El Gobierno de Perú prorrogó el estado de emergencia en Lima, Callao y algunas carreteras de la red vial nacional por 30 días calendario para contener las protestas en contra de la administración “transitoria” de Dina Boluarte, que han cobrado la vida de 60 personas desde diciembre pasado.
Hace 63 días, el entonces presidente peruano Pedro Castillo, con manos temblorosas y voz nerviosa, intentó un autogolpe de Estado que fracasó, pero que sirvió para destapar una caja de Pandora de la que salieron violencia, protestas y fantasmas del pasado, que han sumido al país en una crisis a todos los niveles sin luces de salida a la vista.
Las pérdidas que el ministerio contabilizó desde junio 2022 hasta el 22 de enero "ascienden a 25 millones de soles diarios (USD 6,2 millones), solo en el sector turismo", afirmó el ministro Luis Fernando Helguero ante la prensa.
El Gobierno peruano dispuso el despliegue las FFAA para proteger los puntos estratégicos del país, como aeropuertos o centrales hidroeléctricas, en respuesta a las violentas manifestaciones antigubernamentales en las que han muerto siete personas, y declarará en emergencia la red vial, informó anoche el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
La Defensoría del Pueblo de Perú confirmó ayer que ha aumentado a siete la cifra de fallecidos en algo más de 24 horas en los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que piden la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso.