiciliaria. Se trata del excomandante del Comando Estratégico Operacional Central (CEO), general Alfredo Cuéllar. Las indagaciones para identificar a los presuntos responsables continúan en la etapa preparatoria, pese a las continuas conminatorias del juez para que se cierre la fase y se emita el informe conclusivo.</p> <p class="rtejustify"> El 15 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales, se produjeron enfrentamientos en Huayllani, Sacaba, entre Policías y militares con movimientos sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que dejaron 10 muertos y 115 heridos.&nbsp;<br> Por estos hechos, actualmente están siendo investigados exjefes policiales y militares, además de los exministros de Gobierno y Defensa (Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente) y otros uniformados y civiles por los presuntos delitos de asesinato y lesiones.</p> <p class="rtejustify"> Están a cargo del caso los fiscales de Materia Lizeth Martínez Reyes, Giovanni Campos y Richar Villaca.</p> <p class="rtejustify"> Conforme a la norma, la etapa preparatoria tiene tres subfases: la investigación preliminar, el desarrollo de la etapa preparatoria y la parte conclusiva. El caso Huayllani no habría pasado de la etapa preparatoria.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> Ante la incertidumbre e inseguridad que viven los investigados y víctimas, por la continua prolongación de los plazos, piden que se cierre de una vez esta etapa.</p> <p class="rtejustify"> El delegado de los familiares de los fallecidos en Huayllani, Gerardo Puma, lamentó que, tras más de un año, no se tenga ningún resultado y se continúe revictimizando a los familiares de los fallecidos y a las personas que resultaron heridas en esos enfrentamientos.</p> <p class="rtejustify"> Apuntó a la fiscal departamental, Nuria Gonzales, como quien estaría retrasando el avance del proceso.</p> <p class="rtejustify"> En diciembre de 2020, Puma, en contacto con la prensa, aseguró que cuentan con una pericia adicional, que describiría que todos los disparos salieron del lado de los policías y militares, pero esta pericia no consta en el cuadernillo de investigaciones.</p> <p class="rtejustify"> Esto provocó susceptibilidad en la defensa de los denunciados, que temen que se adjunten pruebas de manera irregular, debido a la presión política que denota este caso.</p> <p class="rtejustify"> Según los fiscales de Materia de Sacaba, desconocen dicho informe complementario; sin embargo, la fiscal departamental Nuria Gonzales, en conferencia de prensa, aseguró que esa pericia existe.</p> <p class="rtejustify"> “Este tipo de actuación nos pone en indefensión, debemos conocer todos los elementos que se están tomando en cuenta en esta investigación para poder asumir la defensa legal”, dijo Jhimmy Almanza, representante legal del coronel Jaime Zurita, excomandante departamental de la Policía, uno de los indagados en el caso.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> El informe presentado por la Policía y las FFAA, sobre el plan de operaciones, refiere que, en el momento de la intervención, los funcionarios policiales y militares no portaban armamento letal ni municiones letales, sino sólo balines y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que se apostó en el puente de Huayllani, con la intención de ingresar al centro de la ciudad.</p> <p class="rtejustify"> En enero de 2021, los fiscales a cargo de la investigación presentaron un documento en el que se aparta del caso a Javier J., miembro de las Juventudes del MAS, quien fue aprehendido con un arma de fuego, cuyo calibre coincide con algunos heridos durante los enfrentamientos.</p> <p class="rtejustify"> Según los documentos del cuadernillo de investigaciones, en primera instancia, las personas heridas declararon que los disparos salieron de lado de los manifestantes. Las pericias determinaron que las heridas de estas personas fueron ocasionadas por un calibre 22, similar al arma con el que encontraron a Javier J.</p> <p class="rtejustify"> En las autopsias y pericias realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), sólo se colectó un proyectil, cuyo calibre coincidiría con el armamento reglamentario de la Policía y las FFAA, pero las pericias de balística no determinaron la trayectoria del disparo.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>PLAZOS TRAS PLAZOS</strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>FISCALÍA RECIBIÓ&nbsp;6 CONMINATORIAS</strong></p> <p class="rtejustify"> La próxima semana, el Ministerio Público debe presentar su informe conclusivo de la primera etapa investigativa. Abogados temen que esta fase continúe ampliándose, en contra de lo que establece la norma.</p> <p class="rtejustify"> El 24 de septiembre de 2020, el juez de Instrucción en materia penal número 1 de Sacaba rechazó una nueva solicitud de ampliación del tiempo para la indagación y emitió una conminatoria —la primera— para que la Fiscalía se pronuncie con un rechazo o imputación formal, pero esta determinación no se cumplió y el plazo se amplió por 90 días.</p> <p class="rtejustify"> A ese conminatoria le siguieron otras cinco. Ninguna se acató.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify rteindent1"> <strong>ALGUNOS IMPLICADOS EN EL CASO HUAYLLANI</strong></p> <ul class="rteindent1"> <li class="rtejustify rteindent1"> <strong>Jaime Edwin Zurita Trujillo</strong></li> </ul> <p class="rtejustify rteindent1"> <em>Excomandante departamental de la Policía en Cochabamba&nbsp;</em></p> <p class="rtejustify rteindent1"> La defensa legal de Zurita asegura que su defendido no debe ser implicado en el caso, ya que la Policía no portaba armas letales el día de la intervención.</p> <ul class="rteindent1"> <li class="rtejustify rteindent1"> <strong>Rodolfo Montero Torricos</strong></li> </ul> <p class="rtejustify rteindent1"> <em>Excomandante general de la Policía&nbsp;</em></p> <p class="rtejustify rteindent1"> En su declaración informativa ante la Fiscalía, trató de deslindar responsabilidades, desconociendo el plan de operaciones.</p> <ul class="rteindent1"> <li class="rtejustify rteindent1"> <strong>Arturo Murillo Prijit</strong></li> </ul> <p class="rtejustify rteindent1"> <em>Exministro de Gobierno</em></p> <p class="rtejustify rteindent1"> Fue citado a declarar, pero no se presentó. Actualmente se desconoce qué actuados realizará la Fiscalía para la toma de su declaración. Se conoce que está en Miami.</p> <ul class="rteindent1"> <li class="rtejustify rteindent1"> <strong>Fernando López</strong></li> </ul> <p class="rtejustify rteindent1"> <em>Exministro de Defensa&nbsp;</em></p> <p class="rtejustify rteindent1"> También es investigado por el caso Senkata.</p> <p class="rtejustify rteindent1"> Por el caso Huayllani no se presentó a declarar. La Fiscalía no se manifestó sobre las acciones que tomará al respecto.&nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> Después de 450 días de investigación preliminar del caso Huayllani, hay una sola persona, imputada, con detención domiciliaria. Se trata del excomandante del Comando Estratégico Operacional Central (CEO), general Alfredo Cuéllar. Las indagaciones para identificar a los presuntos responsables continúan en la etapa preparatoria, pese a las continuas conminatorias del juez para que se cierre la fase y se emita el informe conclusivo.</p> <p class="rtejustify"> El 15 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales, se produjeron enfrentamientos en Huayllani, Sacaba, entre Policías y militares con movimientos sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que dejaron 10 muertos y 115 heridos. <br /><br /> Por estos hechos, actualmente están siendo investigados exjefes policiales y militares, además de los exministros de Gobierno y Defensa (Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente) y otros uniformados y civiles por los presuntos delitos de asesinato y lesiones.</p> <p class="rtejustify"> Están a cargo del caso los fiscales de Materia Lizeth Martínez Reyes, Giovanni Campos y Richar Villaca.</p> <p class="rtejustify"> Conforme a la norma, la etapa preparatoria tiene tres subfases: la investigación preliminar, el desarrollo de la etapa preparatoria y la parte conclusiva. El caso Huayllani no habría pasado de la etapa preparatoria. </p> <p class="rtejustify"> Ante la incertidumbre e inseguridad que viven los investigados y víctimas, por la continua prolongación de los plazos, piden que se cierre de una vez esta etapa.</p> <p class="rtejustify"> El delegado de los familiares de los fallecidos en Huayllani, Gerardo Puma, lamentó que, tras más de un año, no se tenga ningún resultado y se continúe revictimizando a los familiares de los fallecidos y a las personas que resultaron heridas en esos enfrentamientos.</p> <p class="rtejustify"> Apuntó a la fiscal departamental, Nuria Gonzales, como quien estaría retrasando el avance del proceso.</p> <p class="rtejustify"> En diciembre de 2020, Puma, en contacto con la prensa, aseguró que cuentan con una pericia adicional, que describiría que todos los disparos salieron del lado de los policías y militares, pero esta pericia no consta en el cuadernillo de investigaciones.</p> <p class="rtejustify"> Esto provocó susceptibilidad en la defensa de los denunciados, que temen que se adjunten pruebas de manera irregular, debido a la presión política que denota este caso.</p> <p class="rtejustify"> Según los fiscales de Materia de Sacaba, desconocen dicho informe complementario; sin embargo, la fiscal departamental Nuria Gonzales, en conferencia de prensa, aseguró que esa pericia existe.</p> <p class="rtejustify"> “Este tipo de actuación nos pone en indefensión, debemos conocer todos los elementos que se están tomando en cuenta en esta investigación para poder asumir la defensa legal”, dijo Jhimmy Almanza, representante legal del coronel Jaime Zurita, excomandante departamental de la Policía, uno de los indagados en el caso. </p> <p class="rtejustify"> El informe presentado por la Policía y las FFAA, sobre el plan de operaciones, refiere que, en el momento de la intervención, los funcionarios policiales y militares no portaban armamento letal ni municiones letales, sino sólo balines y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que se apostó en el puente de Huayllani, con la intención de ingresar al centro de la ciudad.</p> <p class="rtejustify"> En enero de 2021, los fiscales a cargo de la investigación presentaron un documento en el que se aparta del caso a Javier J., miembro de las Juventudes del MAS, quien fue aprehendido con un arma de fuego, cuyo calibre coincide con algunos heridos durante los enfrentamientos.</p> <p class="rtejustify"> Según los documentos del cuadernillo de investigaciones, en primera instancia, las personas heridas declararon que los disparos salieron de lado de los manifestantes. Las pericias determinaron que las heridas de estas personas fueron ocasionadas por un calibre 22, similar al arma con el que encontraron a Javier J.</p> <p class="rtejustify"> En las autopsias y pericias realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), sólo se colectó un proyectil, cuyo calibre coincidiría con el armamento reglamentario de la Policía y las FFAA, pero las pericias de balística no determinaron la trayectoria del disparo.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>PLAZOS TRAS PLAZOS</strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>FISCALÍA RECIBIÓ 6 CONMINATORIAS</strong></p> <p class="rtejustify"> La próxima semana, el Ministerio Público debe presentar su informe conclusivo de la primera etapa investigativa. Abogados temen que esta fase continúe ampliándose, en contra de lo que establece la norma.</p> <p class="rtejustify"> El 24 de septiembre de 2020, el juez de Instrucción en materia penal número 1 de Sacaba rechazó una nueva solicitud de ampliación del tiempo para la indagación y emitió una conminatoria —la primera— para que la Fiscalía se pronuncie con un rechazo o imputación formal, pero esta determinación no se cumplió y el plazo se amplió por 90 días.</p> <p class="rtejustify"> A ese conminatoria le siguieron otras cinco. Ninguna se acató. </p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify rteindent1"> <strong>ALGUNOS IMPLICADOS EN EL CASO HUAYLLANI</strong></p> <ul class="rteindent1"><li class="rtejustify rteindent1"> <strong>Jaime Edwin Zurita Trujillo</strong></li> </ul><p class="rtejustify rteindent1"> <em>Excomandante departamental de la Policía en Cochabamba </em></p> <p class="rtejustify rteindent1"> La defensa legal de Zurita asegura que su defendido no debe ser implicado en el caso, ya que la Policía no portaba armas letales el día de la intervención.</p> <ul class="rteindent1"><li class="rtejustify rteindent1"> <strong>Rodolfo Montero Torricos</strong></li> </ul><p class="rtejustify rteindent1"> <em>Excomandante general de la Policía </em></p> <p class="rtejustify rteindent1"> En su declaración informativa ante la Fiscalía, trató de deslindar responsabilidades, desconociendo el plan de operaciones.</p> <ul class="rteindent1"><li class="rtejustify rteindent1"> <strong>Arturo Murillo Prijit</strong></li> </ul><p class="rtejustify rteindent1"> <em>Exministro de Gobierno</em></p> <p class="rtejustify rteindent1"> Fue citado a declarar, pero no se presentó. Actualmente se desconoce qué actuados realizará la Fiscalía para la toma de su declaración. Se conoce que está en Miami.</p> <ul class="rteindent1"><li class="rtejustify rteindent1"> <strong>Fernando López</strong></li> </ul><p class="rtejustify rteindent1"> <em>Exministro de Defensa </em></p> <p class="rtejustify rteindent1"> También es investigado por el caso Senkata.</p> <p class="rtejustify rteindent1"> Por el caso Huayllani no se presentó a declarar. La Fiscalía no se manifestó sobre las acciones que tomará al respecto. </p>

Después de 450 días de investigación preliminar del caso Huayllani, hay una sola persona, imputada, con detención domiciliaria.

Después de 450 días de investigación preliminar del caso Huayllani, hay una sola persona, imputada, con detención domiciliaria.

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<p class="rtejustify"> Sin fecha, fueron suspendidas las dos inspecciones a unidades de las Fuerzas Armadas que estaban programadas por la comisión de fiscales de Sacaba para ayer, dentro de la investigación de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) en Huayllani, Sacaba, en noviembre de 2019, en los que fallecieron 10 personas.</p> <p class="rtejustify"> La primera audiencia de inspección debía desarrollarse ayer a la sala de armas del GADA 92, de la Fuerza Aérea de Cochabamba, y la segunda, a la sala de armas del grupo GECAI ubicada dentro el GADA 92.</p> <p class="rtejustify"> Ambas actuaciones fueron suspendidas ayer bajo el argumento de que los peritos especializados se encontrarían en Senkata (El Alto), realizando algunas actuaciones investigativas.</p> <p class="rtejustify"> Las partes procesadas se hicieron presentes en la audiencia minutos después de que fuera suspendida.</p> <p class="rtejustify"> Para hoy está fijada otra audiencia de inspección, a la sala de armas y tecnología en dependencias de la Escuela de Sargentos y al Regimiento de Infantería de la Policía Militar (PM), de Cotapachi Quillacollo. Pero ayer no se informó si la pericia se llevará adelante o también se suspenderá.</p> <p class="rtejustify"> Estas inspecciones tienen por objetivo comprobar o descartar que la única munición secuestrada por los peritos habría sido disparada por armas militares o policiales.</p> <p class="rtejustify"> El requerimiento de audiencia fue emitido el 3 de febrero pasado y las partes fueron notificadas el miércoles 10 de febrero.</p> <p class="rtejustify"> Los fiscales de materia convocaron para estas pericias a los policías asignados al caso y al personal de laboratorio del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).</p> <p class="rtejustify"> “Teniendo conocimiento que los peritos requeridos para este fin se encuentran comisionados al caso Senkata en la ciudad de La Paz, (…) no es posible realizar la audiencia de inspección, por lo que se suspende hasta nueva solicitud de parte”, refiere el acta de suspensión de actuados.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Seis conminatorias</strong></p> <p class="rtejustify"> Fenece hoy el último plazo, de 20 días, concedido por el juez de Sacaba que conoce el caso Huayllani, para que la comisión de fiscales cierre la etapa investigativa y emita su informe conclusivo con la imputación a los presuntos responsables o la exclusión del caso de aquellos denunciados contra los que no existen pruebas.</p> <p class="rtejustify"> El juez ya conminó en seis ocasiones a los fiscales a cerrar esta etapa, debido a que ya se habrían excedido los plazos para la misma, pese a ello le otorgó otros 20 días, argumentando que la complejidad del caso merece dar ese tiempo más para que el Ministerio Público termine los actuados investigativos y poder elaborar un informe final.</p> <p class="rtejustify"> El 5 de enero de 2021, la comisión de fiscales hizo conocer a las partes la intención de ampliar la etapa investigativa por 90 días más, pero esta solicitud no fue remitida ante el juez que conoce la causa, ya que continúa el receso judicial.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Audiencia cautelar contra Valverde</strong></p> <p class="rtejustify"> La jueza primera de Instrucción en lo Penal de El Alto fijó la audiencia cautelar presencial para hoy a las 8:30 en la que se definirá la situación legal del general Luis Fernando Valverde, quien está imputado por los delitos de homicidio y otros, en el caso de Senkata. La Fiscalía ha solicitado la detención preventiva del general en la cárcel de El Abra, en Cochabamba.</p> <p class="rtejustify"> La abogada del militar, Odaliz Mariño, expresó que es extraño que se realice de manera presencial, en lugar de que sea virtual, por las medidas de prevención a causa de la Covid-19. Sin embargo, anunció que irán a la audiencia.</p> <p class="rtejustify"> El general fue imputado por ser el presunto responsable de ordenar las operaciones en inmediaciones de la planta de YPFB de Senkata en noviembre de 2019, en las que fallecieron 10 personas.</p>

<p class="rtejustify"> Sin fecha, fueron suspendidas las dos inspecciones a unidades de las Fuerzas Armadas que estaban programadas por la comisión de fiscales de Sacaba para ayer, dentro de la investigación de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) en Huayllani, Sacaba, en noviembre de 2019, en los que fallecieron 10 personas.</p> <p class="rtejustify"> La primera audiencia de inspección debía desarrollarse ayer a la sala de armas del GADA 92, de la Fuerza Aérea de Cochabamba, y la segunda, a la sala de armas del grupo GECAI ubicada dentro el GADA 92.</p> <p class="rtejustify"> Ambas actuaciones fueron suspendidas ayer bajo el argumento de que los peritos especializados se encontrarían en Senkata (El Alto), realizando algunas actuaciones investigativas.</p> <p class="rtejustify"> Las partes procesadas se hicieron presentes en la audiencia minutos después de que fuera suspendida.</p> <p class="rtejustify"> Para hoy está fijada otra audiencia de inspección, a la sala de armas y tecnología en dependencias de la Escuela de Sargentos y al Regimiento de Infantería de la Policía Militar (PM), de Cotapachi Quillacollo. Pero ayer no se informó si la pericia se llevará adelante o también se suspenderá.</p> <p class="rtejustify"> Estas inspecciones tienen por objetivo comprobar o descartar que la única munición secuestrada por los peritos habría sido disparada por armas militares o policiales.</p> <p class="rtejustify"> El requerimiento de audiencia fue emitido el 3 de febrero pasado y las partes fueron notificadas el miércoles 10 de febrero.</p> <p class="rtejustify"> Los fiscales de materia convocaron para estas pericias a los policías asignados al caso y al personal de laboratorio del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).</p> <p class="rtejustify"> “Teniendo conocimiento que los peritos requeridos para este fin se encuentran comisionados al caso Senkata en la ciudad de La Paz, (…) no es posible realizar la audiencia de inspección, por lo que se suspende hasta nueva solicitud de parte”, refiere el acta de suspensión de actuados.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Seis conminatorias</strong></p> <p class="rtejustify"> Fenece hoy el último plazo, de 20 días, concedido por el juez de Sacaba que conoce el caso Huayllani, para que la comisión de fiscales cierre la etapa investigativa y emita su informe conclusivo con la imputación a los presuntos responsables o la exclusión del caso de aquellos denunciados contra los que no existen pruebas.</p> <p class="rtejustify"> El juez ya conminó en seis ocasiones a los fiscales a cerrar esta etapa, debido a que ya se habrían excedido los plazos para la misma, pese a ello le otorgó otros 20 días, argumentando que la complejidad del caso merece dar ese tiempo más para que el Ministerio Público termine los actuados investigativos y poder elaborar un informe final.</p> <p class="rtejustify"> El 5 de enero de 2021, la comisión de fiscales hizo conocer a las partes la intención de ampliar la etapa investigativa por 90 días más, pero esta solicitud no fue remitida ante el juez que conoce la causa, ya que continúa el receso judicial.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Audiencia cautelar contra Valverde</strong></p> <p class="rtejustify"> La jueza primera de Instrucción en lo Penal de El Alto fijó la audiencia cautelar presencial para hoy a las 8:30 en la que se definirá la situación legal del general Luis Fernando Valverde, quien está imputado por los delitos de homicidio y otros, en el caso de Senkata. La Fiscalía ha solicitado la detención preventiva del general en la cárcel de El Abra, en Cochabamba.</p> <p class="rtejustify"> La abogada del militar, Odaliz Mariño, expresó que es extraño que se realice de manera presencial, en lugar de que sea virtual, por las medidas de prevención a causa de la Covid-19. Sin embargo, anunció que irán a la audiencia.</p> <p class="rtejustify"> El general fue imputado por ser el presunto responsable de ordenar las operaciones en inmediaciones de la planta de YPFB de Senkata en noviembre de 2019, en las que fallecieron 10 personas.</p>

Sin fecha, fueron suspendidas las dos inspecciones a unidades de las Fuerzas Armadas que estaban programadas por la comisión de fiscales de Sacaba para ayer, dentro de la investigación de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) en Huayllani, Sacaba, en noviembre de 2019, en los que fallecieron 10 personas.

Sin fecha, fueron suspendidas las dos inspecciones a unidades de las Fuerzas Armadas que estaban programadas por la comisión de fiscales de Sacaba para ayer, dentro de la investigación de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) en Huayllani, Sacaba, en noviembre de 2019, en los que fallecieron 10 personas.

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<p class="rtejustify"> Los fiscales de Materia de Sacaba, Lizeth Martínez Reyes, Richard Rafael Villaca y Giovanni Moisés Campos, emitieron el pasado 5 de enero la resolución de rechazo a favor de Juan Carlos J. S. (29), representante de la Juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien era investigado por los delitos de asesinato e intento de asesinato en el caso Huayllani.</p> <p class="rtejustify"> Según antecedentes, Juan Carlos J. S. fue aprehendido por la Policía el 22 de noviembre de 2019 en poder de un revolver calibre 38 y varios proyectiles; fue implicado en el caso Huayllani, ya que una de las víctimas fue herida por un proyectil de esas mismas dimensiones.</p> <p class="rtejustify"> “No existiendo ningún otro elemento que relacione al denunciado con los hechos de esta investigación, conlleva al déficit probatorio, lo cual impide de momento emitir una imputación formal contra el nombrado”, justificaron los fiscales de materia en la resolución de rechazo remitida al juez segundo de Instrucción Penal número 1 de Sacaba.</p> <p class="rtejustify"> Según la declaración que se le tomó, el joven en cuestión habría señalado que el 15 de noviembre de 2019 (la fecha más crítica del conflicto de Huayllani) se encontraba en Sacaba brindando apoyo a sus compañeros durante la “represión”, como calificó al conflicto.</p> <p class="rtejustify"> El desdoblamiento de imágenes y la georreferenciación mostraron que Juan Carlos J. S. se encontraba en Huayllani el día en el que 10 personas perdieron la vida tras enfrentamientos con las Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA).</p> <p class="rtejustify"> El reporte policial señala que el mencionado fue aprehendido en predios de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) cuando pretendía incitar a los estudiantes a acudir en defensa del MAS.</p> <p class="rtejustify"> “A momento de su aprehensión, se le hace una requisa y le encontramos el arma calibre 38, por lo que fue remitido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)”, indica parte del documento.</p> <p class="rtejustify"> El informe remitido a la Fiscalía por parte de uno de los policías investigadores indica que una de las víctimas, Juan Carlos Gutiérrez, dijo que el proyectil con el que fue herido vino del lado de los manifestantes afines al MAS.</p> <p class="rtejustify"> Los peritos extrajeron el proyectil del cuerpo de Gutiérrez y concluyeron que la herida fue causada por un proyectil de arma de fuego calibre 38, similar al revolver que portaba Juan Carlos J. S., en el momento de su aprehensión.</p> <p class="rtejustify"> “Tomando en cuenta en el caso específico de la investigación, no se pudo recabar mayores elementos que sustenten la participación de Juan Carlos J. S., en el hecho investigado; ante esta ausencia bajo el principio de objetividad y probidad, con las facultades que tiene el Ministerio Público se halla la potestad de rechazar la investigación”, argumentan los fiscales.<br> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>El arma no cuenta con un registro</strong></p> <p class="rtejustify"> El Registro de Armas de Fuego de Uso Civil (Reafuc), de la Policía, remitió un informe solicitado por el fiscal de Materia, Raúl Lazcano Murillo, dentro de la investigación iniciada de oficio contra Juan Carlos J. S., por la presunta comisión del delito porte y portación de arma de fuego.</p> <p class="rtejustify"> El informe refiere que el sindicado no registró el arma de fuego que portaba, por lo que tampoco contaba con autorización para su uso.</p> <p class="rtejustify"> “El ciudadano Juan Carlos J. S. no cuenta con autorización para portar armas de fuego. De la misma manera, no realizó el registro de ningún arma de fuego en el Reafuc a nivel nacional”, dice el reporte.</p> <p class="rtejustify"> Además, las municiones calibre 7,62 mm, secuestradas a Juan Carlos J., son de uso militar y policial.</p>

<p class="rtejustify"> Los fiscales de Materia de Sacaba, Lizeth Martínez Reyes, Richard Rafael Villaca y Giovanni Moisés Campos, emitieron el pasado 5 de enero la resolución de rechazo a favor de Juan Carlos J. S. (29), representante de la Juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien era investigado por los delitos de asesinato e intento de asesinato en el caso Huayllani.</p> <p class="rtejustify"> Según antecedentes, Juan Carlos J. S. fue aprehendido por la Policía el 22 de noviembre de 2019 en poder de un revolver calibre 38 y varios proyectiles; fue implicado en el caso Huayllani, ya que una de las víctimas fue herida por un proyectil de esas mismas dimensiones.</p> <p class="rtejustify"> “No existiendo ningún otro elemento que relacione al denunciado con los hechos de esta investigación, conlleva al déficit probatorio, lo cual impide de momento emitir una imputación formal contra el nombrado”, justificaron los fiscales de materia en la resolución de rechazo remitida al juez segundo de Instrucción Penal número 1 de Sacaba.</p> <p class="rtejustify"> Según la declaración que se le tomó, el joven en cuestión habría señalado que el 15 de noviembre de 2019 (la fecha más crítica del conflicto de Huayllani) se encontraba en Sacaba brindando apoyo a sus compañeros durante la “represión”, como calificó al conflicto.</p> <p class="rtejustify"> El desdoblamiento de imágenes y la georreferenciación mostraron que Juan Carlos J. S. se encontraba en Huayllani el día en el que 10 personas perdieron la vida tras enfrentamientos con las Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA).</p> <p class="rtejustify"> El reporte policial señala que el mencionado fue aprehendido en predios de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) cuando pretendía incitar a los estudiantes a acudir en defensa del MAS.</p> <p class="rtejustify"> “A momento de su aprehensión, se le hace una requisa y le encontramos el arma calibre 38, por lo que fue remitido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)”, indica parte del documento.</p> <p class="rtejustify"> El informe remitido a la Fiscalía por parte de uno de los policías investigadores indica que una de las víctimas, Juan Carlos Gutiérrez, dijo que el proyectil con el que fue herido vino del lado de los manifestantes afines al MAS.</p> <p class="rtejustify"> Los peritos extrajeron el proyectil del cuerpo de Gutiérrez y concluyeron que la herida fue causada por un proyectil de arma de fuego calibre 38, similar al revolver que portaba Juan Carlos J. S., en el momento de su aprehensión.</p> <p class="rtejustify"> “Tomando en cuenta en el caso específico de la investigación, no se pudo recabar mayores elementos que sustenten la participación de Juan Carlos J. S., en el hecho investigado; ante esta ausencia bajo el principio de objetividad y probidad, con las facultades que tiene el Ministerio Público se halla la potestad de rechazar la investigación”, argumentan los fiscales.<br /><br />  </p> <p class="rtejustify"> <strong>El arma no cuenta con un registro</strong></p> <p class="rtejustify"> El Registro de Armas de Fuego de Uso Civil (Reafuc), de la Policía, remitió un informe solicitado por el fiscal de Materia, Raúl Lazcano Murillo, dentro de la investigación iniciada de oficio contra Juan Carlos J. S., por la presunta comisión del delito porte y portación de arma de fuego.</p> <p class="rtejustify"> El informe refiere que el sindicado no registró el arma de fuego que portaba, por lo que tampoco contaba con autorización para su uso.</p> <p class="rtejustify"> “El ciudadano Juan Carlos J. S. no cuenta con autorización para portar armas de fuego. De la misma manera, no realizó el registro de ningún arma de fuego en el Reafuc a nivel nacional”, dice el reporte.</p> <p class="rtejustify"> Además, las municiones calibre 7,62 mm, secuestradas a Juan Carlos J., son de uso militar y policial.</p>

Los fiscales de Materia de Sacaba, Lizeth Martínez Reyes, Richard Rafael Villaca y Giovanni Moisés Campos, emitieron el pasado 5 de enero la resolución de rechazo a favor de Juan Carlos J. S. (29), representante de la Juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien era investigado por los delitos de asesinato e intento de asesinato en el caso Huayllani.

Los fiscales de Materia de Sacaba, Lizeth Martínez Reyes, Richard Rafael Villaca y Giovanni Moisés Campos, emitieron el pasado 5 de enero la resolución de rechazo a favor de Juan Carlos J. S. (29), representante de la Juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien era investigado por los delitos de asesinato e intento de asesinato en el caso Huayllani.

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<p class="rtejustify"> El caso denominado Huayllani investiga la muerte de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes, en su intento de ingresar a la ciudad de Cochabamba, se enfrentaron a la Policía y las Fuerzas Armadas el 15 de noviembre de 2019. Como resultado murieron 10 personas.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, tras la revisión documental del proceso, se pudo evidenciar que existen al menos seis inconsistencias en la primera etapa preparatoria:&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> 1.-Haberse excedido en el plazo establecido por la norma en la etapa investigativa preliminar.</p> <p class="rtejustify"> 2.- En el cuaderno de investigaciones sólo hay pericias hechas a algunas prendas de vestir y botellas con gasolina decomisadas a los movilizados.</p> <p class="rtejustify"> 3.- La división del caso en tres etapas, de las que dos están paralizadas, y la recalificación del hecho para poder alargar la etapa investigativa.</p> <p class="rtejustify"> 4.- Desde la Fiscalía departamental refieren la existencia de un informe complementario en el que figuraría la procedencia de las balas, pero éste no consta en el cuadernillo de investigaciones.</p> <p class="rtejustify"> 5.- La declaración de algunas personas heridas en los enfrentamientos señala que los disparos llegaron del lado de Sacaba, sector donde se encontraban afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, este aspecto no fue investigado.</p> <p class="rtejustify"> 6.- La obtención de fotografías y videos de diferentes páginas de Facebook, pruebas con las que se logró imputar al general Alfredo Cuellar, comandante del contingente militar en la fecha en cuestión.</p> <p class="rtejustify"> Conforme a norma, la etapa preparatoria tiene tres subfases: la investigación preliminar, el desarrollo de la etapa preparatoria y la parte conclusiva.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> La investigación preliminar da un plazo de 120 días para su desarrollo y sólo puede ampliarse hasta 60 días, en atención a la complejidad del caso, y hasta por 90 o 120 días cuando se trata de casos de organización criminal, narcotráfico o delitos financieros. El caso Huayllani no se inscribe a ninguna de estas tres últimas posibilidades.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles, dijo que sí amerita ampliar el tiempo de la investigación por la complejidad del hecho. La fiscal hace esta interpretación pese a no calificar Huayllani en los casos excepcionales y a las reiteradas conminatorias del juez para dar por concluida esta fase y presentar los informes.</p> <p class="rtejustify"> La imputación formal presentada contra Cuéllar, que cerró la investigación preliminar y abrió el desarrollo de la etapa preparatoria, da lugar a seis meses de investigación formal.</p> <p class="rtejustify"> El 24 de septiembre de 2020, el juez de Instrucción en materia penal número 1 de Sacaba rechazó una nueva solicitud de ampliación y emitió una conminatoria para que la Fiscalía se pronuncie con un rechazo o imputaciones formales, pero no cumplió con esta determinación y el plazo se amplió por 90 días más.</p> <p class="rtejustify"> Pasados los seis meses, el proceso debió ingresar en etapa preparatoria y emitirse los actos conclusivos con la acusación formal, sobreseimiento o medidas alternativas a quienes debieron ser acusados.</p> <p class="rtejustify"> Pero las pericias de los especialistas no clarificaron el panorama, ya que con ellas no se pudo determinar la trayectoria de los proyectiles, además de que los cuerpos de las víctimas fueron movidos del lugar exacto de donde fueron abatidas. Semanas atrás, el representante de las víctimas de Huayllani, Gerardo Puma, aseguró la existencia de un informe complementario que determinaría la trayectoria.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, los fiscales asignados señalaron que no hay tal informe dentro de las investigaciones, pese a que la fiscal departamental, Nuria Gonzáles, en conferencia de prensa, respaldó la versión de un informe de IDIF.</p> <p class="rtejustify"> El pasado 3 de diciembre de 2019, el policía a cargo del caso Huayllani, dentro de los actuados investigativos, tomó la declaración de dos heridos por arma de fuego, quienes estaban internados en el hospital Viedma.</p> <p class="rtejustify"> Uno de ellos, Gonzalo Paco Pedro, habría declarado que le disparó uno de los manifestantes. “Cuando me encontraba en la turba el 15 de noviembre en la zona de Huayllani, resulté herido de bala. El disparo vino de parte de los manifestantes”, refiere la declaración escrita.</p> <p class="rtejustify"> Este extremo, sin embargo, aún no está siendo investigado, y el caso en sí fue dividido en tres etapas, dos de las cuales a más de un año de iniciarse el proceso no avanzaron y no cuentan con ninguna pericia.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify rteindent1"> <strong>MONTERO DECLARA Y DESCONOCE PLAN</strong></p> <p class="rtejustify rteindent1"> En la declaración realizada ante la Fiscalía de Sacaba por el caso Huayllani, el excomandante general de la Policía Rodolfo Montero negó conocer el plan de operaciones elaborado para contener la llegada de afines al MAS a la ciudad de Cochabamba.</p> <p class="rtejustify rteindent1"> “Mi persona no emitió ningún plan de operaciones; el plan de operaciones conjunta (Policía-Fuerzas Armadas) para el orden público fue emitido por Planeamiento y Operaciones del Comando General dos días antes de que yo asuma el Comando General”, dice parte de la declaración.</p>

<p class="rtejustify"> El caso denominado Huayllani investiga la muerte de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes, en su intento de ingresar a la ciudad de Cochabamba, se enfrentaron a la Policía y las Fuerzas Armadas el 15 de noviembre de 2019. Como resultado murieron 10 personas.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, tras la revisión documental del proceso, se pudo evidenciar que existen al menos seis inconsistencias en la primera etapa preparatoria: </p> <p class="rtejustify"> 1.-Haberse excedido en el plazo establecido por la norma en la etapa investigativa preliminar.</p> <p class="rtejustify"> 2.- En el cuaderno de investigaciones sólo hay pericias hechas a algunas prendas de vestir y botellas con gasolina decomisadas a los movilizados.</p> <p class="rtejustify"> 3.- La división del caso en tres etapas, de las que dos están paralizadas, y la recalificación del hecho para poder alargar la etapa investigativa.</p> <p class="rtejustify"> 4.- Desde la Fiscalía departamental refieren la existencia de un informe complementario en el que figuraría la procedencia de las balas, pero éste no consta en el cuadernillo de investigaciones.</p> <p class="rtejustify"> 5.- La declaración de algunas personas heridas en los enfrentamientos señala que los disparos llegaron del lado de Sacaba, sector donde se encontraban afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, este aspecto no fue investigado.</p> <p class="rtejustify"> 6.- La obtención de fotografías y videos de diferentes páginas de Facebook, pruebas con las que se logró imputar al general Alfredo Cuellar, comandante del contingente militar en la fecha en cuestión.</p> <p class="rtejustify"> Conforme a norma, la etapa preparatoria tiene tres subfases: la investigación preliminar, el desarrollo de la etapa preparatoria y la parte conclusiva. </p> <p class="rtejustify"> La investigación preliminar da un plazo de 120 días para su desarrollo y sólo puede ampliarse hasta 60 días, en atención a la complejidad del caso, y hasta por 90 o 120 días cuando se trata de casos de organización criminal, narcotráfico o delitos financieros. El caso Huayllani no se inscribe a ninguna de estas tres últimas posibilidades.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles, dijo que sí amerita ampliar el tiempo de la investigación por la complejidad del hecho. La fiscal hace esta interpretación pese a no calificar Huayllani en los casos excepcionales y a las reiteradas conminatorias del juez para dar por concluida esta fase y presentar los informes.</p> <p class="rtejustify"> La imputación formal presentada contra Cuéllar, que cerró la investigación preliminar y abrió el desarrollo de la etapa preparatoria, da lugar a seis meses de investigación formal.</p> <p class="rtejustify"> El 24 de septiembre de 2020, el juez de Instrucción en materia penal número 1 de Sacaba rechazó una nueva solicitud de ampliación y emitió una conminatoria para que la Fiscalía se pronuncie con un rechazo o imputaciones formales, pero no cumplió con esta determinación y el plazo se amplió por 90 días más.</p> <p class="rtejustify"> Pasados los seis meses, el proceso debió ingresar en etapa preparatoria y emitirse los actos conclusivos con la acusación formal, sobreseimiento o medidas alternativas a quienes debieron ser acusados.</p> <p class="rtejustify"> Pero las pericias de los especialistas no clarificaron el panorama, ya que con ellas no se pudo determinar la trayectoria de los proyectiles, además de que los cuerpos de las víctimas fueron movidos del lugar exacto de donde fueron abatidas. Semanas atrás, el representante de las víctimas de Huayllani, Gerardo Puma, aseguró la existencia de un informe complementario que determinaría la trayectoria.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, los fiscales asignados señalaron que no hay tal informe dentro de las investigaciones, pese a que la fiscal departamental, Nuria Gonzáles, en conferencia de prensa, respaldó la versión de un informe de IDIF.</p> <p class="rtejustify"> El pasado 3 de diciembre de 2019, el policía a cargo del caso Huayllani, dentro de los actuados investigativos, tomó la declaración de dos heridos por arma de fuego, quienes estaban internados en el hospital Viedma.</p> <p class="rtejustify"> Uno de ellos, Gonzalo Paco Pedro, habría declarado que le disparó uno de los manifestantes. “Cuando me encontraba en la turba el 15 de noviembre en la zona de Huayllani, resulté herido de bala. El disparo vino de parte de los manifestantes”, refiere la declaración escrita.</p> <p class="rtejustify"> Este extremo, sin embargo, aún no está siendo investigado, y el caso en sí fue dividido en tres etapas, dos de las cuales a más de un año de iniciarse el proceso no avanzaron y no cuentan con ninguna pericia.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify rteindent1"> <strong>MONTERO DECLARA Y DESCONOCE PLAN</strong></p> <p class="rtejustify rteindent1"> En la declaración realizada ante la Fiscalía de Sacaba por el caso Huayllani, el excomandante general de la Policía Rodolfo Montero negó conocer el plan de operaciones elaborado para contener la llegada de afines al MAS a la ciudad de Cochabamba.</p> <p class="rtejustify rteindent1"> “Mi persona no emitió ningún plan de operaciones; el plan de operaciones conjunta (Policía-Fuerzas Armadas) para el orden público fue emitido por Planeamiento y Operaciones del Comando General dos días antes de que yo asuma el Comando General”, dice parte de la declaración.</p>

El caso denominado Huayllani investiga la muerte de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS)

El caso denominado Huayllani investiga la muerte de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS)

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