Cuando los vecinos se convierten en asesinos
Jorge Cano Rojas vivió toda su vida en la Pajcha Alta (Alalay), sabía cuándo y cómo iba a morir. Lo supo un 9 de agosto. Ese día Alfredo Moya, dirigente y concejal, lo acorraló con sus paisanos y lo culpó de la extraña enfermedad que sufría Miguel Aquino, uno de los pobladores más viejos del lugar.
Se sabe que Aquino era vecino y compadre de Cano Rojas y que tiene hijos en Argentina, según refirió uno de los testigos que acompañó al comunario asesinado hasta el final de su vida.
Era de noche cuando Jorge Cano fue obligado a caminar de rodillas. Después del castigo le pusieron delante el acta que anunciaba su muerte: “Cuando se va a morir el don Miguel Aquino, a Jorge Cano vivo vamos a enterrar. Eso se va a llamar justicia comunitaria”. Su hijo mayor, que fue convocado con engaños a la comunidad, recordó: “Yo no quería firmar y casi me han garroteado.
Mi papá tampoco y decía: ‘De qué me están culpando ustedes’”. Pero su fallida defensa fue contrarrestada con la amenaza de que si no firmaban, los iban a colgar. “Por eso hemos firmado: no queríamos tener problemas”, explicó su hijo Javier.
Seis días después, el comunario dejó su tierra para visitar a sus hijos en Quillacollo. Fue su despedida el 18 de agosto, porque Miguel Aquino murió.
Un día después, el propio dirigente, Alfredo Moya, fue a traer a Jorge Cano de la feria de Arani para entregarlo a la comunidad. Lo llevaron a golpes y piedras al cuarto oscuro que hay en la escuela del pueblo.
Uno de los verdugos llamó nuevamente al primogénito a la comunidad para que asista el funeral de su tío –como llamaba al compadre y amigo de su padre– pero al llegar se encontró con que su padre estaba encerrado. Lo encontró lastimado y aturdido por la golpiza en la que perdió el conocimiento y por el sahumerio que le hicieron para que se recupere.
El 20 de agosto la comunidad sacó a Jorge Cano de la escuela a una cancha deportiva después de enterrar a Miguel Aquino. Su hijo narró: “Hemos hablado, mis hermanitos se han arrodillado. Y le dije al dirigente si tenía leyes para hacer eso y me contestó: ‘Hay leyes para hacer justicia comunitaria, está dictado desde la Constitución’”.
Siguió: “Ahí de nuevo han hecho un acta –la segunda–. Han dicho: ‘Le enterraremos vivo si es posible a sus hijos más, ya saben embrujar, su padre es brujo’”. Explicó: “Para hacer esta acta han traído un estudiante de derecho –Julián Escobar, de San Simón Punata– y le han dicho: ‘Tú tienes que hacer el documento’”. Continuó: “Le pregunté si había leyes para hacer esa maldad y me dijo: ‘Hay leyes pues para hacer justicia comunitaria’”.
“Ya no podía hacer nada. Querían que firme pero cómo voy a firmar para que maten a mi papá”. Ante su negativa, el dirigente dijo: “Si no quieren, no firmen. ¿Cómo nos va ganar una persona a nosotros? Nosotros somos hartos”. Así toda la comunidad firmó y caminó con la víctima el último tramo rumbo al cementerio.
Al presentir su final, la víctima se resistió y su familia siguió rogando por su vida. Pero tres comunarios –identificados por testigos como Gregorio Luján, Juan Cano y Richard Escobar– lo llevaron a rastras. El hijo contó: “Hemos llegado al cementerio y otros estaban cavando el agujero”. Sigue: “Estoy llorando con mis hermanos, mi mamá y mi papá también”. Recordó: “Les he dicho que lo lleven a la cárcel, pero me dijeron: ‘No. Si vamos a meter a la cárcel, a toditos nos va embrujar’”. Luego: “Nos hemos metido al hoyo y seguían metiendo tierra, nos han agarrado y nos han botado a un lado como basura”.
El suplicio, que comenzó a las 16:30, acabó a las 22:30 porque la turba se quedó en vigilia para evitar que los desentierren. Al día siguiente, 21 de agosto, la comunidad desenterró al supuesto brujo y lo puso en un cajón de madera. Después, la comunidad volvió a reunirse en la escuela: “El sindicato te está llamando. Si no vas, igualito te van a hacer. He ido y estaban haciendo otra acta que decía: ‘Don Javier, ahora no tienes que mirar a nadie, tampoco tienes que decir ‘vos has matado a mi padre’. De hoy día para adelante tenemos que vivir como hermanitos. Si no, teníamos que pagar una multa –primero de 5 mil y luego de 1.500 bolivianos–. o quería firmar, pero al final dije: ‘Bueno, si ustedes me obligan, voy a firmar’. He firmado y los hijos de Miguel Aquino me querían abrazar, pero no me he dejado y me he ido”, relató Javier Cano, el mayor de los siete hijos de la víctima.
Después de esta tragedia, Javier y su familia han transformado su dolor en coraje, en lucha y desde el 26 de agosto peregrinan en busca de justicia.
Impunidad, la otra tragedia
La impunidad es casi una regla en la mayoría de los casos de linchamiento. Sólo un pequeño porcentaje llega a los tribunales y culmina con una sentencia. Cochabamba es considerada la segunda región en Bolivia con más casos de linchamiento. Sólo en los últimos cinco años se han reportado 42 ejecuciones –cada una con sus matices– bajo el rótulo de una mal entendida justicia comunitaria. No se sabe exactamente cuántas son las víctimas.
Sin embargo, los dos últimos hechos en Batallani (Tapacarí) y en la Pajcha Alta (Alalay) han puesto en el centro del debate las ejecuciones de comunarios a manos de sus paisanos. En los dos casos, los principales sospechosos de las violentas muertes son pobladores y dirigentes que convivieron por años junto a las víctimas hasta que un día se desató la violencia.
La ejecución de tres hermanos en Batallani estuvo precedida de un proceso ordinario, que fue de conocimiento de fiscales, jueces y policías. Las víctimas –Basilio, Bonifacio y Sabino Espinoza– sufrieron dos intentos de homicidio antes de ser linchados. Mientras, el calificado de brujo, Jorge Cano, tuvo que estampar su firma en una “pseudo” sentencia sin tener la mínima oportunidad de defensa.
