<p class="rtejustify"> El abogado Jhasmani Torrico, más conocido como "el abogado del diablo", llegó en una limusina a una audiencia en el juzgado de Sacaba Cochabamba. El jurista es defensor de un hombre que es acusado por la muerte de una pareja de la tercera edad que era prestamista.</p> <p class="rtejustify"> Torrico fue filmado cuando bajaba de una limusina, en inmediaciones del Juzgado de Sacaba. Él fue beneficiado con detención domiciliaria el 6 de julio de este año, en las imágenes se observa la presencia de un custodio policial que también desciende del vehículo de lujo. Las imágenes fueron captadas por unos vecinos.</p> <p class="rtejustify"> En la sala de sentencia penal 1 de esa jurisdicción, mientras se desarrollaba el juicio, el abogado impidió el trabajo de la prensa argumentando la Convención Americana de Derechos Humanos y el pacto de San José de Costa Rica.</p> <p class="rtejustify"> La juez manifestó que, sin la autorización de las partes, no se podía grabar el juicio, por lo que los medios fueron retirados de la sala, según el reporte e Unitel.</p> <p class="rtejustify"> El caso que se juzgó habría ocurrido hace cuatro años. Una pareja de ancianos presuntamente fue asesinada por defendido de Torrico. La familia de la víctima pide que el caso no quede en la impunidad y manifestaron que se sienten amedrentados por la defensa del acusado.</p> <p class="rtejustify"> Según la familia de la víctima, Torrico presentó acciones y solicitudes para suspender el juicio en varias oportunidades.</p> <p class="rtejustify"> El 6 de julio, la justicia determinó beneficiar al "abogado del diablo" con detención domiciliaria luego de haber recibido una sentencia de seis años y seis meses, en otro proceso, por secuestro y lesiones a un mecánico. El jurista torturó, secuestró y amenazó a su víctima para hacerle firmar documentos por la devolución de un dinero que no ocurrió.</p> <p> <iframe allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="476" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flostiemposbol%2Fvideos%2F785028779602032%2F&amp;show_text=false&amp;width=261&amp;t=0" style="border:none;overflow:hidden" width="261"></iframe></p> <p class="rtejustify"> Torrico fue aprehendido el año 2019 y estuvo en cárceles de La Paz y Cochabamba.</p>

<p class="rtejustify"> El abogado Jhasmani Torrico, más conocido como "el abogado del diablo", llegó en una limusina a una audiencia en el juzgado de Sacaba Cochabamba. El jurista es defensor de un hombre que es acusado por la muerte de una pareja de la tercera edad que era prestamista.</p> <p class="rtejustify"> Torrico fue filmado cuando bajaba de una limusina, en inmediaciones del Juzgado de Sacaba. Él fue beneficiado con detención domiciliaria el 6 de julio de este año, en las imágenes se observa la presencia de un custodio policial que también desciende del vehículo de lujo. Las imágenes fueron captadas por unos vecinos.</p> <p class="rtejustify"> En la sala de sentencia penal 1 de esa jurisdicción, mientras se desarrollaba el juicio, el abogado impidió el trabajo de la prensa argumentando la Convención Americana de Derechos Humanos y el pacto de San José de Costa Rica.</p> <p class="rtejustify"> La juez manifestó que, sin la autorización de las partes, no se podía grabar el juicio, por lo que los medios fueron retirados de la sala, según el reporte e Unitel.</p> <p class="rtejustify"> El caso que se juzgó habría ocurrido hace cuatro años. Una pareja de ancianos presuntamente fue asesinada por defendido de Torrico. La familia de la víctima pide que el caso no quede en la impunidad y manifestaron que se sienten amedrentados por la defensa del acusado.</p> <p class="rtejustify"> Según la familia de la víctima, Torrico presentó acciones y solicitudes para suspender el juicio en varias oportunidades.</p> <p class="rtejustify"> El 6 de julio, la justicia determinó beneficiar al "abogado del diablo" con detención domiciliaria luego de haber recibido una sentencia de seis años y seis meses, en otro proceso, por secuestro y lesiones a un mecánico. El jurista torturó, secuestró y amenazó a su víctima para hacerle firmar documentos por la devolución de un dinero que no ocurrió.</p> <p><iframe allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="476" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flostiemposbol%2Fvideos%2F785028779602032%2F&amp;show_text=false&amp;width=261&amp;t=0" style="border:none;overflow:hidden" width="261"></iframe></p> <p class="rtejustify"> Torrico fue aprehendido el año 2019 y estuvo en cárceles de La Paz y Cochabamba.</p>

El jurista torturó, secuestró y amenazó a su víctima para hacerle firmar documentos por la devolución de un dinero que no ocurrió

El jurista torturó, secuestró y amenazó a su víctima para hacerle firmar documentos por la devolución de un dinero que no ocurrió

Jhasmani Torrico, más conocido como "el abogado del diablo", llegó en una limusina a una audiencia .

public://media_imagen/2022/8/25/dd112385-d729-4529-9f8f-4100d47bd4c2.jpg

<p class="rtejustify"> El representante del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Marcos Cabrera Coca, informó que se solicitó una auditoría jurídica al caso Jhasmani Torrico quien el pasado fin de semana fue beneficiado con detención domiciliaria pese a estar sentenciado a seis&nbsp;años de cárcel; pero además, porque una jueza dio curso a una solicitud para conminar a medios de comunicación a entregar información.</p> <p class="rtejustify"> “El tema de Jhasmani Torrico es un hecho de relevancia social, existen múltiples víctimas y, a partir de ello, como Consejo de la Magistratura lo que estamos solicitando es una auditoria jurídica”, dijo en entrevista en A Media Mañana del Grupo Centro y Los Tiempos.</p> <p class="rtejustify"> Explicó que la auditoría jurídica solicitada al área de Control y Fiscalización, tiene el objeto de realizar el examen&nbsp; o revisión independiente y objetiva del cumplimiento de la normativa legal, de la tramitación de los procesos jurisdiccionales. En esa línea vamos a trabajar y tengan la certeza, la sociedad civil, que vamos a exigir de manera inmediata esa auditoria jurídica”.</p> <p class="rtejustify"> El jueves pasado, se conoció que la jueza Sofía Camacho Almanza, del juzgado de sentencia penal de Cochabamba, aceptó la petición de Jhasmani Torrico de conminar a 13 medios de comunicación a que entreguen información para empezar un juicio por "difamación, calumnia e injuria” contra el conocido abogado.</p> <p class="rtejustify"> Por otra parte, el sábado, la jueza de Quillacollo, Salome Guzmán Terán, determinó, en medio de irregularidades, otorgar detención domiciliaria al abogado Torrico pese a que el 25 de febrero, &nbsp;fue sentenciado a seis años y seis meses por secuestro y lesiones al mecánico Juan Antonio Cuéllar.</p>

<p class="rtejustify"> El representante del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Marcos Cabrera Coca, informó que se solicitó una auditoría jurídica al caso Jhasmani Torrico quien el pasado fin de semana fue beneficiado con detención domiciliaria pese a estar sentenciado a seis años de cárcel; pero además, porque una jueza dio curso a una solicitud para conminar a medios de comunicación a entregar información.</p> <p class="rtejustify"> “El tema de Jhasmani Torrico es un hecho de relevancia social, existen múltiples víctimas y, a partir de ello, como Consejo de la Magistratura lo que estamos solicitando es una auditoria jurídica”, dijo en entrevista en A Media Mañana del Grupo Centro y Los Tiempos.</p> <p class="rtejustify"> Explicó que la auditoría jurídica solicitada al área de Control y Fiscalización, tiene el objeto de realizar el examen  o revisión independiente y objetiva del cumplimiento de la normativa legal, de la tramitación de los procesos jurisdiccionales. En esa línea vamos a trabajar y tengan la certeza, la sociedad civil, que vamos a exigir de manera inmediata esa auditoria jurídica”.</p> <p class="rtejustify"> El jueves pasado, se conoció que la jueza Sofía Camacho Almanza, del juzgado de sentencia penal de Cochabamba, aceptó la petición de Jhasmani Torrico de conminar a 13 medios de comunicación a que entreguen información para empezar un juicio por "difamación, calumnia e injuria” contra el conocido abogado.</p> <p class="rtejustify"> Por otra parte, el sábado, la jueza de Quillacollo, Salome Guzmán Terán, determinó, en medio de irregularidades, otorgar detención domiciliaria al abogado Torrico pese a que el 25 de febrero,  fue sentenciado a seis años y seis meses por secuestro y lesiones al mecánico Juan Antonio Cuéllar.</p>

El representante del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Marcos Cabrera Coca, informó que se solicitó una auditoría jurídica al caso Jhasmani Torrico.

El representante del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Marcos Cabrera Coca, informó que se solicitó una auditoría jurídica al caso Jhasmani Torrico.

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<p class="rtejustify"> La encargada distrital del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Sidia Alba Lizarazu, informó ayer que recaba información sobre un proceso que inició una persona particular contra funcionarios y extrabajadores de Derechos Reales de Punata y Shinahota por la conformación de un presunto consorcio.<br> La víctima presentó la demanda contra tres personas, luego de identificar que dos eran funcionarios de Derechos Reales que falsificaron documentación para que los avasalladores se apropien de tierras ajenas en el valle alto, según antecedentes periodísticos.<br> “Nos hemos apersonado a la Fiscalía para recabar toda la documentación de la denuncia respecto a los nombres. Hemos solicitado que nos tomen en cuenta en el proceso, vamos a hacer seguimiento para aportar con elementos, recién nos entregarán la documentación”, enfatizó.<br> Alba precisó que el proceso penal se instauró por un consorcio de abogados, fiscales, un funcionario y otro exfuncionario de Derechos Reales.<br> Añadió que a la fecha no existen más solicitudes para investigar a más funcionarios.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Harán seguimiento en caso de valle alto</strong><br> El Consejo de la Magistratura también hará seguimiento al caso de pobladores de Villa Rivero que protestaron por irregularidades en Derechos Reales de Punata, aunque no ingresará a tratar el conflicto limítrofe.</p>

<p class="rtejustify"> La encargada distrital del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Sidia Alba Lizarazu, informó ayer que recaba información sobre un proceso que inició una persona particular contra funcionarios y extrabajadores de Derechos Reales de Punata y Shinahota por la conformación de un presunto consorcio.<br /><br /> La víctima presentó la demanda contra tres personas, luego de identificar que dos eran funcionarios de Derechos Reales que falsificaron documentación para que los avasalladores se apropien de tierras ajenas en el valle alto, según antecedentes periodísticos.<br /><br /> “Nos hemos apersonado a la Fiscalía para recabar toda la documentación de la denuncia respecto a los nombres. Hemos solicitado que nos tomen en cuenta en el proceso, vamos a hacer seguimiento para aportar con elementos, recién nos entregarán la documentación”, enfatizó.<br /><br /> Alba precisó que el proceso penal se instauró por un consorcio de abogados, fiscales, un funcionario y otro exfuncionario de Derechos Reales.<br /><br /> Añadió que a la fecha no existen más solicitudes para investigar a más funcionarios.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Harán seguimiento en caso de valle alto</strong><br /><br /> El Consejo de la Magistratura también hará seguimiento al caso de pobladores de Villa Rivero que protestaron por irregularidades en Derechos Reales de Punata, aunque no ingresará a tratar el conflicto limítrofe.</p>

La encargada distrital del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Sidia Alba Lizarazu, informó ayer que recaba información sobre un proceso que inició una persona particular contra funcionarios.

La encargada distrital del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Sidia Alba Lizarazu, informó ayer que recaba información sobre un proceso que inició una persona particular contra funcionarios.

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<p class="rtejustify"> Hoy <strong>concluyó la reserva de 10 días</strong>, del caso consorcio de Jhasmani Torrico, quien nombró y <strong>vinculó a 18 jueces y 17 fiscales</strong>. Sin embargo, el imputado <strong>no entregó pruebas </strong>por lo que no se revelará la lista de los implicados y continuarán las investigaciones, según Faridy Arnez, la fiscal asignada.</p> <p class="rtejustify"> “Se citará a quien se tenga que citar. Por respeto a todas las personas que se han vinculado no podemos difundir sus nombres, porque aún rige la presunción de inocencia”, expresó Arnez.</p> <p class="rtejustify"> Además, aseguró que <strong>Torrico no entregó pruebas, sólo antecedentes</strong> y se <strong>opuso la apertura de los discos duros que fueron incautados</strong>.</p> <p class="rtejustify"> “La información que (Torrico) ha proporcionado está en proceso de ser verificada. No hay ningún otro acto más que realizar en presencia del imputado por lo que el señor juez ha <strong>determinado su traslado al penal de Chonchocoro</strong>”, aseguró la fiscal.</p> <p> El caso de Jhasmani Torrico se hizo público en enero de este año por videos difundidos en el que golpea a una persona para cobrar una deuda. Ahora es investigado por formar un <strong>consorcio ilegal de jueces, fiscales y abogados</strong>.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> Hoy <strong>concluyó la reserva de 10 días</strong>, del caso consorcio de Jhasmani Torrico, quien nombró y <strong>vinculó a 18 jueces y 17 fiscales</strong>. Sin embargo, el imputado <strong>no entregó pruebas </strong>por lo que no se revelará la lista de los implicados y continuarán las investigaciones, según Faridy Arnez, la fiscal asignada.</p> <p class="rtejustify"> “Se citará a quien se tenga que citar. Por respeto a todas las personas que se han vinculado no podemos difundir sus nombres, porque aún rige la presunción de inocencia”, expresó Arnez.</p> <p class="rtejustify"> Además, aseguró que <strong>Torrico no entregó pruebas, sólo antecedentes</strong> y se <strong>opuso la apertura de los discos duros que fueron incautados</strong>.</p> <p class="rtejustify"> “La información que (Torrico) ha proporcionado está en proceso de ser verificada. No hay ningún otro acto más que realizar en presencia del imputado por lo que el señor juez ha <strong>determinado su traslado al penal de Chonchocoro</strong>”, aseguró la fiscal.</p> <p> El caso de Jhasmani Torrico se hizo público en enero de este año por videos difundidos en el que golpea a una persona para cobrar una deuda. Ahora es investigado por formar un <strong>consorcio ilegal de jueces, fiscales y abogados</strong>.</p> <p class="rtejustify">  </p>

Hoy concluyó la reserva de 10 días, del caso consorcio de Jhasmani Torrico, quien nombró y vinculó a 18 jueces y 17 fiscales. Sin embargo, el imputado no entregó pruebas por lo que no se revelará la lista de los implicados y continuarán las investigaciones, según Faridy Arnez, la fiscal asignada.

Hoy concluyó la reserva de 10 días, del caso consorcio de Jhasmani Torrico, quien nombró y vinculó a 18 jueces y 17 fiscales. Sin embargo, el imputado no entregó pruebas por lo que no se revelará la lista de los implicados y continuarán las investigaciones, según Faridy Arnez, la fiscal asignada.

<p class="rtejustify"> El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Durán, informó a Los Tiempos que se les inició dos procesos a los vocales Anawella T. P. y Nelson P., involucrados en el consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías relacionado con Jhasmani T. L.</p> <p class="rtejustify"> “Nosotros directamente no podemos destituir a vocales porque los vocales son designado por el Tribunal Supremo de Justicia; sin embargo, nosotros sí ejercemos potestad disciplinaria de control y fiscalización”, señaló.</p> <p class="rtejustify"> En esa línea, explicó que, una vez notificados de la intervención en ambas salas judiciales, “los jueces disciplinarios han identificado faltas graves y gravísimas. Eso tiene un procedimiento porque tiene derecho al debido proceso y sigue su curso normal”.</p> <p class="rtejustify"> Según la normativa, el proceso debe seguir hasta su conclusión, sea funcionario en ejercicio o exfuncionario.</p> <p class="rtejustify"> Si son faltas gravísimas, seguirá la destitución y, si son graves, su suspensión hasta seis meses, precisó.</p> <p class="rtejustify"> Por otra parte, Durán explicó que se solicitaron informes técnicos, en base al reglamento de procesos disciplinarios, el cual indica que, cuando un funcionario —sea juez, vocal u otro— no asiste a su fuente laboral por más de cinco días continuos, corresponde la destitución inmediata.</p> <p class="rtejustify"> “Ese informe hemos pedido porque nosotros no tenemos la culpa, como Consejo, que una vocal haya incurrido en presuntos delitos”.</p> <p class="rtejustify"> “Vamos a hacer esa interpretación del reglamento en la próxima Sala Plena”, señaló. En tanto, la vocal Anawella T. P. tiene detención preventiva en la cárcel San Sebastián Mujeres y Nelson P. tiene detención domiciliaria.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA IMPLICADO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Un juez determinó ayer la detención domiciliaria con custodio policial y sin derecho al trabajo para René P. implicado en el caso Jhasmani T. L. por contratar los servicios de la firma de abogados Lecrere y Asociados para cobrar una deuda.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La autoridad judicial, además de la detención, ordenó arraigo y el pago de Bs 20 mil como fianza.</p>

<p class="rtejustify"> El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Durán, informó a Los Tiempos que se les inició dos procesos a los vocales Anawella T. P. y Nelson P., involucrados en el consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías relacionado con Jhasmani T. L.</p> <p class="rtejustify"> “Nosotros directamente no podemos destituir a vocales porque los vocales son designado por el Tribunal Supremo de Justicia; sin embargo, nosotros sí ejercemos potestad disciplinaria de control y fiscalización”, señaló.</p> <p class="rtejustify"> En esa línea, explicó que, una vez notificados de la intervención en ambas salas judiciales, “los jueces disciplinarios han identificado faltas graves y gravísimas. Eso tiene un procedimiento porque tiene derecho al debido proceso y sigue su curso normal”.</p> <p class="rtejustify"> Según la normativa, el proceso debe seguir hasta su conclusión, sea funcionario en ejercicio o exfuncionario.</p> <p class="rtejustify"> Si son faltas gravísimas, seguirá la destitución y, si son graves, su suspensión hasta seis meses, precisó.</p> <p class="rtejustify"> Por otra parte, Durán explicó que se solicitaron informes técnicos, en base al reglamento de procesos disciplinarios, el cual indica que, cuando un funcionario —sea juez, vocal u otro— no asiste a su fuente laboral por más de cinco días continuos, corresponde la destitución inmediata.</p> <p class="rtejustify"> “Ese informe hemos pedido porque nosotros no tenemos la culpa, como Consejo, que una vocal haya incurrido en presuntos delitos”.</p> <p class="rtejustify"> “Vamos a hacer esa interpretación del reglamento en la próxima Sala Plena”, señaló. En tanto, la vocal Anawella T. P. tiene detención preventiva en la cárcel San Sebastián Mujeres y Nelson P. tiene detención domiciliaria.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA IMPLICADO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Un juez determinó ayer la detención domiciliaria con custodio policial y sin derecho al trabajo para René P. implicado en el caso Jhasmani T. L. por contratar los servicios de la firma de abogados Lecrere y Asociados para cobrar una deuda.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La autoridad judicial, además de la detención, ordenó arraigo y el pago de Bs 20 mil como fianza.</p>

El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Durán, informó a Los Tiempos que se les inició dos procesos a los vocales Anawella T. P. y Nelson P.

El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Durán, informó a Los Tiempos que se les inició dos procesos a los vocales Anawella T. P. y Nelson P.

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