<p class="rtejustify"> El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, interpretó ayer que la sentencia 052/2021 del Tribunal Constitucional (TCP) “ratifica” que en Bolivia en 2019 “hubo un golpe de Estado”. En tanto, el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, dijo ayer tras revisar con 40 estudiantes 35 mil actas electorales en cuatro días, que definitivamente “no hubo fraude electoral”.</p> <p class="rtejustify"> Con esas dos conclusiones, el Gobierno pretende instalar su versión de que en Bolivia en 2019 hubo “golpe de Estado” y enterrar el caso fraude electoral para acelerar los procesos penales y juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Áñez. Pretenden procesar además a otros supuestos involucrados en “caso golpe” como el exmandatario Carlos Mesa.</p> <p class="rtejustify"> Lima pidió que, con esa sentencia del TCP, la justicia ordinaria actúe pronto, se entable el juicio oral y se tenga este año, “lo más pronto posible”, una sentencia penal contra Áñez en “el marco del debido proceso”.</p> <p class="rtejustify"> El jueves, el diputado del MAS Juan José Jauregui dijo que planteará un proceso contra el expresidente Mesa, por su papel en la suspensión de los comicios cuestionados del 20 de octubre de 2019. La conclusión de Chávez de que no hubo fraude electoral, si bien no tiene efecto legal alguno, servirá al oficialismo para allanar el camino y empezar procesos.</p> <p class="rtejustify"> La Sentencia 052/2021 del TCP, si bien no menciona a Áñez, establece que el mecanismo de sucesión ipso facto no se puede aplicar en las cámaras legislativas, incluyendo el Senado, y que la renuncia por Twitter de la entonces diputada Susana Rivero no era válida y continuaba como primera vicepresidenta de Diputados hasta que renunció formalmente el 14 de noviembre de 2019.</p> <p class="rtejustify"> Lima explicó que, de acuerdo con la sentencia del TCP, el mecanismo ipso facto sólo procede para la sucesión del Presidente al Vicepresidente del Estado, y que las renuncias en el Legislativo deben presentarse de manera escrita y no por redes sociales.</p> <p class="rtejustify"> Señaló que, en 2019, Áñez no podía asumir la presidencia del Senado, y luego del Estado, de forma ipso facto, sino se debía sesionar para elegir una nueva directiva de la Cámara de Senadores, siempre y cuando se aceptara la renuncia de su entonces presidenta Adriana Salvatierra.</p> <p class="rtejustify"> La anterior semana, el ministro Lima manifestó que espera una sentencia de 12 años de cárcel contra Áñez en el transcurso de este 2021.</p> <p class="rtejustify"> Lima afirmó que, con esta sentencia, más las decisiones del Ministerio Público para cerrar el caso fraude electoral, concluye el debate sobre si en el país hubo un golpe de Estado.</p> <p class="rtejustify"> De parte de la oposición, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, dijo que la sentencia del TCP forma parte de una “artimaña” para establecer la hipótesis de que en el país existió un “golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> “Obviamente, como todo el aparato fiscal, judicial, tanto del tema constitucional como la justicia penal está al servicio bajo los pies del Gobierno, van a utilizar y manipular este aparato para generar está cacería de brujas”, alertó Alarcón.</p> <p class="rtejustify"> El opositor, que es abogado constitucionalista, señaló que la reciente sentencia del TCP deja de lado la sentencia 001/2020, mediante la cual prorrogó los mandatos de Áñez y autoridades electas.</p> <p class="rtejustify"> Por su parte, el líder opositor de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó que “la incongruencia y mala fe del TCP no tiene límites. La posesión de J. Áñez fue automática, no por la renuncia, sino por la fuga de Morales a México que dejó vacante la presidencia. Por esa razón la posesión fue inmediata y automática”, en su cuenta de Twitter.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Resultado de “revisión de actas” favorece a Morales</strong></p> <p class="rtejustify"> La Procuraduría General del Estado realizó ayer el acto de conclusión de la revisión de actas de las elecciones de 2019; sin embargo, el informe final será puesto a disposición posteriormente en un “par de días”.</p> <p class="rtejustify"> El procurador Wilfredo Chávez aseguró que en la tarea se cotejó el cómputo de 2019 con las actas publicadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin entrar en detalles, Chávez señaló que el dato final de la revisión es el mismo que emanó el TSE.</p> <p class="rtejustify"> Anunció que “en un par de días” se pondrá a disposición el informe final de la revisión.</p> <p class="rtejustify"> Chávez reveló también que hubo observaciones. En particular, indicó que, de las 5 mil actas revisadas en el primer día de trabajo, se encontró siete actas que no eran legibles, por lo cual se solicitó al TSE que aclare un método de validación.</p> <p class="rtejustify"> El Procurador recordó los sucesos de 2019 que llevaron a las acusaciones de fraude electoral y la auditoría de la OEA.</p> <p class="rtejustify"> Recalcó que la OEA no hizo una “auditoría”, sus resultados fueron cuestionados por investigadores internacionales y que el organismo no hizo el trabajo que ahora realizó la Procuraduría.</p> <p class="rtejustify"> “Puedo decir con franqueza que no ha existido fraude electoral en las elecciones de 2019 y Bolivia no es un país fraudulento”, aseveró.</p> <p class="rtejustify"> Explicó que ha decidido realizar esa tarea porque la labor de la Procuraduría es la defensa del Estado y consideró que las acusaciones de fraude afectaban al país.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>“Un TCP que trabaja a la carta”</strong></p> <p class="rtejustify"> El abogado y político Germán Gutiérrez, cuestionó ayer la sentencia 0052/2021 del Tribunal Constitucional que da a entender que la sucesión —sin mencionarla— de Jeanine Áñez no fue constitucional; no obstante, ese mismo tribunal avaló en noviembre de 2019 la presidencia de la entonces mandataria. “El TCP el día de hoy opera como un restaurante a la carta: lo que le piden, hace, y puede cambiar de la noche a la mañana su opinión, ciertamente con argumentos poco serios, poco válidos”, dijo Gutiérrez en entrevista con ANF. Dijo que cualquier cambio en la jurisprudencia constitucional “tiene que ser un cambio debidamente fundamentado, debidamente argumentado y sólidos”.</p>

<p class="rtejustify"> El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, interpretó ayer que la sentencia 052/2021 del Tribunal Constitucional (TCP) “ratifica” que en Bolivia en 2019 “hubo un golpe de Estado”. En tanto, el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, dijo ayer tras revisar con 40 estudiantes 35 mil actas electorales en cuatro días, que definitivamente “no hubo fraude electoral”.</p> <p class="rtejustify"> Con esas dos conclusiones, el Gobierno pretende instalar su versión de que en Bolivia en 2019 hubo “golpe de Estado” y enterrar el caso fraude electoral para acelerar los procesos penales y juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Áñez. Pretenden procesar además a otros supuestos involucrados en “caso golpe” como el exmandatario Carlos Mesa.</p> <p class="rtejustify"> Lima pidió que, con esa sentencia del TCP, la justicia ordinaria actúe pronto, se entable el juicio oral y se tenga este año, “lo más pronto posible”, una sentencia penal contra Áñez en “el marco del debido proceso”.</p> <p class="rtejustify"> El jueves, el diputado del MAS Juan José Jauregui dijo que planteará un proceso contra el expresidente Mesa, por su papel en la suspensión de los comicios cuestionados del 20 de octubre de 2019. La conclusión de Chávez de que no hubo fraude electoral, si bien no tiene efecto legal alguno, servirá al oficialismo para allanar el camino y empezar procesos.</p> <p class="rtejustify"> La Sentencia 052/2021 del TCP, si bien no menciona a Áñez, establece que el mecanismo de sucesión ipso facto no se puede aplicar en las cámaras legislativas, incluyendo el Senado, y que la renuncia por Twitter de la entonces diputada Susana Rivero no era válida y continuaba como primera vicepresidenta de Diputados hasta que renunció formalmente el 14 de noviembre de 2019.</p> <p class="rtejustify"> Lima explicó que, de acuerdo con la sentencia del TCP, el mecanismo ipso facto sólo procede para la sucesión del Presidente al Vicepresidente del Estado, y que las renuncias en el Legislativo deben presentarse de manera escrita y no por redes sociales.</p> <p class="rtejustify"> Señaló que, en 2019, Áñez no podía asumir la presidencia del Senado, y luego del Estado, de forma ipso facto, sino se debía sesionar para elegir una nueva directiva de la Cámara de Senadores, siempre y cuando se aceptara la renuncia de su entonces presidenta Adriana Salvatierra.</p> <p class="rtejustify"> La anterior semana, el ministro Lima manifestó que espera una sentencia de 12 años de cárcel contra Áñez en el transcurso de este 2021.</p> <p class="rtejustify"> Lima afirmó que, con esta sentencia, más las decisiones del Ministerio Público para cerrar el caso fraude electoral, concluye el debate sobre si en el país hubo un golpe de Estado.</p> <p class="rtejustify"> De parte de la oposición, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, dijo que la sentencia del TCP forma parte de una “artimaña” para establecer la hipótesis de que en el país existió un “golpe de Estado”.</p> <p class="rtejustify"> “Obviamente, como todo el aparato fiscal, judicial, tanto del tema constitucional como la justicia penal está al servicio bajo los pies del Gobierno, van a utilizar y manipular este aparato para generar está cacería de brujas”, alertó Alarcón.</p> <p class="rtejustify"> El opositor, que es abogado constitucionalista, señaló que la reciente sentencia del TCP deja de lado la sentencia 001/2020, mediante la cual prorrogó los mandatos de Áñez y autoridades electas.</p> <p class="rtejustify"> Por su parte, el líder opositor de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó que “la incongruencia y mala fe del TCP no tiene límites. La posesión de J. Áñez fue automática, no por la renuncia, sino por la fuga de Morales a México que dejó vacante la presidencia. Por esa razón la posesión fue inmediata y automática”, en su cuenta de Twitter.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>Resultado de “revisión de actas” favorece a Morales</strong></p> <p class="rtejustify"> La Procuraduría General del Estado realizó ayer el acto de conclusión de la revisión de actas de las elecciones de 2019; sin embargo, el informe final será puesto a disposición posteriormente en un “par de días”.</p> <p class="rtejustify"> El procurador Wilfredo Chávez aseguró que en la tarea se cotejó el cómputo de 2019 con las actas publicadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin entrar en detalles, Chávez señaló que el dato final de la revisión es el mismo que emanó el TSE.</p> <p class="rtejustify"> Anunció que “en un par de días” se pondrá a disposición el informe final de la revisión.</p> <p class="rtejustify"> Chávez reveló también que hubo observaciones. En particular, indicó que, de las 5 mil actas revisadas en el primer día de trabajo, se encontró siete actas que no eran legibles, por lo cual se solicitó al TSE que aclare un método de validación.</p> <p class="rtejustify"> El Procurador recordó los sucesos de 2019 que llevaron a las acusaciones de fraude electoral y la auditoría de la OEA.</p> <p class="rtejustify"> Recalcó que la OEA no hizo una “auditoría”, sus resultados fueron cuestionados por investigadores internacionales y que el organismo no hizo el trabajo que ahora realizó la Procuraduría.</p> <p class="rtejustify"> “Puedo decir con franqueza que no ha existido fraude electoral en las elecciones de 2019 y Bolivia no es un país fraudulento”, aseveró.</p> <p class="rtejustify"> Explicó que ha decidido realizar esa tarea porque la labor de la Procuraduría es la defensa del Estado y consideró que las acusaciones de fraude afectaban al país.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>“Un TCP que trabaja a la carta”</strong></p> <p class="rtejustify"> El abogado y político Germán Gutiérrez, cuestionó ayer la sentencia 0052/2021 del Tribunal Constitucional que da a entender que la sucesión —sin mencionarla— de Jeanine Áñez no fue constitucional; no obstante, ese mismo tribunal avaló en noviembre de 2019 la presidencia de la entonces mandataria. “El TCP el día de hoy opera como un restaurante a la carta: lo que le piden, hace, y puede cambiar de la noche a la mañana su opinión, ciertamente con argumentos poco serios, poco válidos”, dijo Gutiérrez en entrevista con ANF. Dijo que cualquier cambio en la jurisprudencia constitucional “tiene que ser un cambio debidamente fundamentado, debidamente argumentado y sólidos”.</p>

El Gobierno pretende instalar su versión de que en Bolivia en 2019 hubo “golpe de Estado” y enterrar el caso fraude electoral para acelerar los procesos penales

El Gobierno pretende instalar su versión de que en Bolivia en 2019 hubo “golpe de Estado” y enterrar el caso fraude electoral para acelerar los procesos penales

<p class="rtejustify"> Pese a las críticas, burlas y cuestionamientos de la oposición, analistas, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros actores políticos, el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, insiste en revisar las 35 mil actas de las elecciones de 2019 para demostrar que no hubo fraude electoral. A dos días de la revisión, dijo que su equipo no halló nada irregular.</p> <p class="rtejustify"> En tanto, a la aclaración que el presidente del TSE, Óscar Hassenteuffel, hizo el miércoles sobre que la revisión de actas de Chávez no tiene efecto jurídico alguno, ayer se sumó la vocal Rosario Baptista, quien tildó de “inconstitucional” la acción de la Procuraduría.</p> <p class="rtejustify"> Baptista dijo que el reconteo de actas no tiene otro fin que lavar la imagen del expresidente Evo Morales, con el fin de posicionar una falsa verdad sobre las elecciones anuladas de 2019. Advirtió además que esa acción no es constitucional ni competencia de esa instancia del Estado.</p> <p class="rtejustify"> “Usted sabe perfectamente que no (es constitucional). El Procurador tiene otras funciones, después de (proteger) los intereses del Estado, no tiene por qué defender a otras personas, en este caso está asumiendo la defensa de una persona que es el expresidente Evo Morales. Está usurpando funciones al pretender hacer un nuevo cómputo”, advirtió Baptista en contacto con la ANF.</p> <p class="rtejustify"> Desde que anunció su plan de revisar “acta por acta” el pasado 29 de agosto, Chávez ha recibido burlas y críticas. Desde quienes calificaron la iniciativa como una “estupidez”, “tontería” y “caricatura”, hasta observaciones de fondo como la del TSE.</p> <p class="rtejustify"> El abogado y analista Germán Gutiérrez afirmó en una entrevista pasada que la propuesta de revisar las actas por el motivo que fuera va en contra de la Constitución. “Es una estupidez total, y más allá de la posición que uno tenga, más allá de estar a favor del fraude o golpe es una terrible estupidez”.</p> <p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa calificó ayer como una “caricatura” el recuento de votos impulsado por Chávez. Sostuvo que no asistirá a la invitación que se le habría hecho para el recuento que empezó el Procurador el lunes pasado.</p> <p class="rtejustify"> Sobre críticas por actuar fuera de la norma, Chávez señaló que actúa en el marco de la Constitución Política del Estado y mandó a quienes le critican a leer la Carta Magna.</p> <p class="rtejustify"> Mesa reiteró que la Procuraduría no tiene competencia para realizar ninguna investigación sobre el ámbito electoral, ya que esa tarea la tendría que hacer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).</p> <p class="rtejustify"> Chávez, en una evaluación parcial que efectuó ayer, afirmó que durante los dos días de análisis y revisión de las actas observadas en el proceso eleccionario de 2019 no se encontró indicio alguno sobre un fraude electoral, como lo aseguraron en su momento los partidos de oposición y la propia Organización de Estados Americanos (OEA).</p>

<p class="rtejustify"> Pese a las críticas, burlas y cuestionamientos de la oposición, analistas, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros actores políticos, el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, insiste en revisar las 35 mil actas de las elecciones de 2019 para demostrar que no hubo fraude electoral. A dos días de la revisión, dijo que su equipo no halló nada irregular.</p> <p class="rtejustify"> En tanto, a la aclaración que el presidente del TSE, Óscar Hassenteuffel, hizo el miércoles sobre que la revisión de actas de Chávez no tiene efecto jurídico alguno, ayer se sumó la vocal Rosario Baptista, quien tildó de “inconstitucional” la acción de la Procuraduría.</p> <p class="rtejustify"> Baptista dijo que el reconteo de actas no tiene otro fin que lavar la imagen del expresidente Evo Morales, con el fin de posicionar una falsa verdad sobre las elecciones anuladas de 2019. Advirtió además que esa acción no es constitucional ni competencia de esa instancia del Estado.</p> <p class="rtejustify"> “Usted sabe perfectamente que no (es constitucional). El Procurador tiene otras funciones, después de (proteger) los intereses del Estado, no tiene por qué defender a otras personas, en este caso está asumiendo la defensa de una persona que es el expresidente Evo Morales. Está usurpando funciones al pretender hacer un nuevo cómputo”, advirtió Baptista en contacto con la ANF.</p> <p class="rtejustify"> Desde que anunció su plan de revisar “acta por acta” el pasado 29 de agosto, Chávez ha recibido burlas y críticas. Desde quienes calificaron la iniciativa como una “estupidez”, “tontería” y “caricatura”, hasta observaciones de fondo como la del TSE.</p> <p class="rtejustify"> El abogado y analista Germán Gutiérrez afirmó en una entrevista pasada que la propuesta de revisar las actas por el motivo que fuera va en contra de la Constitución. “Es una estupidez total, y más allá de la posición que uno tenga, más allá de estar a favor del fraude o golpe es una terrible estupidez”.</p> <p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa calificó ayer como una “caricatura” el recuento de votos impulsado por Chávez. Sostuvo que no asistirá a la invitación que se le habría hecho para el recuento que empezó el Procurador el lunes pasado.</p> <p class="rtejustify"> Sobre críticas por actuar fuera de la norma, Chávez señaló que actúa en el marco de la Constitución Política del Estado y mandó a quienes le critican a leer la Carta Magna.</p> <p class="rtejustify"> Mesa reiteró que la Procuraduría no tiene competencia para realizar ninguna investigación sobre el ámbito electoral, ya que esa tarea la tendría que hacer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).</p> <p class="rtejustify"> Chávez, en una evaluación parcial que efectuó ayer, afirmó que durante los dos días de análisis y revisión de las actas observadas en el proceso eleccionario de 2019 no se encontró indicio alguno sobre un fraude electoral, como lo aseguraron en su momento los partidos de oposición y la propia Organización de Estados Americanos (OEA).</p>

Pese a las críticas, burlas y cuestionamientos de la oposición, analistas, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros actores políticos, el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, insiste en revisar las 35 mil actas de las elecciones de 2019 para demostrar que no hubo fraude electoral. A dos días de la revisión, dijo que su equipo no halló nada irregular.

Pese a las críticas, burlas y cuestionamientos de la oposición, analistas, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros actores políticos, el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, insiste en revisar las 35 mil actas de las elecciones de 2019 para demostrar que no hubo fraude electoral. A dos días de la revisión, dijo que su equipo no halló nada irregular.

<p class="rtejustify"> Rosario Baptista, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró este jueves que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, lleva adelante un nuevo conteo de votos para lavar la imagen del expresidente Evo Morales, con el fin de posicionar una falsa verdad sobre las elecciones anuladas del 2019, además advirtió que esa acción no es constitucional ni competencia de esa instancia del Estado.</p> <p class="rtejustify"> "Usted sabe perfectamente que no (es constitucional), el Procurador tiene otras funciones, después de (proteger) los intereses del Estado, no tiene por qué defender a otras personas, en este caso está asumiendo la defensa de una persona que es el expresidente Evo Morales. Está usurpando funciones al pretender hacer un nuevo cómputo", advirtió Baptista en contacto con la ANF.</p> <p class="rtejustify"> Argumentó que una cosa es que cualquier ciudadano o entidad revise las actas de un proceso electoral y otra que se haga con una intención política, como es el caso del procurador que inició un nuevo conteo de votos el lunes con estudiantes de último año de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).</p> <p class="rtejustify"> "Por tanto lo que está haciendo el procurador es un acto político, sin ningún efecto jurídico y con la única finalidad de posicionar una verdad falsa, o sea una mentira frente a la población boliviana", acotó.</p> <p class="rtejustify"> Reiteró que no tendrá ningún efecto legal porque las elecciones del 2019 fueron anuladas mediante una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Posteriormente, se aprobó otra normativa para la convocatoria a las elecciones del 2020.</p> <p class="rtejustify"> El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, ratificó el miércoles que por el principio de preclusión la revisión de actas de las elecciones del 2019 que lleva adelante el procurador no tendrá ningún efecto jurídico.</p> <p class="rtejustify"> Chávez inauguró el lunes el recuento de al menos 35 mil actas de las elecciones anuladas de 2019 con el fin de demostrar que no hubo "fraude", sino un "golpe de Estado" y refutar la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).</p> <p class="rtejustify"> Sobre las críticas de la oposición al Procurador por actuar fuera de la norma constitucional, Chávez señaló que actúa en el marco de la Constitución Política del Estado y mandó a quienes le critican a leer la Carta Magna.</p>

<p class="rtejustify"> Rosario Baptista, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró este jueves que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, lleva adelante un nuevo conteo de votos para lavar la imagen del expresidente Evo Morales, con el fin de posicionar una falsa verdad sobre las elecciones anuladas del 2019, además advirtió que esa acción no es constitucional ni competencia de esa instancia del Estado.</p> <p class="rtejustify"> "Usted sabe perfectamente que no (es constitucional), el Procurador tiene otras funciones, después de (proteger) los intereses del Estado, no tiene por qué defender a otras personas, en este caso está asumiendo la defensa de una persona que es el expresidente Evo Morales. Está usurpando funciones al pretender hacer un nuevo cómputo", advirtió Baptista en contacto con la ANF.</p> <p class="rtejustify"> Argumentó que una cosa es que cualquier ciudadano o entidad revise las actas de un proceso electoral y otra que se haga con una intención política, como es el caso del procurador que inició un nuevo conteo de votos el lunes con estudiantes de último año de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).</p> <p class="rtejustify"> "Por tanto lo que está haciendo el procurador es un acto político, sin ningún efecto jurídico y con la única finalidad de posicionar una verdad falsa, o sea una mentira frente a la población boliviana", acotó.</p> <p class="rtejustify"> Reiteró que no tendrá ningún efecto legal porque las elecciones del 2019 fueron anuladas mediante una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Posteriormente, se aprobó otra normativa para la convocatoria a las elecciones del 2020.</p> <p class="rtejustify"> El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, ratificó el miércoles que por el principio de preclusión la revisión de actas de las elecciones del 2019 que lleva adelante el procurador no tendrá ningún efecto jurídico.</p> <p class="rtejustify"> Chávez inauguró el lunes el recuento de al menos 35 mil actas de las elecciones anuladas de 2019 con el fin de demostrar que no hubo "fraude", sino un "golpe de Estado" y refutar la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).</p> <p class="rtejustify"> Sobre las críticas de la oposición al Procurador por actuar fuera de la norma constitucional, Chávez señaló que actúa en el marco de la Constitución Política del Estado y mandó a quienes le critican a leer la Carta Magna.</p>

Rosario Baptista, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró este jueves que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, lleva adelante un nuevo conteo de votos para lavar la imagen del expresidente Evo Morales, con el fin de posicionar una falsa verdad sobre las elecciones anuladas del 2019, además advirtió que esa acción no es constitucional ni competencia de esa instancia del Estado.

Rosario Baptista, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró este jueves que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, lleva adelante un nuevo conteo de votos para lavar la imagen del expresidente Evo Morales, con el fin de posicionar una falsa verdad sobre las elecciones anuladas del 2019, además advirtió que esa acción no es constitucional ni competencia de esa instancia del Estado.

<p class="rtejustify"> El reconteo de actas electorales de los comicios de 2019 que lleva adelante la Procuraduría General del Estado no tiene ningún efecto jurídico, ratificó ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel.</p> <p class="rtejustify"> El conteo es una iniciativa de Wilfredo Chávez, ahora procurador y quien fue abogado personal del expresidente Evo Morales cuando éste huyó del país y fue acusado de varios delitos luego de la anulación de las elecciones de 2019 por sospechas de fraude.</p> <p class="rtejustify"> Hassenteufel afirmó que la revisión de actas de la Procuraduría puede tener el efecto “que quieran darle los interesados” y aclaró ése no es un tema de competencia del TSE, según un reporte del portal de noticias Oxígeno.</p> <p class="rtejustify"> Las actas electorales de 2019 se encuentran en la página web del Órgano Electoral Plurinacional (ÓEP) para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellas.</p> <p class="rtejustify"> “En el derecho electoral boliviano se ha introducido hace mucho tiempo un principio que es fundamental: el principio de preclusión, de modo que los actos pasados, los actos anteriores, ya no se revisan, no tienen ningún efecto”, apuntó Hassenteufel.</p> <p class="rtejustify"> El Procurador inició el lunes el recuento de al menos 35 mil actas de las elecciones anuladas de 2019 con el fin de demostrar que no hubo “fraude”, sino un “golpe de Estado” y refutar la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).</p> <p class="rtejustify"> En tanto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas presentó ayer una petición de informe escrito (PIE), dirigida a Chávez, para que explique cuáles son las bases jurídicas en las que se sustenta para llevar adelante el “reconteo” de actas de las elecciones de octubre de 2019.</p> <p class="rtejustify"> Pedrazas dijo que ni la Constitución Política del Estado (CPE) ni la Ley de la Procuraduría General del Estado número 064 disponen atribuciones expresas para que la Procuraduría efectué análisis, estudios o auditorías en material electoral de un proceso cuyas etapas precluyeron.</p> <p class="rtejustify"> “Queremos saber cuál es la posición jurídica del Procurador con relación a la Ley 1266 del Régimen Excepcional, con la que se llamó a alecciones de 2019, producto del fraude electoral cometido por su cliente Morales. Que se dediquen a trabajar, que dejen de confundir a la población y eviten generar escenarios de conflictos”, dijo Pedrazas.</p> <p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa calificó como una “caricatura” el recuento de votos de las elecciones anuladas de 2019.</p> <p class="rtejustify"> Sostuvo que no asistirá a la invitación que se le habría hecho para el recuento de votos de las elecciones de 2019.</p> <p class="rtejustify"> Mesa reiteró que la Procuraduría no tiene competencia para realizar ninguna investigación sobre el ámbito electoral, ya que esa tarea la tendría que hacer el TSE. Además, consideró que le parecería una locura que se realice ese tipo de planteamientos después que la OEA hizo una auditoría.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Chávez invita a los políticos</strong></p> <p class="rtejustify"> El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, reiteró la invitación pública a los representantes de partidos opositores como el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho; Carlos Mesa, jefe de Comunidad Ciudadana; Jorge “Tuto” Quiroga, y Waldo Albarracín, entre otros, a participar del análisis “acta por acta” sobre el proceso electoral de 2019 que desarrolla la Procuraduría en la ciudad de El Alto.</p> <p class="rtejustify"> La revisión se realiza en las instalaciones de la Procuraduría en la ciudad de El Alto, lugar donde se tiene sillas reservadas para las personas y actores políticos que en la gestión 2019 denunciaron que existió fraude en el proceso electoral.</p>

<p class="rtejustify"> El reconteo de actas electorales de los comicios de 2019 que lleva adelante la Procuraduría General del Estado no tiene ningún efecto jurídico, ratificó ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel.</p> <p class="rtejustify"> El conteo es una iniciativa de Wilfredo Chávez, ahora procurador y quien fue abogado personal del expresidente Evo Morales cuando éste huyó del país y fue acusado de varios delitos luego de la anulación de las elecciones de 2019 por sospechas de fraude.</p> <p class="rtejustify"> Hassenteufel afirmó que la revisión de actas de la Procuraduría puede tener el efecto “que quieran darle los interesados” y aclaró ése no es un tema de competencia del TSE, según un reporte del portal de noticias Oxígeno.</p> <p class="rtejustify"> Las actas electorales de 2019 se encuentran en la página web del Órgano Electoral Plurinacional (ÓEP) para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellas.</p> <p class="rtejustify"> “En el derecho electoral boliviano se ha introducido hace mucho tiempo un principio que es fundamental: el principio de preclusión, de modo que los actos pasados, los actos anteriores, ya no se revisan, no tienen ningún efecto”, apuntó Hassenteufel.</p> <p class="rtejustify"> El Procurador inició el lunes el recuento de al menos 35 mil actas de las elecciones anuladas de 2019 con el fin de demostrar que no hubo “fraude”, sino un “golpe de Estado” y refutar la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).</p> <p class="rtejustify"> En tanto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas presentó ayer una petición de informe escrito (PIE), dirigida a Chávez, para que explique cuáles son las bases jurídicas en las que se sustenta para llevar adelante el “reconteo” de actas de las elecciones de octubre de 2019.</p> <p class="rtejustify"> Pedrazas dijo que ni la Constitución Política del Estado (CPE) ni la Ley de la Procuraduría General del Estado número 064 disponen atribuciones expresas para que la Procuraduría efectué análisis, estudios o auditorías en material electoral de un proceso cuyas etapas precluyeron.</p> <p class="rtejustify"> “Queremos saber cuál es la posición jurídica del Procurador con relación a la Ley 1266 del Régimen Excepcional, con la que se llamó a alecciones de 2019, producto del fraude electoral cometido por su cliente Morales. Que se dediquen a trabajar, que dejen de confundir a la población y eviten generar escenarios de conflictos”, dijo Pedrazas.</p> <p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa calificó como una “caricatura” el recuento de votos de las elecciones anuladas de 2019.</p> <p class="rtejustify"> Sostuvo que no asistirá a la invitación que se le habría hecho para el recuento de votos de las elecciones de 2019.</p> <p class="rtejustify"> Mesa reiteró que la Procuraduría no tiene competencia para realizar ninguna investigación sobre el ámbito electoral, ya que esa tarea la tendría que hacer el TSE. Además, consideró que le parecería una locura que se realice ese tipo de planteamientos después que la OEA hizo una auditoría.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>Chávez invita a los políticos</strong></p> <p class="rtejustify"> El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, reiteró la invitación pública a los representantes de partidos opositores como el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho; Carlos Mesa, jefe de Comunidad Ciudadana; Jorge “Tuto” Quiroga, y Waldo Albarracín, entre otros, a participar del análisis “acta por acta” sobre el proceso electoral de 2019 que desarrolla la Procuraduría en la ciudad de El Alto.</p> <p class="rtejustify"> La revisión se realiza en las instalaciones de la Procuraduría en la ciudad de El Alto, lugar donde se tiene sillas reservadas para las personas y actores políticos que en la gestión 2019 denunciaron que existió fraude en el proceso electoral.</p>

El reconteo no tiene ningún efecto jurídico por el principio de preclusión, ratificó ayer el TSE.

El reconteo no tiene ningún efecto jurídico por el principio de preclusión, ratificó ayer el TSE.

<p class="rtejustify"> El proceso de verificación de las actas observadas de las elecciones anuladas de 2019, encarado por la Procuraduría General del Estado, fue cuestionado por el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, quien presentó una petición de informe escrito para conocer cuáles son las bases jurídicas para atribuirse el trabajo.</p> <p class="rtejustify"> Según el legislador opositor, ni la Constitución Política del Estado, ni la Ley de la Procuraduría General del Estado, disponen atribuciones expresas para que el despacho de Wilfredo Chávez pueda realizar un análisis en material electoral de unos comicios.</p> <p class="rtejustify"> "Queremos saber cuál es la posición jurídica del Procurador con relación a la Ley 1266 del Régimen Excepcional, con la que se llamó a alecciones de 2019, producto del fraude electoral cometido por su cliente (Evo) Morales. Que se dediquen a trabajar, que dejen de confundir a la población y eviten generar escenarios de conflictos", afirmó.</p> <p class="rtejustify"> En la Petición de Informe Escrito (PIE) se pide a Chávez que responda cuál es la base legal, financiamiento y metodología científica para efectuar el recuento y análisis de las actas observadas de 2019.</p> <p class="rtejustify"> Según Pedrazas, un "recuento" de actas no tiene validez jurídica e instó a que se dedique a cumplir las funciones que le corresponden en la defensa del Estado en procesos de arbitrajes internacionales.</p> <p class="rtejustify"> Chávez afirmó que el proceso verificación "acta por acta" se realiza para establecer si hubo o no un fraude electoral como se denunció en su momento y aseguró que se encuentra entre sus competencias realizar este tipo de labores.</p>

<p class="rtejustify"> El proceso de verificación de las actas observadas de las elecciones anuladas de 2019, encarado por la Procuraduría General del Estado, fue cuestionado por el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, quien presentó una petición de informe escrito para conocer cuáles son las bases jurídicas para atribuirse el trabajo.</p> <p class="rtejustify"> Según el legislador opositor, ni la Constitución Política del Estado, ni la Ley de la Procuraduría General del Estado, disponen atribuciones expresas para que el despacho de Wilfredo Chávez pueda realizar un análisis en material electoral de unos comicios.</p> <p class="rtejustify"> "Queremos saber cuál es la posición jurídica del Procurador con relación a la Ley 1266 del Régimen Excepcional, con la que se llamó a alecciones de 2019, producto del fraude electoral cometido por su cliente (Evo) Morales. Que se dediquen a trabajar, que dejen de confundir a la población y eviten generar escenarios de conflictos", afirmó.</p> <p class="rtejustify"> En la Petición de Informe Escrito (PIE) se pide a Chávez que responda cuál es la base legal, financiamiento y metodología científica para efectuar el recuento y análisis de las actas observadas de 2019.</p> <p class="rtejustify"> Según Pedrazas, un "recuento" de actas no tiene validez jurídica e instó a que se dedique a cumplir las funciones que le corresponden en la defensa del Estado en procesos de arbitrajes internacionales.</p> <p class="rtejustify"> Chávez afirmó que el proceso verificación "acta por acta" se realiza para establecer si hubo o no un fraude electoral como se denunció en su momento y aseguró que se encuentra entre sus competencias realizar este tipo de labores.</p>

El proceso de verificación de las actas observadas de las elecciones anuladas de 2019, encarado por la Procuraduría General del Estado, fue cuestionado por el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, quien presentó una petición de informe escrito para conocer cuáles son las bases jurídicas para atribuirse el trabajo.

El proceso de verificación de las actas observadas de las elecciones anuladas de 2019, encarado por la Procuraduría General del Estado, fue cuestionado por el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, quien presentó una petición de informe escrito para conocer cuáles son las bases jurídicas para atribuirse el trabajo.