El “mecanismo de encierro” prima en el Centro de Infractores Cometa
Una pequeña huerta, un espacio para que los adolescentes estudien, habitaciones con ventanas y una sala de computación pero sin computadoras son los espacios con los que cuenta el centro de Infractores Cometa, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación de Cochabamba.
Según los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo, Cometa —que fue creado hace 20 años— alberga en la actualidad a 59 adolescentes varones y cuatro mujeres.
Además hay 162 varones y 31 mujeres que deben acudir a terapias de orientación; sin embargo, la asistencia a las sesiones no es controlada.
Los Tiempos intentó comunicarse con la directora del Sedeges, dependiente de la Gobernación, pero no respondió a nuestra solicitud pese a la insistencia.
El delegado de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, señaló que la Gobernación cuenta con “diseños” para trabajar en la reinserción de los adolescentes con responsabilidad penal, pero, de todo lo planteado en el papel, sólo se llegan a implantar uno o dos.
“Se reúnen para ver una película y tienen una pequeña huerta. No se puede hacer la reintegración sociocultural. Están bajo un mecanismo de encierro, y con esto no se logra nada”, dijo Cox.
El Delegado Defensorial dijo que, sin un programa claro, difícilmente se puede re proyectar toda la vida y ésta puede quedar truncada.
Jóvenes más agresivos
Al respecto, la diputada de Cochabamba, Cira Castro, parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Brigada Parlamentaria, afirmó que las instituciones gubernamentales llamadas por ley a atender las necesidades de este sector no hacen un estudio con referencia al ambiente familiar en el que los infractores se criaron.
“Tendremos adolescentes potencialmente más agresivos, no estamos dando cumplimiento a una ley especial. La Gobernación, las Alcaldías y otras instancias no están haciendo nada”, dijo.
La infraestructura de Cometa es una readaptación de lo que era una casa de acogida, que fue modificada levemente una vez promulgada la Ley 2026.
Una de las principales dificultades que atraviesa es la falta de recursos económicos. Otro aspecto es que ninguna de las defensorías de la niñez y adolescencia de los municipios quiere hacerse cargo del seguimiento de los casos.
Cox explicó que, sin la intervención de las defensorías de la niñez, muchas carpetas de los adolescentes se encuentran sin ser revisadas, además que el Centro sólo cuenta con un abogado de defensa pública que no da abasto para atender todos los casos.
Antecedentes
La Ley 2026 de 27 de octubre de 1999 aprobó el Código del Niño, Niña y Adolescente con el objeto de establecer y regular el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben proporcionar a todo menor, con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.
Con ese objetivo, se dispuso la creación de Centros para Adolescentes Infractores con responsabilidad penal.
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SEGURIDAD
Denuncias recurrentes
En 2018, se ha registrado al menos cinco fugas, un intento suicidio y dos denuncias de agresión sexual en los adolescentes del Centro de Infractores Cometa, que acoge a unos 100 menores de edad en conflicto con la ley. Los especialistas consideran que se debe replantear el trabajo que realiza la institución para reintegrase a la sociedad.
Cuando el asambleísta Freddy Gonzales denunció que un menor de edad había sufrido una herida por objeto punzocortante y que también se había registrado un caso de agresión sexual, se acudió al centro para inspeccionarlo, pero su ingreso no le fue permitido.
Observan falencias en instituciones a cargo del centro de infractores
De acuerdo con la Ley 548 del Código Niño, Niña y Adolescente, la responsabilidad penal de un adolescente de 14 a 18 años de edad establece que la sentencia que se le dé debe ser atenuada en una cuarta parte del total de años, es decir que la sentencia máxima que puede recibir es de cinco años.
Expertos en el área señalaron que existen falencias institucionales, como en los servicios departamentales de gestión social de las gobernaciones, porque una vez que los menores infractores son derivados a los centros, no reciben un tratamiento adecuado para rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad.
Además del apoyo psicológico y social, el menor debería concluir sus estudios escolares para poder salir bachiller.
El representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, manifestó que “si se quiere recuperar a un adolescente, mientras menos años esté encerrado, más esperanzas se tiene para recomponer y reorientar su vida”.
La diputada y por muchos años directora de la Defensoría de la Niñez en Cochabamba, Cira Castro, observó que en el Centro de Infractores Cometa sólo el personal eventual especializado está a cargo de las “terapias”.
La autoridad advierte que es importante que se haga una valoración íntegra de los casos. “Estamos siendo permisibles, existen factores que no nos permiten tener un resultado positivo; los adolescentes deben salir con un cambio de conducta”, declaró.
“Tengo información que dentro del Cometa (de Cochabamba) los adolescentes sufren maltrato físico y psicológico”, dijo.
Castro indicó que es importante que los adolescentes recluidos sean clasificados según el delito que cometieron, esto para que uno que haya matado a alguien por accidente no esté junto a otra persona que está acostumbrada de delinquir.
