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<p class="rtejustify"> El informe presentado por la Procuraduría General del Estado (PGE) a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre la crisis política y social que vivió el país desde las elecciones generales de octubre de 2019, sostiene que los medios de comunicación tuvieron un protagonismo en el supuesto “golpe de Estado” que maneja el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).</p> <p class="rtejustify"> Según este reporte, los medios de comunicación privada, no específica qué medios, generaron “información sesgada, incompleta o por último, omitieron informar en el marco de la veracidad”.</p> <p class="rtejustify"> En otra parte, asevera que quienes promovieron el “golpe de Estado” generaron un escenario de descontento social, “utilizando medios de comunicación privada para desinformar a la población”.</p> <p class="rtejustify"> Este informe ha sido rechazado y cuestionado por opositores al MAS y varios analistas, por “tergiversar” los hechos de 2019 y omitir todos aquellos sucesos que van contra la narrativa de “golpe de Estado” que intenta imponer el gobierno de Luis Arce.</p> <p class="rtejustify"> En septiembre de 2020, la Oacnudh y la subdivisión de Procedimientos Especiales requirieron al Estado de Bolivia información específica sobre lo acontecido en la crisis de octubre 2019. Entre los nueve puntos requeridos están la información sobre procesos contra 150 exfuncionarios (Gobierno de Morales), datos sobre investigaciones, protección de víctimas y operaciones conjuntas militares y fuerzas policiales.</p> <p class="rtejustify"> El informe de la Procuraduría concluye que “Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> Y que el “golpe de Estado” fue organizado, planificado y ejecutado por los comités cívicos a la cabeza de Fernando Camacho, por policías, militares y la Iglesia católica.</p> <p class="rtejustify"> <strong>El papel de los medios</strong></p> <p class="rtejustify"> En ese informe, la PGE hace mención en diferentes partes a los medios de comunicación privados y los cataloga como protagonistas del presunto “golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> En los puntos 34 y 35 del informe, la Procuraduría hace referencia a los “cabildos” que se desarrollaron en diferentes ciudades “organizados por sectores privados” y señala que éstos eran “totalmente ilegales” puesto que no siguieron los procedimientos establecidos en la Ley 026, es decir, pedir el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que sus decisiones no son de carácter vinculante.</p> <p class="rtejustify"> “De esta forma, es evidente que existió una organización previa entre líderes cívicos, representados por Luis Fernando Camacho, la Policía y las Fuerzas Armadas, para ejecutar el plan de desestabilización del orden constitucional que llevaría a la consumación del golpe de Estado, hecho en el que los medios de comunicación tuvieron su protagonismo por generar información sesgada, incompleta o, por último, omitir informar en el marco de la veracidad”, señala el documento en el punto 35.</p> <p class="rtejustify"> Estos criterios van en la línea del discurso manejado por el expresidente Evo Morales, desde su exilio, de que los medios son “sus enemigos número uno” y “son cómplices del golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>El día “D”</strong></p> <p class="rtejustify"> En el punto 51, después de hacer relación sobre la renuncia de Morales y otras exautoridades, la instalación del diálogo concertado por la Unión Europea, la Embajada de España, la Iglesia católica y actores políticos de oposición y el MAS, señala que los “medios de comunicación” desinformaron a la población en el presunto “golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, dice que ejercieron presión y hostigamiento a quienes estaban en la línea de sucesión constitucional, para que renuncien y de esa forma forzar para que Jeanine Áñez Chávez asuma la Presidencia del Estado”.</p> <p class="rtejustify"> El informe, de 40 páginas, con 120 puntos y cuatro conclusiones, presenta los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019 para sustentar su conclusión de que hubo “ruptura del orden constitucional con un periodo de represión y persecución política”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>“La OEA reforzó la idea de fraude”</strong></p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el documento de la Procuraduría General del Estado, enviado a las Naciones Unidas, en Bolivia se consumó el “golpe de Estado que había sido denunciado (…) hecho que se promovió bajo la narrativa del supuesto fraude electoral, discurso que cobró más fuerza con el Informe preliminar de la OEA”.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, señala que este informe de la OEA fue cuestionado y desbaratado por diferentes instancias internacionales y que transcurrido más de un año no se logró demostrar objetivamente el supuesto fraude electoral, que desencadenó las movilizaciones sociales y la salida de Morales del Gobierno.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Piden informe al Procurador</strong></p> <p class="rtejustify"> El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Beto Astorga solicitó una petición de informe escrito al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, para que explique con pruebas las afirmaciones que hace en el informe remitido a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.</p> <p class="rtejustify"> Según Astorga, la Procuraduría prioriza en ese informe la defensa del expresidente Evo Morales y su entorno, y no así los intereses del país.</p> <p class="rtejustify"> “Nosotros consideramos que este informe es totalmente erróneo, ya que está subestimando la inteligencia y memoria de todos los bolivianos (…). Creemos que el Procurador, en vez de estar defendiendo los intereses del Estado, está defendiendo a los que hicieron fraude a los que renunciaron y escaparon en 2019”, manifestó Astorga, según la agencia ANF.</p> <p class="rtejustify"> El legislador demandó al Procurador informar y presentar pruebas sobre los motivos que le llevan a afirmar por ejemplo que el exvicepresidente García Linera fue “forzado” a presentar su renuncia en 2019.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, solicitó a Chávez explicar con pruebas por qué afirma que no existe registro alguno de las renuncias de la entonces presidenta del Senado Adriana Salvatierra y del presidente de Diputados Víctor Borda, cuando todos los bolivianos saben que estas autoridades renunciaron de forma “pública y voluntaria”.</p> <p class="rtejustify"> Además, pidió una explicación de por qué asevera que existió promotores del “golpe de Estado” en 2019.</p> <p class="rtejustify"> Para Astorga, Chávez es un “peón político” de Evo Morales y está haciendo quedar mal al país al remitir informes “falsos” a distintos organismos.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>Coimbra dice que el MAS no presentó una sola prueba</strong></p> <p class="rtejustify"> El exministro de Justicia Álvaro Coimbra afirma que en todo el tiempo en que está detenido preventivamente en San Pedro, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no presentó ninguna prueba por los delitos por los que se lo acusa y tilda a la justicia de “corrupta y vendida”.</p> <p class="rtejustify"> “Terrorismo, sedición y conspiración son los delitos por los cuales hace 60 días estoy ilegalmente preso junto a Jeanine Áñez y Rodrigo Guzmán. El MAS no ha presentado una sola prueba; sin embargo, la justicia corrupta y vendida se presta a su juego”, señala el mensaje difundido ayer por el exministro en su cuenta de Twitter.</p> <p class="rtejustify"> Según se aclara, el tuit fue publicado por el equipo de Comunicación del exministro de Justicia de Jeanine Áñez.</p> <p class="rtejustify"> “Nada va a cambiar la verdad: en Bolivia, en 2019, hubo fraude. Todos los que hoy comenten delitos, violando nuestros derechos humanos, más adelante serán juzgados. Espero estén preparados”, reza la segunda parte del mensaje. Coimbra, al igual que la expresidenta Áñez y el exministro de Energía Rodrigo Guzmán, está detenido preventivamente, mientras son investigados por el caso denominado golpe de Estado y se los acusa por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración cuando asumieron el mando del país de manera transitoria.</p>
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<p class="pais-pq"> Estado Plurinacional de Bolivia</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> <strong>Lengua</strong>: Castellano</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> <strong>Moneda</strong>: El Boliviano</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> Bolivia es uno de los pocos países que ha participado de todas las versiones de Juegos Suramericanos desde la primera edición, que se realizó en dicho país en 1978. En esa época, los Juegos eran denominados Cruz del Sur.</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> Una de las mejores participaciones de Bolivia fue en Colombia el 2010, consiguiendo medallas de oro en tiro al plato con los deportistas César David Menacho Flores (2 medallas de oro y 2 de bronce) y Juan Carlos Pares Gacha (1 medalla de oro y 2 de bronce).</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> En la más reciente versión de los Juegos que se llevó a cabo en Santiago 2014, Bolivia consiguió 4 medallas de bronce.</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> Deportistas destacados: Karen Torrez, Natación; Estefany Coronado, Marcha; y Rosemary Quispe, Maratón.</p>
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<p class="rtejustify"> Las diferentes instancias de la justicia boliviana, además de entidades del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, llevan adelante acciones para “lavar la cara” de Evo Morales y con miras a su postulación en los comicios 2025 e incluso si se interrumpe el mandato de Luis Arce. Pero también busca el partido azul imponer la teoría de un presunto golpe de Estado.</p> <p class="rtejustify"> Ésa es la visión que tienen varios políticos y analistas, con base a los actuados de la jurisdicción ordinaria de liberar de culpa al exmandatario en diversos casos, la tergiversación de la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre los hechos acontecidos en octubre y noviembre de 2019, la aprobación de leyes y designación de embajadores,</p> <p class="rtejustify"> “Es vital para ellos en vista a 2025 o a un acortamiento de mandato, ellos saben que la única opción del MAS, después de Luis Arce, es que pueda postularse Evo Morales, entonces están haciendo una respuesta desesperada para lavar la cara de Morales y pueda generarse una nueva postulación toda vez que hay contradicciones internas”, señaló Manuel Morales, del Conade.</p> <p class="rtejustify"> El exmandatario fue denunciado por tres casos de estupro y trata y tráfico de personas, acciones retardadas en la justicia, pero luego de ganar el MAS en las nacionales, estas acciones fueron rechazadas.</p> <p class="rtejustify"> La jueza Claudia Castro resolvió suspender y archivar la investigación por el caso fraude electoral contra el expresidente Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y los exministros Héctor Arce, Carlos Romero y Juan Ramón Quintana.</p> <p class="rtejustify"> Para el abogado Eusebio Vera, el MAS busca imponer su teoría de golpe y desconocer las irregularidades cometidas en las elecciones de octubre de 2019, para favorecer a Morales.</p> <p class="rtejustify"> También recordó que el MAS siempre desconoció la voluntad popular. Muestra de ello es el referendo de 2016 y su habilitación por el TCP, entre otros.</p> <p class="rtejustify"> Para la politóloga Patricia Velasco, la teoría que maneja el MAS tiene como fin el lanzamiento de la nueva candidatura de Morales.</p> <p class="rtejustify"> “Muestra de ello es la última actuación de la PGE, que falsea la verdad en un informe remitido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que dice que García Linera fue forzado a renunciar, hecho contrario a lo que ocurrió”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> “Hoy (10 de noviembre de 2019), estoy renunciando a mi cargo de Vicepresidente, el golpe de Estado se ha consumado (…) quiero que sepa el pueblo boliviano que hemos renunciado para que no busque la violencia por parte de las fuerzas agresivas”, dijo García Linera en esa oportunidad.</p> <p class="rtejustify"> En enero 2020, la Asamblea Legislativa controlada por el MAS aceptó las renuncias de Morales y García Linera.</p> <p class="rtejustify"> En esta misma línea, los analistas recordaron que desde el Legislativo se aprobó una ley de indulto en que se argumenta que hubo golpe de Estado para liberar a todos los que cometieron acciones contrarias a las normas entre 2019 y 2020.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, señalan que se promovió la designación de Héctor Arce ante la OEA para intentar desvirtuar el informe de irregularidades cometidas en los comicios nacionales de 2019.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Caso Neurona, archivado</strong></p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con reportes, el expresidente Evo Morales fue beneficiado con el archivo o rechazo de procesos en su contra por sedición y terrorismo, estupro, fraude electoral y el caso Neurona, entre otros.</p> <p class="rtejustify"> El pasado 15 de abril, la fiscal Rocío Feraudi presentó al juez quinto de Instrucción Anticorrupción del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz la resolución de sobreseimiento del caso Neurona con el argumento de que “los elementos de pruebas son insuficientes para fundar la acusación”.</p> <p class="rtejustify"> Así, quedan en la nebulosa los contratos irregulares por 12,4 millones de bolivianos adjudicados a la consultora mexicana Neurona entre 2017 y 2018.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Iglesia y analistas objetan informe de la Procuraduría</strong></p> <p class="rtejustify"> La Iglesia católica, legisladores de la oposición y analistas políticos criticaron y rechazaron el informe de la Procuraduría General del Estado, enviado a las Naciones Unidas, sobre el “desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”, por tergiversar estos hechos para sustentar la narrativa de “golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> El obispo emérito de Sucre Jesús Juárez justificó el rol que la Iglesia católica desempeñó en el proceso de transición entre los años 2019 y 2020 y pidió a la población “pensar en el reencuentro”.</p> <p class="rtejustify"> El religioso manifestó la necesidad de “condenar la mentira y defender la verdad”, ante el argumento reincidente de involucrar a la Iglesia católica en un supuesto golpe de Estado.</p> <p class="rtejustify"> Juárez convocó a los bolivianos a “dejar los enfrentamientos”, rechazar toda violencia y “vivir en paz”.</p> <p class="rtejustify"> El abogado constitucionalista William Bascopé y el analista político Roger Cortez, en entrevista con radio Panamericana,coincidieron ayer en sus críticas al contenido de dicho informe y al papel de la Procuraduría en este caso, totalmente contrario a lo que establecen las leyes.</p> <p class="rtejustify"> Bascopé señaló que con todas las mentiras que contiene ese informe, para demostrar que hubo una supuesta ruptura constitucional en 2019, se está faltando el respeto a la memoria de los bolivianos y tratando de tapar la verdad del fraude electoral que se cometió en las elecciones de 2019.</p>
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<p class="rtejustify"> Las diferentes instancias de la justicia boliviana, además de entidades del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, llevan adelante acciones para “lavar la cara” de Evo Morales y con miras a su postulación en los comicios 2025 e incluso si se interrumpe el mandato de Luis Arce. Pero también busca el partido azul imponer la teoría de un presunto golpe de Estado.</p> <p class="rtejustify"> Ésa es la visión que tienen varios políticos y analistas, con base a los actuados de la jurisdicción ordinaria de liberar de culpa al exmandatario en diversos casos, la tergiversación de la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre los hechos acontecidos en octubre y noviembre de 2019, la aprobación de leyes y designación de embajadores,</p> <p class="rtejustify"> “Es vital para ellos en vista a 2025 o a un acortamiento de mandato, ellos saben que la única opción del MAS, después de Luis Arce, es que pueda postularse Evo Morales, entonces están haciendo una respuesta desesperada para lavar la cara de Morales y pueda generarse una nueva postulación toda vez que hay contradicciones internas”, señaló Manuel Morales, del Conade.</p> <p class="rtejustify"> El exmandatario fue denunciado por tres casos de estupro y trata y tráfico de personas, acciones retardadas en la justicia, pero luego de ganar el MAS en las nacionales, estas acciones fueron rechazadas.</p> <p class="rtejustify"> La jueza Claudia Castro resolvió suspender y archivar la investigación por el caso fraude electoral contra el expresidente Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y los exministros Héctor Arce, Carlos Romero y Juan Ramón Quintana.</p> <p class="rtejustify"> Para el abogado Eusebio Vera, el MAS busca imponer su teoría de golpe y desconocer las irregularidades cometidas en las elecciones de octubre de 2019, para favorecer a Morales.</p> <p class="rtejustify"> También recordó que el MAS siempre desconoció la voluntad popular. 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<p> El Obispo de la Diócesis de El Alto, Giovanni Arana, retrucó a la Procuraduría General del Estado; aseguró que la Iglesia Católica no gestó ningún "golpe Estado". Mientras que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, pidió que se investigue una presunta subordinación de las Fuerzas Armadas al grupo de pacificación que se reunió en la Universidad Católica Boliviana particularmente a Jorge Tuto Quiroga.</p> <p> "No participamos en ningún golpe de Estado, no hemos gestado ningún golpe de Estado", respondió Arana en Radio Fides, al precisar que junto a la Unión Europea se constituyeron en facilitadores del diálogo entre los principales actores políticos de ese momento.</p> <p> En el informe sobre "El desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019", que presentó el Gobierno a través de la Procuraduría General del Estado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, establece que la Iglesia, además de los comités cívicos, militares y policías, planificaron, organizaron y ejecutaron el "golpe".</p> <p> "Sabemos que eso no es cierto, la población sabe que no se ha gestado un golpe de Estado. En conciencia estamos tranquilos, sabiendo que nuestro papel y (...) de la Unión Europea ha sido la pacificación del país, esa ha sido la motivación", manifestó Arana.</p> <p> Sin embargo, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, manifestó que el régimen democrático ha sido interrumpido de manera violenta, cuando las Fuerzas Armadas sugirieron la renuncia al entonces presidente Evo Morales, durante la crisis política de octubre y noviembre de 2019.</p> <p> Incluso manifestó que las FFAA pudieron haberse subordinado mucho antes a la dimisión de Morales al grupo de pacificación que se reunió en la Universidad Católica Boliviana (UCB).</p> <p> "Las Fuerzas Armadas paralelamente a pedirle la renuncia (a Evo Morales) e inclusive antes ya se habían subordinado al mando político de este grupo de ciudadanos donde estaba Tuto Quiroga", sostuvo Novillo en el programa por streaming de La Razón.</p> <p> El titular de Defensa pidió que se investigue el por qué la institución castrense terminó obedeciendo las ordenes de un civil como era el expresidente y líder político, Quiroga.</p> <p> "Las Fuerzas Armadas rompieron la cadena de mando del Comandante General y se subordinaron a este grupo de civiles y a Quiroga. Debe investigarse y debe aclararse, por que recibían órdenes de un civil que no tenía potestad legal para dar órdenes", reiteró.</p> <p> Asimismo, dijo que en esa instancia "este grupo de ciudadanos, porque eran simples ciudadanos, reunidos en la UCB ante la crisis, supuestamente para pacificar, ahí ya definen quién va a ser el presidente del país".</p> <p> El Obispo de El Alto manifestó que solo cumplieron un papel de facilitadores, para que las partes en conflicto dialoguen. Recordó que la Iglesia siempre ha sido objeto de ataques de Evo Morales durante los 14 años de su Gobierno.</p>
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Amparo Carvajal: Wilfredo Chávez está en la Procuraduría para defender que hubo “golpe” y “a los que escaparon”
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<p class="rtejustify"> La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, sostuvo este martes que el procurador general Wilfredo Chávez fue posesionado en el cargo por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para “defender algo indefendible”, el supuesto “golpe de Estado”, y también para defender a los a los que escaparon”, Evo Morales y Álvaro García Linera, en noviembre de 2019, después que ambos renunciaran a sus cargos en el estatal BoliviaTv.</p> <p class="rtejustify"> El informe que la Procuraduría General del Estado (PGE) presentó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre los sucesos poselectorales de 2019 señala que García Linera fue “forzado” a presentar su renuncia, situación que “no sucedió”, que no “existe registro alguno” de las renuncias de los entonces presidentes del Senado y de Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, respectivamente.</p> <p class="rtejustify"> A fines de abril, la Procuraduría difundió el informe “Desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, derivadas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”, el mismo que fue remitido a la Oacnudh. En ese documento se señala que luego de la renuncia de Evo Morales “se debió abrir la sucesión constitucional, siendo el primero el ahora exvicepresidente Álvaro García Linera, quien también fue forzado a presentar su renuncia, situación que no sucedió debido a que no se instaló el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.</p> <p class="rtejustify"> Carvajal, en declaraciones a Brújula Digital, afirmó que Chávez fue colocado por el MAS con fines políticos y no la defensa del Estado. “Me pregunto sobre sus renuncias hace rato, y ellos, Borda, Linera y los demás abandonaron y dejaron un vacío en el Gobierno. Yo los conozco bien, y el MAS puso a Chávez para defender ese golpe que dicen y a los que huyeron. Estoy segura, le pusieron ahí para defender algo indefendible. Hicieron fraude y están tratando de no perder lo que sucedió el (20 de octubre de) 2019”.</p> <p class="rtejustify"> Wilfredo Chávez defendió a Evo Morales en 2020 cuando intentó habilitarse como primer senador por Cochabamba. Este hecho fue observado por Comunidad Ciudadana y Creemos cuando fue posesionado como procurador general que entre otros no debía defender intereses privados cinco años antes de la asunción del cargo.</p> <p class="rtejustify"> “Ustedes no se debían de extrañar la posesión que tiene Chávez. A él lo pusieron ahí para defender que hubo el golpe y para defender a los que escaparon. Yo lo conozco a él (a Chávez) y él está ahí para defender a Linera y al otro (Morales). Lo pusieron ahí solo para eso”, dijo Carvajal.</p> <p class="rtejustify"> El abogado constitucionalista José Luis Santisteban dijo a Página Siete que Wilfredo Chávez se convirtió en una especie de brazo defensor de Evo Morales y del oficialismo, y se dedica a ello que asumir su rol de defensa de los intereses del Estado. “La Procuraduría no está defendiendo los intereses del Estado, que es su primer rol. Lo que está haciendo es argumentar supuestos delitos políticos endilgados a la administración de la presidenta transitoria Jeanine Añez. Wilfredo Chávez sigue siendo el abogado gratuito del MAS y de Evo Morales, es un agente encubierto en la Procuraduría General del Estado y se está destruyendo la institucionalidad y desnaturalizando la función esencial de la Procuraduría”, señaló.</p> <p class="rtejustify"> El activista y defensor de derechos humanos Franco Albarracín dijo a Brújula Digital que la “Procuraduría solo quiere manipular los hechos” con fines políticos. “El informe de la Procuraduría solo quiere manipular los hechos y tiene un tinte político partidario, para imponer un discurso falso de lo que no sucedió en 2019”, afirmó y denunció que “el procurador está inventando hechos, como eso de que no hay pruebas sobre la renuncia de Salvatierra diciendo que no hay pruebas. En ese sentido, ese informe del procurador no es razonable ni objetivo”.</p> <p class="rtejustify"> Recordó que tampoco es cierto que no haya pruebas sobre las renuncias de García Linera. “En el caso del vicepresidente, todos vimos cómo renunció junto a Evo Morales (el domingo 10 de noviembre de 2019) y declararon que presentaban su renuncia. Ese informe hecho por el procurador no muestran lo que pasó porque ellos renunciaron de manera voluntaria”.</p> <p class="rtejustify"> Albarracín sugirió al Legislativo a convocar a Chávez para que explique el contenido del informe enviado a Oacnudh. “Ese informe está tratando de generar más rupturas en el país. Ahora, esto debería motivar a la Asamblea Legislativa a convocar al procurador para que dé explicaciones porque está en una actitud irresponsable y, yo diría, ilegal porque está elaborando documentos (falsos) con el dinero de los bolivianos y que faltan a la verdad y eso es entrar en el marco de la ilegalidad”.</p>
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<p class="rtejustify"> En el reporte sobre el “desarrollo de las protestas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”, que presentó el Gobierno a la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, existen al menos siete omisiones y contradicciones sobre lo ocurrido.</p> <p class="rtejustify"> La Procuraduría General del Estado envió el legajo documental a Ginebra a finales de abril para atender un requerimiento solicitado en 2020 por el organismos internacional, durante el gobierno de Jeanine Áñez.</p> <p class="rtejustify"> El primer hecho que no menciona el informe es la causa y quién ordenó la paralización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que estaba usando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para conocer los resultados.</p> <p class="rtejustify"> “La jornada de las elecciones se desarrolló con total normalidad. A las 19:40 se paralizó el TREP, que era un sistema de conteo de resultados no oficiales ni vinculantes (…) esto generó malestar”, dice el párrafo 21 del informe.</p> <p class="rtejustify"> Según las investigaciones que hizo el Ministerio Público, la exvocal del TSE Lucy Cruz ordenó la suspensión del sistema y el corte de energía del Serecí.</p> <p class="rtejustify"> La segunda omisión que hace el informe es que el Movimiento Al Socialismo (MAS) movilizó a sus aliados para contrarrestar las medidas de presión de los cívicos y ciudadanos que rechazaban el fraude electoral.</p> <p class="rtejustify"> Otra de las contradicciones del Gobierno es que los entonces presidentes del Senado, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda, renunciaron a sus cargos bajo presión de los opositores. Borda dimitió tras informar que su hermano había sido secuestrado; mientras que Salvatierra reconoció el 20 de enero que su renuncia fue consensuada con la cúpula del MAS.</p>
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<p class="rtejustify"> En el reporte sobre el “desarrollo de las protestas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”, que presentó el Gobierno a la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, existen al menos siete omisiones y contradicciones sobre lo ocurrido.</p> <p class="rtejustify"> La Procuraduría General del Estado envió el legajo documental a Ginebra a finales de abril para atender un requerimiento solicitado en 2020 por el organismos internacional, durante el gobierno de Jeanine Áñez.</p> <p class="rtejustify"> El primer hecho que no menciona el informe es la causa y quién ordenó la paralización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que estaba usando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para conocer los resultados.</p> <p class="rtejustify"> “La jornada de las elecciones se desarrolló con total normalidad. A las 19:40 se paralizó el TREP, que era un sistema de conteo de resultados no oficiales ni vinculantes (…) esto generó malestar”, dice el párrafo 21 del informe.</p> <p class="rtejustify"> Según las investigaciones que hizo el Ministerio Público, la exvocal del TSE Lucy Cruz ordenó la suspensión del sistema y el corte de energía del Serecí.</p> <p class="rtejustify"> La segunda omisión que hace el informe es que el Movimiento Al Socialismo (MAS) movilizó a sus aliados para contrarrestar las medidas de presión de los cívicos y ciudadanos que rechazaban el fraude electoral.</p> <p class="rtejustify"> Otra de las contradicciones del Gobierno es que los entonces presidentes del Senado, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda, renunciaron a sus cargos bajo presión de los opositores. Borda dimitió tras informar que su hermano había sido secuestrado; mientras que Salvatierra reconoció el 20 de enero que su renuncia fue consensuada con la cúpula del MAS.</p>
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En el reporte sobre el “desarrollo de las protestas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”, que presentó el Gobierno a la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, existen al menos siete omisiones y contradicciones sobre lo ocurrido.
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<p class="rtejustify"> El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, informó este viernes que se ha remitido un informe a la delegación de la ONU en Bolivia, legaciones diplomáticas y otras organizaciones de derechos humanos, con el objetivo de explicar los sucesos de 2019 en los cuales considera que hubo un supuesto "golpe de Estado".</p> <p class="rtejustify"> Chávez indicó que el documento se remitió como respuesta a una solicitud de información de la ONU.</p> <p class="rtejustify"> Según el Procurador, el informe se refiere a los hechos de 2019, respecto a las elecciones y los sucesos posteriores como la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y la forma en que se estableció el gobierno de Jeanine Añez.</p> <p class="rtejustify"> "Todo conduce a que en el país el 10 de noviembre se ha consumado un golpe de Estado con la renuncia de Evo Morales a su mandato", resumió Chávez.</p> <p class="rtejustify"> El Procurador señaló que en el informe se señala que en el 2019 ya se había instalado una narrativa de fraude y de desconocimiento de los resultados de las elecciones.</p> <p class="rtejustify"> Indicó que son falsos los argumentos que niegan la versión del "golpe". Alegó que no hubo vacancia en el poder en 2019 y que no tiene validez el comunicado que emitió el Tribunal Constitucional para avalar la sucesión de Añez.</p> <p class="rtejustify"> Respecto a la vacancia, Chávez afirmó que si bien había renunciado Evo Morales, la dimisión no se había aceptado en la Asamblea Legislativa, como se debía por procedimiento. </p> <p class="rtejustify"> También restó validez a las renuncias que hicieron públicas en noviembre de 2019 los entonces presidentes camarales, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, bajo el argumento de que se hicieron bajo presión y que no fueron hechas por escrito con las formalidades que exige una sentencia constitucional que versa sobre el tema.</p> <p class="rtejustify"> En cuanto al comunicado del Tribunal Constitucional que avaló a Añez, el Procurador calificó al documento como "pasquín" y "papelito", porque -según su explicación- su naturaleza no es reconocida como un acto vinculante reconocido por el Código Procesal Constitucional.</p> <p class="rtejustify"> Afirmó lo sucedido en 2019, derivó en el establecimiento de un "gobierno de facto", que ahora deberá asumir las consecuencias jurídicas. <br> </p>
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<p class="rtejustify"> El informe presentado por la Procuraduría General del Estado (PGE) a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre la crisis política y social que vivió el país desde las elecciones generales de octubre de 2019, sostiene que los medios de comunicación tuvieron un protagonismo en el supuesto “golpe de Estado” que maneja el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).</p> <p class="rtejustify"> Según este reporte, los medios de comunicación privada, no específica qué medios, generaron “información sesgada, incompleta o por último, omitieron informar en el marco de la veracidad”.</p> <p class="rtejustify"> En otra parte, asevera que quienes promovieron el “golpe de Estado” generaron un escenario de descontento social, “utilizando medios de comunicación privada para desinformar a la población”.</p> <p class="rtejustify"> Este informe ha sido rechazado y cuestionado por opositores al MAS y varios analistas, por “tergiversar” los hechos de 2019 y omitir todos aquellos sucesos que van contra la narrativa de “golpe de Estado” que intenta imponer el gobierno de Luis Arce.</p> <p class="rtejustify"> En septiembre de 2020, la Oacnudh y la subdivisión de Procedimientos Especiales requirieron al Estado de Bolivia información específica sobre lo acontecido en la crisis de octubre 2019. Entre los nueve puntos requeridos están la información sobre procesos contra 150 exfuncionarios (Gobierno de Morales), datos sobre investigaciones, protección de víctimas y operaciones conjuntas militares y fuerzas policiales.</p> <p class="rtejustify"> El informe de la Procuraduría concluye que “Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> Y que el “golpe de Estado” fue organizado, planificado y ejecutado por los comités cívicos a la cabeza de Fernando Camacho, por policías, militares y la Iglesia católica.</p> <p class="rtejustify"> <strong>El papel de los medios</strong></p> <p class="rtejustify"> En ese informe, la PGE hace mención en diferentes partes a los medios de comunicación privados y los cataloga como protagonistas del presunto “golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> En los puntos 34 y 35 del informe, la Procuraduría hace referencia a los “cabildos” que se desarrollaron en diferentes ciudades “organizados por sectores privados” y señala que éstos eran “totalmente ilegales” puesto que no siguieron los procedimientos establecidos en la Ley 026, es decir, pedir el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que sus decisiones no son de carácter vinculante.</p> <p class="rtejustify"> “De esta forma, es evidente que existió una organización previa entre líderes cívicos, representados por Luis Fernando Camacho, la Policía y las Fuerzas Armadas, para ejecutar el plan de desestabilización del orden constitucional que llevaría a la consumación del golpe de Estado, hecho en el que los medios de comunicación tuvieron su protagonismo por generar información sesgada, incompleta o, por último, omitir informar en el marco de la veracidad”, señala el documento en el punto 35.</p> <p class="rtejustify"> Estos criterios van en la línea del discurso manejado por el expresidente Evo Morales, desde su exilio, de que los medios son “sus enemigos número uno” y “son cómplices del golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>El día “D”</strong></p> <p class="rtejustify"> En el punto 51, después de hacer relación sobre la renuncia de Morales y otras exautoridades, la instalación del diálogo concertado por la Unión Europea, la Embajada de España, la Iglesia católica y actores políticos de oposición y el MAS, señala que los “medios de comunicación” desinformaron a la población en el presunto “golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, dice que ejercieron presión y hostigamiento a quienes estaban en la línea de sucesión constitucional, para que renuncien y de esa forma forzar para que Jeanine Áñez Chávez asuma la Presidencia del Estado”.</p> <p class="rtejustify"> El informe, de 40 páginas, con 120 puntos y cuatro conclusiones, presenta los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019 para sustentar su conclusión de que hubo “ruptura del orden constitucional con un periodo de represión y persecución política”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>“La OEA reforzó la idea de fraude”</strong></p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el documento de la Procuraduría General del Estado, enviado a las Naciones Unidas, en Bolivia se consumó el “golpe de Estado que había sido denunciado (…) hecho que se promovió bajo la narrativa del supuesto fraude electoral, discurso que cobró más fuerza con el Informe preliminar de la OEA”.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, señala que este informe de la OEA fue cuestionado y desbaratado por diferentes instancias internacionales y que transcurrido más de un año no se logró demostrar objetivamente el supuesto fraude electoral, que desencadenó las movilizaciones sociales y la salida de Morales del Gobierno.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Piden informe al Procurador</strong></p> <p class="rtejustify"> El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Beto Astorga solicitó una petición de informe escrito al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, para que explique con pruebas las afirmaciones que hace en el informe remitido a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.</p> <p class="rtejustify"> Según Astorga, la Procuraduría prioriza en ese informe la defensa del expresidente Evo Morales y su entorno, y no así los intereses del país.</p> <p class="rtejustify"> “Nosotros consideramos que este informe es totalmente erróneo, ya que está subestimando la inteligencia y memoria de todos los bolivianos (…). Creemos que el Procurador, en vez de estar defendiendo los intereses del Estado, está defendiendo a los que hicieron fraude a los que renunciaron y escaparon en 2019”, manifestó Astorga, según la agencia ANF.</p> <p class="rtejustify"> El legislador demandó al Procurador informar y presentar pruebas sobre los motivos que le llevan a afirmar por ejemplo que el exvicepresidente García Linera fue “forzado” a presentar su renuncia en 2019.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, solicitó a Chávez explicar con pruebas por qué afirma que no existe registro alguno de las renuncias de la entonces presidenta del Senado Adriana Salvatierra y del presidente de Diputados Víctor Borda, cuando todos los bolivianos saben que estas autoridades renunciaron de forma “pública y voluntaria”.</p> <p class="rtejustify"> Además, pidió una explicación de por qué asevera que existió promotores del “golpe de Estado” en 2019.</p> <p class="rtejustify"> Para Astorga, Chávez es un “peón político” de Evo Morales y está haciendo quedar mal al país al remitir informes “falsos” a distintos organismos.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>Coimbra dice que el MAS no presentó una sola prueba</strong></p> <p class="rtejustify"> El exministro de Justicia Álvaro Coimbra afirma que en todo el tiempo en que está detenido preventivamente en San Pedro, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no presentó ninguna prueba por los delitos por los que se lo acusa y tilda a la justicia de “corrupta y vendida”.</p> <p class="rtejustify"> “Terrorismo, sedición y conspiración son los delitos por los cuales hace 60 días estoy ilegalmente preso junto a Jeanine Áñez y Rodrigo Guzmán. El MAS no ha presentado una sola prueba; sin embargo, la justicia corrupta y vendida se presta a su juego”, señala el mensaje difundido ayer por el exministro en su cuenta de Twitter.</p> <p class="rtejustify"> Según se aclara, el tuit fue publicado por el equipo de Comunicación del exministro de Justicia de Jeanine Áñez.</p> <p class="rtejustify"> “Nada va a cambiar la verdad: en Bolivia, en 2019, hubo fraude. Todos los que hoy comenten delitos, violando nuestros derechos humanos, más adelante serán juzgados. Espero estén preparados”, reza la segunda parte del mensaje. Coimbra, al igual que la expresidenta Áñez y el exministro de Energía Rodrigo Guzmán, está detenido preventivamente, mientras son investigados por el caso denominado golpe de Estado y se los acusa por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración cuando asumieron el mando del país de manera transitoria.</p>
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El MAS no ha presentado una sola prueba; sin embargo, la justicia corrupta y vendida se presta a su juego”, señala el mensaje difundido ayer por el exministro en su cuenta de Twitter.</p> <p class="rtejustify"> Según se aclara, el tuit fue publicado por el equipo de Comunicación del exministro de Justicia de Jeanine Áñez.</p> <p class="rtejustify"> “Nada va a cambiar la verdad: en Bolivia, en 2019, hubo fraude. Todos los que hoy comenten delitos, violando nuestros derechos humanos, más adelante serán juzgados. Espero estén preparados”, reza la segunda parte del mensaje. Coimbra, al igual que la expresidenta Áñez y el exministro de Energía Rodrigo Guzmán, está detenido preventivamente, mientras son investigados por el caso denominado golpe de Estado y se los acusa por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración cuando asumieron el mando del país de manera transitoria.</p>
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<p class="rtejustify"> El informe presentado por la Procuraduría General del Estado (PGE) a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre la crisis política y social que vivió el país desde las elecciones generales de octubre de 2019, sostiene que los medios de comunicación tuvieron un protagonismo en el supuesto “golpe de Estado” que maneja el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).</p> <p class="rtejustify"> Según este reporte, los medios de comunicación privada, no específica qué medios, generaron “información sesgada, incompleta o por último, omitieron informar en el marco de la veracidad”.</p> <p class="rtejustify"> En otra parte, asevera que quienes promovieron el “golpe de Estado” generaron un escenario de descontento social, “utilizando medios de comunicación privada para desinformar a la población”.</p> <p class="rtejustify"> Este informe ha sido rechazado y cuestionado por opositores al MAS y varios analistas, por “tergiversar” los hechos de 2019 y omitir todos aquellos sucesos que van contra la narrativa de “golpe de Estado” que intenta imponer el gobierno de Luis Arce.</p> <p class="rtejustify"> En septiembre de 2020, la Oacnudh y la subdivisión de Procedimientos Especiales requirieron al Estado de Bolivia información específica sobre lo acontecido en la crisis de octubre 2019. Entre los nueve puntos requeridos están la información sobre procesos contra 150 exfuncionarios (Gobierno de Morales), datos sobre investigaciones, protección de víctimas y operaciones conjuntas militares y fuerzas policiales.</p> <p class="rtejustify"> El informe de la Procuraduría concluye que “Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> Y que el “golpe de Estado” fue organizado, planificado y ejecutado por los comités cívicos a la cabeza de Fernando Camacho, por policías, militares y la Iglesia católica.</p> <p class="rtejustify"> <strong>El papel de los medios</strong></p> <p class="rtejustify"> En ese informe, la PGE hace mención en diferentes partes a los medios de comunicación privados y los cataloga como protagonistas del presunto “golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> En los puntos 34 y 35 del informe, la Procuraduría hace referencia a los “cabildos” que se desarrollaron en diferentes ciudades “organizados por sectores privados” y señala que éstos eran “totalmente ilegales” puesto que no siguieron los procedimientos establecidos en la Ley 026, es decir, pedir el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que sus decisiones no son de carácter vinculante.</p> <p class="rtejustify"> “De esta forma, es evidente que existió una organización previa entre líderes cívicos, representados por Luis Fernando Camacho, la Policía y las Fuerzas Armadas, para ejecutar el plan de desestabilización del orden constitucional que llevaría a la consumación del golpe de Estado, hecho en el que los medios de comunicación tuvieron su protagonismo por generar información sesgada, incompleta o, por último, omitir informar en el marco de la veracidad”, señala el documento en el punto 35.</p> <p class="rtejustify"> Estos criterios van en la línea del discurso manejado por el expresidente Evo Morales, desde su exilio, de que los medios son “sus enemigos número uno” y “son cómplices del golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>El día “D”</strong></p> <p class="rtejustify"> En el punto 51, después de hacer relación sobre la renuncia de Morales y otras exautoridades, la instalación del diálogo concertado por la Unión Europea, la Embajada de España, la Iglesia católica y actores políticos de oposición y el MAS, señala que los “medios de comunicación” desinformaron a la población en el presunto “golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, dice que ejercieron presión y hostigamiento a quienes estaban en la línea de sucesión constitucional, para que renuncien y de esa forma forzar para que Jeanine Áñez Chávez asuma la Presidencia del Estado”.</p> <p class="rtejustify"> El informe, de 40 páginas, con 120 puntos y cuatro conclusiones, presenta los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019 para sustentar su conclusión de que hubo “ruptura del orden constitucional con un periodo de represión y persecución política”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>“La OEA reforzó la idea de fraude”</strong></p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el documento de la Procuraduría General del Estado, enviado a las Naciones Unidas, en Bolivia se consumó el “golpe de Estado que había sido denunciado (…) hecho que se promovió bajo la narrativa del supuesto fraude electoral, discurso que cobró más fuerza con el Informe preliminar de la OEA”.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, señala que este informe de la OEA fue cuestionado y desbaratado por diferentes instancias internacionales y que transcurrido más de un año no se logró demostrar objetivamente el supuesto fraude electoral, que desencadenó las movilizaciones sociales y la salida de Morales del Gobierno.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Piden informe al Procurador</strong></p> <p class="rtejustify"> El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Beto Astorga solicitó una petición de informe escrito al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, para que explique con pruebas las afirmaciones que hace en el informe remitido a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.</p> <p class="rtejustify"> Según Astorga, la Procuraduría prioriza en ese informe la defensa del expresidente Evo Morales y su entorno, y no así los intereses del país.</p> <p class="rtejustify"> “Nosotros consideramos que este informe es totalmente erróneo, ya que está subestimando la inteligencia y memoria de todos los bolivianos (…). Creemos que el Procurador, en vez de estar defendiendo los intereses del Estado, está defendiendo a los que hicieron fraude a los que renunciaron y escaparon en 2019”, manifestó Astorga, según la agencia ANF.</p> <p class="rtejustify"> El legislador demandó al Procurador informar y presentar pruebas sobre los motivos que le llevan a afirmar por ejemplo que el exvicepresidente García Linera fue “forzado” a presentar su renuncia en 2019.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, solicitó a Chávez explicar con pruebas por qué afirma que no existe registro alguno de las renuncias de la entonces presidenta del Senado Adriana Salvatierra y del presidente de Diputados Víctor Borda, cuando todos los bolivianos saben que estas autoridades renunciaron de forma “pública y voluntaria”.</p> <p class="rtejustify"> Además, pidió una explicación de por qué asevera que existió promotores del “golpe de Estado” en 2019.</p> <p class="rtejustify"> Para Astorga, Chávez es un “peón político” de Evo Morales y está haciendo quedar mal al país al remitir informes “falsos” a distintos organismos.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>Coimbra dice que el MAS no presentó una sola prueba</strong></p> <p class="rtejustify"> El exministro de Justicia Álvaro Coimbra afirma que en todo el tiempo en que está detenido preventivamente en San Pedro, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no presentó ninguna prueba por los delitos por los que se lo acusa y tilda a la justicia de “corrupta y vendida”.</p> <p class="rtejustify"> “Terrorismo, sedición y conspiración son los delitos por los cuales hace 60 días estoy ilegalmente preso junto a Jeanine Áñez y Rodrigo Guzmán. El MAS no ha presentado una sola prueba; sin embargo, la justicia corrupta y vendida se presta a su juego”, señala el mensaje difundido ayer por el exministro en su cuenta de Twitter.</p> <p class="rtejustify"> Según se aclara, el tuit fue publicado por el equipo de Comunicación del exministro de Justicia de Jeanine Áñez.</p> <p class="rtejustify"> “Nada va a cambiar la verdad: en Bolivia, en 2019, hubo fraude. Todos los que hoy comenten delitos, violando nuestros derechos humanos, más adelante serán juzgados. Espero estén preparados”, reza la segunda parte del mensaje. Coimbra, al igual que la expresidenta Áñez y el exministro de Energía Rodrigo Guzmán, está detenido preventivamente, mientras son investigados por el caso denominado golpe de Estado y se los acusa por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración cuando asumieron el mando del país de manera transitoria.</p>
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Amparo Carvajal: Wilfredo Chávez está en la Procuraduría para defender que hubo “golpe” y “a los que escaparon”
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Periodistas en la cobertura de los conflictos sociales en rechazo al fraude electoral, en 2019.
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