La inscripción presumiblemente fraudulenta de militantes en determinados partidos políticos no pone en riesgo la “personería jurídica” de los mismos, toda vez que, de establecerse algún tipo de delito
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) minimizó ayer el número de solicitudes de renuncia o anulación de registro de militancia y atribuyó la responsabilidad a los partidos políticos