<p class="rtejustify"> Pese al convenio suscrito entre el gobierno de Evo Morales y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) la Fiscalía General del Estado (FGE) desconoció el carácter vinculante de la auditoría que realizó la Misión de Observación Electoral del organismo internacional a las elecciones presidenciales en octubre de 2019.</p> <p class="rtejustify"> El secretario de general de la Fiscalía, Edwin Quispe, afirmó ese extremo y justificó que el acuerdo entre ambas partes fue en el marco político y no en el jurídico. A su criterio, para que ese informe tenga carácter vinculatorio debió ser elevado a rango de ley por la Asamblea Legislativa.</p> <p class="rtejustify"> "En lo que no estoy de acuerdo es que se diga que el informe de la OEA tiene carácter vinculante. Sin embargo, hay que definir dos campos distintos: uno en el marco técnico y otro en lo político (...) Que en el campo político hayan acordado con propósitos eminentemente políticos, el objeto era pacificar el país, el efecto vinculante fue netamente político", justificó Quispe en entrevista con El Deber radio.</p> <p class="rtejustify"> El 30 de octubre de 2019, tras las denuncias de irregularidades en el proceso electoral que derivó en un estallido social en todo el país, el canciller Diego Pary y la OEA suscribieron un acuerdo para la elaboración de una auditoría de carácter vinculante, es decir de cumplimiento de las instituciones del Estado. Este convenio entró en vigencia un día después y se viabilizó los canales para la llegada de 36 expertos en temas electorales.</p> <p class="rtejustify"> Por otra parte, Quispe aseguró que el informe de la organización fue solo un indicio para continuar con la investigación. Sin embargo, la Fiscalía General ordenó, el 10 de noviembre de 2019, iniciar la indagación de irregularidades en las elecciones y la detención de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en base a ese documento.</p> <p class="rtejustify"> El informe de la auditoría determinó que existió la manipulación de datos en las elecciones de octubre de 2019, que favorecieron al entonces presidente de Evo Morales.</p> <p class="rtejustify"> Tras conocer los resultados, Morales aceptó el informe y convocó a nuevas elecciones con nuevos vocales del Tribunal Electoral y nuevos actores políticos. Incluso, hizo un llamado a la pacificación. Empero, estas acciones fueron tardías, el descontento creció y derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia y de Álvaro García Linera a la vicepresidencia.</p> <p class="rtejustify"> Por otra parte, el secretario general de la Fiscalía defendió el informe presentado por el Grupo de investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Universidad de Salamanca, que no encontró manipulación de datos, a pesar de que detectó que los equipos informáticos eran vulnerables y manipulables. Aunque su investigación fue limitada al ámbito informático y no a la cadena de custodia ni a la alteración de actas.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, justificó la decisión de cerrar el caso de fraude electoral y aseguró que las investigaciones determinaron que hubo irregularidades, inconsistencias, negligencias, pero que no un delito de fraude, que no figura en el Código Penal boliviano.</p> <p class="rtejustify"> "Nace la necesidad de contar con una pericia, con un grupo de expertos que puedan determinar de manera efectiva, técnica y científica si la base de datos correspondiente al cómputo oficial fue vulnerado o hubiese existido alguna manipulación informática. Si revisamos estrictamente el código penal no existe el delito de fraude electoral", indicó.</p>

<p class="rtejustify"> Pese al convenio suscrito entre el gobierno de Evo Morales y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) la Fiscalía General del Estado (FGE) desconoció el carácter vinculante de la auditoría que realizó la Misión de Observación Electoral del organismo internacional a las elecciones presidenciales en octubre de 2019.</p> <p class="rtejustify"> El secretario de general de la Fiscalía, Edwin Quispe, afirmó ese extremo y justificó que el acuerdo entre ambas partes fue en el marco político y no en el jurídico. A su criterio, para que ese informe tenga carácter vinculatorio debió ser elevado a rango de ley por la Asamblea Legislativa.</p> <p class="rtejustify"> "En lo que no estoy de acuerdo es que se diga que el informe de la OEA tiene carácter vinculante. Sin embargo, hay que definir dos campos distintos: uno en el marco técnico y otro en lo político (...) Que en el campo político hayan acordado con propósitos eminentemente políticos, el objeto era pacificar el país, el efecto vinculante fue netamente político", justificó Quispe en entrevista con El Deber radio.</p> <p class="rtejustify"> El 30 de octubre de 2019, tras las denuncias de irregularidades en el proceso electoral que derivó en un estallido social en todo el país, el canciller Diego Pary y la OEA suscribieron un acuerdo para la elaboración de una auditoría de carácter vinculante, es decir de cumplimiento de las instituciones del Estado. Este convenio entró en vigencia un día después y se viabilizó los canales para la llegada de 36 expertos en temas electorales.</p> <p class="rtejustify"> Por otra parte, Quispe aseguró que el informe de la organización fue solo un indicio para continuar con la investigación. Sin embargo, la Fiscalía General ordenó, el 10 de noviembre de 2019, iniciar la indagación de irregularidades en las elecciones y la detención de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en base a ese documento.</p> <p class="rtejustify"> El informe de la auditoría determinó que existió la manipulación de datos en las elecciones de octubre de 2019, que favorecieron al entonces presidente de Evo Morales.</p> <p class="rtejustify"> Tras conocer los resultados, Morales aceptó el informe y convocó a nuevas elecciones con nuevos vocales del Tribunal Electoral y nuevos actores políticos. Incluso, hizo un llamado a la pacificación. Empero, estas acciones fueron tardías, el descontento creció y derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia y de Álvaro García Linera a la vicepresidencia.</p> <p class="rtejustify"> Por otra parte, el secretario general de la Fiscalía defendió el informe presentado por el Grupo de investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Universidad de Salamanca, que no encontró manipulación de datos, a pesar de que detectó que los equipos informáticos eran vulnerables y manipulables. Aunque su investigación fue limitada al ámbito informático y no a la cadena de custodia ni a la alteración de actas.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, justificó la decisión de cerrar el caso de fraude electoral y aseguró que las investigaciones determinaron que hubo irregularidades, inconsistencias, negligencias, pero que no un delito de fraude, que no figura en el Código Penal boliviano.</p> <p class="rtejustify"> "Nace la necesidad de contar con una pericia, con un grupo de expertos que puedan determinar de manera efectiva, técnica y científica si la base de datos correspondiente al cómputo oficial fue vulnerado o hubiese existido alguna manipulación informática. Si revisamos estrictamente el código penal no existe el delito de fraude electoral", indicó.</p>

Pese al convenio suscrito entre el gobierno de Evo Morales y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) la Fiscalía General del Estado (FGE) desconoció el carácter vinculante de la auditoría que realizó la Misión de Observación Electoral del organismo internacional a las elecciones presidenciales en octubre de 2019.

Pese al convenio suscrito entre el gobierno de Evo Morales y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) la Fiscalía General del Estado (FGE) desconoció el carácter vinculante de la auditoría que realizó la Misión de Observación Electoral del organismo internacional a las elecciones presidenciales en octubre de 2019.

Secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.

<p class="rtejustify"> La bancada de diputados de Creemos informó que se apersonaron ante la Fiscalía de La Paz para impugnar la decisión del Fiscal General del Estado Juan Lanchipa de cerrar el caso "fraude electoral" de 2019 y anunció que también activará un recurso de nulidad contra el informe realizado de la Universidad de Salamanca, España, sin credenciales en peritaje forense electoral.</p> <p class="rtejustify"> El jefe de bancada, Erwin Bazán dijo en conferencia de prensa en Santa Cruz que se apersonan como víctimas porque el Fiscal Lanchipa no puede cerrar el caso en base a un documento que no está acreditado dentro del Estado para ser tomado en cuenta dentro del procedimiento penal boliviano.</p> <p class="rtejustify"> "No vamos a permitir que haya una manipulación, una distorsión de la realidad y de la historia (...) exigiéndole a la Fiscalía que se nos reconozca en calidad de víctimas porque nosotros como ciudadanos naturales somos víctimas del fraude electoral de 2019; pero, además como parlamentarios representamos a los ciudadanos que también se declaran en calidad de víctimas", afirmó Bazán.</p> <p class="rtejustify"> Explicó que su apersonamiento se cumple en el marco del ejercicio de control y fiscalización; además, del derecho a la petición, el acceso igualitario, a la garantía del debido proceso en su vertiente del derecho a la impugnación, tanto en calidad de víctimas y como asambleístas.</p> <p class="rtejustify"> Anunció para los siguientes días acciones legales adicionales contra el informe universitario elaborado por tres personas que no puede ser tomado como prueba porque se trata de un informe académico sin relevancia forense ni reconocimiento legal como institución forense para el ordenamiento penal boliviano.<br> &nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> La bancada de diputados de Creemos informó que se apersonaron ante la Fiscalía de La Paz para impugnar la decisión del Fiscal General del Estado Juan Lanchipa de cerrar el caso "fraude electoral" de 2019 y anunció que también activará un recurso de nulidad contra el informe realizado de la Universidad de Salamanca, España, sin credenciales en peritaje forense electoral.</p> <p class="rtejustify"> El jefe de bancada, Erwin Bazán dijo en conferencia de prensa en Santa Cruz que se apersonan como víctimas porque el Fiscal Lanchipa no puede cerrar el caso en base a un documento que no está acreditado dentro del Estado para ser tomado en cuenta dentro del procedimiento penal boliviano.</p> <p class="rtejustify"> "No vamos a permitir que haya una manipulación, una distorsión de la realidad y de la historia (...) exigiéndole a la Fiscalía que se nos reconozca en calidad de víctimas porque nosotros como ciudadanos naturales somos víctimas del fraude electoral de 2019; pero, además como parlamentarios representamos a los ciudadanos que también se declaran en calidad de víctimas", afirmó Bazán.</p> <p class="rtejustify"> Explicó que su apersonamiento se cumple en el marco del ejercicio de control y fiscalización; además, del derecho a la petición, el acceso igualitario, a la garantía del debido proceso en su vertiente del derecho a la impugnación, tanto en calidad de víctimas y como asambleístas.</p> <p class="rtejustify"> Anunció para los siguientes días acciones legales adicionales contra el informe universitario elaborado por tres personas que no puede ser tomado como prueba porque se trata de un informe académico sin relevancia forense ni reconocimiento legal como institución forense para el ordenamiento penal boliviano.<br /><br />  </p>

La bancada de diputados de Creemos informó que se apersonaron ante la Fiscalía de La Paz para impugnar la decisión del Fiscal General del Estado Juan Lanchipa de cerrar el caso "fraude electoral" de 2019 y anunció que también activará un recurso de nulidad contra el informe realizado de la Universidad de Salamanca, España, sin credenciales en peritaje forense electoral.

La bancada de diputados de Creemos informó que se apersonaron ante la Fiscalía de La Paz para impugnar la decisión del Fiscal General del Estado Juan Lanchipa de cerrar el caso &quot;fraude electoral&quot; de 2019 y anunció que también activará un recurso de nulidad contra el informe realizado de la Universidad de Salamanca, España, sin credenciales en peritaje forense electoral.

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<p class="rtejustify"> Luego de las declaraciones y detalles dados por Juan Manuel Corchado, responsable de la pericia sobre el proceso electoral de 2019 que la Fiscalía usó para cerrar el caso fraude, se pueden anotar al menos cinco claras diferencias con el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estas permiten concluir que el estudio del equipo español es incompleto, dirigido y sus hallazgos generan más dudas que certezas.</p> <p class="rtejustify"> “Sinceramente, no puedo mezclar en este proceso mis consideraciones y mis acciones; me tengo que limitar a hacer un trabajo técnico”, dijo Corchado al ser consultado sobre su opinión del informe de la OEA, que generó una crisis política y obligó la anulación de las elecciones en 2019.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Primera</strong></p> <p class="rtejustify"> El estudio Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), dirigido por Corchado, es parcial porque se limita a un análisis informático. Mientras el de la OEA es completo porque revisa, además de la parte informática, las actas, la cadena de custodia, el conteo y otros elementos.</p> <p class="rtejustify"> Corchado aclaró, en entrevista a medios bolivianos, que una presunta manipulación de actas o falsificación no ha sido objeto de su trabajo y que ese tema de las actas quedó fuera de la pericia y que tampoco se le solicitó hacerla.</p> <p class="rtejustify"> La auditoría de la OEA determinó que en el proceso electoral de 2019 hubo alteración de actas electorales y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. El organismo evaluó 4 mil de las 34 mil actas de esos comicios y encontró “adulteraciones, falsificaciones y manipulaciones” que alcanzaron a 87 centros de votación.</p> <p class="rtejustify"> Corchado manifestó que también su estudio no se metió en que si hubo “un patrón de manipulación”, puesto que no hace juicios políticos, sino técnicos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Segunda</strong></p> <p class="rtejustify"> El informe encargado por la Fiscalía es el primero que realiza este equipo de la Universidad de Salamanca, a diferencia del equipo de la OEA que recorre varios países para hacer similar trabajo en distintos procesos electorales.</p> <p class="rtejustify"> El responsable del grupo de investigación español admitió que es la primera vez que realizaron un análisis electoral como el solicitado por la Fiscalía del Estado.</p> <p class="rtejustify"> “Hemos hecho muchas pruebas periciales en el ámbito de muchos proyectos, pero en concreto sobre un proceso electoral es la primera vez que lo hacemos”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Tercera</strong></p> <p class="rtejustify"> El informe de los expertos españoles está elaborado por tres personas, mientras que en el de la OEA participaron 36 expertos en diferentes disciplinas.</p> <p class="rtejustify"> El documento del equipo español está firmado por Pablo Plaza Martínez, Manuel López Pérez y Juan Manuel Corchado Rodríguez, dos de los firmantes figuran como estudiantes y uno es catedrático.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Cuarta</strong></p> <p class="rtejustify"> El informe de la Universidad de Salamanca fue elaborado a distancia y con el material que la Fiscalía proporcionó al equipo. El de la OEA fue en Bolivia y los insumos analizados fueron requeridos por los propios técnicos del organismo electoral.</p> <p class="rtejustify"> El estudio del equipo técnico-científico de ciberseguridad de la Universidad de Salamanca se circunscribe específicamente al ámbito informático y se realizó sobre la base de documentos proporcionados por el Ministerio Público, según se deja constancia en el informe pericial conocido esta semana.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Quinta</strong></p> <p class="rtejustify"> La pericia realizada por el equipo de Corchado fue elaborada por encargo de la Fiscalía de Bolivia y pagada con dinero del TGN. La auditoría de la OEA fue un requerimiento del Estado boliviano y financiado con una donación de España y es vinculante.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>CC pedirá más datos a la universidad española</strong></p> <p class="rtejustify"> Los diputados de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) solicitaron a la Universidad de Salamanca, España, el estudio completo del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, sobre las elecciones anuladas de octubre de 2019.</p> <p class="rtejustify"> A través de una misiva, dirigida al rector de esa casa de estudios superiores, Ricardo Rivera Ortega, los legisladores María Salazar y José Ormachea le piden que pueda remitir el contrato que suscribieron entre el Estado de Bolivia y la Universidad de Salamanca.</p> <p class="rtejustify"> Además, se solicita remitir las credenciales y experiencia de los investigadores que se encargaron de realizar el trabajo, la metodología del estudio realizado, el detalle de pagos efectuados por el Estado, entre otros aspectos.</p> <p class="rtejustify"> El pasado 27 de julio, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la pericia sobre los resultados de los comicios de 2019, que estableció que no hubo manipulación de datos, derivó en el sobreseimiento de las autoridades electorales.</p> <p class="rtejustify"> El informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite está firmado. La oposición cuestionó el estudio, mientras que el líder de CC, Carlos Mesa, lo consideró como “extemporáneo” y no “creíble”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Los integrantes</strong></p> <p class="rtejustify"> El cuestionado informe fue elaborado por Juan Manuel Corchado, doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Salamanca y doctor en Inteligencia Artificial por la University of the West of Scotland; Manuel López Pérez, analista de ciberseguridad en el grupo de investigación Bisite e investigador de la Universidad de Salamanca, y Pablo Plaza, analista de ciberseguridad en el grupo de investigación y también investigador de la universidad.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Hallaron más errores que la OEA</strong></p> <p class="rtejustify"> El informe del grupo de Salamanca concluye que no hubo manipulación del sistema informático y tampoco se direccionó para cambiar el voto para favorecer a un candidato en específico. Juan Manuel Corchado reveló que hallaron más irregularidades que la OEA.</p> <p class="rtejustify"> “Hemos identificado más irregularidades de las que aparecen en el informe de la OEA, pero (..) yo te puedo garantizar que no hemos identificado (...) nada que nos haga pensar que esos datos hayan sido voluntariamente manipulados”.</p>

<p class="rtejustify"> Luego de las declaraciones y detalles dados por Juan Manuel Corchado, responsable de la pericia sobre el proceso electoral de 2019 que la Fiscalía usó para cerrar el caso fraude, se pueden anotar al menos cinco claras diferencias con el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estas permiten concluir que el estudio del equipo español es incompleto, dirigido y sus hallazgos generan más dudas que certezas.</p> <p class="rtejustify"> “Sinceramente, no puedo mezclar en este proceso mis consideraciones y mis acciones; me tengo que limitar a hacer un trabajo técnico”, dijo Corchado al ser consultado sobre su opinión del informe de la OEA, que generó una crisis política y obligó la anulación de las elecciones en 2019.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Primera</strong></p> <p class="rtejustify"> El estudio Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), dirigido por Corchado, es parcial porque se limita a un análisis informático. Mientras el de la OEA es completo porque revisa, además de la parte informática, las actas, la cadena de custodia, el conteo y otros elementos.</p> <p class="rtejustify"> Corchado aclaró, en entrevista a medios bolivianos, que una presunta manipulación de actas o falsificación no ha sido objeto de su trabajo y que ese tema de las actas quedó fuera de la pericia y que tampoco se le solicitó hacerla.</p> <p class="rtejustify"> La auditoría de la OEA determinó que en el proceso electoral de 2019 hubo alteración de actas electorales y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. El organismo evaluó 4 mil de las 34 mil actas de esos comicios y encontró “adulteraciones, falsificaciones y manipulaciones” que alcanzaron a 87 centros de votación.</p> <p class="rtejustify"> Corchado manifestó que también su estudio no se metió en que si hubo “un patrón de manipulación”, puesto que no hace juicios políticos, sino técnicos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Segunda</strong></p> <p class="rtejustify"> El informe encargado por la Fiscalía es el primero que realiza este equipo de la Universidad de Salamanca, a diferencia del equipo de la OEA que recorre varios países para hacer similar trabajo en distintos procesos electorales.</p> <p class="rtejustify"> El responsable del grupo de investigación español admitió que es la primera vez que realizaron un análisis electoral como el solicitado por la Fiscalía del Estado.</p> <p class="rtejustify"> “Hemos hecho muchas pruebas periciales en el ámbito de muchos proyectos, pero en concreto sobre un proceso electoral es la primera vez que lo hacemos”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Tercera</strong></p> <p class="rtejustify"> El informe de los expertos españoles está elaborado por tres personas, mientras que en el de la OEA participaron 36 expertos en diferentes disciplinas.</p> <p class="rtejustify"> El documento del equipo español está firmado por Pablo Plaza Martínez, Manuel López Pérez y Juan Manuel Corchado Rodríguez, dos de los firmantes figuran como estudiantes y uno es catedrático.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Cuarta</strong></p> <p class="rtejustify"> El informe de la Universidad de Salamanca fue elaborado a distancia y con el material que la Fiscalía proporcionó al equipo. El de la OEA fue en Bolivia y los insumos analizados fueron requeridos por los propios técnicos del organismo electoral.</p> <p class="rtejustify"> El estudio del equipo técnico-científico de ciberseguridad de la Universidad de Salamanca se circunscribe específicamente al ámbito informático y se realizó sobre la base de documentos proporcionados por el Ministerio Público, según se deja constancia en el informe pericial conocido esta semana.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Quinta</strong></p> <p class="rtejustify"> La pericia realizada por el equipo de Corchado fue elaborada por encargo de la Fiscalía de Bolivia y pagada con dinero del TGN. La auditoría de la OEA fue un requerimiento del Estado boliviano y financiado con una donación de España y es vinculante.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>CC pedirá más datos a la universidad española</strong></p> <p class="rtejustify"> Los diputados de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) solicitaron a la Universidad de Salamanca, España, el estudio completo del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, sobre las elecciones anuladas de octubre de 2019.</p> <p class="rtejustify"> A través de una misiva, dirigida al rector de esa casa de estudios superiores, Ricardo Rivera Ortega, los legisladores María Salazar y José Ormachea le piden que pueda remitir el contrato que suscribieron entre el Estado de Bolivia y la Universidad de Salamanca.</p> <p class="rtejustify"> Además, se solicita remitir las credenciales y experiencia de los investigadores que se encargaron de realizar el trabajo, la metodología del estudio realizado, el detalle de pagos efectuados por el Estado, entre otros aspectos.</p> <p class="rtejustify"> El pasado 27 de julio, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la pericia sobre los resultados de los comicios de 2019, que estableció que no hubo manipulación de datos, derivó en el sobreseimiento de las autoridades electorales.</p> <p class="rtejustify"> El informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite está firmado. La oposición cuestionó el estudio, mientras que el líder de CC, Carlos Mesa, lo consideró como “extemporáneo” y no “creíble”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Los integrantes</strong></p> <p class="rtejustify"> El cuestionado informe fue elaborado por Juan Manuel Corchado, doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Salamanca y doctor en Inteligencia Artificial por la University of the West of Scotland; Manuel López Pérez, analista de ciberseguridad en el grupo de investigación Bisite e investigador de la Universidad de Salamanca, y Pablo Plaza, analista de ciberseguridad en el grupo de investigación y también investigador de la universidad.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>Hallaron más errores que la OEA</strong></p> <p class="rtejustify"> El informe del grupo de Salamanca concluye que no hubo manipulación del sistema informático y tampoco se direccionó para cambiar el voto para favorecer a un candidato en específico. Juan Manuel Corchado reveló que hallaron más irregularidades que la OEA.</p> <p class="rtejustify"> “Hemos identificado más irregularidades de las que aparecen en el informe de la OEA, pero (..) yo te puedo garantizar que no hemos identificado (...) nada que nos haga pensar que esos datos hayan sido voluntariamente manipulados”.</p>

El estudio del equipo español es incompleto, dirigido y sus hallazgos generan más dudas que certezas.

El estudio del equipo español es incompleto, dirigido y sus hallazgos generan más dudas que certezas.