<p class="rtejustify"> Toda sociedad enfrenta problemas que obstaculizan su desarrollo y ponen a prueba su capacidad de alcanzar metas colectivas. Algunas tensiones se disipan con rapidez y quedan como episodios pasajeros; otras, en cambio, se enquistan cuando la acción política no logra encauzarlas hacia soluciones efectivas. En estos casos, los conflictos permanecen vivos en el tiempo, se acumulan y terminan erosionando la convivencia social.</p> <p class="rtejustify"> La experiencia boliviana muestra con claridad que los problemas no resueltos tienden a reaparecer bajo nuevas formas, pero con la misma carga de frustración y violencia.</p> <p class="rtejustify"> En el país, el conflicto social se ha convertido en un agobio recurrente. Los impulsos propositivos que deberían orientarse a la construcción de respuestas viables suelen quedarse en formulaciones teóricas alejadas de la práctica democrática</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;Políticas de diverso orden, sociales o económicas, terminan atrapadas en la lógica de la confrontación, no por falta de ideas, sino por la incapacidad de razonar colectivamente y arribar al diálogo. Cuando las posiciones de los sectores sociales y de las autoridades divergen sin canales de mediación, el desacuerdo degenera en conflicto abierto y, con frecuencia, en violencia.</p> <p class="rtejustify"> Desde inicios del siglo XXI, Bolivia ha vivido episodios especialmente cruentos. La llamada “guerra del agua” del año 2000 dejó cientos de heridos y una víctima fatal; febrero de 2003 derivó en enfrentamientos entre policías y militares con decenas de muertos; y los sucesos de octubre del mismo año concluyeron con la renuncia presidencial tras más de sesenta fallecidos.</p> <p class="rtejustify"> Estos hechos revelaron un patrón constante: la ausencia de diálogo previo y el uso tardío o ineficaz de mecanismos políticos para procesar el conflicto.</p> <p class="rtejustify"> Es más, el año 2019 reactivó memorias dolorosas. La caída de Evo Morales y el gobierno de transición encabezado por Jeanine Áñez estuvieron marcados por operativos de fuerza que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), causaron la muerte de treinta personas.</p> <p class="rtejustify"> Posteriormente, la presidencia de Luis Arce también enfrentó conflictos de alta intensidad, entre ellos el paro de 36 días en Santa Cruz y las movilizaciones posteriores a diciembre de 2022, con decenas de heridos y cuatro fallecidos. La constante no ha sido la ideología de turno, sino la dificultad estructural para prevenir el conflicto mediante el consenso.</p> <p class="rtejustify"> Y así, el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira no escapa a esta lógica. En los primeros meses de su mandato ya enfrenta conflictos significativos: la oposición de la Central Obrera Boliviana al Decreto Supremo 5503 sobre la subvención a los combustibles, las tensiones en torno al proyecto hidrocarburífero Domo Oso X3 en Tariquía y la polémica ley antibloqueos.</p> <p class="rtejustify"> Cada uno de estos casos evidencia que, cuando el diálogo no precede a la decisión política, la respuesta social se traduce en protestas, bloqueos y un impacto negativo en la economía y la estabilidad.</p> <p class="rtejustify"> Estos ejemplos confirman que el diálogo previo al conflicto no es un recurso retórico, sino un instrumento esencial de gobernabilidad democrática. La ausencia de una metodología orientada a generar consensos deja como única salida la coerción legal o el uso de la fuerza, ambos de carácter externo y reactivo.</p> <p class="rtejustify"> En este punto, la advertencia clásica de Horacio conserva plena vigencia: “¿De qué sirven las leyes sanas sin buenas costumbres?”. Sin una cultura política del diálogo, la norma se vuelve insuficiente y el orden, frágil.</p> <p class="rtejustify"> La historia boliviana está atravesada por estas sombras. Si el actual gobierno pretende transitar del desorden al orden democrático, institucionalizar la política y dejar atrás prácticas autoritarias, el diálogo debe convertirse en su principal herramienta.</p> <p class="rtejustify"> Como advierte Alberto Valencia Gutiérrez, no hay diálogo cuando se descalifica de antemano al adversario ni cuando se niega la legitimidad del interlocutor; tampoco lo hay sin una actitud crítica frente a la propia posición. El reconocimiento del otro exige autocrítica.</p> <p class="rtejustify"> En suma, el debate político no debe orientarse a la imposición ni a la aniquilación retórica del oponente, sino a la búsqueda de una verdad compartida que permita convivir en la diferencia. Solo así el conflicto dejará de ser un destino inevitable y podrá convertirse en una oportunidad para fortalecer la democracia.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong><em>El autor es docente-investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS</em></strong></p>

<p class="rtejustify"> Toda sociedad enfrenta problemas que obstaculizan su desarrollo y ponen a prueba su capacidad de alcanzar metas colectivas. Algunas tensiones se disipan con rapidez y quedan como episodios pasajeros; otras, en cambio, se enquistan cuando la acción política no logra encauzarlas hacia soluciones efectivas. En estos casos, los conflictos permanecen vivos en el tiempo, se acumulan y terminan erosionando la convivencia social.</p> <p class="rtejustify"> La experiencia boliviana muestra con claridad que los problemas no resueltos tienden a reaparecer bajo nuevas formas, pero con la misma carga de frustración y violencia.</p> <p class="rtejustify"> En el país, el conflicto social se ha convertido en un agobio recurrente. Los impulsos propositivos que deberían orientarse a la construcción de respuestas viables suelen quedarse en formulaciones teóricas alejadas de la práctica democrática</p> <p class="rtejustify">  Políticas de diverso orden, sociales o económicas, terminan atrapadas en la lógica de la confrontación, no por falta de ideas, sino por la incapacidad de razonar colectivamente y arribar al diálogo. Cuando las posiciones de los sectores sociales y de las autoridades divergen sin canales de mediación, el desacuerdo degenera en conflicto abierto y, con frecuencia, en violencia.</p> <p class="rtejustify"> Desde inicios del siglo XXI, Bolivia ha vivido episodios especialmente cruentos. La llamada “guerra del agua” del año 2000 dejó cientos de heridos y una víctima fatal; febrero de 2003 derivó en enfrentamientos entre policías y militares con decenas de muertos; y los sucesos de octubre del mismo año concluyeron con la renuncia presidencial tras más de sesenta fallecidos.</p> <p class="rtejustify"> Estos hechos revelaron un patrón constante: la ausencia de diálogo previo y el uso tardío o ineficaz de mecanismos políticos para procesar el conflicto.</p> <p class="rtejustify"> Es más, el año 2019 reactivó memorias dolorosas. La caída de Evo Morales y el gobierno de transición encabezado por Jeanine Áñez estuvieron marcados por operativos de fuerza que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), causaron la muerte de treinta personas.</p> <p class="rtejustify"> Posteriormente, la presidencia de Luis Arce también enfrentó conflictos de alta intensidad, entre ellos el paro de 36 días en Santa Cruz y las movilizaciones posteriores a diciembre de 2022, con decenas de heridos y cuatro fallecidos. La constante no ha sido la ideología de turno, sino la dificultad estructural para prevenir el conflicto mediante el consenso.</p> <p class="rtejustify"> Y así, el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira no escapa a esta lógica. En los primeros meses de su mandato ya enfrenta conflictos significativos: la oposición de la Central Obrera Boliviana al Decreto Supremo 5503 sobre la subvención a los combustibles, las tensiones en torno al proyecto hidrocarburífero Domo Oso X3 en Tariquía y la polémica ley antibloqueos.</p> <p class="rtejustify"> Cada uno de estos casos evidencia que, cuando el diálogo no precede a la decisión política, la respuesta social se traduce en protestas, bloqueos y un impacto negativo en la economía y la estabilidad.</p> <p class="rtejustify"> Estos ejemplos confirman que el diálogo previo al conflicto no es un recurso retórico, sino un instrumento esencial de gobernabilidad democrática. La ausencia de una metodología orientada a generar consensos deja como única salida la coerción legal o el uso de la fuerza, ambos de carácter externo y reactivo.</p> <p class="rtejustify"> En este punto, la advertencia clásica de Horacio conserva plena vigencia: “¿De qué sirven las leyes sanas sin buenas costumbres?”. Sin una cultura política del diálogo, la norma se vuelve insuficiente y el orden, frágil.</p> <p class="rtejustify"> La historia boliviana está atravesada por estas sombras. Si el actual gobierno pretende transitar del desorden al orden democrático, institucionalizar la política y dejar atrás prácticas autoritarias, el diálogo debe convertirse en su principal herramienta.</p> <p class="rtejustify"> Como advierte Alberto Valencia Gutiérrez, no hay diálogo cuando se descalifica de antemano al adversario ni cuando se niega la legitimidad del interlocutor; tampoco lo hay sin una actitud crítica frente a la propia posición. El reconocimiento del otro exige autocrítica.</p> <p class="rtejustify"> En suma, el debate político no debe orientarse a la imposición ni a la aniquilación retórica del oponente, sino a la búsqueda de una verdad compartida que permita convivir en la diferencia. Solo así el conflicto dejará de ser un destino inevitable y podrá convertirse en una oportunidad para fortalecer la democracia.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong><em>El autor es docente-investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS</em></strong></p>