Falta de normativa frena combate al contrabando de alimentos en Bolivia
Mientras la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) asegura que vende suficiente arroz para satisfacer la demanda local, autoridades gubernamentales atribuyen el encarecimiento del producto a la escasez relativa causada por su exportación ilegal. A pesar de que la necesidad de una normativa específica para enfrentar este problema era evidente hace 15 meses, aún no se ha implementado.
“Emapa sigue trabajando arduamente para garantizar el abastecimiento de productos básicos a la población boliviana”, afirmó ayer su gerente general, Franklin Flores. Añadió que, hasta la fecha, se han comercializado más de 660 mil quintales de arroz en el país.
Por su parte, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, sostuvo que el acopio ilegal de arroz y su desvío hacia Brasil, Argentina y Perú están provocando desabastecimiento en el mercado interno. “Se ha realizado un seguimiento a posibles puntos de fuga al exterior del arroz. Este desvío, motivado principalmente por los precios, está afectando el abastecimiento interno”, advirtió en conferencia de prensa.
El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, también explicó a la televisora Cadena A que el contrabando de arroz está impulsado por la diferencia de precios de productos alimenticios entre Bolivia y los países vecinos, donde estos son más caros.
El 12 de junio, el entonces viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, señaló que actualmente no existe una normativa que regule el tránsito de productos alimenticios nacionales en las zonas fronterizas. Jorge Silva enfatizó la necesidad urgente de esta normativa y mencionó que una propuesta en este sentido lleva meses estancada.
No es la primera vez que las autoridades del Gobierno se refieren a la falta de una normativa específica. El 28 de mayo del año pasado, la estatal Agencia Boliviana de Información reportó que el viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, declaró que en la lucha contra el contrabando de exportación se habían identificado “vacíos legales”, y que una comisión interinstitucional estaba trabajando en “corregir la normativa” y fortalecer la lucha contra este ilícito.
