Evo amenaza al Senado por renta de vejez
Santa Cruz | El Deber
El presidente de la República, Evo Morales, pidió ayer al Senado nacional que apruebe el proyecto de ley de la Renta Dignidad, que será sustentado con los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) asignados a las prefecturas. La petición del jefe de Estado se produjo dos días antes de que concluya el plazo establecido por representantes de seis de los nueve departamentos del país para que el Gobierno derogue el decreto supremo 29322, que establece un recorte al IDH prefectural.
"Si no quieren aprobar la ley, que la rechacen, pero no perjudiquen, porque las pérdidas no son para el Gobierno sino para el país y las regiones", dijo en Palacio Quemado el Presidente, que también reclamó a los senadores que aprueben los 97 proyectos de ley que han sido remitidos por la Cámara de Diputados, entre los que se encuentra el contrato de Mutún y el de INRA.
Pero Morales no sólo volvió a pedir que los senadores aprueben la normativa para la renta Dignidad, sino que también, según una agencia de noticias, amenazó a los legisladores indicando: "Soy capaz de decir que ningún ministro vaya (al Senado) a las interpelaciones ni para presentar informe escrito u oral, mientras no aprueben estas normas".
MANTIENEN LAS AMENAZAS
Pese a la argumentación gubernamental de que la redistribución del 32,5 por ciento de los recursos por regalías no afectará el desarrollo regional, los prefectos, cívicos, concejales y sectores sociales de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca se alistan a salir a las calles desde el próximo viernes, fecha en la que fenece el plazo que dieron al Gobierno para que anule la redistribución de regalías petroleras.
Así lo confirmó el primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, al advertir que a partir del 16 de noviembre habrá movilizaciones, huelgas de hambre y bloqueos de carreteras para evitar el recorte. Por su lado, los pandinos y tarijeños han empezado a organizarse para ejecutar las medidas de presión que se determinen en un próximo encuentro entre prefectos y cívicos, el mismo que se realizará luego de cumplido el ultimátum.
