<p class="rtejustify"> A días de cumplirse el plazo para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) remita la nómina de preseleccionados para los comicios judiciales al Tribunal Supremo Electoral (TSE), este proceso podría paralizarse de forma definitiva si la autoridad jurisdiccional resuelve la acción popular en favor de mujeres indígenas de Pando.</p> <p class="rtejustify"> “Han interpuesto una acción popular porque reclaman ellas de que no se podría exigir los mismos requisitos para un postulante por el departamento de Pando, (...) no se estuviera garantizando el principio de igualdad que tiene que darse a todos los postulantes”, indicó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS).</p> <p class="rtejustify"> Agregó que la acción establece una presunta vulneración de los derechos de mujeres pertenecientes a los pueblos indígena originarios campesinos.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> Aspecto que se refleja en las postulaciones para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre las que Pando tiene cuatro representantes mujeres, pero ninguna es de autoidentificación indígena.</p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el asambleísta nacional, la acción judicial se verificará hoy. Sin embargo, Jáuregui señaló que, en su criterio, el proceso de preselección no vulnera el principio de igualdad establecido en la Ley 1549 Elecciones Judiciales.</p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el cronograma del proceso de preselección, el pleno de la ALP tendría que estar en sesión para la aprobación o rechazo de los informes de las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural, para posteriormente remitir la nómina de los preseleccionados al Órgano Electoral.</p> <p class="rtejustify"> Según la ruta crítica del proceso de preselección, “el informe final de evaluación debía ser remitido a la Presidencia de la ALP, para que convoque a sesión entre el 27 de abril y el 4 de mayo, para preseleccionar a las y los postulantes, por voto de dos tercios de las y los asambleístas presentes, con el fin de que entre el 5 y 6 de mayo se remita al TSE la nómina de postulantes preseleccionados”.</p> <p class="rtejustify"> El 16 de febrero comenzó el trabajo de la ALP con la aprobación de la convocatoria para que los postulantes presenten su documentación. Desde entonces, corre el plazo de 80 días, establecido en la Ley 1549, el cual concluye el domingo 5 de mayo. Posteriormente, el TSE tendría 150 días para llevar adelante las elecciones judiciales.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Dudan de que se realice la elección</strong></p> <p class="rtejustify"> La senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos Sahonero expresó su desconfianza de que culmine con éxito este proceso de preselección de las elecciones judiciales, debido a que se boicotea la tarea en el Legislativo desde el Ejecutivo y operadores de justicia. En ese contexto, dijo que el proceso de las elecciones judiciales “está en duda y riesgo constante” por los recursos planteados. Agregó que hay dos acciones que deben verificarse en Sucre y que estos tienen relación con la Ley 1549.</p>

<p class="rtejustify"> A días de cumplirse el plazo para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) remita la nómina de preseleccionados para los comicios judiciales al Tribunal Supremo Electoral (TSE), este proceso podría paralizarse de forma definitiva si la autoridad jurisdiccional resuelve la acción popular en favor de mujeres indígenas de Pando.</p> <p class="rtejustify"> “Han interpuesto una acción popular porque reclaman ellas de que no se podría exigir los mismos requisitos para un postulante por el departamento de Pando, (...) no se estuviera garantizando el principio de igualdad que tiene que darse a todos los postulantes”, indicó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS).</p> <p class="rtejustify"> Agregó que la acción establece una presunta vulneración de los derechos de mujeres pertenecientes a los pueblos indígena originarios campesinos. </p> <p class="rtejustify"> Aspecto que se refleja en las postulaciones para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre las que Pando tiene cuatro representantes mujeres, pero ninguna es de autoidentificación indígena.</p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el asambleísta nacional, la acción judicial se verificará hoy. Sin embargo, Jáuregui señaló que, en su criterio, el proceso de preselección no vulnera el principio de igualdad establecido en la Ley 1549 Elecciones Judiciales.</p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el cronograma del proceso de preselección, el pleno de la ALP tendría que estar en sesión para la aprobación o rechazo de los informes de las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural, para posteriormente remitir la nómina de los preseleccionados al Órgano Electoral.</p> <p class="rtejustify"> Según la ruta crítica del proceso de preselección, “el informe final de evaluación debía ser remitido a la Presidencia de la ALP, para que convoque a sesión entre el 27 de abril y el 4 de mayo, para preseleccionar a las y los postulantes, por voto de dos tercios de las y los asambleístas presentes, con el fin de que entre el 5 y 6 de mayo se remita al TSE la nómina de postulantes preseleccionados”.</p> <p class="rtejustify"> El 16 de febrero comenzó el trabajo de la ALP con la aprobación de la convocatoria para que los postulantes presenten su documentación. Desde entonces, corre el plazo de 80 días, establecido en la Ley 1549, el cual concluye el domingo 5 de mayo. Posteriormente, el TSE tendría 150 días para llevar adelante las elecciones judiciales. </p> <p class="rtejustify"> <strong>Dudan de que se realice la elección</strong></p> <p class="rtejustify"> La senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos Sahonero expresó su desconfianza de que culmine con éxito este proceso de preselección de las elecciones judiciales, debido a que se boicotea la tarea en el Legislativo desde el Ejecutivo y operadores de justicia. En ese contexto, dijo que el proceso de las elecciones judiciales “está en duda y riesgo constante” por los recursos planteados. Agregó que hay dos acciones que deben verificarse en Sucre y que estos tienen relación con la Ley 1549.</p>

A días de cumplirse el plazo para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) remita la nómina de preseleccionados para los comicios judiciales al Tribunal Supremo Electoral (TSE), este proceso podría paralizarse de forma definitiva si la autoridad jurisdiccional resuelve la acción popular en favor de mujeres indígenas de Pando.

A días de cumplirse el plazo para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) remita la nómina de preseleccionados para los comicios judiciales al Tribunal Supremo Electoral (TSE), este proceso podría paralizarse de forma definitiva si la autoridad jurisdiccional resuelve la acción popular en favor de mujeres indígenas de Pando.

<p class="rtejustify"> Con el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales totalmente paralizado debido a al menos 12 amparos constitucionales, los legisladores buscan opciones para “salvar” el proceso mediante modificaciones a los plazos.</p> <p class="rtejustify"> El diputado Juan José Jáuregui (MAS renovador), presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara baja, señaló que el proceso de selección no puede continuar mientras no se resuelvan todos los amparos que se activaron en su contra, y también una acción popular presentada por un postulante inhabilitado en Pando.</p> <p class="rtejustify"> “Si es que se pretende abordar algún elemento del proceso de preselección, que tiene aún medidas cautelares activas, sería un absoluto despropósito. Pero aún más, la comisión ingresaría a un delito, el de desobediencia a resoluciones constitucionales”, dijo el legislador a Los Tiempos.</p> <p class="rtejustify"> “Se debe respetar la resolución constitucional, nos guste o no, hasta que se concluyan las acciones y se levanten las medidas cautelares”, ratificó.</p> <p class="rtejustify"> Hasta el 30 de abril, hay varias audiencias por los amparos presentados en distintas partes del país, y también una audiencia “clave” por la acción popular en Pando, por considerar que se vulneran los derechos de mujeres indígenas en la preselección de candidatos. Todas ellas definirán si es que el proceso puede continuar, explicó.</p> <p class="rtejustify"> Además, los candidatos judiciales inhabilitados tienen hasta seis meses para presentar recursos a su favor si es que se consideran afectados por la decisión de alguna autoridad.</p> <p class="rtejustify"> Otra dificultad es que los plazos se extendieron fuera de la norma. La Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 fija un plazo de hasta 80 días calendario para el proceso de postulación y preselección de postulantes en el Legislativo, y de hasta 150 días calendario para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice y realice la elección judicial, la tercera en la historia de Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> “Ya estamos fuera de plazo, según el cronograma de la Ley 1549, que es una secuencia de fases. Si vamos a pretender ingresar y superamos los amparos de manera satisfactoria, antes vamos a tener que informar al pleno para que nos autorice modificar plazos y alterar varios elementos de la ley”, detalló.</p> <p class="rtejustify"> Otro frente de batalla para “salvar” las judiciales es el banco de preguntas y las denuncias de que los exámenes “se filtraron”.</p> <p class="rtejustify"> Jáuregui pidió que las instituciones que elaboraron las preguntas para los postulantes a las elecciones judiciales “digan su verdad” sobre la supuesta “filtración” de esa batería y “garanticen” que ninguna de las preguntas se haya filtrado.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Audiencia clave para el proceso </strong></p> <p class="rtejustify"> La acción popular presentada a mediados de abril en Cobija, Pando, por Yeny Dury Bautista, será dirimida en audiencia este martes. El recurso señala que el proceso no cumplió el derecho de mujeres indígenas para participar.</p> <p class="rtejustify"> Jauregui advirtió que esa acción popular amenaza paralizar de “forma definitiva” el proceso de preselección. “Es un poco más complejo porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante, se está alegando que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549”.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> Con el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales totalmente paralizado debido a al menos 12 amparos constitucionales, los legisladores buscan opciones para “salvar” el proceso mediante modificaciones a los plazos.</p> <p class="rtejustify"> El diputado Juan José Jáuregui (MAS renovador), presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara baja, señaló que el proceso de selección no puede continuar mientras no se resuelvan todos los amparos que se activaron en su contra, y también una acción popular presentada por un postulante inhabilitado en Pando.</p> <p class="rtejustify"> “Si es que se pretende abordar algún elemento del proceso de preselección, que tiene aún medidas cautelares activas, sería un absoluto despropósito. Pero aún más, la comisión ingresaría a un delito, el de desobediencia a resoluciones constitucionales”, dijo el legislador a Los Tiempos.</p> <p class="rtejustify"> “Se debe respetar la resolución constitucional, nos guste o no, hasta que se concluyan las acciones y se levanten las medidas cautelares”, ratificó.</p> <p class="rtejustify"> Hasta el 30 de abril, hay varias audiencias por los amparos presentados en distintas partes del país, y también una audiencia “clave” por la acción popular en Pando, por considerar que se vulneran los derechos de mujeres indígenas en la preselección de candidatos. Todas ellas definirán si es que el proceso puede continuar, explicó.</p> <p class="rtejustify"> Además, los candidatos judiciales inhabilitados tienen hasta seis meses para presentar recursos a su favor si es que se consideran afectados por la decisión de alguna autoridad.</p> <p class="rtejustify"> Otra dificultad es que los plazos se extendieron fuera de la norma. La Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 fija un plazo de hasta 80 días calendario para el proceso de postulación y preselección de postulantes en el Legislativo, y de hasta 150 días calendario para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice y realice la elección judicial, la tercera en la historia de Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> “Ya estamos fuera de plazo, según el cronograma de la Ley 1549, que es una secuencia de fases. Si vamos a pretender ingresar y superamos los amparos de manera satisfactoria, antes vamos a tener que informar al pleno para que nos autorice modificar plazos y alterar varios elementos de la ley”, detalló.</p> <p class="rtejustify"> Otro frente de batalla para “salvar” las judiciales es el banco de preguntas y las denuncias de que los exámenes “se filtraron”.</p> <p class="rtejustify"> Jáuregui pidió que las instituciones que elaboraron las preguntas para los postulantes a las elecciones judiciales “digan su verdad” sobre la supuesta “filtración” de esa batería y “garanticen” que ninguna de las preguntas se haya filtrado.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>Audiencia clave para el proceso </strong></p> <p class="rtejustify"> La acción popular presentada a mediados de abril en Cobija, Pando, por Yeny Dury Bautista, será dirimida en audiencia este martes. El recurso señala que el proceso no cumplió el derecho de mujeres indígenas para participar.</p> <p class="rtejustify"> Jauregui advirtió que esa acción popular amenaza paralizar de “forma definitiva” el proceso de preselección. “Es un poco más complejo porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante, se está alegando que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549”.</p> <p class="rtejustify">  </p>

Con el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales totalmente paralizado debido a al menos 12 amparos constitucionales, los legisladores buscan opciones para “salvar” el proceso mediante modificaciones a los plazos.

Con el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales totalmente paralizado debido a al menos 12 amparos constitucionales, los legisladores buscan opciones para “salvar” el proceso mediante modificaciones a los plazos.

<p class="rtejustify"> El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, denunció este viernes que la mayoría de los amparos presentados contra el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales están "amañados" para favorecer a los denunciantes.</p> <p class="rtejustify"> En contacto con la prensa, Rejas afirmó que de ocho notificaciones de amparos presentados contra el proceso -todos por postulantes que quedaron inhabilitados- , cinco ya fueron analizados en audiencia y en solo uno los vocales dieron razón al Legislativo.</p> <p class="rtejustify"> <a href="https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20240426/conflictividad-aumentara-datos-del-censo-judiciales-dicen-analistas"><strong>Lea también:&nbsp;La conflictividad aumentará por datos del censo y judiciales, dicen los analistas</strong></a></p> <p class="rtejustify"> A raíz de eso, el Presidente de la Comisión Mixta de Constitución denunció que existe un amaño entre postulantes y vocales para la definición de los amparos constitucionales y así perjudicar el desarrollo de las elecciones judiciales.</p> <p class="rtejustify"> "En algunos casos hemos visto que (los amparos) son netamente políticos y en otros son armados y en su mayoría totalmente amañados, porque tienen directa relación con los vocales y jueces, y con los que manejan el Órgano Judicial, para querer paralizar y estancar el proceso de preselección", repudió Rejas.</p> <p class="rtejustify"> A pesar de los "amparos amañados", Rejas aseveró que las decisiones de los tribunales no imponen una directa reversión de las inhabilitaciones, sino más bien una reconsideración de los casos en las Comisiones Mixtas.</p> <p class="rtejustify"> Ante esta situación, Rejas anunció la decisión de las presidencias de ambas comisiones de no participar más en estas audiencias y señaló que en las próximas horas se convocará a sesiones de las comisiones para continuar con el proceso de preselección judicial.</p>

<p class="rtejustify"> El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, denunció este viernes que la mayoría de los amparos presentados contra el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales están "amañados" para favorecer a los denunciantes.</p> <p class="rtejustify"> En contacto con la prensa, Rejas afirmó que de ocho notificaciones de amparos presentados contra el proceso -todos por postulantes que quedaron inhabilitados- , cinco ya fueron analizados en audiencia y en solo uno los vocales dieron razón al Legislativo.</p> <p class="rtejustify"> <a href="https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20240426/conflictividad-aumentara-datos-del-censo-judiciales-dicen-analistas"><strong>Lea también: La conflictividad aumentará por datos del censo y judiciales, dicen los analistas</strong></a></p> <p class="rtejustify"> A raíz de eso, el Presidente de la Comisión Mixta de Constitución denunció que existe un amaño entre postulantes y vocales para la definición de los amparos constitucionales y así perjudicar el desarrollo de las elecciones judiciales.</p> <p class="rtejustify"> "En algunos casos hemos visto que (los amparos) son netamente políticos y en otros son armados y en su mayoría totalmente amañados, porque tienen directa relación con los vocales y jueces, y con los que manejan el Órgano Judicial, para querer paralizar y estancar el proceso de preselección", repudió Rejas.</p> <p class="rtejustify"> A pesar de los "amparos amañados", Rejas aseveró que las decisiones de los tribunales no imponen una directa reversión de las inhabilitaciones, sino más bien una reconsideración de los casos en las Comisiones Mixtas.</p> <p class="rtejustify"> Ante esta situación, Rejas anunció la decisión de las presidencias de ambas comisiones de no participar más en estas audiencias y señaló que en las próximas horas se convocará a sesiones de las comisiones para continuar con el proceso de preselección judicial.</p>

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, denunció este viernes que la mayoría de los amparos presentados contra el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales están "amañados" para favorecer a los denunciantes.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, denunció este viernes que la mayoría de los amparos presentados contra el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales están &quot;amañados&quot; para favorecer a los denunciantes.

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