<p class="rtejustify"> A través de pronunciamientos oficiales, en los últimos cuatro días, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) ratificaron sus respectivas posiciones respecto a los hechos de 2019, con lo que rechazaron la posición que sustenta el Movimiento Al Socialismo (MAS) respecto a que el 2019 no hubo fraude electoral y, más bien, se dio un “golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> En los últimos días, el MAS respaldado en el trabajo del Ministerio Público, señaló que no hubo fraude electoral en los comicios generales de 2019, pues la Fiscalía dictó un sobreseimiento en el proceso judicial abierto por este caso con base en un informe que tres consultores de la Universidad de Salamanca (España), que estableció que no hubo manipulación en el cómputo electoral, trabajo al que asignó mayor credibilidad que a la auditoría vinculante de la OEA que halló “manipulación dolosa” en el conteo de votos, conclusión que presentó dos meses después de la votación.</p> <p class="rtejustify"> Al margen de ello, el MAS insistió en que el 2019 se dio un “golpe de Estado”. Para ello, incluso, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, llegó a decir que hubo una reunión “delincuencial” en la Universidad Católica Boliviana (UCB), al referirse a la mesa de pacificación en la que una de sus impulsoras era la UE, debido a que allí se tomaron decisiones que debían ser asumidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional.</p> <p class="rtejustify"> En medio de esa situación, la UE emitió una declaración el jueves de la semana pasada en la que indicó que: “La Delegación de la Unión Europea, junto con las misiones diplomáticas de los Estados Miembros de la UE en Bolivia, rechaza categóricamente las acusaciones de haber participado en noviembre de 2019 en una conspiración con el objetivo de preparar un golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> “En noviembre de 2019, la UE, bajo el liderazgo de la Iglesia, ayudó a facilitar reuniones involucrando a actores clave de todos los partidos políticos, incluido representantes de MÁS, con un solo objetivo: ayudar a pacificar el país en tiempos de extrema tensión facilitando una plataforma para el diálogo, con el propósito de evitar más violencia y poner fin a la crisis que sacudió al país”, añadió la UE en su declaración.</p> <p class="rtejustify"> El “silencio” de la UE fue cuestionada por el lunes de la semana pasada por el expresidente Jorge Quiroga, quien dijo que esa acción incluso puede ser “cómplice”, debido a que el MAS insistió en que él encuentro en la UCB sirvió para dar paso al “golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> Este lunes fue el turno de la OEA, organización que ratificó sus hallazgos del Análisis de Integridad Electoral sobre las elecciones 2019, por lo que concluye que no es, ni será posible, garantizar la integridad sus resultados.</p> <p class="rtejustify"> Además, el organismo cuestionó el informe emitido por tres consultores de la Universidad de Salamanca, debido a que pese a admitir graves hallazgos en materia informática e imperdonables errores, concluye que “no supuso una manipulación de los datos".</p> <p class="rtejustify"> “Habiendo analizado el documento, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA se ve en la obligación de reiterar los hallazgos del Análisis de Integridad Electoral realizado por la Organización en 2019, y concluye que no es, ni será posible, garantizar la integridad de los datos y dar certeza sobre los resultados de esa elección”, se lee en el comunicado de la OEA.</p> <p class="rtejustify"> Luego de denunciarse irregularidades en el proceso electoral de 2019, la OEA, a pedido del gobierno de Evo Morales, realizó una auditoría integral a los comicios. En el acta suscrito con el entonces canciller Diego Pari se indicó que el informe iba a ser vinculante para ambas partes. Días después, el informe concluyó que: “hubo una manipulación dolosa e irregularidades graves que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.</p> <p class="rtejustify"> La OEA, en su documento emitido este lunes, advirtió que el informe que encargó la Fiscalía a los consultores españoles no tiene carácter integral como el que realizó el equipo especializado de este organismo en 2019, debido a que se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base a información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019.</p> <p class="rtejustify"> Otro aspecto cuestionado por la OEA al informe de los consultores españoles es el tiempo, pues este último estudio se realizó después de más de un año y “a distancia, por un equipo sin experiencia en materia electoral”.La OEA en su pronunciamiento, ratifica la utilización de dos servidores ajenos a la estructura tecnológica establecida para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).</p> <p class="rtejustify"> Sin sustento técnico desde el punto de vista electoral y con base únicamente en la comparación de algunos campos de las bases de datos, el informe parcial presentado por académicos afirma que "se ha demostrado que esta gestión inadecuada de los sistemas informáticos no supuso una manipulación de los datos".</p> <p class="rtejustify"> “Llama la atención que llegan a esta conclusión sin haber logrado identificar las imágenes de actas del TREP que se utilizaron también en el cómputo, desconociendo el grado de alteración que poseen, ignorando que no existe registro de los cambios o de quiénes los hicieron y que era posible eliminar evidencias, tal como ocurrió”, menciona el documento de la OEA.</p> <p class="rtejustify"> Entre otros aspectos, la OEA también lamentó que los consultores españoles, a pesar de haber analizado y ratificado hallazgos fundamentales de la OEA, no se hayan reunido con el equipo de la organización ni con otros actores que hubieran podido compartir información de gran valía para la realización de un estudio objetivo y completo.</p>

<p class="rtejustify"> A través de pronunciamientos oficiales, en los últimos cuatro días, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) ratificaron sus respectivas posiciones respecto a los hechos de 2019, con lo que rechazaron la posición que sustenta el Movimiento Al Socialismo (MAS) respecto a que el 2019 no hubo fraude electoral y, más bien, se dio un “golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> En los últimos días, el MAS respaldado en el trabajo del Ministerio Público, señaló que no hubo fraude electoral en los comicios generales de 2019, pues la Fiscalía dictó un sobreseimiento en el proceso judicial abierto por este caso con base en un informe que tres consultores de la Universidad de Salamanca (España), que estableció que no hubo manipulación en el cómputo electoral, trabajo al que asignó mayor credibilidad que a la auditoría vinculante de la OEA que halló “manipulación dolosa” en el conteo de votos, conclusión que presentó dos meses después de la votación.</p> <p class="rtejustify"> Al margen de ello, el MAS insistió en que el 2019 se dio un “golpe de Estado”. Para ello, incluso, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, llegó a decir que hubo una reunión “delincuencial” en la Universidad Católica Boliviana (UCB), al referirse a la mesa de pacificación en la que una de sus impulsoras era la UE, debido a que allí se tomaron decisiones que debían ser asumidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional.</p> <p class="rtejustify"> En medio de esa situación, la UE emitió una declaración el jueves de la semana pasada en la que indicó que: “La Delegación de la Unión Europea, junto con las misiones diplomáticas de los Estados Miembros de la UE en Bolivia, rechaza categóricamente las acusaciones de haber participado en noviembre de 2019 en una conspiración con el objetivo de preparar un golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> “En noviembre de 2019, la UE, bajo el liderazgo de la Iglesia, ayudó a facilitar reuniones involucrando a actores clave de todos los partidos políticos, incluido representantes de MÁS, con un solo objetivo: ayudar a pacificar el país en tiempos de extrema tensión facilitando una plataforma para el diálogo, con el propósito de evitar más violencia y poner fin a la crisis que sacudió al país”, añadió la UE en su declaración.</p> <p class="rtejustify"> El “silencio” de la UE fue cuestionada por el lunes de la semana pasada por el expresidente Jorge Quiroga, quien dijo que esa acción incluso puede ser “cómplice”, debido a que el MAS insistió en que él encuentro en la UCB sirvió para dar paso al “golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> Este lunes fue el turno de la OEA, organización que ratificó sus hallazgos del Análisis de Integridad Electoral sobre las elecciones 2019, por lo que concluye que no es, ni será posible, garantizar la integridad sus resultados.</p> <p class="rtejustify"> Además, el organismo cuestionó el informe emitido por tres consultores de la Universidad de Salamanca, debido a que pese a admitir graves hallazgos en materia informática e imperdonables errores, concluye que “no supuso una manipulación de los datos".</p> <p class="rtejustify"> “Habiendo analizado el documento, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA se ve en la obligación de reiterar los hallazgos del Análisis de Integridad Electoral realizado por la Organización en 2019, y concluye que no es, ni será posible, garantizar la integridad de los datos y dar certeza sobre los resultados de esa elección”, se lee en el comunicado de la OEA.</p> <p class="rtejustify"> Luego de denunciarse irregularidades en el proceso electoral de 2019, la OEA, a pedido del gobierno de Evo Morales, realizó una auditoría integral a los comicios. En el acta suscrito con el entonces canciller Diego Pari se indicó que el informe iba a ser vinculante para ambas partes. Días después, el informe concluyó que: “hubo una manipulación dolosa e irregularidades graves que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.</p> <p class="rtejustify"> La OEA, en su documento emitido este lunes, advirtió que el informe que encargó la Fiscalía a los consultores españoles no tiene carácter integral como el que realizó el equipo especializado de este organismo en 2019, debido a que se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base a información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019.</p> <p class="rtejustify"> Otro aspecto cuestionado por la OEA al informe de los consultores españoles es el tiempo, pues este último estudio se realizó después de más de un año y “a distancia, por un equipo sin experiencia en materia electoral”.La OEA en su pronunciamiento, ratifica la utilización de dos servidores ajenos a la estructura tecnológica establecida para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).</p> <p class="rtejustify"> Sin sustento técnico desde el punto de vista electoral y con base únicamente en la comparación de algunos campos de las bases de datos, el informe parcial presentado por académicos afirma que "se ha demostrado que esta gestión inadecuada de los sistemas informáticos no supuso una manipulación de los datos".</p> <p class="rtejustify"> “Llama la atención que llegan a esta conclusión sin haber logrado identificar las imágenes de actas del TREP que se utilizaron también en el cómputo, desconociendo el grado de alteración que poseen, ignorando que no existe registro de los cambios o de quiénes los hicieron y que era posible eliminar evidencias, tal como ocurrió”, menciona el documento de la OEA.</p> <p class="rtejustify"> Entre otros aspectos, la OEA también lamentó que los consultores españoles, a pesar de haber analizado y ratificado hallazgos fundamentales de la OEA, no se hayan reunido con el equipo de la organización ni con otros actores que hubieran podido compartir información de gran valía para la realización de un estudio objetivo y completo.</p>

A través de pronunciamientos oficiales, en los últimos cuatro días, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) ratificaron sus respectivas posiciones respecto a los hechos de 2019, con lo que rechazaron la posición que sustenta el Movimiento Al Socialismo (MAS) respecto a que el 2019 no hubo fraude electoral y, más bien, se dio un “golpe de Estado”.

A través de pronunciamientos oficiales, en los últimos cuatro días, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) ratificaron sus respectivas posiciones respecto a los hechos de 2019, con lo que rechazaron la posición que sustenta el Movimiento Al Socialismo (MAS) respecto a que el 2019 no hubo fraude electoral y, más bien, se dio un “golpe de Estado”.

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<p class="rtejustify"> La criminalización como un medio de censura y persecución política es uno de los mayores síntomas de debilidad de la institucionalidad democrática en el país. En las últimas décadas, los gobernantes de turno han hecho recurso fácil del sistema de justicia, vulnerando gravemente su institucionalidad, para enfrentar a individuos, organizaciones o movimientos críticos, sean opositores políticos o no, señala un pronunciamiento del Observatorio de Defensores/as de Derechos de UNITAS (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social).</p> <p class="rtejustify"> En el transcurso de los últimos días se registraron nuevos episodios en esta tendencia vulneradora. El Observatorio de Defensores/as de Derechos de UNITAS identificó tres declaraciones de autoridades violatorias de las libertades fundamentales que buscan la autocensura de quienes sostienen y argumentan la narrativa del fraude electoral en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> El 26 de julio, Adolfo Flores, senador y jefe de bancada del Movimiento al Socialismo declaró que el "exceso de democracia" en Bolivia estaría "permitido posiciones sediciosas" en sectores críticos al gobierno. La declaración del senador Flores, dice el comunicado, incluye un mensaje amenazante contra estos sectores, al afirmar que "ante las voces de sedición, el presidente Arce hará cumplir la Constitución Política del Estado".</p> <p class="rtejustify"> El 28 de julio, el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, advirtió que utilizar el concepto de "fraude" conlleva responsabilidades, puesto que "es una presunción falsa que ha generado convulsiones y movilizaciones que han puesto en zozobra a Bolivia".</p> <p class="rtejustify"> El 3 de agosto, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, denunció que las personas que asistieron a las reuniones efectuadas en predios de la Universidad Católica Boliviana San Pablo los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, "participaron de manera delincuencial, ilegal y contraria a la Constitución". Chávez nombró a cada uno de los integrantes de la reunión, exceptuando a Adriana Salvatierra, Teresa Morales y Susana Rivero, alineadas al Movimiento al Socialismo. También nombró al Vaticano y a la Unión Europea. El procurador aseveró que los líderes de la iglesia, que convocaron a la reunión, no deberían extrañarse si es que son convocados a declarar.</p> <p class="rtejustify"> Las tres declaraciones, argumenta el Observatorio de Unitas, tienen varios puntos en común. En primer lugar, se refiere a los opositores al partido oficialista, "estigmatizando a quienes participaron activamente en las movilizaciones de 2019 y en el proceso de transición consiguiente, y a quienes ejercen oposición política dentro de los parámetros permitidos en un régimen democrático".</p> <p class="rtejustify"> En segundo lugar, las tres publicaciones "tienen una tendencia amenazante contra quienes hacen referencia, responsabilizándolos por las acciones presuntamente contrarias a la normativa boliviana".</p> <p class="rtejustify"> Y, en tercer lugar, indica que llama la atención que "los tres responsables de estas vulneraciones sean altas autoridades del Estado, continuando una tendencia vulneradora identificada desde el 2018 por el Observatorio".</p> <p class="rtejustify"> "La estigmatización, que denigra la imagen de una persona por haber difundido su pensamiento, es una de las vulneraciones más comunes entre las monitoreadas por el Observatorio, habiendo registrado 125 casos desde 2018", señala el comunicado.</p> <p class="rtejustify"> Estos actos "generan un entorno de intolerancia y rechazo contra quienes son estigmatizados, provocando su autocensura, entendida como la restricción de expresiones por temor a represalias". Por su parte, agrega, "las amenazas, que también son causa de autocensura, advierten con criminalizar a quienes han manejado la narrativa del fraude, participado en las reuniones de noviembre o tienen posiciones sediciosas".</p> <p class="rtejustify"> Unitas recuerda que la Corte Interamericana ha señalado que los Estados tienen un rol de garante de los derechos fundamentales de las personas, y por ello el ejercicio de la libertad de expresión por parte de funcionarios públicos está sujeto a deberes especiales entre los que destaca el deber especial de constatación razonable de los hechos que fundamentan sus pronunciamientos, lo que obliga a los funcionarios a constatar de forma razonable los hechos en los que fundamentan sus opiniones.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, indica, ha afirmado que "los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador".</p>

<p class="rtejustify"> La criminalización como un medio de censura y persecución política es uno de los mayores síntomas de debilidad de la institucionalidad democrática en el país. En las últimas décadas, los gobernantes de turno han hecho recurso fácil del sistema de justicia, vulnerando gravemente su institucionalidad, para enfrentar a individuos, organizaciones o movimientos críticos, sean opositores políticos o no, señala un pronunciamiento del Observatorio de Defensores/as de Derechos de UNITAS (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social).</p> <p class="rtejustify"> En el transcurso de los últimos días se registraron nuevos episodios en esta tendencia vulneradora. El Observatorio de Defensores/as de Derechos de UNITAS identificó tres declaraciones de autoridades violatorias de las libertades fundamentales que buscan la autocensura de quienes sostienen y argumentan la narrativa del fraude electoral en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> El 26 de julio, Adolfo Flores, senador y jefe de bancada del Movimiento al Socialismo declaró que el "exceso de democracia" en Bolivia estaría "permitido posiciones sediciosas" en sectores críticos al gobierno. La declaración del senador Flores, dice el comunicado, incluye un mensaje amenazante contra estos sectores, al afirmar que "ante las voces de sedición, el presidente Arce hará cumplir la Constitución Política del Estado".</p> <p class="rtejustify"> El 28 de julio, el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, advirtió que utilizar el concepto de "fraude" conlleva responsabilidades, puesto que "es una presunción falsa que ha generado convulsiones y movilizaciones que han puesto en zozobra a Bolivia".</p> <p class="rtejustify"> El 3 de agosto, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, denunció que las personas que asistieron a las reuniones efectuadas en predios de la Universidad Católica Boliviana San Pablo los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, "participaron de manera delincuencial, ilegal y contraria a la Constitución". Chávez nombró a cada uno de los integrantes de la reunión, exceptuando a Adriana Salvatierra, Teresa Morales y Susana Rivero, alineadas al Movimiento al Socialismo. También nombró al Vaticano y a la Unión Europea. El procurador aseveró que los líderes de la iglesia, que convocaron a la reunión, no deberían extrañarse si es que son convocados a declarar.</p> <p class="rtejustify"> Las tres declaraciones, argumenta el Observatorio de Unitas, tienen varios puntos en común. En primer lugar, se refiere a los opositores al partido oficialista, "estigmatizando a quienes participaron activamente en las movilizaciones de 2019 y en el proceso de transición consiguiente, y a quienes ejercen oposición política dentro de los parámetros permitidos en un régimen democrático".</p> <p class="rtejustify"> En segundo lugar, las tres publicaciones "tienen una tendencia amenazante contra quienes hacen referencia, responsabilizándolos por las acciones presuntamente contrarias a la normativa boliviana".</p> <p class="rtejustify"> Y, en tercer lugar, indica que llama la atención que "los tres responsables de estas vulneraciones sean altas autoridades del Estado, continuando una tendencia vulneradora identificada desde el 2018 por el Observatorio".</p> <p class="rtejustify"> "La estigmatización, que denigra la imagen de una persona por haber difundido su pensamiento, es una de las vulneraciones más comunes entre las monitoreadas por el Observatorio, habiendo registrado 125 casos desde 2018", señala el comunicado.</p> <p class="rtejustify"> Estos actos "generan un entorno de intolerancia y rechazo contra quienes son estigmatizados, provocando su autocensura, entendida como la restricción de expresiones por temor a represalias". Por su parte, agrega, "las amenazas, que también son causa de autocensura, advierten con criminalizar a quienes han manejado la narrativa del fraude, participado en las reuniones de noviembre o tienen posiciones sediciosas".</p> <p class="rtejustify"> Unitas recuerda que la Corte Interamericana ha señalado que los Estados tienen un rol de garante de los derechos fundamentales de las personas, y por ello el ejercicio de la libertad de expresión por parte de funcionarios públicos está sujeto a deberes especiales entre los que destaca el deber especial de constatación razonable de los hechos que fundamentan sus pronunciamientos, lo que obliga a los funcionarios a constatar de forma razonable los hechos en los que fundamentan sus opiniones.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, indica, ha afirmado que "los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador".</p>

La criminalización como un medio de censura y persecución política es uno de los mayores síntomas de debilidad de la institucionalidad democrática en el país. En las últimas décadas, los gobernantes de turno han hecho recurso fácil del sistema de justicia, vulnerando gravemente su institucionalidad, para enfrentar a individuos, organizaciones o movimientos críticos, sean opositores políticos o no, señala un pronunciamiento del Observatorio de Defensores/as de Derechos de UNITAS (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social).

La criminalización como un medio de censura y persecución política es uno de los mayores síntomas de debilidad de la institucionalidad democrática en el país. En las últimas décadas, los gobernantes de turno han hecho recurso fácil del sistema de justicia, vulnerando gravemente su institucionalidad, para enfrentar a individuos, organizaciones o movimientos críticos, sean opositores políticos o no, señala un pronunciamiento del Observatorio de Defensores/as de Derechos de UNITAS (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social).

<p class="rtejustify"> Al menos cinco instituciones presentaron impugnaciones contra el cierre del caso fraude electoral dispuesto por la Fiscalía.</p> <p class="rtejustify"> Las alianzas Comunidad Ciudadana y Creemos, el Comité de Defensa de la Democracia, plataformas ciudadanas unidas, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentaron, por separado, recursos ante la Fiscalía para que el caso de fraude continúe.</p> <p class="rtejustify"> El 27 de julio, el Ministerio Público determinó cerrar el caso denominado “fraude electoral” basado en un documento del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, firmado por un docente y dos estudiantes de la Universidad de Salamanca, quienes no encontraron “manipulación de resultados”, aunque sí hallaron varias “irregularidades” en ese proceso electoral.</p> <p class="rtejustify"> La decisión causó protestas de plataformas ciudadanas y organizaciones políticas, que denunciaron que la Fiscalía cerró el caso a pedido del Gobierno del MAS. El partido azul asegura que en 2019 “hubo golpe” y no fraude.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> El pasado jueves, el TSE presentó una impugnación al cierre del caso fraude. El documento fue presentado a la Fiscalía Anticorrupción el 5 de agosto y partir de esa fecha hay un plazo de seis días para responder. La impugnación está firmada por Óscar Hassenteufel.</p> <p class="rtejustify"> El 4 de agosto, CC presentó, en su calidad de víctima, una impugnación al cierre del caso fraude. El pedido fue firmado por toda la bancada de la alianza política, que se ve como la principal perjudicada del fraude de 2019, al haber salido su candidato, Carlos Mesa, segundo en esa elección. El denominado fraude habría servido para que Evo Morales, del MAS, saque 10 puntos de diferencia sobre Mesa, evitando la segunda vuelta.</p> <p class="rtejustify"> El 31 de julio, la bancada de Creemos presentó en La Paz una impugnación, sin embargo, ésta fue rechazada por la Fiscalía.</p> <p class="rtejustify"> El 4 de agosto, el Comité pro Santa Cruz y el Conade presentaron ante la comisión de fiscales anticorrupción de La Paz un documento de 33 páginas sobre el “gravísimo intento de dejar en la impunidad el monumental fraude electoral de 2019”. &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> El &nbsp;2 de agosto, en Sucre, plataformas ciudadanas presentaron un recurso a la Fiscalía General y solicitaron que se reabra el proceso.</p> <p class="rtejustify"> Paralelamente, los cívicos, plataformas y colectivos iniciaron el 5 de agosto protestas en varias ciudades para rechazar el cierre del caso fraude.</p>

<p class="rtejustify"> Al menos cinco instituciones presentaron impugnaciones contra el cierre del caso fraude electoral dispuesto por la Fiscalía.</p> <p class="rtejustify"> Las alianzas Comunidad Ciudadana y Creemos, el Comité de Defensa de la Democracia, plataformas ciudadanas unidas, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentaron, por separado, recursos ante la Fiscalía para que el caso de fraude continúe.</p> <p class="rtejustify"> El 27 de julio, el Ministerio Público determinó cerrar el caso denominado “fraude electoral” basado en un documento del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, firmado por un docente y dos estudiantes de la Universidad de Salamanca, quienes no encontraron “manipulación de resultados”, aunque sí hallaron varias “irregularidades” en ese proceso electoral.</p> <p class="rtejustify"> La decisión causó protestas de plataformas ciudadanas y organizaciones políticas, que denunciaron que la Fiscalía cerró el caso a pedido del Gobierno del MAS. El partido azul asegura que en 2019 “hubo golpe” y no fraude. </p> <p class="rtejustify"> El pasado jueves, el TSE presentó una impugnación al cierre del caso fraude. El documento fue presentado a la Fiscalía Anticorrupción el 5 de agosto y partir de esa fecha hay un plazo de seis días para responder. La impugnación está firmada por Óscar Hassenteufel.</p> <p class="rtejustify"> El 4 de agosto, CC presentó, en su calidad de víctima, una impugnación al cierre del caso fraude. El pedido fue firmado por toda la bancada de la alianza política, que se ve como la principal perjudicada del fraude de 2019, al haber salido su candidato, Carlos Mesa, segundo en esa elección. El denominado fraude habría servido para que Evo Morales, del MAS, saque 10 puntos de diferencia sobre Mesa, evitando la segunda vuelta.</p> <p class="rtejustify"> El 31 de julio, la bancada de Creemos presentó en La Paz una impugnación, sin embargo, ésta fue rechazada por la Fiscalía.</p> <p class="rtejustify"> El 4 de agosto, el Comité pro Santa Cruz y el Conade presentaron ante la comisión de fiscales anticorrupción de La Paz un documento de 33 páginas sobre el “gravísimo intento de dejar en la impunidad el monumental fraude electoral de 2019”.  </p> <p class="rtejustify"> El  2 de agosto, en Sucre, plataformas ciudadanas presentaron un recurso a la Fiscalía General y solicitaron que se reabra el proceso.</p> <p class="rtejustify"> Paralelamente, los cívicos, plataformas y colectivos iniciaron el 5 de agosto protestas en varias ciudades para rechazar el cierre del caso fraude.</p>

Al menos cinco instituciones presentaron impugnaciones contra el cierre del caso fraude electoral dispuesto por la Fiscalía.

Al menos cinco instituciones presentaron impugnaciones contra el cierre del caso fraude electoral dispuesto por la Fiscalía.

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