Veinte años después

Sí. Como la novela de Alejandro Dumas, continuación de Los tres mosqueteros. Sólo que no es novela ni trata de tres mosqueteros, sino de una travesía de ocho ciudadanos conduciendo la nave prefectural de Potosí entre el 28 de octubre de 2003 y el 13 de junio de 2005.

Tal tarea sorteó los riesgos de la turbulencia de las aguas de la política boliviana, cuya dimensión cuantifica César Rojas Ríos en el estudio Conflictividad en Bolivia, que publicó en 2015: 52 conflictos nuevos por mes, en total 1.042 según Roberto Laserna en un estudio de 2013.

En esas aguas agitadas por la violenta la estrategia de ocupación de la República de Bolivia por quienes después la sofocaron con el engendro llamado “pluriestado” –equivalente a la nada–, el equipo encargado de la dirección superior de la prefectura potosina, aquellos intensos 590 días, estuvo conformado por Gisela Derpic, Félix Muruchi, Carmen Rosa Pereira, Limbert Paredes, Daly Santamaría, José Luis Pacheco, Ruth Velasco –quien renunció por razones personales, sucediéndole en el cargo Lourdes Tapia– y Julio Romero. Prefecta y directores general, administrativa y financiera, de medio ambiente y recursos naturales, de desarrollo social, de infraestructura, de desarrollo productivo y jurídico respectivamente.

En el libro 590 días de travesía prefectural, escrito por la exprefecta, publicado por la editorial Kipus en 2011, se ponen en evidencia los principios rectores de la gestión de la principal institución pública de Potosí:

• Sujeción estricta a la moral pública y a la ley. Se actuó con austeridad, honradez y eficiencia, bajo la convicción de que el patrimonio público debe ser celosamente cuidado. De allí se derivó la actualización y complementación de la normativa institucional para contar con reglas claras y pertinentes, velándose por el cumplimiento de las condiciones de validez de los actos administrativos y los plazos de presentación de informes y estados financieros.
• Apego a la verdad. Siempre se habló con la verdad. Por eso, la palabra de las autoridades en función aquel tiempo fue valiosa y la gente creyó en ella.
• Transparencia, no publicidad. La socialización de información acerca de las actividades, sus logros y dificultades, se hizo sólo en contactos y conferencias de prensa, y en reuniones con instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
• Devolución de los problemas a la gente. Se hizo a los municipios y organizaciones de la sociedad civil partícipes en la búsqueda y aplicación de soluciones a los problemas. Pedagogía intensa.
• Estilo democrático de dirección. Se delegaron funciones bajo los siguientes criterios: “zapatero a tus zapatos”, “asesorarse de letrado”, “el tiempo vale oro”, “por sus frutos los conoceréis” y “confianza en la modestia de los recursos”.

Años de restricción financiera por la baja de los precios internacionales de los minerales. Ante ello, se logró recursos de donación extraordinarios, tanto, que en 2004 la ejecución presupuestaria de inversión fue de 124%. La explicación la expresó un alto funcionario de la cooperación española: la gestión prefectural de Potosí era muy eficiente, moralmente creíble y tenía demanda clara y sustentada en una visión estratégica. No era poco.

Con base en ese bagaje de fortalezas se llevó adelante la institucionalización de personal y la promulgación del Código de Ética del Funcionario Prefectural, incorporándose al 66% de los funcionarios a la carrera del Servicio Civil, con elevación general de su autoestima y de la calidad de su desempeño. La ética se incorporó como factor transversal de la función prefectural. Ese proceso se extendió a los servicios de educación, salud y caminos del departamento.

Se logró mitigar la contaminación –como efecto de la minería– del río Pilcomayo, a cero costo para la Prefectura, promoviendo el compromiso activo de los propietarios de ingenios mineros de la ciudad de Potosí en tareas a su costa.

Se diseñó participativamente una estrategia quinquenal de inversión con los consejeros departamentales, alcaldes y concejales de los municipios de las cinco regiones del departamento, que quedó trunca desde junio de 2005.

Se avanzó en la electrificación rural con recursos de donación del orden del 50%, aportes municipales y de Servicios Eléctricos Potosí S.A. –en el cual la Prefectura era accionista–, sin afectar los recursos prefecturales ordinarios.

En el epílogo de 590 días de travesía prefectural se hacen dos constataciones opuestas. Una: objetivos claros, un equipo competente, que contagia entusiasmo a los actores sociales, garantiza el éxito. Otra: el predominio del populismo autoritario lleva al fracaso.

Lo patentizó un diputado del norte de Potosí, ingeniero masista, cuando exigió la inclusión en el POA de un proyecto de carretera pavimentada en su región. “No tenemos un camino de primer nivel para bloquear”, argumentó.

Esa es la lógica que se impuso desde 2006, derrotando al buen sentido y a la opción democrática. Es tiempo de revertir esa condena que Bolivia no se merece, que sus hijos de bien no merecen.

Por eso, ¡ánimo y vamos adelante!

La autora es abogada