Contratos lesivos, el delito más grave que hallan en Mochilas I
El Ministerio Público busca una condena por cinco delitos en el caso Mochilas I, por la adquisición de estos materiales en 2018. El más grave y presuntamente cometido por el alcalde José María Leyes, tres exsecretarios, una exfuncionaria y dos empresarios es el de contratos lesivos contra el Estado, sancionado con una pena máxima de 10 años.
Leyes, los dos empresarios de la Asociación Accidental 26 de Febrero y la exsecretaria de Desarrollo Humano son acusados por este ilícito. La acusación considera que las personas suscribieron el contrato para las 92 mil mochilas y útiles por un valor de 12 millones de bolivianos.
El delito de contratos lesivos al Estado se encuentra tipificado en el artículo 221 del Código Penal y prevé una pena de privación de libertad de cinco a 10 años.
La fiscal de materia, Faridy Arnez, dijo que éste es el delito más grave de los cinco por los cuales se acusa al alcalde Leyes, que son incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
El resto es acusado por uno o tres delitos.
Sin embargo, el contrato entre los empresarios y la Alcaldía se rescindió en abril de 2018, una semana después de la denuncia. El documento se presentó como prueba en la audiencia de medidas cautelares del Alcalde y se señaló que sin contrato no hay delito.
Además, hasta la fecha, el municipio tampoco pagó a los empresarios por la entrega de 92 mil mochilas y los útiles.
El segundo delito mayor es negociaciones incompatibles con la función pública, con similar pena. El Alcalde, dos exsecretarios y una funcionaria son acusados por este delito.
Según la acusación, las personas de mayor confianza de Leyes, José Miguel Padilla y Diego Moreno (prófugo), direccionaban el proceso de contratación y cometían injerencia a nombre del Alcalde.
La acusación indica que son los funcionarios que ordenaron la filtración de información privilegiada para la fabricación de los productos con tres meses de anticipación a la licitación. La Fiscalía presentó la acusación del caso Mochilas I el miércoles.
DATOS
La denuncia. El 2 de abril de 2018, la concejala Rocío Molina (MAS) denunció irregularidades en la adjudicación de las mochilas escolares y útiles.
Las irregularidades. Según la acusación, se trata de un proceso “direccionado” y “simulado” debido a que la empresa ya sabía que ganaría la licitación, por lo que fabricó las mochilas meses antes de la licitación.
Crisis municipal.La denuncia resultó en la detención del alcalde José María Leyes desde el 20 de abril de 2018.
INVESTIGAN VÍNCULOS FAMILIARES EN MOCHILAS II
REDACCIÓN CENTRAL
La otra investigación por la compra de 2017 llamada Mochilas II continúa y una de las fiscales que indaga el caso, Faridy Arnez, señaló que están dentro de plazo.
La última acción en este caso fue una confrontación fotográfica en la que el testigo clave de la Fiscalía, José Miguel Padilla, reconoció a una de las hermanas del alcalde José María Leyes como quien recibió el presunto soborno de 45 mil dólares de las mochilas en Estados Unidos. Con este nuevo elemento, la Fiscalía puede ampliar la investigación.
Sobre el tema, Leyes dijo hace unos meses que intentan atacarlo también a través de su familia y por eso la involucran a su hermana.
Asimismo, su defensa explicó que esperan el señalamiento de audiencia de cesación de detención preventiva para esta semana.
