<p class="rtejustify"> El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó ayer su informe final sobre las vulneraciones de derechos humanos durante 2019 en el puente Huayllani, en Sacaba. Los expertos recomendaron sanciones para los responsables y descartaron uso de armas por parte de los manifestantes.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> Previo a la presentación del informe, se realizó un minuto de silencio por los fallecidos durante los enfrentamientos.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> Patricia Tapattá, integrante del GIEI, fue la encargada de exponer los capítulos del informe. “El informe está organizado en ocho capítulos, tiene muchos datos, entrevistamos a más de 400 personas, víctimas, familiares de víctimas, testigos, funcionarios, miembros de la Policía, expolicía, miembros del ejército y una serie de personas que podían acercarnos información”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> Por su parte, el experto Julián Burger destacó algunas recomendaciones en relación a los hechos de Sacaba. Primero, señaló, la petición al Gobierno de implementar un plan de reparación integral a todas las víctimas de los hechos de 2019. Segundo, crear un mecanismo para asegurar la implementación del plan con todos los actores. Tercero, promover actos públicos para reconocer la dignidad de las víctimas. Y cuarto, “la urgencia de investigar, de manera efectiva, exhaustiva y con inteligencia todos los derechos de las víctimas, para asegurar un juzgamiento e incluso sanciones contra los responsables de los hechos de violencia, que son documentados ampliamente en el informe”, sostuvo.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> Por su parte, el investigador Juan Méndez sintetizó la relación de los hechos ocurridos en Huayllani en 2019 descartando uso de armas de los manifestantes.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> “La investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban fuertemente armadas. Producto de los disparos, nueve personas resultaron fallecidas y una décima quedó con graves heridas que provocaron su muerte en junio del año siguiente”, indicó.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, el informe de acciones desarrolladas por parte del jefe de equipo de la Fuerzas Armadas (FFAA), presentado al Ministerio Público el 12 de diciembre de 2019 sobre la intervención militar durante los conflictos acaecidos en Huayllani el 15 de noviembre del mismo año, refleja que los militares no portaban armas letales.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, informó que el GIEI “no encontró pruebas de que los manifestantes hicieran uso de armas de fuego o que amenazaran la vida de otros manifestantes, de los efectivos de la Policía o de las FFAA presentes”.</p> <p class="rtejustify"> Méndez acotó que investigaron varias hipótesis, entre ellas la denuncia de que los disparos salieron de los mismos movilizados, “pero con todas las evidencias desmitificamos mucho de los que se dijo tanto en Sacaba como en Senkata sobre disparos entre manifestantes”, añadió.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, murieron 10 personas luego de enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes. Hay al menos siete sindicados por el caso.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Exigen extradición de López y Murillo</strong></p> <p class="rtejustify"> El exsargento de la Policía Ismael Marquina recibió el informe del GIEI en Sacaba y pidió, con apoyo de los presentes, la extradición de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.</p> <p class="rtejustify"> “Queremos pedirles a nuestras autoridades la extradición de Murillo y de López y que sean enjuiciados en nuestro país. Hemos sido pacientes, no hemos entorpecido la investigación”, manifestó.</p> <p class="rtejustify"> Murillo se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero proveniente de la corrupción en la compra de los gases lacrimógenos. López está en Brasil.</p>

<p class="rtejustify"> El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó ayer su informe final sobre las vulneraciones de derechos humanos durante 2019 en el puente Huayllani, en Sacaba. Los expertos recomendaron sanciones para los responsables y descartaron uso de armas por parte de los manifestantes. </p> <p class="rtejustify"> Previo a la presentación del informe, se realizó un minuto de silencio por los fallecidos durante los enfrentamientos. </p> <p class="rtejustify"> Patricia Tapattá, integrante del GIEI, fue la encargada de exponer los capítulos del informe. “El informe está organizado en ocho capítulos, tiene muchos datos, entrevistamos a más de 400 personas, víctimas, familiares de víctimas, testigos, funcionarios, miembros de la Policía, expolicía, miembros del ejército y una serie de personas que podían acercarnos información”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> Por su parte, el experto Julián Burger destacó algunas recomendaciones en relación a los hechos de Sacaba. Primero, señaló, la petición al Gobierno de implementar un plan de reparación integral a todas las víctimas de los hechos de 2019. Segundo, crear un mecanismo para asegurar la implementación del plan con todos los actores. Tercero, promover actos públicos para reconocer la dignidad de las víctimas. Y cuarto, “la urgencia de investigar, de manera efectiva, exhaustiva y con inteligencia todos los derechos de las víctimas, para asegurar un juzgamiento e incluso sanciones contra los responsables de los hechos de violencia, que son documentados ampliamente en el informe”, sostuvo. </p> <p class="rtejustify"> Por su parte, el investigador Juan Méndez sintetizó la relación de los hechos ocurridos en Huayllani en 2019 descartando uso de armas de los manifestantes. </p> <p class="rtejustify"> “La investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban fuertemente armadas. Producto de los disparos, nueve personas resultaron fallecidas y una décima quedó con graves heridas que provocaron su muerte en junio del año siguiente”, indicó. </p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, el informe de acciones desarrolladas por parte del jefe de equipo de la Fuerzas Armadas (FFAA), presentado al Ministerio Público el 12 de diciembre de 2019 sobre la intervención militar durante los conflictos acaecidos en Huayllani el 15 de noviembre del mismo año, refleja que los militares no portaban armas letales.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, informó que el GIEI “no encontró pruebas de que los manifestantes hicieran uso de armas de fuego o que amenazaran la vida de otros manifestantes, de los efectivos de la Policía o de las FFAA presentes”.</p> <p class="rtejustify"> Méndez acotó que investigaron varias hipótesis, entre ellas la denuncia de que los disparos salieron de los mismos movilizados, “pero con todas las evidencias desmitificamos mucho de los que se dijo tanto en Sacaba como en Senkata sobre disparos entre manifestantes”, añadió. </p> <p class="rtejustify"> El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, murieron 10 personas luego de enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes. Hay al menos siete sindicados por el caso.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Exigen extradición de López y Murillo</strong></p> <p class="rtejustify"> El exsargento de la Policía Ismael Marquina recibió el informe del GIEI en Sacaba y pidió, con apoyo de los presentes, la extradición de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.</p> <p class="rtejustify"> “Queremos pedirles a nuestras autoridades la extradición de Murillo y de López y que sean enjuiciados en nuestro país. Hemos sido pacientes, no hemos entorpecido la investigación”, manifestó.</p> <p class="rtejustify"> Murillo se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero proveniente de la corrupción en la compra de los gases lacrimógenos. López está en Brasil.</p>

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó ayer su informe final sobre las vulneraciones de derechos humanos durante 2019 en el puente Huayllani, en Sacaba. Los expertos recomendaron sanciones para los responsables y descartaron uso de armas por parte de los manifestantes. 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó ayer su informe final sobre las vulneraciones de derechos humanos durante 2019 en el puente Huayllani, en Sacaba. Los expertos recomendaron sanciones para los responsables y descartaron uso de armas por parte de los manifestantes. 

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<p class="rtejustify"> A cuatro días de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) sobre violaciones a los derechos humanos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, el Gobierno, en al menos cinco puntos, ha distorsionado, omitido o cambiado el sentido al contenido del documento.</p> <p class="rtejustify"> Por ejemplo, el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales dedujeron que el informe es una prueba de que hubo “golpe de Estado” en 2019, cuando los expertos han aclarado que determinar si hubo golpe o fraude no fue el objetivo de la investigación. O la insistencia en usar los términos “lesa humanidad” y “genocidio” cuando en el documento no habla de tales delitos porque no corresponden a lo sucedido en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> <strong>“Golpe de Estado”&nbsp;</strong></p> <p class="rtejustify"> En la entrega del informe, el pasado martes, el GIEI aclaró que su investigación no ingresó a dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral de 2019 constituyeron un fraude o golpe de Estado.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> Pese a ello, minutos después de la intervención de Patricia Tappatá, una de las expertas del GIEI, el presidente Luis Arce leyó la parte del informe donde narra el acto en la Asamblea Legislativa cuando se proclamó a Jeanine Áñez como presidenta del Senado y posteriormente como presidenta del Estado. “Si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir?, dijo Arce.</p> <p class="rtejustify"> El mismo suceso citó el expresidente Morales para luego inferir que el GIEI “en forma diplomática, quiso decir que fue golpe”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Lesa humanidad</strong></p> <p class="rtejustify"> En varias oportunidades, funcionarios del Gobierno de Arce han acusado a la gestión de Áñez de cometer delitos de “lesa humanidad”. La última fue la declaración del canciller Rogelio Mayta, quien dijo a la agencia Telam: “Hay que ser claros, se está ante delitos de lesa humanidad, los mismos tienen la máxima sanción y Jeanine Áñez podría ser pasible a 30 años” de prisión.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, los expertos del GIEI aclararon que no hallaron elementos en los sucesos ocurridos en Bolivia que puedan denominarse como delitos de lesa humanidad.</p> <p class="rtejustify"> “Para que un hecho pueda considerarse de lesa humanidad, tiene que haber un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, con conocimiento del ataque y ruptura de poder”, según los expertos.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Genocidio&nbsp;</strong></p> <p class="rtejustify"> Otro término que usan el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) para referirse la violencia de 2019 es genocidio.&nbsp;<br> Incluso la Fiscalía amplió la acusación al exjefe militar Alfredo Cuéllar con el delito de genocidio por las masacres de Sacaba y Senkata.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> Patricia Tappatá, integrante del GIEI, aseguró que “nosotros no usamos la figura de genocidio, de crimen contra la humanidad, porque entendemos que no se reúnen las condiciones”.</p> <p class="rtejustify"> En tanto, Juan Méndez, también del GIEI, dijo que “genocidio requiere la intención de destruir todo o parte de una comunidad étnica, religiosa o racial. Nosotros hablamos de racismo, discriminación y violencia de género”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Más juicios</strong></p> <p class="rtejustify"> El documento dice que la investigación no puede usarse para dar pie a una indagación de tipo penal. Sin embargo, los funcionarios del Gobierno, citando al GIEI, empiezan a apurar juicios de responsabilidades y ampliar procesos contra presuntos responsables del “golpe”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Unilateral</strong></p> <p class="rtejustify"> Entre sus conclusiones, el GIEI establece que durante los conflictos de 2019 hubo violaciones de derechos humanos en ambos lados del espectro político. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno está concentrado en hacer justicia solamente a las víctimas y familiares de fallecidos de Sacaba y Senkata.</p> <p class="rtejustify"> <strong>El informe tiene 36 recomendaciones</strong></p> <p class="rtejustify"> El informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 realizado por el GIEI fue entregado el martes al presidente Luis Arce y familiares de las víctimas mortales y sobrevivientes, con más de 30 recomendaciones para el Estado.</p> <p class="rtejustify"> El documento, a través de una investigación científica y metodológica, evidenció que se produjeron masacres en Sacaba y en Senkata y graves vulneraciones de derechos humanos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>La ONU pide aplicación imparcial del informe</strong></p> <p class="rtejustify"> La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió que el informe final presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), sobre los hechos acontecidos en Bolivia a finales del 2019 sea utilizada de forma “constructiva e imparcial”.</p> <p class="rtejustify"> Además, la ONU pidió que el documento sirva “para llevar adelante investigaciones independientes, promover la justicia y la reparación integral de las víctimas, esclarecer la verdad y prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en Bolivia”.</p> <p class="rtejustify"> El pronunciamiento fue realizado por la portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell. En ese sentido, la ONU destaca algunos de los aspectos dados a conocer por el GIEI.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, la ONU señala que las recomendaciones emitidas por el GIEI “constituyen una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales en Bolivia, incluidos el racismo y la interferencia política en el sistema judicial, y para fortalecer el estado de derecho y la democracia”.</p> <p class="rtejustify"> El organismo internacional también saluda el compromiso del presidente, Luis Arce, respecto a implementar el informe del GIEI “e instamos a las autoridades a establecer prontamente un mecanismo que garantice que estas recomendaciones se traduzcan en medidas concretas, tanto a mediano como a largo plazo”, señala.</p> <p class="rtejustify"> “La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de su presencia en el país, está a disposición para apoyar al Estado Plurinacional de Bolivia en este importante proceso y reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias”, finaliza el texto.</p>

<p class="rtejustify"> A cuatro días de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) sobre violaciones a los derechos humanos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, el Gobierno, en al menos cinco puntos, ha distorsionado, omitido o cambiado el sentido al contenido del documento.</p> <p class="rtejustify"> Por ejemplo, el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales dedujeron que el informe es una prueba de que hubo “golpe de Estado” en 2019, cuando los expertos han aclarado que determinar si hubo golpe o fraude no fue el objetivo de la investigación. O la insistencia en usar los términos “lesa humanidad” y “genocidio” cuando en el documento no habla de tales delitos porque no corresponden a lo sucedido en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> <strong>“Golpe de Estado” </strong></p> <p class="rtejustify"> En la entrega del informe, el pasado martes, el GIEI aclaró que su investigación no ingresó a dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral de 2019 constituyeron un fraude o golpe de Estado. </p> <p class="rtejustify"> Pese a ello, minutos después de la intervención de Patricia Tappatá, una de las expertas del GIEI, el presidente Luis Arce leyó la parte del informe donde narra el acto en la Asamblea Legislativa cuando se proclamó a Jeanine Áñez como presidenta del Senado y posteriormente como presidenta del Estado. “Si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir?, dijo Arce.</p> <p class="rtejustify"> El mismo suceso citó el expresidente Morales para luego inferir que el GIEI “en forma diplomática, quiso decir que fue golpe”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Lesa humanidad</strong></p> <p class="rtejustify"> En varias oportunidades, funcionarios del Gobierno de Arce han acusado a la gestión de Áñez de cometer delitos de “lesa humanidad”. La última fue la declaración del canciller Rogelio Mayta, quien dijo a la agencia Telam: “Hay que ser claros, se está ante delitos de lesa humanidad, los mismos tienen la máxima sanción y Jeanine Áñez podría ser pasible a 30 años” de prisión.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, los expertos del GIEI aclararon que no hallaron elementos en los sucesos ocurridos en Bolivia que puedan denominarse como delitos de lesa humanidad.</p> <p class="rtejustify"> “Para que un hecho pueda considerarse de lesa humanidad, tiene que haber un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, con conocimiento del ataque y ruptura de poder”, según los expertos. </p> <p class="rtejustify"> <strong>Genocidio </strong></p> <p class="rtejustify"> Otro término que usan el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) para referirse la violencia de 2019 es genocidio. <br /><br /> Incluso la Fiscalía amplió la acusación al exjefe militar Alfredo Cuéllar con el delito de genocidio por las masacres de Sacaba y Senkata. </p> <p class="rtejustify"> Patricia Tappatá, integrante del GIEI, aseguró que “nosotros no usamos la figura de genocidio, de crimen contra la humanidad, porque entendemos que no se reúnen las condiciones”.</p> <p class="rtejustify"> En tanto, Juan Méndez, también del GIEI, dijo que “genocidio requiere la intención de destruir todo o parte de una comunidad étnica, religiosa o racial. Nosotros hablamos de racismo, discriminación y violencia de género”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Más juicios</strong></p> <p class="rtejustify"> El documento dice que la investigación no puede usarse para dar pie a una indagación de tipo penal. Sin embargo, los funcionarios del Gobierno, citando al GIEI, empiezan a apurar juicios de responsabilidades y ampliar procesos contra presuntos responsables del “golpe”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Unilateral</strong></p> <p class="rtejustify"> Entre sus conclusiones, el GIEI establece que durante los conflictos de 2019 hubo violaciones de derechos humanos en ambos lados del espectro político. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno está concentrado en hacer justicia solamente a las víctimas y familiares de fallecidos de Sacaba y Senkata.</p> <p class="rtejustify"> <strong>El informe tiene 36 recomendaciones</strong></p> <p class="rtejustify"> El informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 realizado por el GIEI fue entregado el martes al presidente Luis Arce y familiares de las víctimas mortales y sobrevivientes, con más de 30 recomendaciones para el Estado.</p> <p class="rtejustify"> El documento, a través de una investigación científica y metodológica, evidenció que se produjeron masacres en Sacaba y en Senkata y graves vulneraciones de derechos humanos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>La ONU pide aplicación imparcial del informe</strong></p> <p class="rtejustify"> La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió que el informe final presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), sobre los hechos acontecidos en Bolivia a finales del 2019 sea utilizada de forma “constructiva e imparcial”.</p> <p class="rtejustify"> Además, la ONU pidió que el documento sirva “para llevar adelante investigaciones independientes, promover la justicia y la reparación integral de las víctimas, esclarecer la verdad y prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en Bolivia”.</p> <p class="rtejustify"> El pronunciamiento fue realizado por la portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell. En ese sentido, la ONU destaca algunos de los aspectos dados a conocer por el GIEI.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, la ONU señala que las recomendaciones emitidas por el GIEI “constituyen una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales en Bolivia, incluidos el racismo y la interferencia política en el sistema judicial, y para fortalecer el estado de derecho y la democracia”.</p> <p class="rtejustify"> El organismo internacional también saluda el compromiso del presidente, Luis Arce, respecto a implementar el informe del GIEI “e instamos a las autoridades a establecer prontamente un mecanismo que garantice que estas recomendaciones se traduzcan en medidas concretas, tanto a mediano como a largo plazo”, señala.</p> <p class="rtejustify"> “La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de su presencia en el país, está a disposición para apoyar al Estado Plurinacional de Bolivia en este importante proceso y reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias”, finaliza el texto.</p>

A cuatro días de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) sobre violaciones a los derechos humanos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, el Gobierno, en al menos cinco puntos, ha distorsionado, omitido o cambiado el sentido al contenido del documento.

A cuatro días de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) sobre violaciones a los derechos humanos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, el Gobierno, en al menos cinco puntos, ha distorsionado, omitido o cambiado el sentido al contenido del documento.

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<p class="rtejustify"> La colombiana Magdalena Correa y el brasileño Marlon Weichert, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pasaron momentos incómodos durante la exposición en Potosí de la investigación sobre los hechos violentos de 2019.</p> <p class="rtejustify"> Los expertos no pudieron completar la presentación&nbsp;debido a que, durante la ronda de preguntas, los asistentes cruzaron gritos e insultos que elevaron la tensión. Incluso algunas personas se quitaron sus camisetas para mostrar las heridas sufridas durante el bloqueo a la caravana minera.</p> <p> <iframe allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="314" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Felpotosi.noticias%2Fvideos%2F970813576823819%2F&amp;show_text=false&amp;width=560&amp;t=0" style="border:none;overflow:hidden" width="560"></iframe></p> <p class="rtejustify"> Según los videos difundidos por El Potosí, la primera interrupción se dio cuando la colombiana Correa explicaba los principales componentes de la investigación y pedía justicia para las víctimas.</p> <p class="rtejustify"> Una parte de los asistentes, identificados como víctimas de los ataques a la caravana minera, comenzó a gritar “justicia”, a lo que respondió otro grupo de personas acusándoles de “golpistas” y “fascistas”.</p> <p class="rtejustify"> Además del cruce de gritos, también hubo amagues de peleas, por lo que los expertos tuvieron que dejar sus lugares y acercarse a los asistentes para evitar un conflicto mayor. Luego de varios minutos de tensión, Correa tuvo que subirse a una silla para llamar la atención de los participantes.</p> <p class="rtejustify"> La calma no duró mucho, ya que, en la ronda de preguntas, las personas que pidieron la palabra eran abucheadas, por lo que incluso no se escuchaba sus intervenciones.</p> <p class="rtejustify"> Una de las mujeres que utilizó el micrófono para dirigirse a los expertos fue identificada como dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS). A las víctimas de la caravana minera les molestó su presencia, afirmaron que era una funcionaria de la Gobernación y no le&nbsp;dejaron formular su pregunta.</p> <p class="rtejustify"> Entonces, los expertos intentaron responder algunas de las consultas, pero fracasaron y decidieron retirarse sin haber completado la exposición.</p> <p class="rtejustify"> La gente empezó a abandonar el lugar y los que se quedaron denunciaron que los que interrumpieron el acto eran funcionarios de la Gobernación de Potosí y de la Asamblea Departamental, que está en manos del MAS.</p> <p class="rtejustify"> Los organizadores habían preparado una salida de emergencia para los expertos, pero Weichert y Correa decidieron conversar con cada uno de los asistentes que se les acercaba.</p>

<p class="rtejustify"> La colombiana Magdalena Correa y el brasileño Marlon Weichert, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pasaron momentos incómodos durante la exposición en Potosí de la investigación sobre los hechos violentos de 2019.</p> <p class="rtejustify"> Los expertos no pudieron completar la presentación debido a que, durante la ronda de preguntas, los asistentes cruzaron gritos e insultos que elevaron la tensión. Incluso algunas personas se quitaron sus camisetas para mostrar las heridas sufridas durante el bloqueo a la caravana minera.</p> <p><iframe allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="314" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Felpotosi.noticias%2Fvideos%2F970813576823819%2F&amp;show_text=false&amp;width=560&amp;t=0" style="border:none;overflow:hidden" width="560"></iframe></p> <p class="rtejustify"> Según los videos difundidos por El Potosí, la primera interrupción se dio cuando la colombiana Correa explicaba los principales componentes de la investigación y pedía justicia para las víctimas.</p> <p class="rtejustify"> Una parte de los asistentes, identificados como víctimas de los ataques a la caravana minera, comenzó a gritar “justicia”, a lo que respondió otro grupo de personas acusándoles de “golpistas” y “fascistas”.</p> <p class="rtejustify"> Además del cruce de gritos, también hubo amagues de peleas, por lo que los expertos tuvieron que dejar sus lugares y acercarse a los asistentes para evitar un conflicto mayor. Luego de varios minutos de tensión, Correa tuvo que subirse a una silla para llamar la atención de los participantes.</p> <p class="rtejustify"> La calma no duró mucho, ya que, en la ronda de preguntas, las personas que pidieron la palabra eran abucheadas, por lo que incluso no se escuchaba sus intervenciones.</p> <p class="rtejustify"> Una de las mujeres que utilizó el micrófono para dirigirse a los expertos fue identificada como dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS). A las víctimas de la caravana minera les molestó su presencia, afirmaron que era una funcionaria de la Gobernación y no le dejaron formular su pregunta.</p> <p class="rtejustify"> Entonces, los expertos intentaron responder algunas de las consultas, pero fracasaron y decidieron retirarse sin haber completado la exposición.</p> <p class="rtejustify"> La gente empezó a abandonar el lugar y los que se quedaron denunciaron que los que interrumpieron el acto eran funcionarios de la Gobernación de Potosí y de la Asamblea Departamental, que está en manos del MAS.</p> <p class="rtejustify"> Los organizadores habían preparado una salida de emergencia para los expertos, pero Weichert y Correa decidieron conversar con cada uno de los asistentes que se les acercaba.</p>

La colombiana Magdalena Correa y el brasileño Marlon Weichert, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pasaron momentos incómodos durante la exposición en Potosí de la investigación sobre los hechos violentos de 2019.

La colombiana Magdalena Correa y el brasileño Marlon Weichert, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pasaron momentos incómodos durante la exposición en Potosí de la investigación sobre los hechos violentos de 2019.

<p> El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó de "excelente" el trabajo de la GIEI-Bolivia porque&nbsp;aporta "pruebas contundentes sobre el&nbsp;sometimiento del sistema judicial al gobierno de turno" en Bolivia.</p> <p> “El excelente informe del GIEI-Bolivia aporta pruebas contundentes sobre el sometimiento del sistema judicial al gobierno de turno y las gravísimas violaciones de DDHH durante las protestas de 2019, incluyendo ejecuciones sumarias y tortura durante el Gobierno de Áñez”, indicó Vivanco en su cuenta de Twitter.</p> <blockquote class="twitter-tweet"> <p dir="ltr" lang="es"> El excelente informe del <a href="https://twitter.com/hashtag/GIEIBolivia?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GIEIBolivia</a> aporta pruebas contundentes sobre el sometimiento del sistema judicial al gobierno de turno y las gravísimas violaciones de DDHH durante las protestas de 2019, incluyendo ejecuciones sumarias y tortura durante el Gobierno de Áñez. Abro hilo. <a href="https://t.co/jBty9p5E0k">pic.twitter.com/jBty9p5E0k</a></p> — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) <a href="https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/1428479599101554693?ref_src=twsrc%5Etfw">August 19, 2021</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <p> Vivanco señaló que es “imperativo que la Fiscalía boliviana despierte de su marasmo e investigue con diligencia e imparcialidad” los hechos que quejaron 37 muertes, durante las protestas de septiembre y diciembre de 2019.</p> <p> Otro de los puntos que resaltó, es que el informe “elimina de una vez por todas la versión disparatada del gobierno de Áñez de que los manifestantes se mataron unos a otros en Sacaba y Senkata, donde 20 personas fueron masacradas. El GIEI-Bolivia acusa a las fuerzas de seguridad de ejecuciones sumarias”.</p> <p> Vivanco señaló que se requiere una investigación seria, imparcial e inmediata de “arrestos ilegales, tortura sistemática de detenidos, agresiones sexuales y un patrón de arbitrariedad por la policía”, que fueron documentados en El Alto por GIEI.&nbsp;</p> <p> Añadió que el grupo también documentó “ataques muy graves contra manifestantes contrarios a Evo Morales en Vila Vila y Playa Verde. HRW entrevistó 14 testigos y víctimas de esos ataques. El GIEI-Bolivia apuntó que hubo participación y responsabilidad del gobierno de Evo Morales”</p> <p> “El informe del GIEI-Bolivia debe ser tomado en serio. La fiscalía debe investigar imparcialmente las violaciones a DDHH, sin importar la opinión política de las víctimas, y los responsables deben ser enjuiciados. Y es crucial una reforma para dotar de independencia a la justicia”, señaló.</p> <p> “El GIEI-Bolivia confirma las conclusiones de HRW: el carácter transitorio de la gran mayoría de los jueces y fiscales los expone a presiones políticas y el uso arbitrario de acusaciones de terrorismo y sedición, delitos definidos de modo abierto en la ley”, apuntó.</p>

<p> El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó de "excelente" el trabajo de la GIEI-Bolivia porque aporta "pruebas contundentes sobre el sometimiento del sistema judicial al gobierno de turno" en Bolivia.</p> <p> “El excelente informe del GIEI-Bolivia aporta pruebas contundentes sobre el sometimiento del sistema judicial al gobierno de turno y las gravísimas violaciones de DDHH durante las protestas de 2019, incluyendo ejecuciones sumarias y tortura durante el Gobierno de Áñez”, indicó Vivanco en su cuenta de Twitter.</p> <blockquote class="twitter-tweet"><p dir="ltr" lang="es" xml:lang="es"> El excelente informe del <a href="https://twitter.com/hashtag/GIEIBolivia?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GIEIBolivia</a> aporta pruebas contundentes sobre el sometimiento del sistema judicial al gobierno de turno y las gravísimas violaciones de DDHH durante las protestas de 2019, incluyendo ejecuciones sumarias y tortura durante el Gobierno de Áñez. Abro hilo. <a href="https://t.co/jBty9p5E0k">pic.twitter.com/jBty9p5E0k</a></p> <p> — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) <a href="https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/1428479599101554693?ref_src=twsrc%5Etfw">August 19, 2021</a></p></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p> Vivanco señaló que es “imperativo que la Fiscalía boliviana despierte de su marasmo e investigue con diligencia e imparcialidad” los hechos que quejaron 37 muertes, durante las protestas de septiembre y diciembre de 2019.</p> <p> Otro de los puntos que resaltó, es que el informe “elimina de una vez por todas la versión disparatada del gobierno de Áñez de que los manifestantes se mataron unos a otros en Sacaba y Senkata, donde 20 personas fueron masacradas. El GIEI-Bolivia acusa a las fuerzas de seguridad de ejecuciones sumarias”.</p> <p> Vivanco señaló que se requiere una investigación seria, imparcial e inmediata de “arrestos ilegales, tortura sistemática de detenidos, agresiones sexuales y un patrón de arbitrariedad por la policía”, que fueron documentados en El Alto por GIEI. </p> <p> Añadió que el grupo también documentó “ataques muy graves contra manifestantes contrarios a Evo Morales en Vila Vila y Playa Verde. HRW entrevistó 14 testigos y víctimas de esos ataques. El GIEI-Bolivia apuntó que hubo participación y responsabilidad del gobierno de Evo Morales”</p> <p> “El informe del GIEI-Bolivia debe ser tomado en serio. La fiscalía debe investigar imparcialmente las violaciones a DDHH, sin importar la opinión política de las víctimas, y los responsables deben ser enjuiciados. Y es crucial una reforma para dotar de independencia a la justicia”, señaló.</p> <p> “El GIEI-Bolivia confirma las conclusiones de HRW: el carácter transitorio de la gran mayoría de los jueces y fiscales los expone a presiones políticas y el uso arbitrario de acusaciones de terrorismo y sedición, delitos definidos de modo abierto en la ley”, apuntó.</p>

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó de "excelente" el trabajo de la GIEI-Bolivia porque aporta "pruebas contundentes sobre el sometimiento del sistema judicial al gobierno de turno" en Bolivia.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó de &quot;excelente&quot; el trabajo de la GIEI-Bolivia porque aporta &quot;pruebas contundentes sobre el sometimiento del sistema judicial al gobierno de turno&quot; en Bolivia.

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<p class="rtejustify"> La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante su portavoz, destacó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las violaciones a derechos humanos en 2019, y llamó a que la documentación sea utilizada de forma imparcial para promover el diálogo en Bolivia y reducir la polarización.</p> <p class="rtejustify"> "Es vital que la documentación de las violaciones de derechos humanos que aparece en el informe, producto de ocho meses de riguroso trabajo, sea utilizada de forma constructiva e imparcial, para promover el diálogo entre el pueblo boliviano y reducir la polarización y las tensiones políticas persistentes", dice un pronunciamiento de la portavoz Liz Throssell.</p> <p class="rtejustify"> La portavoz de la Alta Comisionada destacó que el informe documenta "graves violaciones a los derechos humanos, incluido el uso sistemático de &nbsp;tortura, ejecuciones sumarias y violencia sexual y de género, durante la crisis postelectoral de 2019", además de que "la violencia tuvo sesgos raciales y anti indígenas".</p> <p class="rtejustify"> Exhortó a que haya esfuerzos para llevar adelante investigaciones independientes, promover la justicia y la reparación integral de las víctimas, esclarecer la verdad y prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Dijo que la recomendaciones del informe del GIEI y del que emitió la Alta Comisionada en 2020 constituyen una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales en Bolivia, incluidos el racismo y la interferencia política en el sistema judicial, y para fortalecer el estado de derecho y la democracia.</p> <p class="rtejustify"> Throssell saludó también el compromiso expresado por el presidente Luis Arce, de implementar el informe del GIEI.</p> <p class="rtejustify"> Instó a las autoridades a establecer prontamente un mecanismo que garantice que las recomendaciones se traduzcan en medidas concretas, tanto a mediano como a largo plazo.&nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante su portavoz, destacó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las violaciones a derechos humanos en 2019, y llamó a que la documentación sea utilizada de forma imparcial para promover el diálogo en Bolivia y reducir la polarización.</p> <p class="rtejustify"> "Es vital que la documentación de las violaciones de derechos humanos que aparece en el informe, producto de ocho meses de riguroso trabajo, sea utilizada de forma constructiva e imparcial, para promover el diálogo entre el pueblo boliviano y reducir la polarización y las tensiones políticas persistentes", dice un pronunciamiento de la portavoz Liz Throssell.</p> <p class="rtejustify"> La portavoz de la Alta Comisionada destacó que el informe documenta "graves violaciones a los derechos humanos, incluido el uso sistemático de  tortura, ejecuciones sumarias y violencia sexual y de género, durante la crisis postelectoral de 2019", además de que "la violencia tuvo sesgos raciales y anti indígenas".</p> <p class="rtejustify"> Exhortó a que haya esfuerzos para llevar adelante investigaciones independientes, promover la justicia y la reparación integral de las víctimas, esclarecer la verdad y prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Dijo que la recomendaciones del informe del GIEI y del que emitió la Alta Comisionada en 2020 constituyen una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales en Bolivia, incluidos el racismo y la interferencia política en el sistema judicial, y para fortalecer el estado de derecho y la democracia.</p> <p class="rtejustify"> Throssell saludó también el compromiso expresado por el presidente Luis Arce, de implementar el informe del GIEI.</p> <p class="rtejustify"> Instó a las autoridades a establecer prontamente un mecanismo que garantice que las recomendaciones se traduzcan en medidas concretas, tanto a mediano como a largo plazo. </p>

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante su portavoz, destacó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las violaciones a derechos humanos en 2019, y llamó a que la documentación sea utilizada de forma imparcial para promover el diálogo en Bolivia y reducir la polarización.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante su portavoz, destacó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las violaciones a derechos humanos en 2019, y llamó a que la documentación sea utilizada de forma imparcial para promover el diálogo en Bolivia y reducir la polarización.

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