<p class="rtejustify"> La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) expuso ante la presidenta de Perú, Dina Boluarte, varias evidencias de que agentes de seguridad han hecho uso excesivo y letal de la fuerza durante la represión de las manifestaciones que desde diciembre exigen su renuncia.</p> <p class="rtejustify"> “Hemos presentado las evidencias recolectadas (...) en donde las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo y desproporcionado y muchas veces letal de la fuerza, utilizando armamento en contra de personas que protestaban”, informó Erika Guevara, directora para las Américas de AI, tras reunirse con Boluarte en el palacio presidencial de Lima.</p> <p class="rtejustify"> La abogada detalló que su informe se basa en información recabada de las propias autoridades y reúne 46 casos documentados de violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes.</p> <p class="rtejustify"> Guevara reportó que durante la conversación Boluarte le aclaró varias veces que “de parte de ella nunca ha habido una orden de que se usen armas letales para el control de protestas”.</p> <p class="rtejustify"> Agregó que, pese al alegato de la mandataria de no haberla ordenado, existe una serie de pruebas de la represión letal contra los manifestantes.</p> <p class="rtejustify"> Las pruebas recopiladas por AI incluyen testimonios de víctimas y familiares en Lima (centro), Ayacucho, Andahuaylas y Puno (sureste), además de entrevistas, informes oficiales y peritajes forenses.</p> <p class="rtejustify"> Guevara reconoció que Boluarte escuchó “muy atenta” el informe y le expresó el compromiso de su gobierno de avanzar en la atención de las víctimas y sus familiares.</p> <p class="rtejustify"> Las protestas en Perú, que estallaron luego de que la mandataria asumió el cargo en reemplazo del destituido Pedro Castillo, han dejado un saldo de 48 civiles y un policía muertos.</p> <p class="rtejustify"> Un balance de la Defensoría del Pueblo (ombudsman) señala que en enero se registraron 1.261 protestas colectivas, de las que 86,7 por ciento se relacionan a la crisis política.</p> <p class="rtejustify"> El martes, organizaciones de derechos humanos informaron que denunciaron penalmente a la presidenta Dina Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante protestas en diciembre en la región Apurímac.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Familiares de fallecidos exigen justicia y memoria</strong></p> <p class="rtejustify"> Los ciudadanos peruanos Dany Quispe y Ruth Bárcena, padre y esposa de dos víctimas de las manifestaciones antigubernamentales, exigieron ayer justicia y memoria para sus familiares y el resto de manifestantes que murieron desde el inicio de las protestas.</p> <p class="rtejustify"> “En Ayacucho (...) claman justicia y para eso es lo que yo he venido, a exigir justicia. Tiene que haber justicia, esto no puede quedar impune”, exhortó Bárcena durante la rueda de prensa organizada por Amnistía Internacional .</p> <p class="rtejustify"> “Un señor de 32 años que amaba la vida que tenía su familia”, así rememoró Ruth Bárcena a su esposo, Leonardo Hancco Chacca, muerto el 15 de diciembre por la respuesta de las Fuerzas Armadas a la manifestación que dejó diez fallecidos aquel día en la sureña ciudad de Ayacucho.</p> <p class="rtejustify"> “Todos han sido heridos con bala, señores, no han sido heridos con otra cosa”, recordó al referirse a los 10 muertos, entre ellos varios menores de edad, y los 68 heridos de su ciudad.</p> <p class="rtejustify"> Las protestas iniciadas en diciembre tras el fallido intento de autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo suman 70 muertos.</p>

<p class="rtejustify"> La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) expuso ante la presidenta de Perú, Dina Boluarte, varias evidencias de que agentes de seguridad han hecho uso excesivo y letal de la fuerza durante la represión de las manifestaciones que desde diciembre exigen su renuncia.</p> <p class="rtejustify"> “Hemos presentado las evidencias recolectadas (...) en donde las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo y desproporcionado y muchas veces letal de la fuerza, utilizando armamento en contra de personas que protestaban”, informó Erika Guevara, directora para las Américas de AI, tras reunirse con Boluarte en el palacio presidencial de Lima.</p> <p class="rtejustify"> La abogada detalló que su informe se basa en información recabada de las propias autoridades y reúne 46 casos documentados de violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes.</p> <p class="rtejustify"> Guevara reportó que durante la conversación Boluarte le aclaró varias veces que “de parte de ella nunca ha habido una orden de que se usen armas letales para el control de protestas”.</p> <p class="rtejustify"> Agregó que, pese al alegato de la mandataria de no haberla ordenado, existe una serie de pruebas de la represión letal contra los manifestantes.</p> <p class="rtejustify"> Las pruebas recopiladas por AI incluyen testimonios de víctimas y familiares en Lima (centro), Ayacucho, Andahuaylas y Puno (sureste), además de entrevistas, informes oficiales y peritajes forenses.</p> <p class="rtejustify"> Guevara reconoció que Boluarte escuchó “muy atenta” el informe y le expresó el compromiso de su gobierno de avanzar en la atención de las víctimas y sus familiares.</p> <p class="rtejustify"> Las protestas en Perú, que estallaron luego de que la mandataria asumió el cargo en reemplazo del destituido Pedro Castillo, han dejado un saldo de 48 civiles y un policía muertos.</p> <p class="rtejustify"> Un balance de la Defensoría del Pueblo (ombudsman) señala que en enero se registraron 1.261 protestas colectivas, de las que 86,7 por ciento se relacionan a la crisis política.</p> <p class="rtejustify"> El martes, organizaciones de derechos humanos informaron que denunciaron penalmente a la presidenta Dina Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante protestas en diciembre en la región Apurímac.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>Familiares de fallecidos exigen justicia y memoria</strong></p> <p class="rtejustify"> Los ciudadanos peruanos Dany Quispe y Ruth Bárcena, padre y esposa de dos víctimas de las manifestaciones antigubernamentales, exigieron ayer justicia y memoria para sus familiares y el resto de manifestantes que murieron desde el inicio de las protestas.</p> <p class="rtejustify"> “En Ayacucho (...) claman justicia y para eso es lo que yo he venido, a exigir justicia. Tiene que haber justicia, esto no puede quedar impune”, exhortó Bárcena durante la rueda de prensa organizada por Amnistía Internacional .</p> <p class="rtejustify"> “Un señor de 32 años que amaba la vida que tenía su familia”, así rememoró Ruth Bárcena a su esposo, Leonardo Hancco Chacca, muerto el 15 de diciembre por la respuesta de las Fuerzas Armadas a la manifestación que dejó diez fallecidos aquel día en la sureña ciudad de Ayacucho.</p> <p class="rtejustify"> “Todos han sido heridos con bala, señores, no han sido heridos con otra cosa”, recordó al referirse a los 10 muertos, entre ellos varios menores de edad, y los 68 heridos de su ciudad.</p> <p class="rtejustify"> Las protestas iniciadas en diciembre tras el fallido intento de autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo suman 70 muertos.</p>

La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) expuso ante la presidenta de Perú, Dina Boluarte, varias evidencias de que agentes de seguridad han hecho uso excesivo y letal de la fuerza durante la represión de las manifestaciones que desde diciembre exigen su renuncia.

La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) expuso ante la presidenta de Perú, Dina Boluarte, varias evidencias de que agentes de seguridad han hecho uso excesivo y letal de la fuerza durante la represión de las manifestaciones que desde diciembre exigen su renuncia.

<p class="rtejustify"> La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano acordó plantear al pleno del Legislativo que se declare persona non grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus críticas a la Policía Nacional del Perú (PNP).</p> <p class="rtejustify"> La comisión aprobó una moción que propone rechazar las "inaceptables" expresiones de Petro al considerar que estas constituyen una "ofensa" a la PNP, al Estado peruano y a "todo el pueblo judío" al "banalizar el holocausto".</p> <p class="rtejustify"> La moción se refirió a unas declaraciones que hizo el presidente colombiano en una actividad el viernes pasado, cuando mencionó el amplio despliegue de la PNP en el centro histórico de Lima el día anterior, en respuesta a una manifestación antigubernamental.</p> <p class="rtejustify"> "En Perú, (los policías) marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos", señaló el gobernante colombiano antes de indicar que esa convención "no se aplica solo a gobiernos de izquierda".</p> <p class="rtejustify"> En ese sentido, la comisión legislativa planteó declarar a Petro persona non grata en Perú y exhortar a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores a que realicen "las gestiones necesarias" para garantizar que "no ingrese al territorio nacional".</p> <p class="rtejustify"> En enero pasado, el Gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su "enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia" de Petro en asuntos de política interna, luego de que este se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.</p> <p class="rtejustify"> El Parlamento peruano también aprobó ya a fines del año pasado una moción en rechazo a "los constantes actos de intromisión en los asuntos internos" del país por parte de Petro y de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, el Gobierno de Dina Boluarte mostró en diciembre su "profundo malestar" por las declaraciones de Petro en apoyo al expresidente Pedro Castillo, al considerarlas una injerencia "inaceptable" en los asuntos internos del país.</p> <p class="rtejustify"> Perú ya declaró persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y al expresidente boliviano Evo Morales "por sus constantes incitaciones en la política nacional" que, según el Parlamento, buscan "desequilibrar el orden interno del país".&nbsp;<br> &nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano acordó plantear al pleno del Legislativo que se declare persona non grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus críticas a la Policía Nacional del Perú (PNP).</p> <p class="rtejustify"> La comisión aprobó una moción que propone rechazar las "inaceptables" expresiones de Petro al considerar que estas constituyen una "ofensa" a la PNP, al Estado peruano y a "todo el pueblo judío" al "banalizar el holocausto".</p> <p class="rtejustify"> La moción se refirió a unas declaraciones que hizo el presidente colombiano en una actividad el viernes pasado, cuando mencionó el amplio despliegue de la PNP en el centro histórico de Lima el día anterior, en respuesta a una manifestación antigubernamental.</p> <p class="rtejustify"> "En Perú, (los policías) marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos", señaló el gobernante colombiano antes de indicar que esa convención "no se aplica solo a gobiernos de izquierda".</p> <p class="rtejustify"> En ese sentido, la comisión legislativa planteó declarar a Petro persona non grata en Perú y exhortar a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores a que realicen "las gestiones necesarias" para garantizar que "no ingrese al territorio nacional".</p> <p class="rtejustify"> En enero pasado, el Gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su "enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia" de Petro en asuntos de política interna, luego de que este se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.</p> <p class="rtejustify"> El Parlamento peruano también aprobó ya a fines del año pasado una moción en rechazo a "los constantes actos de intromisión en los asuntos internos" del país por parte de Petro y de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, el Gobierno de Dina Boluarte mostró en diciembre su "profundo malestar" por las declaraciones de Petro en apoyo al expresidente Pedro Castillo, al considerarlas una injerencia "inaceptable" en los asuntos internos del país.</p> <p class="rtejustify"> Perú ya declaró persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y al expresidente boliviano Evo Morales "por sus constantes incitaciones en la política nacional" que, según el Parlamento, buscan "desequilibrar el orden interno del país". <br /><br />  </p>

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano acordó plantear al pleno del Legislativo que se declare persona non grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus críticas a la Policía Nacional del Perú (PNP).

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano acordó plantear al pleno del Legislativo que se declare persona non grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus críticas a la Policía Nacional del Perú (PNP).

<p class="rtejustify"> El Gobierno de Perú prorrogó el estado de emergencia en Lima, Callao y algunas carreteras de la red vial nacional por 30 días calendario para contener las protestas en contra de la administración “transitoria” de Dina Boluarte, que han cobrado la vida de 60 personas desde diciembre pasado.</p> <p class="rtejustify"> La medida fue publicada la noche del 13 de febrero en una edición extraordinaria del boletín oficial, que establece que a partir de este martes se extiende el estado de emergencia en las dos regiones, así como en las carreteras Panamericana Sur, Panamericana Norte, Central, corredor vial sur Apurímac-Cusco-Arequipa y el corredor vial Interoceánica Sur.</p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el texto, la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas, serán las encargadas de mantener el control interno en las regiones, en donde las protestas han sido más intensas.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, se recuerda que durante la vigencia de la medida excepcional quedan limitados o suspendidos los derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.</p> <p class="rtejustify"> El decreto fue publicado horas después de que el ministro de Economía, Álex Contreras, declarara a Latina Televisión que “ya pasó lo peor” de las protestas y que el Gobierno está observando “una recuperación de la economía”.</p> <p class="rtejustify"> “Uno ve los datos de conflictividad, los datos de vías bloqueadas y esa es la evidencia”, aseveró el funcionario.</p> <p class="rtejustify"> El 15 de enero, el Gobierno introdujo por primera vez el régimen de excepción por 30 días en Lima y Callao, así como en otros departamentos y provincias, en tanto que hace unos días la autoridad decretó estado de emergencia por un periodo de 60 días en los departamentos Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna.</p> <p class="rtejustify"> Las manifestaciones exigen la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso, elecciones anticipadas, reformas a la Constitución y la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido por la Legislatura el 7 de diciembre. No obstante, hasta el momento, el Parlamento ha sido incapaz de llegar a un acuerdo para adelantar la fecha de los comicios.</p>

<p class="rtejustify"> El Gobierno de Perú prorrogó el estado de emergencia en Lima, Callao y algunas carreteras de la red vial nacional por 30 días calendario para contener las protestas en contra de la administración “transitoria” de Dina Boluarte, que han cobrado la vida de 60 personas desde diciembre pasado.</p> <p class="rtejustify"> La medida fue publicada la noche del 13 de febrero en una edición extraordinaria del boletín oficial, que establece que a partir de este martes se extiende el estado de emergencia en las dos regiones, así como en las carreteras Panamericana Sur, Panamericana Norte, Central, corredor vial sur Apurímac-Cusco-Arequipa y el corredor vial Interoceánica Sur.</p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el texto, la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas, serán las encargadas de mantener el control interno en las regiones, en donde las protestas han sido más intensas.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, se recuerda que durante la vigencia de la medida excepcional quedan limitados o suspendidos los derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.</p> <p class="rtejustify"> El decreto fue publicado horas después de que el ministro de Economía, Álex Contreras, declarara a Latina Televisión que “ya pasó lo peor” de las protestas y que el Gobierno está observando “una recuperación de la economía”.</p> <p class="rtejustify"> “Uno ve los datos de conflictividad, los datos de vías bloqueadas y esa es la evidencia”, aseveró el funcionario.</p> <p class="rtejustify"> El 15 de enero, el Gobierno introdujo por primera vez el régimen de excepción por 30 días en Lima y Callao, así como en otros departamentos y provincias, en tanto que hace unos días la autoridad decretó estado de emergencia por un periodo de 60 días en los departamentos Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna.</p> <p class="rtejustify"> Las manifestaciones exigen la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso, elecciones anticipadas, reformas a la Constitución y la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido por la Legislatura el 7 de diciembre. No obstante, hasta el momento, el Parlamento ha sido incapaz de llegar a un acuerdo para adelantar la fecha de los comicios.</p>

El Gobierno de Perú prorrogó el estado de emergencia en Lima, Callao y algunas carreteras de la red vial nacional por 30 días calendario para contener las protestas en contra de la administración “transitoria” de Dina Boluarte, que han cobrado la vida de 60 personas desde diciembre pasado.

El Gobierno de Perú prorrogó el estado de emergencia en Lima, Callao y algunas carreteras de la red vial nacional por 30 días calendario para contener las protestas en contra de la administración “transitoria” de Dina Boluarte, que han cobrado la vida de 60 personas desde diciembre pasado.