Estado incumple compromisos para reducir mercurio, según Defensoría
El Estado boliviano no cumple ninguno de los compromisos internacionales para controlar y reducir el uso de mercurio en su territorio, señala un informe de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el viceministro de Medioambiente, Magin Herrera, indicó que éste es un trabajo “de todos”.
“El Estado Plurinacional de Bolivia no ha establecido las condiciones materiales, técnicas y económicas para proteger la salud humana y el medioambiente de las emisiones antropogénicas de mercurio de acuerdo a las obligaciones suscritas en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio”, señala una de las conclusiones del informe presentado ayer.
En 2013, el Estado boliviano suscribió el Convenio de Minamata para controlar y reducir el uso de mercurio en el país, un líquido metálico altamente tóxico para la naturaleza y el ser humano. En 2015 ratificó dicho convenio, el cual entró en vigencia en 2017, de acuerdo al cual el Estado —en sus tres niveles— debía cumplir 26 obligaciones.
No obstante, la investigación estableció que ninguna de estas 26 obligaciones es cumplida ni por el Gobierno central ni por los Gobiernos departamentales y municipales de las zonas donde mayor actividad minera aurífera se ha presentado.
De acuerdo a datos oficiales, en 2019 se explotó 23,2 toneladas de oro en el país, en 2019 se alcanzó la cifra de 42 toneladas. Más del 90 por ciento de esa cantidad fue extraída por los cooperativistas.
Por otro lado, la importación de mercurio, que se utiliza para extraer el oro, se elevó de 1,7 toneladas en 2010 a 165 toneladas en 2020 (ver infografía). Hubo un decremento desde 2016, pero, aun así, con estas cifras Bolivia ocupa los primeros puestos en importación de mercurio a nivel mundial.
Este panorama llamó la atención de la comunidad internacional en varias ocasiones. Naciones Unidas y la OEA expresaron su preocupación no sólo por el alto riesgo para la población boliviana, sino para los países vecinos debido al tráfico ilícito de mercurio desde Bolivia.
En la presentación, la defensora del pueblo interina, Nadia Cruz, observó que no existe ningún tipo de control para la importación, transporte, almacenaje, manipulación y desechos del mercurio. Dijo que tampoco se cuenta con un registro de denuncias por contaminación, ni con laboratorios para detectar enfermedades que hayan sido causadas por la presencia de este metal en el cuerpo humano.
Cruz también señaló que existe evidencia científica para establecer que los pueblos indígenas corren un alto riesgo por la contaminación que causa el mercurio en los ríos. Indicó que, por ejemplo, la población Esse Ejja —ubicada sobre el río Beni y en cuyas mujeres se encontró los niveles de mercurio más altos de la región— puede enfrentar una “extinción” si no se hace algo al respecto.
A su turno, el viceministro de Medioambiente, Magin Herrera, dijo que en Bolivia se debe aplicar una minería “responsables y amigable con el medioambiente”.
Añadió que el trabajo para controlar y reducir el uso de mercurio “es de todos” e “integral”. “Quisiera a la cabeza de nuestra Defensora del Pueblo que se instalen mesas de trabajo, reales y objetivas, convocando además a los otros sectores del Estado, porque esto re-quiere presupuesto y la capacidad económica del país conocemos muy bien”, dijo.
La extracción de oro es causa del 82,3% de emisiones de mercurio al medioambiente, de acuerdo a datos
del Estado.
mercurio
Gobierno dice que tiene listo un plan
El Gobierno tiene hasta el 30 de mayo para presentar un Plan Nacional de Acción para reducir el uso de mercurio, utilizado sobre todo en minería aurífera.
El viceministro de Medioambiente, Magin Herrera, informó que este documento, que recibió aproximadamente 500 mil dólares de financiamiento externo, está listo y sólo falta la aprobación del ministro Santos Cruz.
Herrera no precisó los detalles del plan ni qué pasos se seguirán para cumplir el Convenio de Minamata, pero dijo que el mismo es fruto de una recopilación de datos cuantitativos y cualitativos.
La representante de Reacción Climática, Carmen Capriles, dijo que es momento de apostar por un desarrollo alternativo a la minería.
