Jhasmani cobró 10 mil dólares por anular sentencia del caso Adriázola
Según las declaraciones de algunos implicados en el caso consorcio de abogados, policías, jueces y fiscales a las que accedió Los Tiempos, Jhasmani T. L. habría cobrado 10 mil dólares por anular la sentencia del juicio por el asesinato de las hermanas Adriázola. Además, por cada proceso disciplinario contra policías, exigía el pago de mil dólares y granadas de gas.
Sergio Mauricio O. A., hijo del fiscal Óscar Mauricio O. G. también implicado, declaró que el abogado Marcos F. contrató los servicios de Jhasmani T. L. para que atienda el caso de Alejandra Doriana Saavedra Barroso, quien, junto a Omar Adriázola, fue sentenciada a 30 años de cárcel por el asesinato de las hermanas Gloria y Peggy Adriázola en marzo 2016.
“Él decía que tenía que reunir 10 mil dólares para llegar a un acuerdo con la vocal a la que le decía tía”, dijo Sergio Mauricio O. A. En mayo de 2018, por un error de redacción en la sentencia emitida por la Sala Penal Sexta, la vocal Anawella T. P. (parte del consorcio) anuló todo el juicio, por lo que el proceso volvió a foja cero.
Sergio Mauricio O. A. dijo también que “un día llegaron tres clientes que eran policías, dos hombres y una mujer, fueron a la oficina de Jhasmani para que les defienda en un proceso disciplinario ante la Dirección de Investigación Policial Interna (Didipi)”.
Según el relato de uno de los testigos clave del Ministerio Público, cuando los clientes de Jhasmani T. L. le preguntaron el costo, él les respondió “mil dólares por cabeza, pero además cada uno debía proveerle de granadas de gas como parte del pago. Hasta donde sé, él tenía un maletín negro donde guardaba las granadas de gas, algunas de ellas le eran dotadas por un exmilitar, que además se encargaba del armamento”, dijo.
El 19 de diciembre de 2018, Diego Oscar C. P. (expolicía sentenciado por narcotráfico), ante la Fiscalía, dijo que “Jhasmani ya tenía sus arreglos económicos con jueces y fiscales, pero nunca nos decía los precios exactos, decía que oscilaba entre 1.000 o 1.500 dólares”.
En el allanamiento que realizó el Ministerio Público y la Policía al bufet Leclere y Asociados, el 7 de junio de 2018, se logró secuestrar un CPU, una computadora portátil, un disco duro, recibos, documentos, manillas metálicas de uso policial, aerosol de uso policial (gas lacrimógeno) y una funda de bastón policial.
Pago de coimas
La declaración de otra testigo clave señala que “el vocal de la Sala Penal Tercera de apellido (César Nelson) P., no sé bien qué relación tenían, pero el doctor Jhasmani cuando bajaba del juzgado, ambos se encerraban en el despacho del vocal”.
La testigo refiere que, un día entre los meses de junio y julio de 2018, cuando el vocal se encontraba cerca del ascensor, Jhasmani se acercó y le entregó un sobre en el que había 1.000 dólares, por el caso conocido como la “caja fuerte de Sacaba”, que implica a Omar Gonzáles, alias el Cachilo.
De igual forma a mediados de 2018, cerca del kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo, Jhasmani —según un testigo— le entregó un sobre con 1.000 dólares a Anawella T. P. para ratificar las medidas sustitutivas de Félix P. C., conocido por el caso Choko Burguer, implicado en el feminicidio de Janett Jhoselin Aguilar Avendaño en mayo de 2018.
A la fecha existen ocho personas identificadas y detenidas por el caso de consorcio de jueves, policías, fiscales y jueces que era liderado por Jhasmani T. L., quien está detenido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz porque desde la cárcel de El Abra seguía controlando su organización criminal.
“JHAS” QUEMÓ LA CASA DE UN JUEZ Y EL AUTO DE OTRO
Entre los atentados que habría cometido el “grupo” de Jhasmani T. L. contra los jueces que no le favorecían en sus procesos se encuentra la quema de la casa del juez Fernando Pérez y del vehículo del juez Gastón Rodríguez.
La madrugada del 15 de noviembre de 2017, un par de sujetos no identificados atentaron con una bomba molotov y granadas de gas contra la vivienda del juez de instrucción cautelar penal de Cochabamba, Fernando Pérez.
Durante el incidente, algunos testigos relataron que habrían observado a dos sujetos que lanzaron los agentes químicos al domicilio. Así también, un taxista vio lo ocurrido y, ante esta situación, uno de los sujetos habría rociado con gas pimienta en el rostro del conductor.
Por otro lado, el 4 de mayo de 2017, dos encapuchados a bordo de una motocicleta, en el municipio de Colcapirhua, incendiaron el vehículo del juez Gastón Rodríguez, quien acusó el hecho a “mafias” que actuaron presuntamente por venganza.
“Se quiere afectar de alguna manera a mi patrimonio tratando de presionarme para que yo falle y favorezca de alguna manera”, expresó.
En ese entonces, el juez denunció que, antes del atentado, un delincuente ingresó a su casa. “Sólo me robaron un libro que me presté para dictar las resoluciones que corresponde, no robaron cosas de valor; he sufrido panfletería”, manifestó.
