Cochabamba frente a la violencia de género
El amanecer ocultó un horror inimaginable: en mayo de 2023, la policía descubrió los restos descuartizados de Rosa C. V., de cuarenta y cinco años, dentro de una heladera. La víctima había sido violada y asesinada con una crueldad escalofriante. Este feminicidio estremeció a Cochabamba y expuso, una vez más, la gravedad de la violencia de género. Las cifras reafirman la dimensión del problema.
En 2024, Cochabamba se consolidó como el tercer departamento con más denuncias de violencia contra la mujer en Bolivia; sólo hasta noviembre de ese año se registraron 7.033 casos –un acumulado que supera los setenta mil hechos desde 2013– y diecisiete feminicidios, lo que la posiciona en el segundo lugar nacional en incidencias de asesinatos machistas. Las autoridades advierten que la violencia contra las mujeres no cede: por el contrario, muestra patrones de creciente agresividad, como evidencian casos recientes de extrema brutalidad. Cochabamba figura históricamente entre las regiones más peligrosas para ser mujer en Bolivia. Ya en 2015, 26 de los 60 feminicidios ocurridos en el país tuvieron lugar en este departamento, una tendencia que persiste. Frente a esta realidad, cabe preguntarse: ¿qué origina y agrava la violencia de género en Cochabamba, y qué se está haciendo –o dejando de hacer– para combatirla?
Una realidad escalofriante y compleja
La violencia de género en Cochabamba atraviesa todos los estratos y localidades. Se manifiesta principalmente en el espacio privado: el hogar. De hecho, la forma de violencia más denunciada es la familiar o doméstica, que constituye cerca del 80 por ciento de todos los casos registrados bajo la Ley 348 en Bolivia. Según datos de la Fiscalía Especializada en Razón de Género, durante 2022 se atendieron 47.213 hechos de violencia contra mujeres a nivel nacional, de los cuales 43.011 fueron casos de maltrato intrafamiliar. Le siguieron, a gran distancia, delitos sexuales: 6.206 denuncias por violación de niños, niñas y adolescentes, 5.812 por abuso sexual y 5.696 por violación contra personas adultas.
Estos números evidencian que la mayor amenaza para las mujeres suele estar en su propio círculo familiar. Cochabamba reportó 8.333 denuncias a ese total anual, ocupando el tercer lugar por departamentos (tras Santa Cruz y La Paz). Aunque las estadísticas son frías, detrás de cada denuncia hay un rostro y una historia: mujeres agredidas físicamente, sobrevivientes de violación, niñas ultrajadas o amenazadas en lo que debería ser su entorno seguro.
Factores culturales y sociales: patriarcado y normalización. Expertos señalan que Cochabamba arrastra matrices históricas de desigualdad de género que alimentan la violencia actual. La sociedad cochabambina –como la boliviana en general– se cimienta sobre estructuras patriarcales de larga data, heredadas desde la colonia e internalizadas en la vida cotidiana. Estas estructuras reproducen asimetrías de poder entre hombres y mujeres y han naturalizado conductas machistas en el ámbito familiar, laboral y comunitario.
Muchas mujeres crecen escuchando que deben “aguantar por el bien del hogar”; los hombres, por su parte, son educados bajo roles tradicionales que a veces justifican el control y hasta la agresión como formas de “disciplina” u “honor”. Un estudio antropológico local con trabajadoras del aseo urbano de Cochabamba reveló que varias habían soportado años de violencia doméstica por dependencia económica o presión social, y que sólo reaccionaron cuando la situación se volvió insostenible. La histórica división sexual del trabajo –que relegó a la mujer al espacio doméstico sin autonomía financiera– contribuyó a que muchas toleren abusos físicos y psicológicos en silencio. Si el esposo era el proveedor, la mujer se sentía obligada a “no hacerle problemas”, aun a costa de su integridad. Esta dinámica sigue vigente en sectores populares donde las oportunidades para las mujeres son escasas.
La normalización de la violencia es otro factor insidioso. En no pocos hogares cochabambinos, los gritos, insultos o golpes se han visto como “asuntos de familia” que no deben salir a la luz. Estudios y activistas indican que muchas víctimas no denuncian por miedo al estigma o por desconfianza en las autoridades, lo que crea un círculo vicioso de silencio e impunidad. Por ejemplo, madres de niñas abusadas suelen callar la agresión ante la falta de recursos económicos o apoyo institucional para enfrentarse al agresor. A veces sólo se busca ayuda cuando el daño llega a extremos irreversibles.
Durante el Covid-19, el confinamiento agravó esta situación: el hogar se volvió una trampa mortal para numerosas mujeres. Entre marzo y abril de 2020, en plena cuarentena, la prensa local reportó un incremento explosivo de denuncias; en sólo veintitrés días de confinamiento se registraron 545 casos de violencia familiar atendidos por la policía a nivel nacional, y cuarenta y tres menores fueron víctimas de violación.
La combinación de aislamiento, estrés económico y convivencia forzada con el agresor desató una “pandemia en la sombra” de violencia machista. Estos hechos revelan la fragilidad de muchas familias ante crisis externas, pero también la urgencia de no considerar la violencia de género como un problema privado o coyuntural. Es un fenómeno estructural, sostenido por creencias machistas arraigadas –como la idea de que el hombre tiene derecho a “corregir” a la mujer– y por una tolerancia social que tiende a minimizar las agresiones “mientras no sean graves”. Combatir esa mentalidad requiere un profundo cambio cultural, un desafío generacional en el que ya trabajan colectivos locales inspirados por la cuarta ola feminista y movimientos globales como #NiUnaMenos. Sin embargo, la concientización lleva tiempo y las víctimas necesitan respuestas inmediatas.
Vulnerabilidades económicas y desigualdad urbana
La violencia de género atraviesa todas las clases sociales, pero sus impactos se agravan en contextos de pobreza y marginación. En Cochabamba, muchas mujeres de barrios periféricos, migrantes o pertenecientes a pueblos originarios enfrentan obstáculos adicionales para salir del ciclo de violencia. La dependencia económica es quizás el factor más crítico: si la víctima carece de ingresos propios, difícilmente podrá abandonar al agresor o sostener un proceso legal largo.
Historias como la de Flavia, una barrendera entrevistada en un estudio etnográfico, reflejan esta realidad: tras casarse, su esposo la relegó al hogar y le impuso una relación de sumisión financiera; ella soportó maltratos físicos durante años por miedo a quedarse sin sustento. Recién cuando sus hijos crecieron y pudo reincorporarse al trabajo (barriendo calles) logró distanciarse de la situación. Casos así abundan.
Existen además poblaciones femeninas especialmente expuestas a violencia extrema. Un reciente estudio interseccional realizado en cuatro ciudades bolivianas (incluida Cochabamba) mostró que ser mujer, adolescente o joven y vivir en situación de calle multiplica exponencialmente las probabilidades de sufrir todo tipo de violencias. En las calles de Cochabamba algunas niñas y jóvenes sin hogar son víctimas de explotación sexual comercial, violaciones reiteradas y trata de personas, muchas veces a cambio de techo, comida o por coerción de grupos criminales. La investigación, publicada en 2024, reveló que estas chicas en situación de calle no sólo tienen la mayoría de sus derechos vulnerados, sino que, además, desarrollan tasas alarmantes de consumo de alcohol, inhalantes u otras drogas –a veces como mecanismo de sobrellevar el trauma–.
La violencia que padecen deja huellas profundas en su salud física, mental y sexual, creando un círculo de exclusión extremadamente difícil de romper. Este es un rostro de la violencia de género pocas veces visibilizado en las estadísticas oficiales pero que persiste en las zonas marginales de nuestra urbe. Ciertamente, no todas las mujeres sufren por igual: la intersección con la pobreza, la edad, la pertenencia étnica o la discapacidad puede agravar la indefensión. Cualquier estrategia seria de solución debe considerar estas diferencias y dirigir apoyo a quienes más lo necesitan.
Respuesta institucional: avances normativos y brechas abismales
Bolivia cuenta, en el papel, con uno de los marcos legales más robustos de la región para combatir la violencia de género. La Constitución Política del Estado (CPE) consagra el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y obliga al Estado a prevenir, sancionar y eliminar toda forma de violencia machista (Art. 15, incisos II y III). A partir de ese mandato, se han promulgado leyes pioneras: la Ley 348 (2013) es una normativa integral que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia y castiga el feminicidio con la pena máxima de treinta años de cárcel sin indulto; la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres; la Ley 263 contra la trata y tráfico de personas; entre otras.
Sobre el papel, el espectro normativo es amplio y encomiable, reflejando la presión de movimientos de mujeres y la voluntad del Estado de alinearse con estándares internacionales. Sin embargo, esas leyes “no se cumplen a cabalidad”–como denuncian activistas y especialistas–, o se topan con obstáculos enormes en la práctica diaria.
En Cochabamba, las promesas de la Ley 348 se han estrellado contra una realidad institucional precaria. Diversos estudios locales identifican “cuellos de botella” que impiden aplicar efectivamente la norma. Un primer problema es la falta de recursos. La lucha contra la violencia demanda personal capacitado, infraestructura adecuada y financiamiento sostenido pero en la práctica estas condiciones no se cumplen.
Según la investigadora D. Santivañez, la insuficiencia presupuestaria es una de las razones principales de la deficiente gestión pública en este tema. Los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) –pilares de atención a víctimas– operan con personal escaso, mal pagado y muchas veces contratado temporalmente. Esto deriva en alta rotación de funcionarios, falta de continuidad en los casos y, en general, una atención improvisada. Aunque se organizan cursos de capacitación periódicos, resultan insuficientes y pierden efecto por los constantes cambios de personal. De hecho, Santivañez documenta que a veces voluntarios o pasantes acaban vistiendo el chaleco institucional y atendiendo denuncias sin la preparación necesaria, simulando ser profesionales, lo cual expone a las víctimas a una atención deficiente, revictimizante o al simple abandono de sus casos.
Muchas mujeres agredidas describen, con frustración, haber tenido que contar su historia traumática una y otra vez a distintos funcionarios por la rotación, sin que nadie les brinde soluciones concretas. Otras relatan trámites engorrosos que parecen diseñados más para disuadir la denuncia que para agilizarla.
La burocracia y morosidad judicial son otros agravantes
Los procesos penales por violencia suelen avanzar con extrema lentitud. Hay retardación de justicia: la apertura de investigaciones y el seguimiento a las causas se dilatan tanto que las víctimas pierden la esperanza. En ocasiones, los operadores judiciales –fiscales, forenses, jueces– revictimizan sin querer a la mujer con requerimientos excesivos: se les exige presentar una lista interminable de documentos originales o legalizados (certificados médicos, denuncias previas, pruebas de domicilio, etc.), trámites que implican tiempo y dinero que muchas no tienen.
Si la víctima no consigue completar esos papeles en plazos breves, su caso se archiva. Este laberinto burocrático desanima incluso a las más decididas: ¿Cómo perseguir justicia si para ello debo ausentarme del trabajo –arriesgando mi sustento– o gastar en trámites que no puedo pagar? La cruda consecuencia es que muchas mujeres terminan desistiendo de sus denuncias o “conciliando” con el agresor para ya no lidiar con el sistema.
Cuando la impunidad prevalece, envía un mensaje peligrosísimo: que la violencia puede salir gratis. De hecho, expertos advierten que la impunidad legaliza la violencia; si el agresor no enfrenta consecuencias, la sociedad entera recibe la señal de que “no pasa nada” mientras no haya una tragedia mayor.
Otro obstáculo crítico identificado es la falta de coordinación interinstitucional y de cumplimiento de protocolos. Aunque existe una ruta crítica de atención –que idealmente vincula a la policía, los SLIM, las defensorías de la niñez (DNA), el sistema de salud y el sistema judicial–, en la práctica esa cadena suele romperse. Santivañez señala que persisten “diversas visiones teóricas” entre los operadores al atender a una víctima, falta de unificación de criterios y desconocimiento del Protocolo Único de Atención que la Ley 348 exige aplicar. Un funcionario policial puede tratar el caso como “problema conyugal” mientras el médico forense pide requisitos engorrosos o el fiscal minimiza la denuncia si no ve lesiones graves.
Esta falta de alineamiento deriva, nuevamente, en mala atención, duplicación de esfuerzos y revictimización. La Coordinadora de la Mujer ha denunciado también la escasez de información pública sobre la gestión de estos casos: ni el Órgano Judicial ni el Ministerio Público publican regularmente datos detallados sobre violencia, lo que dificulta monitorear avances o identificar cuellos de botella. La transparencia es limitada y depende a veces de investigaciones privadas o de prensa.
Por si fuera poco, se suma la falta de voluntad política en algunos niveles de gobierno. Representantes de organizaciones locales, como la Oficina de Apoyo a la Familia en Cochabamba, cuestionan que ni el Estado central ni muchas alcaldías han priorizado realmente la lucha contra la violencia machista. Andrea García, responsable de dicha oficina, critica que las autoridades “sólo ponen parches” y respuestas de coyuntura, sin políticas sostenidas ni inversión seria en prevención. Un problema recurrente es que los programas municipales dependen del alcalde o gestión de turno: se inicia un plan pero con el cambio de autoridades se interrumpe y se improvisa otro distinto, perdiendo continuidad. Esta discontinuidad diluye los pocos esfuerzos que se logran poner en marcha.
Un dato revelador: la Ley 348 ordena a los gobiernos departamentales y municipales destinar al menos el cinco por ciento de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a programas contra la violencia. Sin embargo, en la práctica casi ningún municipio cumple esa meta; algunos apenas asignan un monto mínimo simbólico y otros nada. “Para los concejales no es prioridad la lucha contra la violencia; todo es cemento, sus prioridades son las obras”, lamenta Mercedes Cortez, abogada de la Fundación Voces Libres. Es decir, se sigue privilegiando la infraestructura visible sobre la inversión social en protección de la mujer. Cortez añade que la Ley 348, nueve años después de su promulgación, sólo se aplica en un 30 por ciento de su alcance real. El resto queda en letra muerta por falta de presupuesto, personal o simplemente por indiferencia de quienes deberían implementarla.
Cochabamba enfrenta una paradoja dolorosa: por un lado, existe un marco legal avanzado y mayores niveles de denuncia –fruto en parte de la conciencia creciente de las mujeres sobre sus derechos–; pero por otro, la respuesta institucional está lejos de dar abasto. Bolivia figura entre los países latinoamericanos con más altos índices de violencia contra la mujer pese a sus leyes, justamente porque la brecha entre la norma y la realidad es abismal. Las estadísticas de feminicidio lo demuestran crudamente.
Entre 2013 (cuando se promulgó la Ley 348) y 2022, los feminicidios no han disminuido sostenidamente: Bolivia registra alrededor de un centenar de casos por año. En 2017 y 2018 se alcanzaron picos de más de ciento cuarenta víctimas anuales; aunque en 2020 y 2021 hubo ligeros descensos (posiblemente influenciados por la pandemia), 2022 cerró con 94 feminicidios reportados. La tendencia al alza en Cochabamba durante 2023-2024 refuerza que no hay motivo para complacencia. Las leyes por sí solas no salvan vidas si no van acompañadas de acción efectiva.
“No se trata de hacer más leyes, sino de efectivizar las que hay”, resume Mercedes Cortez: el papel lo aguanta todo pero de nada sirve un nuevo texto legal si no se cumple –queda en discurso vacío. Mejorar el acceso a la justicia y reducir la impunidad es imperativo; de lo contrario, la sociedad seguirá recibiendo el mensaje de que la violencia contra las mujeres es un crimen de segunda clase.
Cochabamba arrastra una llaga que contrasta con su belleza natural
La violencia de género continúa cobrándose vidas y sueños en nuestra sociedad. Hemos recorrido en este artículo las múltiples caras de este flagelo –desde el silencioso sufrimiento doméstico hasta los estridentes feminicidios que conmocionan a la opinión pública– y examinado las causas profundas que lo alimentan. La conclusión es clara y contundente: no basta con indignarnos tras cada tragedia, necesitamos un compromiso sostenido de todos los sectores para cambiar esta realidad. La violencia contra las mujeres atraviesa transversalmente todos esos ámbitos pues mina la cohesión social, la seguridad ciudadana, la salud pública y el desarrollo económico. Enfrentarla no es sólo un imperativo moral y legal, sino una condición para que nuestra urbe prospere de forma humana y equitativa.
Hay destellos de esperanza: leyes que, si se cumplen, ofrecen herramientas sólidas; colectivos de mujeres y jóvenes cada vez más activos; instituciones que comienzan a coordinarse mejor, como la Fiscalía y el sistema de salud con la Ruta de Atención Integral; y una ciudadanía que ya no calla ante la injusticia. En Cochabamba vemos cada vez más murales que dicen “Ni una menos”, más varones sumándose a campañas del #HeForShe, más escuelas hablando de respeto e igualdad. La cultura machista, sembrada por siglos, no cambiará de la noche a la mañana, pero está mostrando grietas. Cada política pública bien aplicada, cada mujer que rompe el silencio, cada agresor llevado ante la justicia, es una grieta más en el muro de la violencia.
Al final del día, la lucha contra la violencia de género se ganará en comunidad. Implica desaprender patrones dañinos y reaprender a relacionarnos desde el cariño, la empatía y la igualdad. Implica que los vecinos de un barrio denuncien si escuchan gritos en casa de al lado, que los familiares dejen de proteger al agresor y protejan a la víctima, que los amigos no sean cómplices del maltrato y los líderes de opinión condenen sin matices toda forma de violencia. Implica, también, que los medios de comunicación informen con responsabilidad y sin sensacionalismo, poniendo el foco en la prevención y no culpabilizando a las víctimas.
Cochabamba, corazón de Bolivia, no puede permitirse normalizar la tragedia de sus mujeres. Es momento de pasar del lamento a la acción decidida. Las políticas están delineadas; las voces de alerta han sonado. Ahora corresponde a autoridades y ciudadanía, codo a codo, hacer que las cosas pasen. Que cada amanecer en nuestra Llajta deje de ocultar historias de terror y, en cambio, sea testigo de mujeres viviendo sin miedo. Como sociedad, tenemos una deuda con nuestras madres, hermanas, hijas y amigas. Honrar su derecho a una vida libre de violencia será el verdadero indicador de que Cochabamba está avanzando hacia un futuro más justo y humano.
