La Human Rights Watch (HRW), a través de su investigador senior César Muñoz, denunció que el Gobierno del presidente Luis Arce no quiere instancias internacionales de Derechos Humanos que velen por los mismos en el territorio nacional, lo que afectará directamente a la ciudadanía boliviana.
El Gobierno confirmó que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dejó de funcionar en Bolivia el 31 de diciembre de 2022 debido a que no se renovó el acuerdo y ahora la coordinación se realizará directamente con Ginebra.