<p class="rtejustify"> La Fiscalía de La Paz halló los tres cheques con los que supuestamente la empresa China Harbour Engineering Company (Chec) pagó 9.393.000 de bolivianos, es decir la mitad del soborno pactado en 18,6 millones de bolivianos por la adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, reportó el diario El Deber.</p> <p class="rtejustify"> El gerente de la empresa china, Jin Zhengyuan, habría realizado el pago a través de Jesús Esteban Aguilar Suxo, propietario de la empresa unipersonal del mismo nombre. Aguilar Suxo fue aprehendido este miércoles en la noche y es posible que este jueves realice su declaración ante los fiscales o acogerse al derecho de guardar silencio.</p> <p class="rtejustify"> En ambos casos, es casi segura su imputación y luego su sometimiento a una audiencia de medidas cautelares que puede disponer su detención preventiva.</p> <p class="rtejustify"> La Fiscalía Departamental de La Paz presentó denuncia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, memorial al que El Deber tuvo acceso en el Ministerio Público, en contra de Jesús Esteban Aguilar Suxo. En este caso, el proceso fue abierto en La Paz, no en Sucre, y ya no por el diputado del MAS Héctor Arce, sino por el Ministerio de Justicia, a través de la Viceministra de Transparencia institucional y lucha contra la corrupción, Susana Ríos Laguna.</p> <p class="rtejustify"> La relación del caso señala que Jesús Esteban Aguilar Suxo, propietario de la empresa unipersonal del mismo nombre, tiene como actividad principal la "consultoría contable administrativa, servicio de transporte, consultoría en ingeniería, construcción y mantenimiento de edificaciones y venta de maquinaria de construcción".</p> <p class="rtejustify"> Indica que "tiene un capital registrado en la ex Fundempresa (ahora Secprec) de 10.470 bolivianos. Él habría realizado movimientos económicos no acordes a su perfil económico, menos de la empresa unipersonal", dice la acusación.</p> <p class="rtejustify"> Como "precedente agravante del delito de legitimación de ganancias ilícitas en el que habría incurrido Aguilar Suxo", en la acusación "se encuentra una nota del Servicio de Impuestos Nacionales de 6 de septiembre de 2022, refrendada por el presidente de esa entidad, Mario Cazón, que señala que 'se informa que el contribuyente mencionado (Aguilar Suxo) se encuentra en estado inactivo desde el 31 de diciembre de 2021".</p> <p class="rtejustify"> Es decir que este "contribuyente" no se encontraba habilitado para emitir factura alguna, menos realizar trabajo o actividad económica lícita sin que previamente cumpla con sus deberes tributarios conforme a lo que establece el artículo 68 de la Resolución Normativa del directorio, que señala que "los sujetos pasivos del IVA, en caso de suspensión temporal y definitiva de la actividad económica, tienen la obligación de inactivar el NIT" y mientras el NIT esté inactivo "no podrán realizar actividad gravada, en caso de evidenciarse esto, el contribuyente se tendrá como no inscrito y se aplicará la sanción".</p> <p class="rtejustify"> La acusación establece que entre el 25 de febrero y el 11 de julio de 2022, cuando su NIT estaba inactivo, el sindicado emitió facturas por un total de 14.074.212,80, "desconociéndose a la fecha el destino y el uso de los mismos, toda vez que la empresa unipersonal cuenta con un capital que no supera los Bs 10.470 resultando inaudito que una empresa realice operaciones financieras de millones de bolivianos, con un capital ínfimo".</p> <p class="rtejustify"> El Ministerio Público investiga la denuncia en contra del presidente de la ABC, Henry Nina y casi una docena de funcionarios por un soborno de 18,6 millones de bolivianos. Según la indagación, ese monto representa el 4% del costo total de la obra cercando a los 500 millones de bolivianos. Según lo indagado por la Fiscalía, Zhengyuan entregó el 2% tras la resolución de la adjudicación, la mitad de lo pactado.</p> <p class="rtejustify"> En esta nueva denuncia, se establece que las sumas de dinero facturadas por la empresa unipersonal de Aguilar Suxo están relacionadas con empresas chinas: CCCC Second Highway Engineering Co LTD. (Sucursal Bolivia) y justamente la empresa Chec, cuyo representante legal es Jin Zhengyuan, "quien es investigado junto con otros servidores públicos de la ABC por presuntos hechos de corrupción referido a la licitación de la carretera Sucre-Yamparáez".</p> <p class="rtejustify"> En el detalle señala que la empresa unipersonal factura, el 26 de febrero, la suma de 9.393.000 de bolivianos por concepto de alquiler de maquinaria y equipo a favor del sindicado Jesús Esteban Aguilar Suxo.</p> <p class="rtejustify"> "Esta empresa china, el 4 de marzo de 2022, emitió tres cheques a favor de Aguilar Suxo por la misma suma. Los cheques números 1069, 1068 y 1067, transacción por "pago de cheque del Banco Bisa". Cada uno de ellos por la suma de 3.132.000 de bolivianos, lo que hace un total de 9.396.000. La acusación establece como fuente la "entidad financiera banco Bisa".</p> <p class="rtejustify"> El documento califica como "suma exorbitante de dinero que fue retirada en efectivo de la entidad financiera, desconociéndose a la fecha el destino de la misma, considerando además que estos montos de dinero, como se indicó antes, habrían sido producto de supuestos actos o hechos de corrupción en la licitación de la vía, resultando ser víctima la ABC y por ende el Estado por el gran daño económico caudado al mismo".</p> <p class="rtejustify"> La acusación explica también que otro aspecto que llama la atención "es que, cuando se retiró el dinero realizó su declaración jurada, en sentido de que los mismos serían destinados al pago de gastos operativos, sueldos, impuestos y pago de combustible, extremos que son desvirtuados por lo referido líneas arriba. Es decir, durante este último año, el ahora denunciado no pagó sus impuestos y conforme a documentación adjunta se advierte que no cuenta con vehículos a su nombre, según el RUAT".</p> <p class="rtejustify"> Además, "de acuerdo con el reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos del 1 de enero de 2022 al 13 de septiembre de 2022 en NIT correspondiente a la empresa sólo reportó 181 bolivianos por la compra de combustible. Consecuentemente, si una de las finalidades del cobro de los cheques era precisamente la compra de combustible y pago de impuestos, en los hechos los mismos no fueron cumplidos, extremos que son claramente verificados por los reportes descritos".</p> <p class="rtejustify"> La denuncia que derivó en la aprehensión de Aguilar Suxo, subraya que "estas observaciones con relevancia penal, traen a colación las siguientes interrogantes: ¿Dónde fueron a parar estos dineros?, ¿cuál fue la verdadera finalidad del retiro de la suma de 14.074.412,80 de bolivianos?, siendo la respuesta inmediata que el sindicado habría ocultado el origen ilícito de los recursos provenientes de la transferencia de hechos o actos de corrupción vinculados a las ya tantas veces mencionada licitación pública de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez".</p> <p class="rtejustify"> La acusación presenta por Héctor Arce establece coincidentemente que el viernes 4 de marzo de 2022, una vez realizado el pago del anticipo de la ABC a la empresa Chec, Jin Zhengyuan procedió a cumplir con el pago del 2% acordado.</p> <p class="rtejustify"> Por ello, el documento establece que Henry Nina cometió varios delitos: cohecho pasivo propio y uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.</p> <p class="rtejustify"> Nina, el presidente de la ABC presentó en una conferencia de prensa pasajes aéreos y otros descargos que establecen que ese día, viernes 4 de marzo, él no se encontraba en La Paz, sino en Cobija finiquitando precisamente un contrato con otra empresa china. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que ese hecho no lo exime de culpa.</p>

<p class="rtejustify"> La Fiscalía de La Paz halló los tres cheques con los que supuestamente la empresa China Harbour Engineering Company (Chec) pagó 9.393.000 de bolivianos, es decir la mitad del soborno pactado en 18,6 millones de bolivianos por la adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, reportó el diario El Deber.</p> <p class="rtejustify"> El gerente de la empresa china, Jin Zhengyuan, habría realizado el pago a través de Jesús Esteban Aguilar Suxo, propietario de la empresa unipersonal del mismo nombre. Aguilar Suxo fue aprehendido este miércoles en la noche y es posible que este jueves realice su declaración ante los fiscales o acogerse al derecho de guardar silencio.</p> <p class="rtejustify"> En ambos casos, es casi segura su imputación y luego su sometimiento a una audiencia de medidas cautelares que puede disponer su detención preventiva.</p> <p class="rtejustify"> La Fiscalía Departamental de La Paz presentó denuncia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, memorial al que El Deber tuvo acceso en el Ministerio Público, en contra de Jesús Esteban Aguilar Suxo. En este caso, el proceso fue abierto en La Paz, no en Sucre, y ya no por el diputado del MAS Héctor Arce, sino por el Ministerio de Justicia, a través de la Viceministra de Transparencia institucional y lucha contra la corrupción, Susana Ríos Laguna.</p> <p class="rtejustify"> La relación del caso señala que Jesús Esteban Aguilar Suxo, propietario de la empresa unipersonal del mismo nombre, tiene como actividad principal la "consultoría contable administrativa, servicio de transporte, consultoría en ingeniería, construcción y mantenimiento de edificaciones y venta de maquinaria de construcción".</p> <p class="rtejustify"> Indica que "tiene un capital registrado en la ex Fundempresa (ahora Secprec) de 10.470 bolivianos. Él habría realizado movimientos económicos no acordes a su perfil económico, menos de la empresa unipersonal", dice la acusación.</p> <p class="rtejustify"> Como "precedente agravante del delito de legitimación de ganancias ilícitas en el que habría incurrido Aguilar Suxo", en la acusación "se encuentra una nota del Servicio de Impuestos Nacionales de 6 de septiembre de 2022, refrendada por el presidente de esa entidad, Mario Cazón, que señala que 'se informa que el contribuyente mencionado (Aguilar Suxo) se encuentra en estado inactivo desde el 31 de diciembre de 2021".</p> <p class="rtejustify"> Es decir que este "contribuyente" no se encontraba habilitado para emitir factura alguna, menos realizar trabajo o actividad económica lícita sin que previamente cumpla con sus deberes tributarios conforme a lo que establece el artículo 68 de la Resolución Normativa del directorio, que señala que "los sujetos pasivos del IVA, en caso de suspensión temporal y definitiva de la actividad económica, tienen la obligación de inactivar el NIT" y mientras el NIT esté inactivo "no podrán realizar actividad gravada, en caso de evidenciarse esto, el contribuyente se tendrá como no inscrito y se aplicará la sanción".</p> <p class="rtejustify"> La acusación establece que entre el 25 de febrero y el 11 de julio de 2022, cuando su NIT estaba inactivo, el sindicado emitió facturas por un total de 14.074.212,80, "desconociéndose a la fecha el destino y el uso de los mismos, toda vez que la empresa unipersonal cuenta con un capital que no supera los Bs 10.470 resultando inaudito que una empresa realice operaciones financieras de millones de bolivianos, con un capital ínfimo".</p> <p class="rtejustify"> El Ministerio Público investiga la denuncia en contra del presidente de la ABC, Henry Nina y casi una docena de funcionarios por un soborno de 18,6 millones de bolivianos. Según la indagación, ese monto representa el 4% del costo total de la obra cercando a los 500 millones de bolivianos. Según lo indagado por la Fiscalía, Zhengyuan entregó el 2% tras la resolución de la adjudicación, la mitad de lo pactado.</p> <p class="rtejustify"> En esta nueva denuncia, se establece que las sumas de dinero facturadas por la empresa unipersonal de Aguilar Suxo están relacionadas con empresas chinas: CCCC Second Highway Engineering Co LTD. (Sucursal Bolivia) y justamente la empresa Chec, cuyo representante legal es Jin Zhengyuan, "quien es investigado junto con otros servidores públicos de la ABC por presuntos hechos de corrupción referido a la licitación de la carretera Sucre-Yamparáez".</p> <p class="rtejustify"> En el detalle señala que la empresa unipersonal factura, el 26 de febrero, la suma de 9.393.000 de bolivianos por concepto de alquiler de maquinaria y equipo a favor del sindicado Jesús Esteban Aguilar Suxo.</p> <p class="rtejustify"> "Esta empresa china, el 4 de marzo de 2022, emitió tres cheques a favor de Aguilar Suxo por la misma suma. Los cheques números 1069, 1068 y 1067, transacción por "pago de cheque del Banco Bisa". Cada uno de ellos por la suma de 3.132.000 de bolivianos, lo que hace un total de 9.396.000. La acusación establece como fuente la "entidad financiera banco Bisa".</p> <p class="rtejustify"> El documento califica como "suma exorbitante de dinero que fue retirada en efectivo de la entidad financiera, desconociéndose a la fecha el destino de la misma, considerando además que estos montos de dinero, como se indicó antes, habrían sido producto de supuestos actos o hechos de corrupción en la licitación de la vía, resultando ser víctima la ABC y por ende el Estado por el gran daño económico caudado al mismo".</p> <p class="rtejustify"> La acusación explica también que otro aspecto que llama la atención "es que, cuando se retiró el dinero realizó su declaración jurada, en sentido de que los mismos serían destinados al pago de gastos operativos, sueldos, impuestos y pago de combustible, extremos que son desvirtuados por lo referido líneas arriba. Es decir, durante este último año, el ahora denunciado no pagó sus impuestos y conforme a documentación adjunta se advierte que no cuenta con vehículos a su nombre, según el RUAT".</p> <p class="rtejustify"> Además, "de acuerdo con el reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos del 1 de enero de 2022 al 13 de septiembre de 2022 en NIT correspondiente a la empresa sólo reportó 181 bolivianos por la compra de combustible. Consecuentemente, si una de las finalidades del cobro de los cheques era precisamente la compra de combustible y pago de impuestos, en los hechos los mismos no fueron cumplidos, extremos que son claramente verificados por los reportes descritos".</p> <p class="rtejustify"> La denuncia que derivó en la aprehensión de Aguilar Suxo, subraya que "estas observaciones con relevancia penal, traen a colación las siguientes interrogantes: ¿Dónde fueron a parar estos dineros?, ¿cuál fue la verdadera finalidad del retiro de la suma de 14.074.412,80 de bolivianos?, siendo la respuesta inmediata que el sindicado habría ocultado el origen ilícito de los recursos provenientes de la transferencia de hechos o actos de corrupción vinculados a las ya tantas veces mencionada licitación pública de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez".</p> <p class="rtejustify"> La acusación presenta por Héctor Arce establece coincidentemente que el viernes 4 de marzo de 2022, una vez realizado el pago del anticipo de la ABC a la empresa Chec, Jin Zhengyuan procedió a cumplir con el pago del 2% acordado.</p> <p class="rtejustify"> Por ello, el documento establece que Henry Nina cometió varios delitos: cohecho pasivo propio y uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.</p> <p class="rtejustify"> Nina, el presidente de la ABC presentó en una conferencia de prensa pasajes aéreos y otros descargos que establecen que ese día, viernes 4 de marzo, él no se encontraba en La Paz, sino en Cobija finiquitando precisamente un contrato con otra empresa china. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que ese hecho no lo exime de culpa.</p>

La Fiscalía de La Paz halló los tres cheques con los que supuestamente la empresa China Harbour Engineering Company (Chec) pagó 9.393.000 de bolivianos, es decir la mitad del soborno pactado en 18,6 millones de bolivianos por la adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, reportó el diario El Deber.

La Fiscalía de La Paz halló los tres cheques con los que supuestamente la empresa China Harbour Engineering Company (Chec) pagó 9.393.000 de bolivianos, es decir la mitad del soborno pactado en 18,6 millones de bolivianos por la adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, reportó el diario El Deber.

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina.

<p class="rtejustify"> El Gobierno y la Fiscalía, por separado, señalaron que la contratación de Álvaro Morales Peredo y&nbsp;Vania&nbsp;Lanchipa&nbsp;Ramírez en la Administradora Bolivian de Carreteras (ABC) no viola ninguna normativa y que ambos tienen derecho constitucional al trabajo.</p> <p class="rtejustify"> Morales Peredo, hijo del expresidente Evo Morales, y Lanchipa&nbsp;Ramírez, hija del Fiscal General del Estado Juan&nbsp;Lanchipa&nbsp;Ponce, trabajan en la ABC, según se conoció este jueves. La institución está en el ojo de la tormenta por presuntos casos de corrupción.</p> <p class="rtejustify"> "No veo ningún tema que haya violado alguna ley o alguna normativa. Es una muestra más que todos los bolivianos tienen derecho al trabajo, es una muestra más, entonces, estamos mostrando que nuestra gestión es transparente", defendió el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.</p> <p class="rtejustify"> En el caso de&nbsp;Lanchipa, realiza una consultoría desde hace 11 meses, mientras que Morales ingresó a la entidad el 8 de septiembre, como coordinador con movimientos sociales en Cochabamba.</p> <p class="rtejustify"> "No sea porque son de uno o de otro lado, les vamos a negar el derecho al trabajo, entonces, no hemos violado absolutamente ninguna normativa", ratificó la autoridad, sin ahondar en el conflicto de intereses que pudiera surgir.</p> <p class="rtejustify"> a Fiscalía General del Estado, mediante el comunicador&nbsp;José Luis Tarquino,&nbsp;rechazó enfáticamente la publicación del periódico El Deber, respecto a la situación laboral de la hija de la Máxima Autoridad del Ministerio Público, que en su portada tituló "Hija de&nbsp;Lanchipa&nbsp;asesora a ABC, donde se investiga corrupción" porque en su criterio, la nota refleja una falsedad con la finalidad de generar desinformación.</p> <p class="rtejustify"> "Lamentablemente este medio está incurriendo en un tema delicado al inmiscuirse al derecho al trabajo de una mujer profesional y joven como es la hija del Fiscal General, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Rechazamos esta publicación mal intencionada, dañina e irresponsable desde todo punto de vista comunicacional porque claramente está exhibiendo una vulneración a los derechos de la mujer y a su privacidad, además de la vulneración a su derecho constitucional al trabajo como lo señala el Artículo 46 de la Constitución Política del Estado", dijo.</p> <p class="rtejustify"> Explicó que la hija del fiscal&nbsp;Lanchipa&nbsp;realiza una consultoría en línea, en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que concluirá en un mes y que postuló mediante convocatoria pública del SICOES, además que no es un cargo jerárquico, sino cumple la función de llevar adelante procesos de vigilancia en el área ambiental que no tiene nada que ver con el área jurídica donde se desarrolla el proceso investigativo del caso ABC, mismo que continúa su curso.</p> <p class="rtejustify"> En opinión de Tarquino, esta publicación tendría la intención de perjudicarla imagen del Fiscal General y estaría violando el Código Nacional de Ética Periodística de Bolivia que señala que; los propietarios de medios públicos y privados, los periodistas deben acatar y promover el respeto a la legislación de proteger los derechos de las personas sin discriminación alguna; respetar la dignidad, el honor, la intimidad y la vida privada de todas las personas públicas y privadas.</p> <p class="rtejustify"> "El caso ABC, como cualquier otro caso, es investigado sin privilegios de ningún ámbito", sostuvo.</p>

<p class="rtejustify"> El Gobierno y la Fiscalía, por separado, señalaron que la contratación de Álvaro Morales Peredo y Vania Lanchipa Ramírez en la Administradora Bolivian de Carreteras (ABC) no viola ninguna normativa y que ambos tienen derecho constitucional al trabajo.</p> <p class="rtejustify"> Morales Peredo, hijo del expresidente Evo Morales, y Lanchipa Ramírez, hija del Fiscal General del Estado Juan Lanchipa Ponce, trabajan en la ABC, según se conoció este jueves. La institución está en el ojo de la tormenta por presuntos casos de corrupción.</p> <p class="rtejustify"> "No veo ningún tema que haya violado alguna ley o alguna normativa. Es una muestra más que todos los bolivianos tienen derecho al trabajo, es una muestra más, entonces, estamos mostrando que nuestra gestión es transparente", defendió el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.</p> <p class="rtejustify"> En el caso de Lanchipa, realiza una consultoría desde hace 11 meses, mientras que Morales ingresó a la entidad el 8 de septiembre, como coordinador con movimientos sociales en Cochabamba.</p> <p class="rtejustify"> "No sea porque son de uno o de otro lado, les vamos a negar el derecho al trabajo, entonces, no hemos violado absolutamente ninguna normativa", ratificó la autoridad, sin ahondar en el conflicto de intereses que pudiera surgir.</p> <p class="rtejustify"> a Fiscalía General del Estado, mediante el comunicador José Luis Tarquino, rechazó enfáticamente la publicación del periódico El Deber, respecto a la situación laboral de la hija de la Máxima Autoridad del Ministerio Público, que en su portada tituló "Hija de Lanchipa asesora a ABC, donde se investiga corrupción" porque en su criterio, la nota refleja una falsedad con la finalidad de generar desinformación.</p> <p class="rtejustify"> "Lamentablemente este medio está incurriendo en un tema delicado al inmiscuirse al derecho al trabajo de una mujer profesional y joven como es la hija del Fiscal General, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Rechazamos esta publicación mal intencionada, dañina e irresponsable desde todo punto de vista comunicacional porque claramente está exhibiendo una vulneración a los derechos de la mujer y a su privacidad, además de la vulneración a su derecho constitucional al trabajo como lo señala el Artículo 46 de la Constitución Política del Estado", dijo.</p> <p class="rtejustify"> Explicó que la hija del fiscal Lanchipa realiza una consultoría en línea, en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que concluirá en un mes y que postuló mediante convocatoria pública del SICOES, además que no es un cargo jerárquico, sino cumple la función de llevar adelante procesos de vigilancia en el área ambiental que no tiene nada que ver con el área jurídica donde se desarrolla el proceso investigativo del caso ABC, mismo que continúa su curso.</p> <p class="rtejustify"> En opinión de Tarquino, esta publicación tendría la intención de perjudicarla imagen del Fiscal General y estaría violando el Código Nacional de Ética Periodística de Bolivia que señala que; los propietarios de medios públicos y privados, los periodistas deben acatar y promover el respeto a la legislación de proteger los derechos de las personas sin discriminación alguna; respetar la dignidad, el honor, la intimidad y la vida privada de todas las personas públicas y privadas.</p> <p class="rtejustify"> "El caso ABC, como cualquier otro caso, es investigado sin privilegios de ningún ámbito", sostuvo.</p>

El Gobierno y la Fiscalía, por separado, señalaron que la contratación de Álvaro Morales Peredo y Vania Lanchipa Ramírez en la Administradora Bolivian de Carreteras (ABC) no viola ninguna normativa y que ambos tienen derecho constitucional al trabajo.

El Gobierno y la Fiscalía, por separado, señalaron que la contratación de Álvaro Morales Peredo y Vania Lanchipa Ramírez en la Administradora Bolivian de Carreteras (ABC) no viola ninguna normativa y que ambos tienen derecho constitucional al trabajo.

El fiscal general Juan Lanchipa y el expresidente Evo Morales.

<p class="rtejustify"> Álvaro Morales Peredo, hijo del expresidente Evo Morales, y Vania Lanchipa Ramírez, hija del fiscal general del Estado Juan Lanchipa Ponce, trabajan en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas y que en las últimas semanas ha estado sumida en escándalos por denuncias de corrupción.</p> <p class="rtejustify"> El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, confirmó esta mañana en conferencia de prensa que el hijo del expresidente trabaja en la ABC y argumentó que "todos tienen derecho al trabajo".</p> <p class="rtejustify"> Morales Peredo se recibió como ingeniero civil en 2019, ahora fue contratado por la ABC como Técnico 2 (Coordinador con Movimientos Sociales - CB) dependiente de la gerencia regional de Cochabamba. El memorándum fue firmado por Henry Nina, presidente de la entidad.</p> <p class="rtejustify"> Vania Lanchipa Ramírez, abogada e hija del Fiscal General del Estado, trabaja en la ABC desde hace 11 meses como consultora. En consulta con El Deber, la hija de Lanchipa confirmó que trabaja en la institución carretera desde el año pasado y realiza una labor por contratos de corto tiempo.</p> <p class="rtejustify"> El diputado del Movimiento Al Socialismo Héctor Arce denunció al presidente de la ABC y a otros funcionarios por una presunta coima de más de Bs 18 millones que habrían recibido para favorecer a una empresa china con el contrato de construcción de la doble vía Sucre - Yamparárez, Chuquisaca.</p> <p class="rtejustify"> En este caso, Nina no fue detenido, como lo fueron los otros funcionarios señalados, pese a ser el principal denunciado.</p> <p class="rtejustify"> Evo Morales dijo hace un par de semanas que el año pasado hizo saber al presidente del Estado, Luis Arce, los presuntos casos de corrupción al interior del Ministerio de Obras y de la ABC. Además, aseguró que Nina intentó sostener una reunión privada con él.</p> <p class="rtejustify"> El presidente de la ABC negó la afirmación de Morales y dijo: "Yo siempre he confiado en sus palabras, en sus mensajes que daba, y desde hoy para adelante voy a desconfiar".</p> <p class="rtejustify"> El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción emitió el año pasado un informe donde alerta de 14 posibles casos de corrupción dentro de la ABC y resaltó que Nina tenía pleno conocimiento.</p> <p class="rtejustify"> En uno de los casos más polémicos se menciona la adjudicación de obras a las empresas Grupo Empresarial Geico y Forver SRL, representada por Henry Marín Choquehuanca y Ever Mario Choquehuanca, ambos hermanos. El informe indica que los señalados "son del mismo sector (Carrasco, la reserva de la provincia de Caranavi), del presidente de la ABC, Henry Nina; además, fueron dirigentes de la organización social de los interculturales".</p> <p class="rtejustify"> Otro caso de adjudicación de obras viciado de corrupción involucra a la empresa Cotapalka, cuyo representante legal es Jaime Alcón Avilés, hermano del gerente regional de ABC en La Paz, Olguer Alcón.</p>

<p class="rtejustify"> Álvaro Morales Peredo, hijo del expresidente Evo Morales, y Vania Lanchipa Ramírez, hija del fiscal general del Estado Juan Lanchipa Ponce, trabajan en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas y que en las últimas semanas ha estado sumida en escándalos por denuncias de corrupción.</p> <p class="rtejustify"> El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, confirmó esta mañana en conferencia de prensa que el hijo del expresidente trabaja en la ABC y argumentó que "todos tienen derecho al trabajo".</p> <p class="rtejustify"> Morales Peredo se recibió como ingeniero civil en 2019, ahora fue contratado por la ABC como Técnico 2 (Coordinador con Movimientos Sociales - CB) dependiente de la gerencia regional de Cochabamba. El memorándum fue firmado por Henry Nina, presidente de la entidad.</p> <p class="rtejustify"> Vania Lanchipa Ramírez, abogada e hija del Fiscal General del Estado, trabaja en la ABC desde hace 11 meses como consultora. En consulta con El Deber, la hija de Lanchipa confirmó que trabaja en la institución carretera desde el año pasado y realiza una labor por contratos de corto tiempo.</p> <p class="rtejustify"> El diputado del Movimiento Al Socialismo Héctor Arce denunció al presidente de la ABC y a otros funcionarios por una presunta coima de más de Bs 18 millones que habrían recibido para favorecer a una empresa china con el contrato de construcción de la doble vía Sucre - Yamparárez, Chuquisaca.</p> <p class="rtejustify"> En este caso, Nina no fue detenido, como lo fueron los otros funcionarios señalados, pese a ser el principal denunciado.</p> <p class="rtejustify"> Evo Morales dijo hace un par de semanas que el año pasado hizo saber al presidente del Estado, Luis Arce, los presuntos casos de corrupción al interior del Ministerio de Obras y de la ABC. Además, aseguró que Nina intentó sostener una reunión privada con él.</p> <p class="rtejustify"> El presidente de la ABC negó la afirmación de Morales y dijo: "Yo siempre he confiado en sus palabras, en sus mensajes que daba, y desde hoy para adelante voy a desconfiar".</p> <p class="rtejustify"> El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción emitió el año pasado un informe donde alerta de 14 posibles casos de corrupción dentro de la ABC y resaltó que Nina tenía pleno conocimiento.</p> <p class="rtejustify"> En uno de los casos más polémicos se menciona la adjudicación de obras a las empresas Grupo Empresarial Geico y Forver SRL, representada por Henry Marín Choquehuanca y Ever Mario Choquehuanca, ambos hermanos. El informe indica que los señalados "son del mismo sector (Carrasco, la reserva de la provincia de Caranavi), del presidente de la ABC, Henry Nina; además, fueron dirigentes de la organización social de los interculturales".</p> <p class="rtejustify"> Otro caso de adjudicación de obras viciado de corrupción involucra a la empresa Cotapalka, cuyo representante legal es Jaime Alcón Avilés, hermano del gerente regional de ABC en La Paz, Olguer Alcón.</p>

Álvaro Morales Peredo, hijo del expresidente Evo Morales, y Vania Lanchipa Ramírez, hija del Fiscal General del Estado Juan Lanchipa Ponce, trabajan en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas y que en las últimas semanas ha estado sumida en escándalos por denuncias de corrupción.

Álvaro Morales Peredo, hijo del expresidente Evo Morales, y Vania Lanchipa Ramírez, hija del Fiscal General del Estado Juan Lanchipa Ponce, trabajan en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas y que en las últimas semanas ha estado sumida en escándalos por denuncias de corrupción.