<p class="rtejustify"> Pese a las denuncias públicas de biocidio en la Hacienda Canelas, la Gobernación de Cochabamba se deslindó de responsabilidad para intervenir de forma directa para evitar la muerte de más vacas lecheras por la presencia de avasalladores que impiden el cultivo de forraje fresco y el acceso a agua para el riego de sembradíos.</p> <p class="rtejustify"> El representante del Colectivo Social y Ambiental (Cosac), Jaime Ponce, informó ayer que la Gobernación a través de una nota se deslindó responsabilidad para atender la “denuncia de biocidio y daños al medioambiente contra avasalladores de la granja Angostura” con el argumento de que no tiene competencia para tratar el caso.</p> <p class="rtejustify"> “Tengo a bien comunicarle que los Gobiernos Autónomos Municipales tienen responsabilidad en el mantenimiento de la calidad ambiental, inserto en la Constitución Política del Estado (Art. 299. II.1), y competencias exclusivas en su respectiva jurisdicción en la preservación del medioambiente, recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos (Art. 302.1.5, lo cual es ratificado por la Ley 700”, refiere una nota firmada por la secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación, Maricela Rodríguez.</p> <p class="rtejustify"> Ponce dijo que acudirá a la Asamblea Legislativa Departamental para denunciar la falta de atención y, si es necesario, a otras instancias.<br> El asedio de loteadores a la granja centenaria, ubicada en el valle alto, ocasionó la muerte de 22 vacas, confirmó una de las propietarias, Luz Marina Canelas.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>La Ley 700 sanciona el maltrato animal</strong></p> <p class="rtejustify"> La representante de los defensores de animales San Roque, Estela Duran, mencionó que, en mayo, como organización, se denunció el biocidio a la Alcaldía de Arbieto y al Concejo, pero a la fecha no se logró ninguna respuesta.</p> <p class="rtejustify"> Durán cuestionó la falta de atención de las autoridades departamentales y municipales y recordó que la Ley 700 sanciona la comisión del delito de biocidio.</p> <p class="rtejustify"> “El biocidio es un delito que se da cuando hay maltrato a un animal, sin distinguir si es silvestre o doméstico. Se sanciona con cárcel de dos a cinco años, multa de 30 a 180 días. Esta pena se agrava un tercio si se mata al animal”, mencionó.</p> <p class="rtejustify"> <strong>OPINIONES</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>Esta respuesta me manda a presentar la denuncia ante la Fiscalía y a Pofoma, me deja en indefensión ante una instancia competente administrativa. Los animales tienen derechos constitucionales”</em></p> <p class="rtejustify"> Jaime Ponce, Rpte Cosac</p> <p class="rtejustify"> <em>En esta última semana, cuatro vacas cayeron por falta de alimento fresco, otras siete están en estado crítico. Todo el ganado está con tratamiento. No nos dejan regar, han tapado los canales y construido sobre los sembradíos”</em></p> <p class="rtejustify"> Luz Marina Canelas, afectada</p>

<p class="rtejustify"> Pese a las denuncias públicas de biocidio en la Hacienda Canelas, la Gobernación de Cochabamba se deslindó de responsabilidad para intervenir de forma directa para evitar la muerte de más vacas lecheras por la presencia de avasalladores que impiden el cultivo de forraje fresco y el acceso a agua para el riego de sembradíos.</p> <p class="rtejustify"> El representante del Colectivo Social y Ambiental (Cosac), Jaime Ponce, informó ayer que la Gobernación a través de una nota se deslindó responsabilidad para atender la “denuncia de biocidio y daños al medioambiente contra avasalladores de la granja Angostura” con el argumento de que no tiene competencia para tratar el caso.</p> <p class="rtejustify"> “Tengo a bien comunicarle que los Gobiernos Autónomos Municipales tienen responsabilidad en el mantenimiento de la calidad ambiental, inserto en la Constitución Política del Estado (Art. 299. II.1), y competencias exclusivas en su respectiva jurisdicción en la preservación del medioambiente, recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos (Art. 302.1.5, lo cual es ratificado por la Ley 700”, refiere una nota firmada por la secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación, Maricela Rodríguez.</p> <p class="rtejustify"> Ponce dijo que acudirá a la Asamblea Legislativa Departamental para denunciar la falta de atención y, si es necesario, a otras instancias.<br /><br /> El asedio de loteadores a la granja centenaria, ubicada en el valle alto, ocasionó la muerte de 22 vacas, confirmó una de las propietarias, Luz Marina Canelas. </p> <p class="rtejustify"> <strong>La Ley 700 sanciona el maltrato animal</strong></p> <p class="rtejustify"> La representante de los defensores de animales San Roque, Estela Duran, mencionó que, en mayo, como organización, se denunció el biocidio a la Alcaldía de Arbieto y al Concejo, pero a la fecha no se logró ninguna respuesta.</p> <p class="rtejustify"> Durán cuestionó la falta de atención de las autoridades departamentales y municipales y recordó que la Ley 700 sanciona la comisión del delito de biocidio.</p> <p class="rtejustify"> “El biocidio es un delito que se da cuando hay maltrato a un animal, sin distinguir si es silvestre o doméstico. Se sanciona con cárcel de dos a cinco años, multa de 30 a 180 días. Esta pena se agrava un tercio si se mata al animal”, mencionó.</p> <p class="rtejustify"> <strong>OPINIONES</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>Esta respuesta me manda a presentar la denuncia ante la Fiscalía y a Pofoma, me deja en indefensión ante una instancia competente administrativa. Los animales tienen derechos constitucionales”</em></p> <p class="rtejustify"> Jaime Ponce, Rpte Cosac</p> <p class="rtejustify"> <em>En esta última semana, cuatro vacas cayeron por falta de alimento fresco, otras siete están en estado crítico. Todo el ganado está con tratamiento. No nos dejan regar, han tapado los canales y construido sobre los sembradíos”</em></p> <p class="rtejustify"> Luz Marina Canelas, afectada</p>

Pese a las denuncias públicas de biocidio en la Hacienda Canelas, la Gobernación de Cochabamba se deslindó de responsabilidad para intervenir de forma directa para evitar la muerte de más vacas lecheras por la presencia de avasalladores que impiden el cultivo de forraje fresco y el acceso a agua para el riego de sembradíos.

Pese a las denuncias públicas de biocidio en la Hacienda Canelas, la Gobernación de Cochabamba se deslindó de responsabilidad para intervenir de forma directa para evitar la muerte de más vacas lecheras por la presencia de avasalladores que impiden el cultivo de forraje fresco y el acceso a agua para el riego de sembradíos.

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