Sin igualdad ante la ley no hay justicia

Hace pocos días se suscitó un hecho de dramatismo mayor en Tarija, viralizado en los medios de comunicación y las redes sociales. La crónica de Ariel Melgar en el El Deber, de Santa Cruz el 29 de junio, “¿Quién me devuelve mi juventud? Liberan a Richard Mamani tras pasar nueve años preso por una violación que no cometió”, da cuenta de que “A los 19 años, Richard Mamani Martínez fue encerrado en la cárcel de Morros Blancos acusado de un crimen que no cometió.

Hoy, nueve años después, sale a la luz como símbolo de una de las más graves fallas del sistema judicial boliviano: fue condenado a 25 años de prisión por una violación que, según se comprobó, fue cometida por otro hombre –el esposo de la hermana de la víctima– y no por él”.

Informa Melgar que, en julio de 2016, en Villa Charcas, Chuquisaca, una niña de 12 años, víctima de violación, culpó falsamente del hecho a su primo Richard, por presión de su familia para encubrir a su cuñado, verdadero autor del delito. Guardó silencio hasta que “en 2023, se armó de valor, acudió a la plaza Luis de Fuentes en Tarija y confesó públicamente que su acusación inicial fue manipulada”.

Esa declaración fue el punto de quiebre que reabrió el caso. A pesar de que el verdadero autor fue sentenciado en febrero de este año, Richard seguía tras las rejas. “Ahora Richard no busca venganza, pero exige justicia completa: que quienes lo incriminaron falsamente enfrenten consecuencias y que se tomen medidas para que nadie más viva el infierno que él atravesó”.

Este caso no es único; es uno entre decenas, sino centenas en Bolivia. Pone en cuestión la política oficial de protección a las mujeres de la violencia que desemboca en la cancelación de los derechos y garantías de los varones, por ser tales, rompiendo el principio de igualdad ante la ley. Todo al influjo de ciertas corrientes hegemónicas de opinión afincadas en organismos internacionales que definen las agendas de los estados, causa del incremento del hacinamiento carcelario.

No en vano han pasado a ser los procesos por violencia de género la primera causa de prisión en el país, desplazando a las de narcotráfico. 

Richard no gozó de la presunción de inocencia, pero la denuncia de la prima en su contra sí tuvo la de veracidad asignada a las declaraciones de las mujeres (igual que las de los niños), bajo el supuesto de que ellas no mienten, agravándose así la situación del joven de 19 años sometido en desventaja a la maquinaria del poder punitivo del Estado dada la ideología antidemocrática y vulneradora de los derechos humanos que subyace en las leyes que rigen la materia, con la cual se “capacita” a los fiscales para que, bajo amenaza de sanción, logren la condena de los “machistas violentos” en todos los casos y de cualquier manera. Así sea a costa de la justicia.

Se añaden a ello dos factores: por una parte, la sobrecarga procesal en materia de violencia de género –señal del fracaso de la política aplicada en esta materia– que reduce el trabajo del Ministerio Público a la exhibición de la denuncia como prueba plena y concluyente, y a su férrea oposición a la producción de cuanta prueba pretenda el procesado, restringiéndose su derecho a la defensa. Por otra, la manifiesta incompetencia de muchos fiscales y jueces.

El broche de oro es la resolución de los casos con perspectiva de género, fomentada con surreales “concursos de sentencias”. Así, la función del Poder Judicial ya no es administrar justicia, sino –en la jerga fascista usual de las organizaciones feministas, y otras, gubernamentales y privadas– “el disciplinamiento” de los varones a la medida buscada por el fanatismo.

Richard Mamani Martínez fue una víctima de este sistema descompuesto. Lo condenó un tribunal de sentencia de Camargo con base sólo en la denuncia “sin haberse hecho una investigación seria, ni siquiera la prueba forense”, como afirma el padre Miguel Sotelo, responsable de la Pastoral Penitenciaria de Tarija, único apoyo de esta víctima en la injusta condena que lo encerró nueve años en el penal de Morros Blancos, de Tarija. Allí sufrió en carne propia el infierno en un recinto penitenciario convertido como todos en un componente más de la organización criminal campante en el país.

La revisión extraordinaria de su sentencia condenatoria, lograda gracias al apoyo de esa Pastoral, derivó en la absolución de Richard. Que con ella su vida tenga un nuevo comienzo y encuentre la felicidad a la que todo ser humano tiene derecho.

No se puede omitir una nueva acusación contra la administración de INJUSTICIA a propósito de este caso: entre febrero y junio de 2025 hubo dos varones condenados y en prisión por el mismo delito. Otra aberración del experimento “plurinacional” que debe terminar con el retorno a la democracia y el Estado de derecho, cambiando las leyes injustas y reformando la justicia.

Las víctimas como Richard tendrían que organizarse y tener un impacto desde la sociedad como parte de una tarea compleja e ineludible que todos debemos encarar.

La autora es abogada