<p class="rtejustify"> Dos casos de retención forzada de personas, entre ellas autoridades estatales, sucedidos esta semana llaman la atención acerca de la facilidad con la que bolivianos de a pie, sin intenciones dolosas, vulneran los derechos de sus conciudadanos.</p> <p class="rtejustify"> El hecho de que esos actos —motivados por intereses colectivos, lo que no impide que puedan ser considerados como delitos— hayan sido dirigidos de manera específica contra altos funcionarios del Gobierno y representantes departamentales electos suscita reflexiones acerca del desgaste de la capacidad de diálogo y la exacerbación de la desconfianza ciudadana respecto de las instancias estatales.</p> <p class="rtejustify"> El primero ocurrió el lunes último en Guayaramerín, Beni, donde pobladores de esa ciudad fronteriza con Brasil retuvieron varias horas a un ministro y dos viceministros que estaban reunidos con representantes cívicos locales tratando el tema de un puente cuya demora en su construcción es atribuida al Gobierno boliviano.</p> <p class="rtejustify"> “Estamos secuestrados por la gente”, declaraba entonces el Viceministro de Transportes a los periodistas, retenidos en el mismo lugar, y advertía que “retener a las personas contra su voluntad es un delito”.</p> <p class="rtejustify"> Una situación similar se produjo el&nbsp;jueves, en la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, cuyas instalaciones fueron sitiadas por comunarios de Cotapachi que impidieron durante más de nueve horas el ingreso o salida de personas.</p> <p class="rtejustify"> Ellos reclamaban una respuesta a su demanda de asfaltado de una vía que pasa por el lugar donde viven y genera nubes de polvo al ser utilizada por los vehículos como alternativa de circulación cuando otras avenidas están bloqueadas.</p> <p class="rtejustify"> En ambos casos, las medidas de presión de quienes demandaban satisfacción a sus reclamos afectaron a ciudadanos ajenos al problema y que se encontraban en los recintos intervenidos por razones de trabajo, como los periodistas, o debido a la necesidad de realizar trámites.</p> <p class="rtejustify"> Las medidas de presión no tuvieron mayores consecuencias y terminaron de manera pacífica —como otras similares anteriores cuya lista seguramente sería larga— sin mayor consideración a los perjuicios sufridos por quienes estuvieron retenidos contra su voluntad.</p> <p class="rtejustify"> Y quienes ocuparon los recintos bloqueando sus accesos volvieron a sus casas sin más trámite ni cuestionamiento.</p> <p class="rtejustify"> Esa “normalidad” con la que se viven en el país intervenciones colectivas que coartan derechos ciudadanos, como la libre circulación o la libertad personal, es un síntoma inequívoco de la precaria vigencia del imperio de la ley y de la capacidad de las instancias estatales para dialogar de manera satisfactoria con la población.</p>

<p class="rtejustify"> Dos casos de retención forzada de personas, entre ellas autoridades estatales, sucedidos esta semana llaman la atención acerca de la facilidad con la que bolivianos de a pie, sin intenciones dolosas, vulneran los derechos de sus conciudadanos.</p> <p class="rtejustify"> El hecho de que esos actos —motivados por intereses colectivos, lo que no impide que puedan ser considerados como delitos— hayan sido dirigidos de manera específica contra altos funcionarios del Gobierno y representantes departamentales electos suscita reflexiones acerca del desgaste de la capacidad de diálogo y la exacerbación de la desconfianza ciudadana respecto de las instancias estatales.</p> <p class="rtejustify"> El primero ocurrió el lunes último en Guayaramerín, Beni, donde pobladores de esa ciudad fronteriza con Brasil retuvieron varias horas a un ministro y dos viceministros que estaban reunidos con representantes cívicos locales tratando el tema de un puente cuya demora en su construcción es atribuida al Gobierno boliviano.</p> <p class="rtejustify"> “Estamos secuestrados por la gente”, declaraba entonces el Viceministro de Transportes a los periodistas, retenidos en el mismo lugar, y advertía que “retener a las personas contra su voluntad es un delito”.</p> <p class="rtejustify"> Una situación similar se produjo el jueves, en la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, cuyas instalaciones fueron sitiadas por comunarios de Cotapachi que impidieron durante más de nueve horas el ingreso o salida de personas.</p> <p class="rtejustify"> Ellos reclamaban una respuesta a su demanda de asfaltado de una vía que pasa por el lugar donde viven y genera nubes de polvo al ser utilizada por los vehículos como alternativa de circulación cuando otras avenidas están bloqueadas.</p> <p class="rtejustify"> En ambos casos, las medidas de presión de quienes demandaban satisfacción a sus reclamos afectaron a ciudadanos ajenos al problema y que se encontraban en los recintos intervenidos por razones de trabajo, como los periodistas, o debido a la necesidad de realizar trámites.</p> <p class="rtejustify"> Las medidas de presión no tuvieron mayores consecuencias y terminaron de manera pacífica —como otras similares anteriores cuya lista seguramente sería larga— sin mayor consideración a los perjuicios sufridos por quienes estuvieron retenidos contra su voluntad.</p> <p class="rtejustify"> Y quienes ocuparon los recintos bloqueando sus accesos volvieron a sus casas sin más trámite ni cuestionamiento.</p> <p class="rtejustify"> Esa “normalidad” con la que se viven en el país intervenciones colectivas que coartan derechos ciudadanos, como la libre circulación o la libertad personal, es un síntoma inequívoco de la precaria vigencia del imperio de la ley y de la capacidad de las instancias estatales para dialogar de manera satisfactoria con la población.</p>