<p class="rtejustify"> Durante el segundo trimestre del 2024 en Bolivia se registraron 48 bloqueo de caminos por distintas demandas y la Defensoría del Pueblo llamó a las autoridades a mejorar la "gestión de conflictos" para evitar que los distintos sectores lleguen a aplicar ese tipo de medidas extremas.</p> <p class="rtejustify"> Este lunes, la Defensoría del Pueblo presentó su segundo Informe de Conflictividad en Bolivia y muestra que el bloqueo de caminos es la medida de presión más utilizada.</p> <p class="rtejustify"> En ese sentido, el informe da cuenta que el segundo trimestre del 2024, además de los 48 bloqueos de caminos, también hubo cuarenta y cinco marchas, treinta y nueve estados de emergencia, trece enfrentamientos y 10 tomas de instalaciones, entre otros.</p> <p class="rtejustify"> En ese sentido, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, hizo hincapié que este reporte evidencia que el Estado debe mejorar sus mecanismos de gestión de la conflictividad.</p> <p class="rtejustify"> "Hay la necesidad de mejorar los mecanismos de gestión de conflictividad, como única forma de resolver estos conflictos, estas demandas de la sociedad. Este es un mensaje claro hacia el Estado, para que, oportunamente, se puedan gestionar estas demandas sociales, que pueden tener cierta legitimidad, pero el momento en que se traducen en una medida de presión, implica que no hubo una atención oportuna por parte del Estado", observó Callisaya.</p> <p class="rtejustify"> En esa línea, la autoridad defensorial cuestionó que se esté "priorizando la represión antes que el acuerdo" ante los diferentes hechos de conflictividad que se suscitan.</p> <p class="rtejustify"> En la presentación del Informe defensorial, Callisaya develó también que, en el segundo trimestre de 2024, se han registrado en el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) 171 hechos de conflictividad en los cuales se cuenta con 119 conflictos sociales como tal y 52 alertas tempranas.</p> <p class="rtejustify"> El Defensor del Pueblo detalló que, de los 171 conflictos registrados, el departamento de La Paz reporta 41 hechos de conflictividad, siendo el que mayor cantidad de demandas registra, seguido de los departamentos de Cochabamba con 27, Potosí con 25, Chuquisaca con 23, Santa Cruz con 21, Beni con 20, Tarija con 10, Oruro 3 y Pando 1.</p>

<p class="rtejustify"> Durante el segundo trimestre del 2024 en Bolivia se registraron 48 bloqueo de caminos por distintas demandas y la Defensoría del Pueblo llamó a las autoridades a mejorar la "gestión de conflictos" para evitar que los distintos sectores lleguen a aplicar ese tipo de medidas extremas.</p> <p class="rtejustify"> Este lunes, la Defensoría del Pueblo presentó su segundo Informe de Conflictividad en Bolivia y muestra que el bloqueo de caminos es la medida de presión más utilizada.</p> <p class="rtejustify"> En ese sentido, el informe da cuenta que el segundo trimestre del 2024, además de los 48 bloqueos de caminos, también hubo cuarenta y cinco marchas, treinta y nueve estados de emergencia, trece enfrentamientos y 10 tomas de instalaciones, entre otros.</p> <p class="rtejustify"> En ese sentido, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, hizo hincapié que este reporte evidencia que el Estado debe mejorar sus mecanismos de gestión de la conflictividad.</p> <p class="rtejustify"> "Hay la necesidad de mejorar los mecanismos de gestión de conflictividad, como única forma de resolver estos conflictos, estas demandas de la sociedad. Este es un mensaje claro hacia el Estado, para que, oportunamente, se puedan gestionar estas demandas sociales, que pueden tener cierta legitimidad, pero el momento en que se traducen en una medida de presión, implica que no hubo una atención oportuna por parte del Estado", observó Callisaya.</p> <p class="rtejustify"> En esa línea, la autoridad defensorial cuestionó que se esté "priorizando la represión antes que el acuerdo" ante los diferentes hechos de conflictividad que se suscitan.</p> <p class="rtejustify"> En la presentación del Informe defensorial, Callisaya develó también que, en el segundo trimestre de 2024, se han registrado en el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) 171 hechos de conflictividad en los cuales se cuenta con 119 conflictos sociales como tal y 52 alertas tempranas.</p> <p class="rtejustify"> El Defensor del Pueblo detalló que, de los 171 conflictos registrados, el departamento de La Paz reporta 41 hechos de conflictividad, siendo el que mayor cantidad de demandas registra, seguido de los departamentos de Cochabamba con 27, Potosí con 25, Chuquisaca con 23, Santa Cruz con 21, Beni con 20, Tarija con 10, Oruro 3 y Pando 1.</p>

Durante el segundo trimestre del 2024 en Bolivia se registraron 48 bloqueo de caminos por distintas demandas y la Defensoría del Pueblo llamó a las autoridades a mejorar la "gestión de conflictos" para evitar que los distintos sectores lleguen a aplicar ese tipo de medidas extremas.

Durante el segundo trimestre del 2024 en Bolivia se registraron 48 bloqueo de caminos por distintas demandas y la Defensoría del Pueblo llamó a las autoridades a mejorar la &quot;gestión de conflictos&quot; para evitar que los distintos sectores lleguen a aplicar ese tipo de medidas extremas.

public://media_imagen/2024/5/21/9_me_2_jamesssssss_0.jpg

<p class="rtejustify"> La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su total repudio a los bloqueos que se registran en Bolivia, destacando que estos representan una pérdida de 50 millones de dólares por día. Ante esta situación, la CNI plantea un proyecto de ley que impondría penas de hasta ocho años de prisión para quienes promuevan tales medidas de presión.</p> <p class="rtejustify"> "Las pérdidas por bloqueos superan a nivel nacional los 50 millones de dólares por día. En los últimos 14 años, de 2010 a 2023, se realizaron más de 2,400 bloqueos en carreteras tanto en áreas rurales como urbanas del país, lo que equivale a la pérdida de producción de tres años del Producto Interno Bruto", señala un comunicado de la CNI.</p> <p class="rtejustify"> En este contexto, la CNI propone un proyecto de ley para modificar el Código Penal, tipificando los bloqueos que atenten contra la seguridad y el funcionamiento de servicios públicos o que obstruyan vías públicas, poniendo en riesgo la vida y salud de la población. La propuesta sugiere penas privativas de libertad de hasta ocho años para los responsables.</p> <p class="rtejustify"> "Los industriales de Bolivia exhortan a las autoridades públicas del poder Ejecutivo y Legislativo a viabilizar la propuesta de sanción penal a los bloqueadores, con el fin de evitar un mayor deterioro de la economía nacional, de las familias afectadas y de la sostenibilidad de las empresas", enfatiza la CNI.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, la entidad manifestó su rechazo a los avasallamientos, considerando que vulneran el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución Política del Estado, y generan un estado de "zozobra" entre los empresarios que apuestan por el país.</p> <p> &nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su total repudio a los bloqueos que se registran en Bolivia, destacando que estos representan una pérdida de 50 millones de dólares por día. Ante esta situación, la CNI plantea un proyecto de ley que impondría penas de hasta ocho años de prisión para quienes promuevan tales medidas de presión.</p> <p class="rtejustify"> "Las pérdidas por bloqueos superan a nivel nacional los 50 millones de dólares por día. En los últimos 14 años, de 2010 a 2023, se realizaron más de 2,400 bloqueos en carreteras tanto en áreas rurales como urbanas del país, lo que equivale a la pérdida de producción de tres años del Producto Interno Bruto", señala un comunicado de la CNI.</p> <p class="rtejustify"> En este contexto, la CNI propone un proyecto de ley para modificar el Código Penal, tipificando los bloqueos que atenten contra la seguridad y el funcionamiento de servicios públicos o que obstruyan vías públicas, poniendo en riesgo la vida y salud de la población. La propuesta sugiere penas privativas de libertad de hasta ocho años para los responsables.</p> <p class="rtejustify"> "Los industriales de Bolivia exhortan a las autoridades públicas del poder Ejecutivo y Legislativo a viabilizar la propuesta de sanción penal a los bloqueadores, con el fin de evitar un mayor deterioro de la economía nacional, de las familias afectadas y de la sostenibilidad de las empresas", enfatiza la CNI.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, la entidad manifestó su rechazo a los avasallamientos, considerando que vulneran el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución Política del Estado, y generan un estado de "zozobra" entre los empresarios que apuestan por el país.</p> <p>  </p>

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su total repudio a los bloqueos que se registran en Bolivia, destacando que estos representan una pérdida de 50 millones de dólares por día. Ante esta situación, la CNI plantea un proyecto de ley que impondría penas de hasta ocho años de prisión para quienes promuevan tales medidas de presión.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su total repudio a los bloqueos que se registran en Bolivia, destacando que estos representan una pérdida de 50 millones de dólares por día. Ante esta situación, la CNI plantea un proyecto de ley que impondría penas de hasta ocho años de prisión para quienes promuevan tales medidas de presión.