Vicecanciller dice que EEUU protege a Goni
La Paz | Abi
El viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo Fernández Araoz, aseguró ayer que el ex presidente y principal acusado de la masacre de octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada, goza de la protección del actual Gobierno de Estados Unidos, pero dijo que éste -gobierno- no estará por siempre para protegerlo.
"El régimen actual de Estados Unidos algún día se acabará, puede entrar otro que sea más sensible a este caso", señaló el vicecanciller Fernández, al manifestar que la situación de Sánchez de Lozada cambiará.
"En este momento nosotros sí creemos que Gonzalo Sánchez de Lozada goza de la protección que le da estar en Estados Unidos, habiendo sido un estrecho aliado de ese país. No somos ingenuos al pensar que Estados Unidos va a desproteger a su aliado", dijo Fernández en un programa de la Red Patria Nueva.
Precisó que el actual Gobierno estadounidense es quien ejerce protección contra el ex presidente, a quien se sigue un juicio de responsabilidades por los fatídicos hechos registrados en febrero y octubre de 2003.
La autoridad de Gobierno remarcó que la Cancillería viene realizando una serie de acciones para la extradición de Sánchez de Lozada al país y que sea juzgado por los delitos que se lo acusa, entre ellos genocidio.
Puntualizó que el juicio de responsabilidades en contra del ex presidente no prescribirá y llamó a la población, particularmente a las víctimas de Octubre, a tener paciencia y continuar con todas las manifestaciones necesarias para que el proceso contra Goni prospere.
El 8 de agosto, la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo la solicitud de las víctimas de los hechos luctuosos en septiembre y octubre de 2003, rechazó el pedido de Carlos Sánchez Berzaín, efectuado por su defensa, para que el proceso se extinga en su favor.
El 9 de agosto pasado, los abogados de la misma ex autoridad de gobierno presentaron una recusación en contra de los ministros de la Suprema recientemente posesionados, Julio Ortiz y Teófilo Tarquino, bajo el argumento de haber sido nombrados como máximas autoridades del supremo Tribunal de Justicia en el marco de una negociación política, que, según el abogado de las víctimas de octubre de 2003, Rogelio Mayta, paralizó el juicio momentáneamente.
