<p class="rtejustify"> Hace exactamente cinco años, un día como hoy, Bolivia sufría una fulminante derrota en la más importante batalla diplomática librada por los representantes nacionales en la defensa de nuestra causa marítima.</p> <p class="rtejustify"> “La República de Chile no ha contraído la obligación de negociar un acceso soberano al mar con el Estado Plurinacional de Bolivia”, sentenciaba el 1 de octubre de 2018 la Corte de La Haya, al cabo de un juicio iniciado por Bolivia, que duró varios años y que el Gobierno de Evo Morales convirtió en un prolongado acto proselitista alimentado por la ilusión de un fallo favorable que le permita afianzar su proyecto de perpetuación en el poder.</p> <p class="rtejustify"> Hoy, a cinco años de esa frustración colectiva que fue proporcional al entusiasmo alimentado desde el Gobierno de entonces, las relaciones exteriores que ejercita el actual mantienen, en esencia, las mismas características: un equipo diplomático y consular improvisado cuyos cargos son dispuestos como premios a personajes de dudosa aptitud para las funciones que se les encarga, iniciativas marcadas por prioridades ideológicas y acciones reales solo por iniciativa de otros Estados y que responden a urgencias coyunturales.</p> <p class="rtejustify"> Nada de una política de Estado dirigida a velar por los intereses nacionales, determinada con una visión de largo —o al menos mediano— alcance y determinada en función de nuestras condiciones geopolíticas o de las perspectivas globales, por ejemplo, en lo referente a la transición energética.</p> <p class="rtejustify"> Y eso no solo con Chile, país con el que nuestras relaciones diplomáticas carecen de una estrategia y parecen determinadas por problemas puntuales, como los migratorios y los criminales: robo y contrabando de vehículos, narcotráfico, migración ilegal de ciudadanos de terceros países.</p> <p class="rtejustify"> “Debemos tener la capacidad, primero, de resolver lo que en la cotidianidad necesita ser encarado. Lo estamos haciendo a través de una hoja de ruta, la hoja de ruta 2021”, decía en agosto de ese año el Canciller del Estado Plurinacional.</p> <p class="rtejustify"> Esa “hoja de ruta” de 15 puntos, definida entre ambos países el 7 de mayo de 2021, excluye el tema del mar y el de las aguas del Silala. Pero el mismo día de su definición, el Canciller aseguraba que “nunca vamos a dejar nuestra reivindicación marítima, tenemos una estrategia y la vamos a dar a conocer en unos días más en diversos escenarios”.<br> Dos años después, nada se sabe de esa “estrategia” ni de cualquier otra en las relaciones exteriores de Bolivia, salvo el uso discrecional de los cargos diplomáticos y consulares como premios destinados a personajes sin ninguna formación para desempeñarlos.</p>

<p class="rtejustify"> Hace exactamente cinco años, un día como hoy, Bolivia sufría una fulminante derrota en la más importante batalla diplomática librada por los representantes nacionales en la defensa de nuestra causa marítima.</p> <p class="rtejustify"> “La República de Chile no ha contraído la obligación de negociar un acceso soberano al mar con el Estado Plurinacional de Bolivia”, sentenciaba el 1 de octubre de 2018 la Corte de La Haya, al cabo de un juicio iniciado por Bolivia, que duró varios años y que el Gobierno de Evo Morales convirtió en un prolongado acto proselitista alimentado por la ilusión de un fallo favorable que le permita afianzar su proyecto de perpetuación en el poder.</p> <p class="rtejustify"> Hoy, a cinco años de esa frustración colectiva que fue proporcional al entusiasmo alimentado desde el Gobierno de entonces, las relaciones exteriores que ejercita el actual mantienen, en esencia, las mismas características: un equipo diplomático y consular improvisado cuyos cargos son dispuestos como premios a personajes de dudosa aptitud para las funciones que se les encarga, iniciativas marcadas por prioridades ideológicas y acciones reales solo por iniciativa de otros Estados y que responden a urgencias coyunturales.</p> <p class="rtejustify"> Nada de una política de Estado dirigida a velar por los intereses nacionales, determinada con una visión de largo —o al menos mediano— alcance y determinada en función de nuestras condiciones geopolíticas o de las perspectivas globales, por ejemplo, en lo referente a la transición energética.</p> <p class="rtejustify"> Y eso no solo con Chile, país con el que nuestras relaciones diplomáticas carecen de una estrategia y parecen determinadas por problemas puntuales, como los migratorios y los criminales: robo y contrabando de vehículos, narcotráfico, migración ilegal de ciudadanos de terceros países.</p> <p class="rtejustify"> “Debemos tener la capacidad, primero, de resolver lo que en la cotidianidad necesita ser encarado. Lo estamos haciendo a través de una hoja de ruta, la hoja de ruta 2021”, decía en agosto de ese año el Canciller del Estado Plurinacional.</p> <p class="rtejustify"> Esa “hoja de ruta” de 15 puntos, definida entre ambos países el 7 de mayo de 2021, excluye el tema del mar y el de las aguas del Silala. Pero el mismo día de su definición, el Canciller aseguraba que “nunca vamos a dejar nuestra reivindicación marítima, tenemos una estrategia y la vamos a dar a conocer en unos días más en diversos escenarios”.<br /><br /> Dos años después, nada se sabe de esa “estrategia” ni de cualquier otra en las relaciones exteriores de Bolivia, salvo el uso discrecional de los cargos diplomáticos y consulares como premios destinados a personajes sin ninguna formación para desempeñarlos.</p>