Gobierno plantea control a cuentas de empresas en su lucha anticorrupción
El Gobierno presentó ayer el Anteproyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción, como mecanismo de prevención de ilícitos que se puedan presentar en la contratación de obras de parte del Estado.
La norma prevé la exposición de cuentas empresariales, la anulación del secreto bancario (medida voluntaria para empresas que reciban recursos del Estado), digitalización de la información, cláusulas anticorrupción, entre otros. El Estado expondrá en un registro a las compañías que levanten el secreto bancario y también a las que no.
El proyecto de ley fue presentado luego de los hechos de corrupción que se denunciaron en este periodo de administración, como en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en Boliviana de Aviación (BoA), en Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). Estas tres últimas presumiblemente involucradas en el envío de 478 kilos de droga a España.
“Este es un momento importante para el país. El Órgano Ejecutivo ha trabajado este anteproyecto de ley para que pueda ser discutido en nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con el objetivo de llevar adelante este sistema de gestión de riesgos de prevención y reforzar la lucha contra el flagelo de la corrupción”, manifestó el Presidente cuando entregó el anteproyecto al vicepresidente David Choquehuanca.
Secreto bancario
Uno de los principales puntos de la futura norma tiene que ver con el control de gastos que realicen las empresas que tengan contratos con el Estado.
Se establece levantar el secreto bancario de forma voluntaria a las empresas que reciban recursos del Estado.
“Esto se va a realizar de forma voluntaria a las empresas privadas que puedan prescindir del secreto bancario a esa cuenta que recibirá recursos del Estado, ahí tiene que hacerse el seguimiento a esos pagos”, señaló el jefe de Estado.
El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que se propone incorporar la obligatoriedad de operaciones financieras en procesos de contratación con el Estado.
“La cuenta bancaria de cada uno de estos procesos será objeto de verificación de operaciones por parte del Viceministerio de Transparencia”, dijo.
Las empresas que cumplan con esta “regla de transparencia” formarán parte de listas de integridad empresarial que serán publicadas por el Viceministerio.
Sin embargo, a aquellas empresas que no deseen formar parte de las listas de integridad se las considerará que no están comprometidas con la lucha contra la corrupción.
Ven apatía en lucha anticorrupción
Opositores y evistas ven que la presentación de una norma es tardía, más aún cuando se tiene una ley como la Marcelo Quiroga Santa Cruz que no se aplica.
“El MAS desde que asumió el poder ha empezado a construir un andamiaje de corrupción e impunidad”, señaló el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca. Su colega Freddy López (MAS)agregó que el Gobierno tiene que transparentar los hechos de corrupción denunciados: ABC, narcovuelo y otros.
Cambios al Código de Procedimiento Penal
En la nueva propuesta anticorrupción, el Gobierno establece la modificación del Código de Procedimiento Penal en determinados casos, sobre todo lo que se refiere a la declaración anual de bienes y rentas por parte de los funcionarios públicos.
En este aspecto, se propone la “prohibición temporal para el ejercicio de la función pública como una medida preventiva, también plantea agravar la pena por el delito de falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas”.
Además de la verificación de la declaración jurada de bienes y rentas, el seguimiento y control de todos los procesos de contratación, el seguimiento y control de la designación y contratación de personal e incompatibilidades en el ejercicio de cargos públicos y el análisis de información pública en todos los sistemas que pueden permitirle operar en el nuevo sistema.
De acuerdo con la explicación de las autoridades, el anteproyecto de ley se enmarca en los preceptos constitucionales, en materia de lucha contra la corrupción acordes a los estándares internacionales.
