El Gobierno ya negocia pagos con Quiborax e inicia proceso a Mesa
Ya no hay más apelación y el Gobierno empezó a negociar con la empresa chilena Quiborax para cumplir con el pago de más de 48,6 millones de dólares para indemnizarla por la reversión, en 2004, de las concesiones mineras que tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.
Así quedó el escenario tras conocerse el fallo firmado el pasado 18 de mayo por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), como respuesta al laudo que el Estado boliviano interpuso en 2015 como una apelación al fallo favorable a Quiborax que el organismo internacional ya había decidido ese mismo año.
El procurador del Estado, Pablo Menacho, responsabilizó ayer al expresidente Carlos Mesa por las presuntas irregularidades cometidas en su gestión (2004) para que Ciadi fallara a favor de la empresa chilena.
“El caso está concluido”, fue lo único que pudo contestar a los periodistas el Procurador, quien dijo haber solicitado al Ministerio Público, el pasado 22 de mayo, que se investigue lo que ocurrió en la gestión de Mesa mientras se desarrollan conversaciones con Quiborax para lograr un acuerdo “beneficioso”.
La Procuraduría presentó una solicitud a la Fiscalía para que investigue lo que ocurrió en 2004, como la promulgación del Decreto 27589, que finalmente deriva en la controversia. En criterio de Menacho, hay tres delitos que habrían cometido Mesa y tres de sus ministros: resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, delito de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Irregularidades
El 9 de diciembre de 2003, se promulgó la Ley 2564, que facultaba al Ejecutivo a realizar seis auditorías para identificar a las empresas que incumplían la norma. Una vez concluido el proceso, mandaba declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros. Se reglamentó la Ley con el Decreto 27326, que establecía la modalidad de las auditorías.
Se fijó un plazo de 60 días, que concluía el 9 de febrero de 2004, pero la reglamentación se promulgó recién el 27 de enero, es decir sólo había 13 días para el vencimiento del plazo, situación que impidió cumplir con las auditorías establecidas en la Ley. El 23 de junio se promulgó un nuevo decreto para disponer la nulidad de la concesión a Non-Metallic Metals.
El 22 de julio de 2004, Non-Metallic Metals remitió una nota a Mesa para hacer notar que el accionista mayoritario es Quiborax, una empresa chilena, y la suspensión de la concesión vulneraba el Tratado de Protección de Inversiones suscrito entre el Estado boliviano y el chileno. Según el Procurador, el Decreto 27589, que disponía la reversión de la concesión, ya fue observado.
El 4 de octubre de 2005, la empresa chilena inició el arbitraje y en diciembre de ese año, en el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, se abrogó ese decreto. “Es durante la administración del presidente Mesa que empieza esta controversia internacional por las violaciones al tratado bilateral de inversiones”, dijo el Procurador.
En un documento de 73 páginas, fechado para darse a conocer a las partes, el pasado 18 de mayo, Ciadi decide “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015 contra Quiborax.
El Ciadi es un organismo del Banco Mundial (BM) de protección a las inversiones y que anuló muy pocas veces los laudos: sólo 23 de 265.
48,6 millones de dólares deberá pagar el Estado boliviano a Quiborax como indemnización a la reversión de concesiones de ulexita.
INDEMNIZACIONES, DAÑOS Y COSTAS
El Estado deberá pagar a Quiborax 48,6 millones de dólares, fijados en 2015, más intereses que comenzaron a correr desde julio de 2013, entre otras costas.
Además, el Estado debe pagar gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi.
Quiborax debe pagar los costos en los que incurrió su defensa (462 mil dólares) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (1.384.801 dólares).
UNA EMPRESA CHILENA
Quiborax es una empresa minera no metálica chilena ligada a la familia Fosk.
La firma chilena operaba en Bolivia asociada con Minera Río Grande Sur, con la que conformaban Non-Metallic Metals (NMM).
La sociedad operaba en 11 concesiones mineras en Uyuni hasta 2004.
En el juicio estuvo representada por el estudio Bofill, Mir & Alvarez y Jana.
