<p class="rtejustify"> El Congreso de Perú ha rechazado una propuesta para interpelar al primer ministro, Alberto Otárola, investigado por la Fiscalía por un supuesto delito de colusión agravada en la contratación de la excuñada del ministro de Trabajo, Alfondo Adrianzén.</p> <p class="rtejustify"> La moción, propuesta por el partido Juntos por el Perú, ha obtenido 31 apoyos, a nueve de los necesarios para poder sentar al primer ministro frente al pleno de la Cámara. El objetivo era preguntar sobre la contratación de Carola Rodríguez como asesora en el Ministerio de Trabajo, informa el diario peruano 'La República'.</p> <p class="rtejustify"> Otárola defiende que no ha tenido nada que ver en esa contratación y asegura que "hace varios años" que no tiene contacto alguno con Rodríguez, a la que califica de "profesional destacada". Por su parte, Adriánzen afirma que este proceso "ya fue explicado" y que no recibió indicación alguna del primer ministro para contratarla.</p> <p class="rtejustify"> A diferencia de Otárola, quien sí tendrá que comparecer ante el Congreso es el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, con motivo de la intervención policial en la Universidad de San Marcos, en el marco de unas protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte que han dejado cerca de 60 muertos.</p> <p class="rtejustify"> Quienes también podrían ser interpelados si prosperan las propuestas son el ministro de Educación, Óscar Becerra, por unas declaraciones racistas sobre las mujeres de la comunidad aimara, a las que comparó con animales y acusó de exponer a sus hijos frente a la violencia de las protestas que se viven desde hace semanas.</p> <p class="rtejustify"> "Ni siquiera los animales exponen a sus hijos (...) ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la cual estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres, yo creo que en la extrema necesidad que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto", dijo.</p> <p class="rtejustify"> Además, la derecha representada por Fuerza Popular y Renovación Popular presentaron este jueves una propuesta para interpelar al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, por los seis militares que murieron ahogados en Puno cuando huían de un grupo de manifestantes que les recibieron lanzándoles piedras.</p>

<p class="rtejustify"> El Congreso de Perú ha rechazado una propuesta para interpelar al primer ministro, Alberto Otárola, investigado por la Fiscalía por un supuesto delito de colusión agravada en la contratación de la excuñada del ministro de Trabajo, Alfondo Adrianzén.</p> <p class="rtejustify"> La moción, propuesta por el partido Juntos por el Perú, ha obtenido 31 apoyos, a nueve de los necesarios para poder sentar al primer ministro frente al pleno de la Cámara. El objetivo era preguntar sobre la contratación de Carola Rodríguez como asesora en el Ministerio de Trabajo, informa el diario peruano 'La República'.</p> <p class="rtejustify"> Otárola defiende que no ha tenido nada que ver en esa contratación y asegura que "hace varios años" que no tiene contacto alguno con Rodríguez, a la que califica de "profesional destacada". Por su parte, Adriánzen afirma que este proceso "ya fue explicado" y que no recibió indicación alguna del primer ministro para contratarla.</p> <p class="rtejustify"> A diferencia de Otárola, quien sí tendrá que comparecer ante el Congreso es el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, con motivo de la intervención policial en la Universidad de San Marcos, en el marco de unas protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte que han dejado cerca de 60 muertos.</p> <p class="rtejustify"> Quienes también podrían ser interpelados si prosperan las propuestas son el ministro de Educación, Óscar Becerra, por unas declaraciones racistas sobre las mujeres de la comunidad aimara, a las que comparó con animales y acusó de exponer a sus hijos frente a la violencia de las protestas que se viven desde hace semanas.</p> <p class="rtejustify"> "Ni siquiera los animales exponen a sus hijos (...) ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la cual estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres, yo creo que en la extrema necesidad que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto", dijo.</p> <p class="rtejustify"> Además, la derecha representada por Fuerza Popular y Renovación Popular presentaron este jueves una propuesta para interpelar al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, por los seis militares que murieron ahogados en Puno cuando huían de un grupo de manifestantes que les recibieron lanzándoles piedras.</p>

El Congreso de Perú ha rechazado una propuesta para interpelar al primer ministro, Alberto Otárola, investigado por la Fiscalía por un supuesto delito de colusión agravada en la contratación de la excuñada del ministro de Trabajo, Alfondo Adrianzén.

El Congreso de Perú ha rechazado una propuesta para interpelar al primer ministro, Alberto Otárola, investigado por la Fiscalía por un supuesto delito de colusión agravada en la contratación de la excuñada del ministro de Trabajo, Alfondo Adrianzén.

<p class="rtejustify"> El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció este jueves que el Gobierno acordó levantar el estado de emergencia en el departamento de Lima ante la tendencia a la baja de las protestas antigubernamentales, pero amplió la medida en la provincia de Ica y en algunas carreteras de la red vial nacional.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> "Se ha acordado en el Consejo de Ministros levantar el estado de emergencia en el departamento de Lima. Esta es una medida muy importante para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos", afirmó a la prensa Otárola.&nbsp;&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> El primer ministro agregó que esta decisión se tomó porque ya "han pasado las condiciones y consideraciones" que llevaron al Ejecutivo a instaurar esta medida en Lima, donde vive casi un tercio de la población del país y hasta donde se desplazaron, en febrero pasado, cientos de ciudadanos de otras regiones para protestar contra la gestión de la presidenta Dina Boluarte.&nbsp;&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> Otárola informó, sin embargo, que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que amplía el estado de emergencia en la provincia de Ica, del departamento homónimo, colindante con Lima, y en algunas carreteras de la red vial nacional.&nbsp;&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> Dijo que, en Ica, "todavía hay un trabajo adicional de seguridad y desarrollo", mientras que la prórroga de la medida en las carreteras "va a permitir que la Policía Nacional continúe manteniendo el orden y el desbloqueo de carreteras como exitosamente ha venido trabajando en las últimas semanas".&nbsp;&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> El Gobierno peruano decretó el estado de emergencia a nivel nacional a mediados de diciembre pasado, cuando estalló la ola de protestas antigubernamentales tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), y después limitó la medida a algunas regiones del país.&nbsp;&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> Previamente, el Gobierno de Castillo también había decretado el estado de emergencia en Lima y su vecina provincia de Callao para combatir la criminalidad.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> Durante el estado de emergencia, quedan restringidos o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, y la Policía Nacional de Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.&nbsp;&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> No obstante, en el caso de la sureña región de Puno, fronteriza con Bolivia y reducto de las movilizaciones, el control es asumido por los militares.&nbsp;&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> Desde que arrancaron las protestas en diciembre, 76 personas han perdido la vida, la mayoría de las cuales eran manifestantes que fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, uno era policía, seis militares y una veintena más murieron por hechos relacionados con los bloqueos de carreteras, que hoy siguen presentes en el sur.</p>

<p class="rtejustify"> El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció este jueves que el Gobierno acordó levantar el estado de emergencia en el departamento de Lima ante la tendencia a la baja de las protestas antigubernamentales, pero amplió la medida en la provincia de Ica y en algunas carreteras de la red vial nacional. </p> <p class="rtejustify"> "Se ha acordado en el Consejo de Ministros levantar el estado de emergencia en el departamento de Lima. Esta es una medida muy importante para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos", afirmó a la prensa Otárola.  </p> <p class="rtejustify"> El primer ministro agregó que esta decisión se tomó porque ya "han pasado las condiciones y consideraciones" que llevaron al Ejecutivo a instaurar esta medida en Lima, donde vive casi un tercio de la población del país y hasta donde se desplazaron, en febrero pasado, cientos de ciudadanos de otras regiones para protestar contra la gestión de la presidenta Dina Boluarte.  </p> <p class="rtejustify"> Otárola informó, sin embargo, que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que amplía el estado de emergencia en la provincia de Ica, del departamento homónimo, colindante con Lima, y en algunas carreteras de la red vial nacional.  </p> <p class="rtejustify"> Dijo que, en Ica, "todavía hay un trabajo adicional de seguridad y desarrollo", mientras que la prórroga de la medida en las carreteras "va a permitir que la Policía Nacional continúe manteniendo el orden y el desbloqueo de carreteras como exitosamente ha venido trabajando en las últimas semanas".  </p> <p class="rtejustify"> El Gobierno peruano decretó el estado de emergencia a nivel nacional a mediados de diciembre pasado, cuando estalló la ola de protestas antigubernamentales tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), y después limitó la medida a algunas regiones del país.  </p> <p class="rtejustify"> Previamente, el Gobierno de Castillo también había decretado el estado de emergencia en Lima y su vecina provincia de Callao para combatir la criminalidad. </p> <p class="rtejustify"> Durante el estado de emergencia, quedan restringidos o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, y la Policía Nacional de Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.  </p> <p class="rtejustify"> No obstante, en el caso de la sureña región de Puno, fronteriza con Bolivia y reducto de las movilizaciones, el control es asumido por los militares.  </p> <p class="rtejustify"> Desde que arrancaron las protestas en diciembre, 76 personas han perdido la vida, la mayoría de las cuales eran manifestantes que fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, uno era policía, seis militares y una veintena más murieron por hechos relacionados con los bloqueos de carreteras, que hoy siguen presentes en el sur.</p>

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció este jueves que el Gobierno acordó levantar el estado de emergencia en el departamento de Lima ante la tendencia a la baja de las protestas antigubernamentales, pero amplió la medida en la provincia de Ica y en algunas carreteras de la red vial nacional. 

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció este jueves que el Gobierno acordó levantar el estado de emergencia en el departamento de Lima ante la tendencia a la baja de las protestas antigubernamentales, pero amplió la medida en la provincia de Ica y en algunas carreteras de la red vial nacional. 

<p class="rtejustify"> El expresidente peruano Pedro Castillo, preso por rebelión tras su fallido autogolpe de Estado en diciembre, dijo sentirse "secuestrado" al negar este martes ante un juez los cargos de corrupción por los que podría seguir recluido.<br> "Niego rotunda y categóricamente ser autor y ser parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mí país como presidente de la república", afirmó Castillo en una audiencia virtual transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial.<br> El exmandatario de 53 años apareció antes las cámaras en camisa blanca y rasurado, y con tono vehemente se defendió de los señalamientos en contra:<br> "Hoy se han armado un castillo de delitos con supuestos (...) con colaboradores (judiciales) comprados", lanzó Castillo desde su sitio de reclusión, el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios habilitado de cuartel policial al este de Lima.<br> El exgobernante, que fue destituido por una mayoría parlamentaria tras su fracasado intento de disolver el Congreso, rechazo el pedido de la fiscalía para ampliar su prisión preventiva bajo cargos de corrupción.<br> "Van a pedir 36 meses de prisión cuando tengo la prisión preventiva. ¡Voy a llegar a cien días de estar secuestrado injustamente!", agregó.<br> Tras su intervención, el juez Juan Carlos Checkley suspendió la audiencia que se extendió por más de cuatro horas. Para el jueves está previsto se pronuncie sobre la solicitud de la fiscalía contra Castillo, quien está siendo procesado junto con dos de sus exministros.<br> El líder de izquierda enfrenta cargos por "organización criminal, colusión y tráfico de influencias", que le podrían valer una prisión preventiva adicional de la que cumple por rebelión.<br> La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.<br> El exgobernante peruano, quien había sido elegido hasta 2026, fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre cuando llevaba 17 meses en el poder. Ese mismo día fue capturado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.</p>

<p class="rtejustify"> El expresidente peruano Pedro Castillo, preso por rebelión tras su fallido autogolpe de Estado en diciembre, dijo sentirse "secuestrado" al negar este martes ante un juez los cargos de corrupción por los que podría seguir recluido.<br /><br /> "Niego rotunda y categóricamente ser autor y ser parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mí país como presidente de la república", afirmó Castillo en una audiencia virtual transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial.<br /><br /> El exmandatario de 53 años apareció antes las cámaras en camisa blanca y rasurado, y con tono vehemente se defendió de los señalamientos en contra:<br /><br /> "Hoy se han armado un castillo de delitos con supuestos (...) con colaboradores (judiciales) comprados", lanzó Castillo desde su sitio de reclusión, el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios habilitado de cuartel policial al este de Lima.<br /><br /> El exgobernante, que fue destituido por una mayoría parlamentaria tras su fracasado intento de disolver el Congreso, rechazo el pedido de la fiscalía para ampliar su prisión preventiva bajo cargos de corrupción.<br /><br /> "Van a pedir 36 meses de prisión cuando tengo la prisión preventiva. ¡Voy a llegar a cien días de estar secuestrado injustamente!", agregó.<br /><br /> Tras su intervención, el juez Juan Carlos Checkley suspendió la audiencia que se extendió por más de cuatro horas. Para el jueves está previsto se pronuncie sobre la solicitud de la fiscalía contra Castillo, quien está siendo procesado junto con dos de sus exministros.<br /><br /> El líder de izquierda enfrenta cargos por "organización criminal, colusión y tráfico de influencias", que le podrían valer una prisión preventiva adicional de la que cumple por rebelión.<br /><br /> La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.<br /><br /> El exgobernante peruano, quien había sido elegido hasta 2026, fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre cuando llevaba 17 meses en el poder. Ese mismo día fue capturado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.</p>

El expresidente peruano Pedro Castillo, preso por rebelión tras su fallido autogolpe de Estado en diciembre, dijo sentirse "secuestrado" al negar este martes ante un juez los cargos de corrupción por los que podría seguir recluido.

El expresidente peruano Pedro Castillo, preso por rebelión tras su fallido autogolpe de Estado en diciembre, dijo sentirse &quot;secuestrado&quot; al negar este martes ante un juez los cargos de corrupción por los que podría seguir recluido.

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<p class="rtejustify"> La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declara este martes ante la fiscal general peruana, Patricia Benavides, como parte de la investigación preliminar que se le ha abierto por las muertes producidas durante las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado en el país andino.</p> <p class="rtejustify"> Boluarte llegó a la sede principal del Ministerio Público hacia las 08.50 horas (13.50 GMT) a bordo de en un vehículo oficial que ingresó por la zona posterior del edificio, que se encuentra en la céntrica avenida Abancay, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno de Lima.</p> <p class="rtejustify"> La jefa de Estado ha sido citada por Benavides para que rinda su declaración de forma presencial en la investigación por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves abierta contra las máximas autoridades del Gobierno peruano tras las decenas de muertos que se han producido en las protestas.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declara este martes ante la fiscal general peruana, Patricia Benavides, como parte de la investigación preliminar que se le ha abierto por las muertes producidas durante las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado en el país andino.</p> <p class="rtejustify"> Boluarte llegó a la sede principal del Ministerio Público hacia las 08.50 horas (13.50 GMT) a bordo de en un vehículo oficial que ingresó por la zona posterior del edificio, que se encuentra en la céntrica avenida Abancay, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno de Lima.</p> <p class="rtejustify"> La jefa de Estado ha sido citada por Benavides para que rinda su declaración de forma presencial en la investigación por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves abierta contra las máximas autoridades del Gobierno peruano tras las decenas de muertos que se han producido en las protestas.</p> <p class="rtejustify">  </p>

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declara este martes ante la fiscal general peruana, Patricia Benavides, como parte de la investigación preliminar que se le ha abierto por las muertes producidas durante las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado en el país andino.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declara este martes ante la fiscal general peruana, Patricia Benavides, como parte de la investigación preliminar que se le ha abierto por las muertes producidas durante las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado en el país andino.