En la primera conferencia de prensa del Ministerio de Gobierno sobre el caso de los colmillos, ya se hablaba de los indicios de una red internacional.

“(Las piezas) servían para un conjunto de trabajos de transformación (tallados y orfebrería, costura) y eran vendidos siguiendo una ruta internacional a alto costo. Esto bienes constituyen el patrimonio natural del Estado boliviano de su riqueza y biodiversidad. Estaban siendo extraídos de manera ilegal y comercializados por súbditos extranjeros”, manifestó el ministro Carlos Romero el 23 de febrero.

A un poco más de ocho meses, la parte querellante del caso no tiene dudas, la pareja de origen asiático es un eslabón en una red de tráfico internacional de animales silvestres.

“El tráfico de todos los animales silvestres es realizado también por los mismos traficantes de drogas, de armas. Son mafias realmente grandes, gigantes con mucho poder y las cuales utilizan los medios más inverosímiles, que usted pueda imaginarse, para cometer sus delitos. Es evidentemente parte de una red, no sabemos en qué eslabón, estamos investigando eso”, explicó el asesor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Rodrigo Herrera, a Los Tiempos.

El caso de la incautación en la pollería de la pareja asiática se tornó importante debido a la cantidad de piezas encontradas, que se habrían acopiado en tres meses, según explicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, durante conferencia de prensa en febrero.

Además que logró capturar la atención de ciudadanos y medios internacionales por la gravedad del hecho. 

El jaguar, catalogado como vulnerable por el libro Rojo la Fauna Silvestre de Bolivia, está incluido en el listado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), en el Apéndice I, que señala que esta esta especie no se puede comercializar; sólo se puede exportar o importar con fines científicos y con respaldos por permisos de Cites.

“Lo bueno de este caso es que nos está permitiendo demostrarle al mundo que el tráfico del jaguar es real. Hasta este año el mundo no quería reconocer que Latinoamérica tiene un problema de tráfico tan grande como tiene Asia o África, pero a través de este caso, y otros más, estamos pudiendo demostrar eso. Entonces, la comunidad internacional también va a tomar medidas al respecto”, manifestó Herrera.

Por su parte,  la directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Yandery Kempff, coincide en que el caso debe encender las alarmas y que “lo que está pasando aquí es muy serio”.

“Estamos lidiando con una red de tráfico de animales silvestres y eso está poniendo en peligro nuestra fauna silvestre. Por lo tanto, también está poniendo en peligro nuestra subsistencia porque son los topes de la cadena alimenticia, son los que sostienen el ecosistema”, dijo a Los Tiempos.

La fundadora y activista del colectivo Árbol en Santa Cruz y y de la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida, Eliana Torrico, señala que el trabajo no terminará un vez que la pareja de origen asiático tenga sentencia.

“Vemos que esto es un pasito más dentro de esta dura batalla que esto es largo. Es una red de tráfico internacional, que se mueve con mucho dinero”, señaló.

“Este debe ser el eslabón más débil de la cadena. La cadena puede seguir operando porque es un eslabón que pueden desechar e instaurar en cualquier momento”, manifestó Torrico.

Para tener la contraparte, Los Tiempos llamó al abogado defensor de la pareja acusada, Víctor Cartagena, pero no obtuvo respuesta.

PARA TOMAR EN CUENTA:

• Al menos tres meses de actividad ilícita

El 23 de febrero, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, dijo que los acusados juntaron los 185 colmillos y el resto de las piezas incautadas en tres meses.

"Hemos logrado desbaratar esta organización criminal que estaba fomentando la caza furtiva en Bolivia, comprando una cantidad considerable si tenemos en cuenta que en los últimos tres meses se ha acopiado esto. ¿Imagínense la cantidad de felinos que han sido extinguidos a lo largo del tiempo en que realizaban este negocio?", cuestionaba la autoridad en conferencia de prensa.

Por el momento aún no se dio a conocer desde cuándo los acusados estarían realizando la compra de colmillos o desde cuándo tenían el negocio de comida.

Sin embargo en una búsqueda en Google Maps, cuyas imágenes fueron tomadas en 2015, dan cuenta que el local de venta de comida, ubicado en la avenida Grigotá, ya existía en aquel año.

• ¿El arma?

Las imágenes de allanamiento captadas por el diario El Deber de Santa Cruz muestran cómo un arma estaba guardada en un estuche azul de tela, dentro un mueble por lo que también se acusó a la pareja de "portación ilícita de arma".

Según el testimonio de la Fundadora y activista del colectivo Árbol en Santa Cruz y y de la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida, Eliana Torrico, la defensa de la pareja alegó que tienen permiso para la portación de la pistola y que es para defensa propia.

• La audiencia de cesación de detención

El viernes 11 de mayo la jueza Estrella Montaño otorgó la cesación de detención preventiva, pese a que la Gobernación de Santa Cruz apeló la medida, la decisión se ratificó.

La directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Yandery Kempff, contó que la defensa presentó contratos de trabajo en el que el hombre de origen asiático figura como bodeguero de una empresa y la mujer como cocinera.

Uno de los abogados de la parte querellante señaló a Los Tiempos que los datos de los contratos de trabajo presentados por la pareja eran contradictorios con la fecha de verificación del notario, pero la sala penal paso por alto esta observación bajo el criterio de “economía procesal”.

“En esa audiencia no hubo participación (ni activistas ni prensa estuvieron presentes), se ha dado entre gallos y medianoche, fue muy raro lo que sucedió, que le levantaron la medida cautelar y bueno para que se defiendan en total libertad como lo están haciendo ahora”, manifestó Torrico.

La activista contó que ese día se entrecruzaron datos, y había varias versiones sobre la fecha y la hora de la audiencia por lo que no se pudo hacer el seguimiento de la misma.

Para conocer la contraparte, Los Tiempos llamó al abogado defensor, sin embargo en un primer contacto, manifestó que estaba en audiencia y no podía contestar. Se insistió, pero no tomó las siguientes llamadas.

• Las suspensiones de audiencias

Desde que se inició el proceso hasta el momento se suspendieron al menos 12 audiencias en diferentes momentos del caso.

Las situaciones en las que se dieron las suspensiones fueron diversas: la inasistencia de la  intérprete, la inasistencia del juez porque tenía que asistir a un seminario, en una oportunidad el fiscal se olvidó las pruebas, la inasistencia del abogado defensor porque tenía otra audiencia, entre otros.

“Lamentablemente hay situaciones legales bajo las que se puede suspender una audiencia, en este caso no se puede presentar a los imputados sin un abogado porque es vulneración a los derechos de la legitima defensa, o en el caso de la traductora, que se está vulnerando su derecho a que sean asistidos en su lengua de origen. Si bien la Constitución y el debido procesos reconocen, pero lamentablemente son mal utilizadas por este tipo de abogados y este tipo de justicia para suspender audiencias y dilatar procesos importantes como este”, reflexiona Torrico.

Tras la inspección ocular que se realizó a inicios del mes pasado,  la audiencia en la que se tiene previsto dictar sentencia fue suspendida en tres oportunidades.

La inspección ocular se realizó a petición de la Gobernación con el objetivo de que “quede claro todo lo que hablaron los testigos en sus declaraciones”, explicó Kempff.

“Esta inspección estaba solicitada desde la etapas preparativas, la gobernación la había solicitado. A partir de ahí se llevó a cabo esta audiencia de inspección y de ahí  se fue a hacer la  dilatación del juicio porque ya no fue el abogado defensor, no fue alguien del Juzgado, no fue la Fiscal, cuando ya estamos exactamente en la última fase, empezó a fallar todo”, manifestó la autoridad.

Por su parte, el asesor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Rodrigo Herrera, señaló que respeta la posición de la Gobernación, pero considera que la inspección fue “innecesaria”.

“En esa oportunidad hubiéramos concluido todo el proceso, pero lastimosamente eso desconfiguró toda la programación que tenían tanto los jueces como los abogados y lamentamos la situación en la que estamos”, dijo Herrera.

 De las tres audiencias que se suspendieron octubre, dos fueron por la inasistencia del abogado por lo que el juez dictaminó que se ponga un abogado de oficio para la defensa, según contó Kempff.

Herrera considera que existe dilatación del proceso por lo que pidió al Ministerio de Justicia y al Consejo de Magistratura realicen la supervisión al procesos y una auditoria.

“El Ministerio de Medio Ambiente no puede hacer una supervisión, no puede exigir a las partes que sigan el curso normal, pero sí el Ministerio de Justicia, sí Consejo”, manifestó.

La siguiente audiencia que se fijó para el 7 de noviembre y se espera que ninguna de los actores falte para poder llevar a cabo la sesión.

El 23 de febrero, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, señaló en conferencia de prensa señaló que los 185 colmillos pertenecen a jaguar, pero tras el peritaje se determinó que las piezas pertenecen también a otros animales.

La directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Yandery Kempff, manifestó que 80 de los colmillos son de jaguar, 96 son de puma, 8 de ocelote y 1 taitetú.

Además, la pareja tenía en su poder 2 garras de jaguar, 1 garra de pejichi, dos colas de víbora cascabel, un saco confeccionado con la piel de 8 ocelotes y tres cornamentas de ciervo de pantano.

Según una publicación en la página de Facebook de la Gobernación, los acusados tenían las partes de 81 animales de 7 especies nativas.

A esto se debe sumar las 11 estatuillas talladas en marfil de elefante.

En un principio había ciertas confusiones hablaban de la importancia medicinal, pero no, es básicamente ostentación. Es para fabricar, como si fueran joyas se les hacen engarces enormes, colgados al cuello o donde quieran, pero es básicamente para lucir las partes que tienen cierto valor simbólico y también según la creencia allá dan fortaleza, virilidad y mejora la imagen de quien lo lleva. Entonces es como tener una joya o una cadena gruesa de oro y no sirve para nada más que crear problemas al ambiente,  crear situaciones de impactos ambientales tremendos, como es la minería del oro o también crear grandes problemas sociales como es casi la esclavitud en los sitios que hay minas de oro y diamantes cuando el único uso que tienen es para que  los que tienen mucha plata puedan mostrar su poder y los que no tienen mucho, pero quieren aparentarlo también pongan todo su empeño en conseguir esos símbolos de riqueza de ostentación y todo eso.

Doctor Damián I. Rumiz, editor científico en la Fundación Simón I. Patiño en Santa Cruz, e investigador asociado del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado,  Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).

El Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia, editado el año 2009, cataloga al jaguar como una especie vulnerable debido a la “pérdida de hábitat, pérdida de presas, conflicto hombre-animal y uso folklórico”.

Desde la publicación del libro, las amenazas contra el jaguar aumentaron y se suma la cacería incentivada para obtener colmillos y  garras para venderlos al mercado asiático.

“Ahora la situación es mucho más preocupante que antes”, señala el  doctor Damián I. Rumiz, editor científico en la Fundación Simón I. Patiño en Santa Cruz, e investigador asociado del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado,  Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).

El investigador explica que a nivel global el jaguar está considerado como una especie amenazada por el hecho que tiene una gran distribución geográfica ya que se encuentran en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.

“En la región de Asia (el tigre asiático) se está extinguiendo y ahí quedan muy poquitos, pero el jaguar aún tiene áreas de población en buen estado en varios países, pero en todos está sufriendo una reducción importante por la destrucción de hábitat, principalmente por la expansión de la agricultura y ganadería, la cacería que está orientada al jaguar, aunque en general en todos los países es ilegal”, señala.

También se debe considerar que las presas del felino también son víctimas de cacería, lo que reduce la dieta natural del jaguar.

Además se debe tomar en cuenta la contaminación de los ríos, que enferman a otras presas como lagartos y tortugas.

El jaguar, al verse cercado por estos factores y sin poder conseguir alimento, recurre a comer animales domésticos como vacas y cerdos. Esto se vuelve un pretexto para matarlos.

Rumiz asegura que los jaguares no atacan a las personas ya que de forma natural este felino no come humanos a diferencia del tigre asiático o el león africano.

“El jaguar aquí se estableció y evolucionó con muchos miles de años y recién en los últimos 10 mil años es que parece el hombre en toda América. El jaguar aparentemente nunca vio al hombre como una presa, por eso es muy factible que uno encuentre jaguares de monte y si no hay una razón por la cual se sienta amenazado, no pasa realmente por la cabeza del jaguar, comerse a la persona”, detalla.

“Los casos de ataques de jaguar a la gente son situaciones realmente provocadas”, apunta.

Ante un panorama que parece desolador y que se acrecienta, ¿se podrá detener la amenaza y conservar el jaguar antes que pase a ser una especie en extinción?

“Si se logra conservar el jaguar, entonces hay posibilidades de que otras especies sobrevivan son mayores”,  reflexiona el doctor Damián I. Rumiz, editor científico en la Fundación Simón I. Patiño en Santa Cruz, e investigador asociado del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado,  Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), señala que todavía hay grandes

Rumiz considera que en el país todavía existen grandes áreas protegidas como el parque Madidi y el parque Noel Kempff, que aún no han sido invadidas por la polución o explotación de hidrocarburos que contaminan los arroyos, donde puede mantenerse en jaguar por un tiempo.

Sin embargo, los felinos tienen una gran demanda de espacio y no pueden vivir aislados.

“Para mantener  la diversidad genética de la población deben tener intercambios de individuos y no pueden ser los mismos apareándose. Tiene que haber la posibilidad de que salgan individuos y entren a otros lugares”, explica el investigador.

Tras la primera conferencia del Ministerio de Gobierno donde dio a conocer los primeros detalles del allanamiento, los colectivos ciudadanos y activistas comenzaron a realizar un control social del proceso judicial.

“La cosa no avanzaba. Vimos que desde el activismo ciudadano podíamos hacer un control social, si se puede decir, de los actuados judiciales que se han llevado a cabo en este proceso”, señala la fundadora y activista del colectivo Árbol en Santa Cruz y de la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida, Eliana Torrico.

En varias oportunidades, los ciudadanos realizaron vigilias durante las audiencias y llevaron pancartas a modo de protesta por la situación del jaguar en Bolivia.

En varias ciudades del país se instalaron puntos con libros de firmas para apoyar a la protección de la biodiversidad y pedir celeridad a la Justicia.

El jueves 25 de octubre, Santa Cruz amaneció con imágenes de pieles de tigre distribuidos en diferentes puntos de la ciudad a manera de protesta y presión para que se logre instalar la que tendría que ser la última audiencia.

Esa tarde se suspendió la audiencia por duodécima vez ya que la defensa no se presentó.

Se conoce que el juez ya designó un abogado de oficio para la pareja acusada, sin embargo eso no garantiza que alguna otra persona o elemento, que debe estar presente, falte.

La siguiente audiencia se programó para el 7 de noviembre a las 15:30. Los colectivos anunciaron vigilia.

“Tenemos meses y meses tratando de explicar de que sí, traficar a un animal involucra el deterioro o la destrucción de nuestro patrimonio y por tanto es un delito sancionado en el Código Penal y merece seis años de cárcel. Es una cuestión muy delicada. Lastimosamente el Derecho Penal es una de las ramas más ortodoxas y cerradas del Derecho y nuestra misión ahora es introducir premisas de derecho ambiental en esta rama tan antigua y cerrada que es el derecho penal de esa manera cumplir lo que creemos es lo justo”, señaló el asesor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Rodrigo Herrera.

La Gobernación de Santa Cruz y el Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad, Cambios Climáticas y de Gestión y Desarrollo Forestal como parte querellante piden la sanción máxima del delito de “deterioro y destrucción de bienes del Estado y patrimonio nacional”, que son seis años.

“Me parece muy importante el fallo de este caso porque ya se va a sentar jurisprudencia de que ya estos temas no van a ser tratados como simple caza y pesca, caza furtiva, sino que se va a dar daño al Patrimonio con especies endémicas, especies nativas de Bolivia”, señaló la fundadora y activista del colectivo Árbol en Santa Cruz y de la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida, Eliana Torrico.

Herrera manifestó que el caso Colmillos  “va a permitir generar jurisprudencia para que el resto de las entidades involucradas puedan defender por si solas a la fauna silvestre y a la biodiversidad”.

El abogado señaló que se prepara un proyecto “mucho más agresivo de protección y conservación del patrimonio natural, el cual pretende incidir en la educación formal y regular que tenemos como país”.

Además se pretende desarrollar nuevas normas legales, como un código penal ambiental, sanciones más estrictas y también se desea hacer adquisiciones que permitan desarrollar la capacidad tecnológica que tiene el país para realizar actividades de control.

Pasaron más de ocho meses del allanamiento, cuyas escenas mostraron que la pareja de origen asiático, nacionalizada boliviana, tenía en su vivienda 185 colmillos y otras piezas de 81 animales de siete especies nativas; además 11 estatuillas hechas con marfil de elefante.

El proceso se da en medio de suspensiones de sesiones y los activistas manifiestan que las audiencias se realizan a puertas cerradas para evitar el control social.

En dos días, se espera que todas las partes involucradas en el proceso asistan a la que sería la última audiencia y se pueda conocer la sentencia de uno de los casos que adquirió relevancia en la región y muestra que Bolivia está dentro de una red internacional de tráfico ilegal de vida silvestre.