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Defensoría de Ecuador reporta muertes violentas de presos en cárceles bajo control militar
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Así también, existen alertas <span class="busqueda_resaltada">del</span> deceso de PPL (personas privadas de libertad) con signos de desnutrición".</p> <p class="rtejustify"> Ese registro corresponde al primero de los tres meses que duró el estado de excepción que Noboa decretó a nivel nacional contra las bandas criminales, y cuya declaración de "conflicto armado interno" se mantiene vigente, con la que el Gobierno ha pasado a denominar a estos grupos como terroristas y actores beligerantes no estatales.</p> <p class="rtejustify"> "<span class="busqueda_resaltada">De</span> la información recopilada por parte de familiares, personas privadas de libertad, medios de comunicación y sociedad civil, se identificó el incremento de fallecidos en los CPL (centros de privación de libertad), los mismos se encuentran bajo custodia de las Fuerzas Armadas", manifestó la <span class="busqueda_resaltada"><span class="busqueda_resaltada">De</span>fensoría</span>.</p> <p class="rtejustify"> La institución que vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales en Ecuador señaló que se encuentra realizando un seguimiento permanente a las cárceles de las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi, Sucumbíos y Napo, en las cuales desde el 1 de mayo se suspendió el servicio de alimentación.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, se hizo eco de los reportes periodísticos que advierten de que la suspensión <span class="busqueda_resaltada">del</span> servicio de alimentación se extienda a la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, donde se encuentra el mayor complejo carcelarios <span class="busqueda_resaltada">del</span> país, que con alrededor de 12.000 reclusos, una tercera parte aproximadamente de la población penitenciaria <span class="busqueda_resaltada">del</span> país.</p> <p class="rtejustify"> "Las autoridades tenían conocimiento sobre el posible riesgo de incidentes en los centros por problemas en la alimentación", apuntó la <span class="busqueda_resaltada"><span class="busqueda_resaltada">De</span>fensoría</span>.</p> <p class="rtejustify"> Este mismo miércoles la plataforma SOS Cárceles Ecuador denunció la presunta muerte de un recluso de la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, por supuesta malnutrición, una información que hasta el momento no ha sido confirmada ni tampoco desmentida por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria <span class="busqueda_resaltada">del</span> Estado.</p> <p class="rtejustify"> El Gobierno ha atribuido la suspensión <span class="busqueda_resaltada">del</span> servicio de alimentación a una presunto vínculo de la empresa proveedora con el crimen organizado, mientras que la compañía ha señalado en medios de comunicación que registra una importante deuda <span class="busqueda_resaltada">del</span> Estado.</p> <p class="rtejustify"> En algunas cárceles los familiares de los presos se han organizado para recoger donaciones y proveer de alimentos a sus parientes recluidos.</p> <p class="rtejustify"> Las prisiones de Ecuador son uno de los epicentros de la crisis de violencia de Ecuador al haber estado muchas de ellas controladas por las bandas criminales, por lo que Noboa pasó a militarizarlas cuando decretó a inicios de año el estado de excepción a nivel nacional.</p> <p class="rtejustify"> Entre 2020 y 2023 fueron asesinados dentro de ellas más de 500 presos, la mayoría en una serie de cruentas masacres carcelarias por disputas entre bandas rivales.</p> <p class="rtejustify"> A estas bandas, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar entre los primeros países de Latinoamérica con más homicidios, con una tasa de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).</p> <p class="rtejustify"> Hasta el momento Noboa ha cerrado filas en torno a las fuerzas estatales frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante lo que el jefe de Estado ha denominado como una "guerra" al crimen organizado.</p> <p class="rtejustify"> El lunes, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, rechazó la carta remitida por la organización Human Rights Watch (HRW) a Noboa en la que le expresaba que sus evaluaciones sobre ese primer estado de excepción determinaron que la declaración de "conflicto armado interno" no está suficientemente motivada y que esa medida contribuyó a serias violaciones de los derechos humanos.</p>
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